Israel: ¿castigo o impunidad? | Razón Pública 2024
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Israel: ¿castigo o impunidad?

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La Corte Internacional de Justicia exige medidas provisionales a Israel en Gaza. ¿Pero qué implica este fallo y por qué no se exigió un cese al fuego?

Lucas d’Auria*

Las preguntas

En este artículo quiero tratar muy brevemente cinco asuntos relacionados con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca de la conducta de Israel en la franja de Gaza:

  • ¿Por qué la CIJ y no otra corte?
  • ¿Cuáles son los alcances del fallo?
  • ¿Cuáles fueron los argumentos básicos de Sudáfrica e Israel?
  • ¿Cuáles fueron las medidas provisionales exigidas por la Corte?, y
  • ¿Por qué no se ordenó un cese total al fuego?

¿Por qué la CIJ y no la Corte Penal Internacional (CPI)?

Sudáfrica interpuso esta acción legal contra de Israel al acusarle de vulnerar la famosísima Convención sobre la Prevención y Prohibición del Crimen de Genocidio, firmada en 1948 y que ha sido suscrita por 153 Estados. Las violaciones de esta convención en principio deben ser juzgadas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Pero Israel declaró ante el secretario general de la ONU que, a pesar de haber firmado el Estatuto de Roma —el documento fundacional de la CPI—, ya no tenía intención de hacer parte de dicho Estatuto y, como consecuencia de ello, la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel.

han muerto entre 5.000 y 9.000 miembros de Hamas, es decir que, en el mejor de los casos, por cada miembro de Hamas se ha asesinado a un no combatiente palestino.

La única alternativa legal posible era recurrir a la CIJ, que tiene jurisdicción sobre Israel, ya que este país sí firmó y ratificó la convención sobre el genocidio. Sudáfrica, entonces, decidió acusar a Israel ante la CIJ de haber violado los primeros tres artículos de la convención.

Fundamentalmente les acusa de no estar previniendo la comisión del crimen de genocidio, ni ninguna de las conductas relacionadas, como la incitación a cometer el delito, y de no estar juzgando a los responsables. También sugiere a la Corte tomar una serie de medidas provisionales para que el delito no se siga cometiendo.

Foto: X: Palestine RCS - Aunque la Corte Internacional de Justicia no exigió un cese al fuego, Israel deberá tomar medidas preventivas para que los palestinos no mueran y para evitar que sus condiciones de vida sean afectadas, tales como permitir que lleguen ayudas humanitarias.

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El alcance del fallo

Hay que dejar en claro que este fallo de la Corte no es condenatorio ni declara de modo definitivo que Israel esté, o no esté cometiendo genocidio contra la población palestina. Para sorpresa de muchos, esta etapa del proceso no determina todavía cuáles son las conductas punibles, y ni siquiera establece que la CIJ tenga jurisdicción plena sobre el caso.

La CIJ dice que, con una primera mirada relativamente superficial, existe suficiente evidencia para creer que las conductas que Sudáfrica le adjudica a Israel pueden estar ocurriendo. Esto significa que la Corte puede seguir observando el caso y que, en un futuro, si se verifica más allá de toda duda el genocidio, se puede determinar responsabilidad por su comisión. En esencia, es una advertencia para Israel.

Naturalmente, en esa etapa preliminar, la presentación de pruebas tanto por parte de Sudáfrica como por parte de Israel no es tan exhaustiva como se quisiera, ni es tan detallada como lo es usualmente en los casos de genocidio.

Esto sucede porque el proceso está apenas en una etapa muy inicial —como la llama la corte, prima facie, es decir, con una primera ojeada—, y además porque el delito de genocidio tiene un estándar probatorio muy alto, es decir que se necesitan pruebas verdaderamente incontrovertibles.

En especial, el problema con el delito de genocidio radica en su definición: el delito se configura cuando existe intención de destruir total o parcialmente al grupo que lo sufre.

Demostrar la intención es una de las cosas más difíciles en el derecho, y en el derecho internacional lo es aún más. En el caso del genocidio de Srebrenica, en el marco de la guerra de Yugoslavia, no se pudo demostrar que Serbia tuviera la intención de genocidio contra los bosnios musulmanes porque no se encontraron pruebas incontrovertibles de que el ejército de Serbia realmente tuviese la intención de destruirlos a todos —o casi todos.  En ese caso, la CIJ no condenó a Serbia por haber cometido el delito, sino por no haber hecho nada para evitarlo a pesar de que sabía que ocurriría.

Los argumentos: Sudáfrica vs Israel

Sudáfrica, probablemente teniendo esto en cuenta, mostró declaraciones de varios funcionarios del gobierno de Israel, como su ministro de Defensa y su ministro de Seguridad, quienes en repetidas ocasiones habían anunciado que no habría ni comida, ni agua ni electricidad para Gaza. Estas declaraciones son importantes porque imponer condiciones que impidan vivir a un grupo étnico/racial/religioso/nacional también es una forma de cometer genocidio de acuerdo con la Convención de 1948.

Otra de las declaraciones recordadas es la del ministro de Defensa, Yoav Gallant, según la cual Israel está luchando contra “animales humanos”. La importancia de esta declaración radica en la deshumanización: quitarle la condición de humanidad a alguien al asemejarlo con un animal es una estrategia común para restarle importancia a su muerte a manos del hablante. Aunque deshumanizar a alguien no es un delito, es ciertamente un recurso retórico usado para justificar una conducta sin que haya repercusiones. Sudáfrica ilustra su caso con este ejemplo en un intento de demostrar la intención de destrucción.

Para entender aspectos de la defensa de Israel, quiero hablar sobre la legítima defensa en el derecho internacional.

De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza armada está tajantemente prohibido. La única excepción a esta regla absoluta es la legítima defensa, que se puede invocar cuando un Estado miembro de la ONU sufre un ataque o si dicho ataque es inminente. Israel invoca con frecuencia la legítima defensa para justificar su ataque sobre la franja de Gaza.

El problema radica en que todo uso de la fuerza en el derecho internacional debe responder a dos principios:

  • El principio de distinción, es decir que solo pueden ser usados métodos e instrumentos que permitan distinguir claramente entre combatientes y no combatientes, y
  • El principio de proporcionalidad, según el cual no es posible responder a un ataque con una fuerza desmedidamente mayor que la del ataque sufrido.

Teniendo en cuenta que a la fecha había más de 25.000 palestinos asesinados en el conflicto y más de 360.000 viviendas destruidas, los dos principios parecerían haber sido violados. Si las cifras de la inteligencia estadounidense y de las Fuerzas de Defensa de Israel son ciertas, han muerto entre 5.000 y 9.000 miembros de Hamas, es decir que, en el mejor de los casos, por cada miembro de Hamas se ha asesinado a un no combatiente palestino.

La Corte se cuida en exceso de adjudicar conductas punibles y, aunque no dice explícitamente que la proporcionalidad y la distinción se hayan violado, sí deja claro que hay suficiente evidencia para creer que “los derechos invocados por Sudáfrica y que esta intenta proteger son plausibles”.

La defensa de Israel, dirigida por Malcolm Shaw, uno de los más grandes expertos del planeta en derecho internacional (todos quienes hemos estudiado esta materia hemos leído su manual) es sosa, para no decir otra cosa.

Primero, intentó probar que no hay lugar a una disputa entre Sudáfrica e Israel porque, para la existencia de una disputa, debe haber una evidencia de que las partes no están de acuerdo sobre un tema. Por tanto, la Corte no tendría jurisdicción.

También dijo que hay un error de procedimiento en el proceso, pues Sudáfrica no permitió a Israel hacer declaraciones que aclararan su postura.

La CIJ desestimó el punto de Shaw mostrando, primero, que Sudáfrica había dado espacio inclusive en las Naciones Unidas para que Israel hablase y, segundo, que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yisrael Katz, había declarado que la acusación de genocidio era infundada desde un punto de vista legal.

Por último, Shaw argumentó que Israel ha tomado medidas para mitigar el daño a civiles en el conflicto y que no se ha probado la intención de destrucción típica del delito de genocidio.

Cese al fuego

Por tal motivo la Corte nuevamente desestimó los argumentos de la defensa de Israel y exigió a dicho Estado tomar medidas provisionales. Pero, entonces, ¿por qué no exigieron el cese al fuego?

La Corte no lo dice, pero con una altísima probabilidad esto se debe a que el derecho a la legítima defensa es inalienable: nadie se los puede quitar. Pedir un cese total al fuego implicaría negar a Israel la posibilidad de atacar a miembros de Hamas, y es bastante claro que Hamas —y no el pueblo de Palestina— es la amenaza.

Para sorpresa de muchos, esta etapa del proceso no determina todavía cuáles son las conductas punibles, y ni siquiera establece que la CIJ tenga jurisdicción plena sobre el caso.

Las medidas provisionales solicitadas por la CIJ, de todos modos, implican que Israel debe tener muchísimo más cuidado con sus operaciones militares: primero debe tomar precauciones para que los palestinos no mueran y para que sus condiciones de vida no se vean afectadas.

Israel debe tomar medidas para prevenir y castigar la incitación al genocidio, eso incluye, por ejemplo, evitar que sus ministros asistan a manifestaciones que cantan “muerte a los árabes”.

Por último debe permitir que llegue la ayuda humanitaria y, lo más importante, debe tomar medidas para asegurar la preservación de la evidencia relacionada con las acusaciones que le ha hecho Sudáfrica.

La Corte aclara que estas medidas provisionales no impiden que la Corte pueda declarar jurisdicción plena sobre el caso en el futuro, lo cual es una advertencia para Israel en caso de que las conductas continúen.

Puede Leer: 2023: la inercia de la historia y las guerras sin fin

Acerca del autor

Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

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Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

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