Inversión Extranjera Directa: determinantes políticos e institucionales

Atraer estos flujos de capital no es simplemente una cuestión de ofrecer bajos salarios o incentivos fiscales; los inversionistas modernos son cada vez más sofisticados y evalúan un amplio espectro de factores antes de invertir su dinero.

En un mundo cada vez más interconectado, el papel de la Inversión Extranjera Directa (IED) como motor importante de crecimiento económico es controversial y multifacético. Atraer estos flujos de capital no es simplemente una cuestión de ofrecer bajos salarios o incentivos fiscales; los inversionistas modernos son cada vez más sofisticados y evalúan un amplio espectro de factores antes de invertir su dinero.

Como han demostrado estudios recientes, el efecto de la IED sobre el crecimiento económico no sigue un patrón “monótono”, varía dependiendo del régimen regulatorio existente y de los niveles de ingresos de los países. El mercado, la competencia y, en general, las instituciones son responsables de modelar las estrategias de las empresas multinacionales, que luego se traducen en decisiones de inversión en las economías receptoras. 

Si bien es cierto que son muchos los factores que determinan las estrategias de localización de las empresas y sus filiales, una mejor protección de los derechos de propiedad, una mayor calidad regulatoria y mercados financieros más desarrollados atraen más inversión de multinacionales. Además, este impacto es más fuerte cuando hay más barreras de entrada o comercio, cuando la distancia geográfica es mayor y cuando las multinacionales tienen restricciones financieras. Las empresas están dispuestas a invertir en países con barreras más altas si reciben una mejor protección de la propiedad (ver, por ejemplo, este estudio reciente). 

De esta manera, más allá de los indicadores macroeconómicos tradicionales, los determinantes políticos e institucionales están emergiendo como elementos cruciales en la ecuación de la IED.

El escenario latinoamericano

Recientemente América Latina ha enfrentado dificultades para asegurar flujos de IED debido a un panorama marcado por la volatilidad económica, la incertidumbre política y la polarización social. Este desafío es particularmente relevante en la actualidad, ya que varios países latinoamericanos adoptan posturas contrastantes sobre la globalización y la apertura de los mercados. 

Además, los recientes ciclos electorales han acelerado un cambio importante en el entorno político de algunos países. Como argumentan Reyes et al. (2017, 2019), por ejemplo, podemos observar un grupo de países latinoamericanos que han adoptado la globalización de manera diferente (Chile, Colombia, Perú, Costa Rica) frente a aquellos que se han vuelto más autocráticos o incluso “insulares” (Venezuela, Ecuador, Bolivia). 

Esta tendencia ha resultado en el surgimiento de “instituciones políticas débiles con bajos niveles de credibilidad y legitimidad” (Zovatto, 2019). El auge del autoritarismo y el populismo, el debilitamiento de los mecanismos de control sobre los poderes ejecutivos y la posterior pérdida de la autonomía de los bancos centrales han generado temores de que algunos países se hayan vuelto menos atractivos para la IED global, al presentar mayores riesgos políticos y de insolvencia económica del país receptor.

Las empresas multinacionales prefieren países con seguridad en las inversiones, lo que a menudo emana de atributos de la “gobernanza democrática” tales como el estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad (bajo riesgo de expropiación, bajo riesgo de repudio de contratos), la independencia del poder judicial y de los bancos centrales, los controles y contrapesos, la rendición de cuentas, las elecciones libres y justas, la credibilidad y legitimidad de las instituciones, y altos niveles de estabilidad política (Jensen, 2003; Jensen et al., 2012).

Desafíos y oportunidades

Adicionalmente, América Latina ha enfrentado desafíos para atraer flujos de IED globales desde el fin del auge de las materias primas en 2014. En 2021, América Latina y el Caribe recibieron solo el 9% de los flujos globales de IED, una de las cifras más bajas de la última década y significativamente por debajo del 14% observado en 2013 y 2014. Aunque las inversiones extranjeras en todas las subregiones se reanudaron en 2021, los países que recibieron más inversiones fueron: Brasil (33% del total), México (23%), Chile (11%), Colombia (7%), Perú (5%) y Argentina (5%) (CEPAL, 2022, p. 9). 

Entre 2020 y 2021, América del Sur (71%) registró el mayor aumento de IED, seguido de América Central. Durante 2021, las entradas de IED a Chile fueron 66% mayores que en 2020, seguidas por Perú (919%), Guatemala (273%) y Panamá (163%). En Argentina, Brasil y Colombia, la IED no ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. Mientras México registró un crecimiento del 6% en IED durante 2021, su participación en el aumento fue marginal, aunque las entradas de IED a México fueron las menos afectadas por la pandemia en comparación con otros países latinoamericanos. 

Costa Rica fue el principal receptor de la subregión por segundo año consecutivo, mientras que en Guatemala una importante adquisición en el sector de las telecomunicaciones fue responsable del aumento sustancial, y Panamá logró recuperarse después de un fuerte golpe a las inversiones en 2020.

Podemos decir entonces que América Latina se encuentra en una encrucijada. Con una historia rica en recursos naturales y un potencial demográfico significativo, la región tiene el potencial de convertirse en un polo de atracción de IED. Sin embargo, persisten desafíos arraigados como la inestabilidad política, la corrupción y la debilidad de las instituciones. Para liberar todo su potencial, los países latinoamericanos deben abordar estos obstáculos y construir un entorno más propicio para la inversión.

En este contexto, la independencia del Banco Central (CBI, por su sigla en inglés) emerge como un factor determinante, ya que un Banco Central autónomo, capaz de tomar decisiones basadas en criterios técnicos y no en presiones políticas a corto plazo, envía una señal poderosa a los inversionistas. La CBI se percibe como un compromiso con la estabilidad macroeconómica y la gestión responsable de la política monetaria.

Cuando un país demuestra su voluntad de proteger la independencia de su Banco Central, los inversionistas entienden que se está dando prioridad a la salud económica y financiera a largo plazo sobre los intereses políticos inmediatos. Esto reduce la incertidumbre y fomenta la confianza, lo que a su vez impulsa la IED.

Más allá de la política monetaria: un marco institucional sólido es el verdadero imán para la IED

Pero la CBI es solo una pieza del rompecabezas. Para maximizar los beneficios de la IED, los países latinoamericanos deben esforzarse por construir un marco institucional sólido en su conjunto. Esto implica garantizar un Estado de derecho con un sistema legal transparente, justo y eficiente que proteja los derechos de propiedad y asegure el cumplimiento de los contratos. 

Además, es fundamental fortalecer la gobernanza mediante la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, lo que contribuirá a generar un entorno empresarial limpio y predecible. También resulta crucial invertir en capital humano, al fomentar la educación y la formación para desarrollar una fuerza laboral calificada capaz de atraer y sostener la IED en sectores de alto valor añadido. 

Finalmente, una infraestructura moderna y eficiente, que abarque carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, es esencial para facilitar el comercio y la inversión, lo que permite un desarrollo económico más sostenible y competitivo.

Estudios recientes…

En un artículo reciente, Doyran y Gomez-Gonzalez (2025) examinan los determinantes de los flujos de IED en 17 países latinoamericanos entre 1995 y 2020. Su análisis revela que las variables externas, macroeconómicas, fiscales e institucionales emergen como algunos de los predictores más confiables de la IED, proporcionando pruebas convincentes de que la independencia de los bancos centrales es el determinante más resistente de los flujos de IED hacia los países examinados, incluso después de controlar las variables institucionales y globales relevantes, como el estado de derecho y los efectos secundarios de la política monetaria de Estados Unidos. 

Además, se muestra que los choques de política monetaria de Estados Unidos afectan significativamente la IED en las economías de la región, un hallazgo consistente con las conclusiones de otros estudios como Giraldo et al. (2024). Los autores argumentan que, como variable institucional, la independencia de los bancos centrales puede afectar particularmente las decisiones sobre inversiones a largo plazo en un país determinado, siendo esta variable una herramienta útil para estudiar las decisiones de expansión de las empresas multinacionales en el extranjero, lo que resalta la vulnerabilidad de estas economías ante cualquier cambio en las condiciones monetarias mundiales, como el efecto significativo que tiene la política monetaria de Estados Unidos sobre la IED.

Los resultados de este estudio proporcionan valiosos conocimientos para los formuladores de políticas y contribuyen a una comprensión más amplia de la inversión extranjera directa en las economías latinoamericanas y caribeñas. Una de las conclusiones claves para los responsables de políticas es la importancia de la independencia de los bancos centrales para atraer IED. La relación positiva y significativa entre la CBI y los flujos de IED subraya el papel de las instituciones monetarias independientes para fomentar un entorno favorable a la inversión extranjera. 

Al fortalecer la autonomía de los bancos centrales, los países pueden enviar señales a los inversores internacionales de un compromiso con la gestión monetaria responsable y la prudencia fiscal. Este vínculo entre la CBI y la IED resalta los beneficios más amplios de las reformas institucionales dirigidas a mejorar la credibilidad de las políticas.

Por último, la disciplina fiscal también emerge como un factor crítico. Una posición fiscal sólida, reflejada en mayores balances fiscales y menores ratios de deuda pública sobre PIB, se asocia de manera consistente con mayores flujos de IED.

El camino a seguir: prioridades para la acción

América Latina necesita dar prioridad a una serie de reformas estructurales para fortalecer su atractivo como destino de inversión. Esto implica impulsar reformas institucionales que incluyan la CBI, el fortalecimiento del estado de derecho y una gobernanza eficiente. A la par, es fundamental invertir en capital humano para desarrollar una fuerza laboral adaptable y cualificada, capaz de responder a las demandas de un mercado globalizado. 

Asimismo, la modernización de la infraestructura resulta clave, ya que una red eficiente de transporte y telecomunicaciones facilita el comercio y las inversiones. Además, la diversificación económica es esencial para reducir la dependencia de los commodities y fomentar un crecimiento más equilibrado. Todo esto debe ir acompañado de estabilidad macroeconómica, respaldada por políticas fiscales y monetarias sólidas que brinden confianza a los inversionistas.

Las empresas multinacionales tienden a invertir en países con un buen gobierno democrático, caracterizado por el respeto al estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, la independencia judicial y mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas. La calidad institucional no solo mejora la confianza de los inversores, sino que también proporciona la estabilidad necesaria para el crecimiento económico a largo plazo.

Además, si bien las reformas internas son esenciales, los gobiernos también deben ser conscientes de los riesgos externos y considerar políticas que mitiguen el impacto de los choques financieros internacionales, como el fortalecimiento de la resiliencia del sector financiero y la diversificación de las fuentes de capital.

Al fortalecer estos pilares, la región podrá superar estos desafíos y consolidarse como un destino atractivo para la IED, con lo que promueve un crecimiento sostenible y un futuro más próspero.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.