Investigación y sanción disciplinaria de los Congresistas: ¿Un compromiso sin urgencia? - Razón Pública
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Investigación y sanción disciplinaria de los Congresistas: ¿Un compromiso sin urgencia?

Escrito por José Gregorio Hernández

José GregorioApenas fue elegido por el Senado, el nuevo Procurador propuso que la Procuraduría no siga investigando a los congresistas, lo cual rompe la Constitución y deja un mal sabor. 

José Gregorio Hernández*

El nuevo Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, no se ha demorado en formular sus primeras propuestas de fondo. La inicial -que esperamos no corresponda a compromisos contraídos con sus electores- consiste en introducir una reforma que, a nuestro juicio, aun en el caso de considerarla necesaria y oportuna -no lo vemos así-, no puede programarse sola sino integrada, para que sea coherente  con todo un conjunto normativo que abarque los fueros constitucionales y que no conduzca a la impunidad. Tendría que ser una reforma constitucional (es decir, un acto legislativo) mediante la cual se excluyera a los congresistas de la competencia de investigación y sanción disciplinarias, hoy a cargo de la Procuraduría.

En efecto, el artículo 277 de la Carta asigna al Procurador General, por sí o por medio de sus delegados y agentes, la función incluida en el literal 6 de "Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular (como lo es la de los miembros del Congreso); ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley".

Por su parte, el artículo 278 de la Constitución faculta al Procurador General para "desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público (que puede ser un congresista), que incurre en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo".

Esas disposiciones tendrían que ser modificadas por acto legislativo para que se lograra el cometido del nuevo jefe del Ministerio Público, y no se justifica toda una reforma constitucional solamente con ese propósito, que se asemeja más a un "mandado" que a otra cosa.

De otro lado, la normatividad que se proponga para sustituir las aludidas reglas tendrá que estipular quién y cómo tendrá que vigilar disciplinariamente a los integrantes de las cámaras por conductas diferentes de las que se contemplan por la Constitución como causales de pérdida de investidura.

Tal institución, que corresponde al ámbito disciplinario -como lo tiene dicho la Corte Constitucional- no se puede aplicar por cualquier causa, sino exclusivamente por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses; por inasistencia a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura; por la demora en tomar posesión del cargo; por indebida destinación de dineros públicos, y por tráfico de influencias debidamente comprobado, según lo dispone el artículo 183 de la Constitución. De modo que el Consejo de Estado no puede despojar de la investidura a un congresista por causas diferentes, que de todas maneras pueden corresponder a faltas disciplinarias graves o gravísimas, que no pueden quedarse sin control.

En tal sentido, debemos afirmar que no basta, para preservar el cabal cumplimiento de las obligaciones y deberes de los legisladores, con el régimen del fuero penal ante la Corte Suprema de Justicia, vigente en la actualidad. No podemos generar un vacío en el campo disciplinario.

Si este es un compromiso, contraído por el elegido cuando buscaba votos, es en todo caso un compromiso que carece de urgencia, y que, además, luce "desconectado" de otras reformas que podrían ser propuestas y que son de mayor profundidad.

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

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