La revisión completa y cuidadosa de los efectos del cultivo de la coca y de las políticas para combatirlos demuestra que el remedio hace más daños que la enfermedad. Y demuestra que los grandes propietarios de la tierra son los grandes causantes del “ecocidio”.
Germán Andrés Quimbayo Ruiz**
En busca de un culpable
El gobierno colombiano ha lanzado una campaña internacional que denomina Responsabilidad Compartida con el objeto de informar al mundo, a través de cifras e imágenes elocuentes, sobre la magnitud de la destrucción ambiental que la producción de coca y cocaína están causando en el país[1].
Esta campaña tiene una razón de ser. Colombia lleva décadas tratando de erradicar la producción de coca y cocaína, pero estas estrategias han resultado ineficaces y contraproducentes: no han disminuido la producción, han ahondado el largo conflicto armado y han provocado crisis humanitarias. Ante el fracaso de las políticas centradas en la oferta, el gobierno optó por insistir en la necesidad de que los países consumidores refuercen las políticas para frenar la demanda. Al conocer los destrozos que la producción de este alcaloide está causando en el principal país productor del mundo, la gente tendría una razón adicional para dejar de consumirlo.
Lamentablemente, y a pesar de sus buenas intenciones, la campaña se basa en premisas erróneas. Cuando a manera de epígrafe la campaña afirma que "La primera fuente de polución en la jungla colombiana es el humo que se levanta de los árboles quemados para plantar coca", no sólo está dando una información que no coincide con la realidad, sino que señala de entrada, sin el más mínimo análisis previo, al que considera el primer responsable de la catástrofe: el campesino cultivador de coca.
Campesino y consumidor (es a este último a quien se dirige la campaña) resultan compartiendo la responsabilidad del ecocidio, mientras se descuida mencionar que una política antinarcóticos de larga aplicación en Colombia, como es la erradicación aérea, no sólo ha contribuido a reforzarlo por la fumigación masiva de herbicidas, sino además porque induce el desplazamiento de los cultivos más adentro de las selvas.
Los daños de la coca
En los últimos años se ha demostrado plenamente que los cultivos de uso ilícito afectan negativamente los ecosistemas y su biodiversidad. Estos cultivos ejercen una presión directa sobre extensas franjas de bosques y selvas, pues buena parte de ellos se localiza en áreas alejadas de la actividad productiva convencional, camuflándose en áreas boscosas.
El avance de los cultivos ilícitos por lo general implica el desplazamiento de los cultivadores a zonas de vocación forestal o a áreas protegidas, lo cual conlleva la destrucción masiva de los ecosistemas a través de la tala y quema de la vegetación boscosa, y el posterior establecimiento del cultivo.
Pero la siembra de coca en ecosistemas estratégicos de regiones como la Amazonia, la Orinoquia o los Andes, no difiere mucho de la de cultivos como la papa, la yuca, el arroz, la caña de azúcar, el maíz y algunas hortalizas, entre otros productos lícitos. En ambos casos, el cultivo causa serios impactos negativos debido al uso de técnicas y prácticas ambientalmente insostenibles, que empiezan con la tala de bosques y terminan en la ganadería o en la agricultura de monocultivo, altamente dependiente del uso de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas) y fertilizantes químicos[2]. Al ser absorbidas por la tierra, estas sustancias modifican tanto sus condiciones físico-químicas como la microbiota asociada con el suelo. Por su parte la calidad del agua se deteriora cuando los residuos de dichos químicos llegan a cuerpos hídricos, especialmente a los ríos.
Así pues que aunque los cultivos de coca son responsables de un importante porcentaje de la deforestación y de la contaminación que ocurren en Colombia, la coca no es la principal culpable de esos procesos.
Los daños de la fumigación aérea
La fumigación de cultivos de uso ilícito como estrategia para "erradicarlos" de hecho recrudece el daño ambiental causado por el monocultivo y el procesamiento de la hoja de coca.
Se ha demostrado plenamente que la fumigación aérea no afecta sólo a las áreas de cultivo sino además a las zonas colindantes, debido a la acción de los vientos y lluvias que facilitan su dispersión. Esto acarrea daños para los seres humanos, los sistemas productivos, los suelos, los cuerpos de agua y por tanto grandes grupos de fauna silvestre, principalmente de mamíferos, insectos, anfibios y peces. Aunque hay cierta incertidumbre sobre la magnitud exacta de estos impactos, es indudable que las aspersiones de glifosato y sus surfactantes causan daño a la salud ecosistémica.
Pero además, como respuesta a las campañas de fumigación, los cultivos ilícitos se han venido desplazando a lo largo y a lo ancho del país, y este desplazamiento intensifica procesos como la destrucción de nichos ecológicos y del acervo genético en la biodiversidad local, la erosión, la contaminación y disminución de fuentes de agua, la destrucción del bosque y la desaparición de especies endémicas. En efecto, durante los últimos años la fumigación ha inducido el desplazamiento a zonas cada vez más alejadas o menos accesibles con alta riqueza en biodiversidad, como son las áreas de protección natural o los Parques Nacionales Naturales (PNN) [3].
Es importante mencionar los casos de países como Perú o Bolivia que no utilizan las fumigaciones para erradicar sus cultivos ilícitos, y que gracias a eso no padecen el gran desplazamiento que se produce en Colombia y que tan graves consecuencias ha traído para los ecosistemas de la Amazonia y la Orinoquia.
El problema es el mal uso del suelo
Una gran extensión del territorio de Colombia aún está relativamente inhabitada, y esto significa que aún guardamos un patrimonio ecológico invaluable y que debe ser defendido a toda costa. Sin embargo los patrones de uso del suelo y sus cambios recientes están destruyendo aceleradamente esa riqueza.
Más del 60 por ciento del área continental intervenida con usos agropecuarios y extractivos presenta conflictos de uso – tanto por sobreutilización como por subutilización en diferentes grados de intensidad, pero se tiende más a la primera que a la segunda.
Los cultivos de coca, amapola y marihuana son otros más entre cientos de productos y formas de explotación irracional del territorio colombiano. Son expresiones de un "modelo de desarrollo" más general – el modelo de explotación extractiva con destino a las exportaciones- que está acabando con la megadiversidad de Colombia.
Los daños de la ganadería extensiva
La ganadería extensiva representa una forma ineficiente de usar la tierra, con un alto impacto ecológico y con una bajísima densidad humana, apenas superior a la que se presenta en la selva misma[4]. Un informe de la FAO en 2005 señala el crecimiento de las explotaciones ganaderas como uno de los principales responsables de la destrucción de los bosques tropicales en América Latina.
En Colombia las áreas dedicadas a la ganadería ocupan cuatro veces más territorio que las áreas dedicadas a la agricultura. Este es el resultado de una larga historia de colonización y desplazamientos que han ido combinando la extensión de los pastizales con la baja densidad de la población campesina, en perpetuo movimiento hacia las ciudades y hacia nuevas zonas de colonización.
La extensión de la ganadería ha significado el sacrificio de ecosistemas naturales y extensas zonas de bosque. Ha sido causa fundamental de la deforestación y ha afectado una cantidad considerable de ecosistemas, desde páramos (alta montaña) hasta sabanas.
Y los impactos ambientales de la ganadería no se limitan a la deforestación para sembrar pastizales, sino que incluyen los daños pecuarios del pastoreo es decir: erosión y compactación del suelo; uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo de gramíneas mediante quemas estacionales y eliminación de la sucesión vegetal por medios físicos o químicos (herbicidas); desecación de humedales; construcción de vías de penetración; demanda creciente de madera para cercos, corrales y camiones ganaderos; contaminación del agua y el suelo por fertilizantes sintéticos y plaguicidas, emisiones de gases producidas por la quema de combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos o de sus productos[5].
El avance de la palma africana
Varios estudios han explorado los efectos ambientales que en el mundo y en Colombia pueden tener los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles[6], y entre ellos el de la palma africana para producir biodiesel. A pesar del falso discurso "ecologista" que invocan los defensores de los biocombustibles, estos efectos dependen sobre todo del uso de técnicas asociadas con el monocultivo, las cuales acarrean altos costos para el ecosistema y para la sociedad.
Actualmente Colombia es el primer productor de aceite de palma en América y el quinto productor en el mundo[7]. Después de cinco décadas de actividad, la palma aceitera es un cultivo en consolidación que en el 2006 ocupaba 301 mil hectáreas, con un crecimiento sostenido en los últimos diez años, tanto en el área sembrada (8,5 % promedio anual) como en la producción de aceite (5.9 %).
Ya en el año 2000, el Instituto Alexander von Humboldt había reportado que las plantaciones de palma africana estaban afectando la biodiversidad y causando daños como la afectación del régimen hídrico local, el cambio en la estructura y composición de los suelos, la destrucción y el cambio en la composición de especies de fauna y flora, y la pérdida de la base del sustento de población nativa[8]. En algunos casos también se había producido – y se sigue produciendo- el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas.
La presión de los cultivos de palma africana se manifiesta en los departamentos con mayor vocación forestal y de conservación, que contribuyen actualmente con una parte importante del área sembrada. Sin embargo, inquietan aún más las cifras proyectadas por los planes de expansión de este tipo de cultivos, inspirados en el "modelo" de países como Indonesia y Malasia, donde el biodisel ha costado la casi totalidad de extensión de selvas húmedas.
Deterioro de la calidad del agua
Si bien el cultivo y procesamiento de hoja de coca han causado un grave daño a las fuentes y cuerpos de agua de ecosistemas estratégicos, varias actividades legales están produciendo daños todavía mayores. Las industrias agrícolas y agroindustriales, por ejemplo, son uno de los primeros consumidores de agua y son de lejos el mayor responsable de la degradación de este recurso en el país[9].
Los principales agentes que degradan la calidad del agua y que pueden estar conectados como causa o efecto con el sector agrario son los microorganismos patógenos, los metales pesados y los sedimentos en suspensión. A esto se suma el impacto de otras actividades de origen antrópico que degradan el agua (vertimientos de grandes centros urbanos, por ejemplo) que luego se usa para actividades agrícolas.
En estas circunstancias, el panorama del agua es poco alentador, y el narcotráfico es un caso más dentro del espiral de conflictividad ambiental en la degradación del recurso hídrico.
Hay que evitar que los cultivos de coca se sigan desplazando
El avance de los cultivos de coca ha ido en detrimento del patrimonio ecológico y de la población rural colombiana. Pero la fumigación aérea y el desplazamiento de las siembras han agravado esos daños, así que desde el punto de vista ambiental, una política antinarcóticos que lograra estabilizar las áreas productoras ya de por sí sería un éxito.
Pero estabilizar las áreas de cultivo sólo es posible a partir del reconocimiento y el respeto por las comunidades locales. Dentro de esta óptica, el gobierno y las comunidades llegarían a acuerdos para crear condiciones éticas, socioeconómicas y ambientales que permitan delimitar las áreas destinadas a la siembra de coca y al mismo tiempo evitar la dependencia de esa actividad.
Una medida como ésta sería adoptada en el marco de descriminalización del pequeño y mediano productor, para permitir su interlocución con el Estado. Esta sería una forma de buscar la "reducción del daño" o el cambio de estrategia en la lucha mundial contra la droga que con razón reclaman la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional, pues los acuerdos entre el gobierno y las comunidades disminuirían significativamente los daños y los riesgos para el ambiente y la salud humana.
Para avanzar en esta dirección, el Estado debería reevaluar no sólo su política de fumigación aérea sino también la estrategia complementaria de los "programas de desarrollo alternativo". Como señala un informe del TNI[10] en el caso del programa bandera del actual gobierno – el de Familias Guardabosques – existe una profunda contradicción entre su objetivo de "recuperar y proteger la selva" y su efecto real de convertir selvas húmedas y fincas de pequeños campesinos en miles de hectáreas de monocultivo de palma africana. Y esto sucede en la región de Urabá, precisamente donde están los bosques húmedos del Darién protegidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad por su alta riqueza en flora y fauna.
En las zonas dependientes de la economía ilícita debería adoptarse una política sólida de orden socioeconómico y ambiental que tenga en cuenta el potencial y los límites de las zonas productoras, y que proponga alternativas conformes con las condiciones biofísicas y con la viabilidad económica y demográfica de los territorios que hoy se dedican a cultivos de uso ilícito.
La comunidad tendría que participar en la formulación de estos planes alternativos y asegurar el cumplimiento de su parte. También sería preciso respetar las visiones autóctonas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, sin imponer cultivos o modelos que no hagan parte de la vocación cultural y agrícola del territorio. En estas condiciones podría llegar a ofrecerles la capacitación necesaria para el uso correcto de herbicidas y productos químicos requeridos en el cultivo de la coca sin causar daños a su salud y su entorno.
Y si no: ¿cuándo reconocerán las autoridades antinarcóticos que la estrategia de reducir la oferta a fuerza de destruir los cultivos ha fracasado, ha sido contraproducente, y es una de las causas principales del ecocidio cuya atención de veras exige aquella "Responsabilidad Compartida"?
* Este texto es un resumen del informe Cultivos de uso ilícito y ecocidio, resultado de una investigación efectuada para el Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI). El informe completo se puede consultar en: http://www.tni.org/policybriefings/brief28s.pdf
** Ecólogo de la Universidad Javeriana y consultor del Transnational Institute (TNI), colaborador habitual de la Revista Digital EquinoXio.
Notas de pie de página
[1] http://www.sharedresponsibility.gov.co/
[2] E. Nivia, « Ecosistemas colombianos en peligro por cultivos de uso ilícito y estrategias de fumigación » ; Boletín de Ecofondo, Bogotá, 2004, p. 19.
[3] S. Calvani, Los Cultivos Ilícitos Amenazan el Medio Ambiente y la Seguridad Humana; palabras del Representante de la Oficina para las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito -UNODC-, en la Universidad del Magdalena, Santa Marta, 13 de agosto de 2004.
[4] A. Etter y A. Sarmiento: "La reconfiguración del espacio rural en Colombia: entre la deforestación para la expansión de la frontera agropecuaria y la intensificación de la agricultura"; ponencia ante el Seminario Internacional "Las Configuraciones de los Territorios Rurales en el Siglo XXI", 24 a 28 de marzo de 2008. Bogotá, Colombia.
[5] E. Murgueitio y Z. Calle: "Diversidad Biológica en Sistemas de Ganadería Bovina en Colombia", en Agroforestería para la Producción Animal en América Latina. Estudio FAO Producción y Sanidad Animal 143. Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2004, pp. 53-72.
[6] P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith y W. Winiwarter: "N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels". Atmos. Chem. Phys. Discuss. 7 (2007): 11191-11205; Y. Gilbertson, T., N. Holland, S. Semino y K. Smith. 2007. Preparando el terreno para los agrocombustibles. Políticas europeas, criterios de sostenibilidad y cálculos climáticos. Transnational Institute. Holanda (2007) Disponible en: http://www.tni.org/detail_pub.phtml?know_id=208&menu.
[7] M. Pérez-Rincón: "Los agrocombustibles: ¿Solo canto de sirenas?", en I. Vélez (editora): Agrocombustibles: Llenando tanques, vaciando territorios. CENSAT Agua Viva. Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN-. Ecofondo. Bogotá, Colombia (2008): pp. 81-116.
[8] Instituto Alexander von Humboldt: Biosíntesis, Boletín No. 21, 2000 (agosto).
[9] T. L. León: "Agua, agricultura y medio ambiente en Colombia", en H.D. Correa (editor) Colombia: ¿Un futuro sin agua?, Ecofondo. Foro Nacional Ambiental. Ediciones desde Abajo. Bogotá. Colombia (2007) pp. 167-184.
[10] M. Tenthoff: El Urabá: donde el Desarrollo Alternativo se confunde con intereses económicos y la reinserción del paramilitarismo. Transnational Institute TNI. Informe sobre políticas de drogas No 27 (2008)
