Inversión extranjera en la seguridad privada: ¿una amenaza a la soberanía? - Razón Pública
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Inversión extranjera en la seguridad privada: ¿una amenaza a la soberanía?

Escrito por Iván Díaz
empresas de seguridad privada

Ivan Diaz

Un proyecto de ley la propone, pero las compañías nacionales se oponen: ¿qué es lo mejor para los colombianos?

Iván Díaz*

La propuesta

Durante las últimas semanas la seguridad privada ha sido tema de debate gracias a la propuesta que presentó el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui para incluir en el Plan de Desarrollo varias medidas sobre la financiación y los procesos de licenciamiento y funcionamiento de las empresas del sector, incluyendo la posibilidad de inversiones extranjeras.

Según el artículo 12 del Decreto 356 de 1994, los socios de estas empresas deben ser personas naturales de nacionalidad colombiana. El artículo agrega que las compañías constituidas con socios o capital extranjero antes del decreto no pueden aumentar la participación de socios foráneos. Bajo estas circunstancias, las empresas extranjeras de vigilancia y seguridad privada no pueden crecer en Colombia y aquellas con interés en ingresar al país no pueden hacerlo.

La propuesta de Uscátegui sin duda es polémica y había sido defendida por el ministro de defensa Guillermo Botero cuando era presidente de Fenalco. Precisamente por eso Botero debió declararse impedido para tratar el asunto y el gobierno designó al Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, a quien corresponde reglamentar la llamada Ley del Vigilante.

Hora de debatir el asunto

Esa ley fue sancionada por Santos el año pasado y cobija a 235.000 guardas que hoy existen en Colombia, de los cuales 185.000 están armados. Su propósito es mejorar las condiciones laborales, y algunas de las medidas que contiene también han sido motivo de polémica entre los gremios.

Colombia está lejos de gozar de indicadores satisfactorios de seguridad pública, a pesar de lo cual el tema no ha recibido atención suficiente y no se adoptado un Modelo General de Seguridad y Vigilancia Privada acorde con las necesidades del país.

Colombia está lejos de gozar de indicadores satisfactorios de seguridad pública.

El problema se ha visto casi siempre en el contexto de la violencia histórica. Sin embargo, los cambios en la situación nacional, las nuevas modalidades del crimen organizado y el crecimiento exponencial pero desordenado del sector hacen urgente la adopción de reglas y mecanismos eficientes, eficaces y convenientes para todos los colombianos.

seguridad privada

Foto: Cámara de Representantes
Seguridad privada.

El mercado de seguridad en Colombia ha crecido con rapidez en los últimos años. Mientras que en el 2008 se registraron ventas por 3,8 billones de pesos, en el 2014 los ingresos del sector casi que se duplicaron, llegando a los 7,5 billones. Los ingresos del sector son superiores a los de la floricultura, la actividad bananera o el turismo —además de que casi un cuarto de millón de personas hace parte de su fuerza laboral—. Si los indicadores son tan favorables, ¿por qué hay polémicas alrededor del tema?

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Se necesita un modelo

La creciente demanda de vigilancia y seguridad se debe a la expansión de la economía, y en especial al aumento de empresas multinacionales y en la construcción de viviendas, oficinas y centros comerciales. Esto también ha permitido diversificar las modalidades del servicio —alarmas, localizadores, monitores, aplicaciones, servicios electrónicos, ciberseguridad, caninos—.

Sin embargo, el sector no ha explotado todo su potencial y el proceso no ha estado acompañado de políticas públicas y mecanismos sostenibles y convenientes para todos los colombianos. Para que los servicios de seguridad y vigilancia privada alcancen los estándares adecuados es necesario que prime el criterio de conveniencia nacional sobre los intereses gremiales o las posturas simplemente ideológicas.

La pregunta sobre cuáles son los modelos de seguridad y vigilancia más convenientes no es un asunto local, sino una tendencia mundial que figura en las agendas de todos los países desarrollados, especialmente en Europa.

La Unión Europea, por ejemplo, expidió una declaración en el sentido de que los gobiernos y los parlamentos deben armonizar su tratamiento del sector. La declaración se firmó en Bruselas en diciembre de 2001, y fue ratificada en Madrid en 2004 por la Confederation of European Security Services (CoESS) y el Sindicato Europeo de Trabajadores de los Servicios (UNI-Europe). Allí se definieron los mecanismos de integración entre la lógica institucional, la lógica económica y la lógica social para el funcionamiento de esta industria, que explicaré a continuación y que nos deberían guiar en la actual controversia.

¿Riesgo de seguridad nacional?

Por lógica institucional me refiero a la discusión sobre si la llegada de capitales extranjeros pondría en riesgo la seguridad nacional por tratarse de uno de los “fines esenciales del Estado”. Esa es la posición de Ecos, uno de los gremios que agrupa a las empresas colombianas de seguridad privada en cabeza de su presidente, José Saavedra.

Pero del otro lado está la realidad colombiana y latinoamericana, en las que hemos visto que empresas y capitales extranjeros participan de sectores como el transporte, la infraestructura vial, la infraestructura de comunicaciones, los servicios públicos domiciliarios, la salud y la educación —todos estos fines esenciales del Estado—.

Según el último informe de la (Supervigilancia) las ventas del sector en 2017 ascendieron a cerca de 9,29 billones de pesos.

Bajo esa misma lógica, ha sido clara la falla del modelo actual para integrar la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, es decir, para que estas empresas cubran espacios y cumplan funciones que alivien y complementen el trabajo de la policía, e inclusive de las Fuerzas Militares.

La falta de estándares en la prestación de los servicios de seguridad, las escasas profesionalización y especialización, y la casi nula introducción de nuevas tecnologías y practicas internacionales han hecho imposible esa integración y han llevado a fenómenos como que:

  • Las fuerzas militares estén a cargo del 97 por ciento de la seguridad física de la infraestructura critica del país —mucha de ella de carácter privado—.
  • O que la Policía sea responsable de eventos tales como conciertos y partidos de fútbol —negocios privados en su totalidad—, debilitando y desconcentrando el esfuerzo institucional de la seguridad y la defensa nacionales.

Bajo una lógica económica también hay argumentos para apoyar la propuesta de Uscátegui.  Según el último informe de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) las ventas del sector en 2017 ascendieron a cerca de 9,29 billones de pesos cifra equivalente a casi el uno por ciento del PIB de ese mismo año.

Empresas extranjeras podrán ofrecer seguridad privada

Foto: Supervigilancia
¿Empresas extranjeras podrán ofrecer seguridad privada?

De ese total, las multinacionales en seguridad y vigilancia privada no llegaron al uno por ciento —lo cual desvirtúa la existencia o riesgo de un monopolio y confirma la necesidad de estandarizar por lo alto uno de los sectores de mayor crecimiento en el país—.

Mejores condiciones laborales

Por último y tal vez más importante, hay que atender a una lógica social. Si hay un espacio donde el modelo actual haya venido fallando durante más de cinco décadas, es el de las condiciones laborales y sociales de quienes prestan el servicio de seguridad y vigilancia privada en Colombia.

Esta es precisamente la situación que motivó la ya citada ley 1920 de 2018 o “ley del vigilante”, que introdujo incentivos económicos, de formación y de bienestar en la prestación del servicio para los trabajadores del sector. Es el caso de la declaración de estas actividades como de “alta peligrosidad” lo cual, entre otros beneficios, permitiría a los operadores acceder a un seguro de vida y a compensaciones laborales por el riesgo que asumen.

Pero según el presidente de Ecos la peligrosidad ya ha sido medida por parte de las varias Aseguradoras de Riesgos Laborales a las que cuales se afilian los trabajadores, y se ha «comprobado que la vigilancia y la seguridad privada en Colombia tienen un grado de accidentalidad muy por debajo de, incluso, sectores como el de hotelería y turismo». Por eso dice el directivo del gremio que no entiende por qué la ley declaró que esta actividad es de alta peligrosidad. Ecos proponía en cambio que las cajas de compensación —quienes, según Saavedra, reciben miles de millones del sector—se encargaran de pagar este seguro.

Hay riesgos si se deja a las empresas extranjeras prestar servicios de seguridad privada

Foto: Policía Nacional
¿Hay riesgos si se deja a las empresas extranjeras prestar servicios de seguridad privada?

La renuencia de las compañías nacionales a adoptar parámetros y buenas prácticas internacionales de carácter laboral, técnico, de formación, entrenamiento y equipamiento, confirma la necesidad de incorporar modelos que mejoren el servicio y que se adapten a las cambiantes conveniencias e intereses del país.

*Magister en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Profesional en Ciencia Política y Gobierno universidad del Rosario. Profesional en Ciencias Militares.

 

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