El fantasma del paramilitarismo ha renacido ante las nuevas invasiones de tierra. Y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos vuelve a ser protagonista. Jugamos con candela.
Mauricio Romero Vidal*
Propietarios en guardia
Igual que hace unos cuarenta años, bajo el gobierno Betancur, los anuncios del gobierno Petro sobre distribución de tierra a campesinos pobres, desplazados o despojados han puesto a los poderosos propietarios e inversionistas rurales en guardia, por no decir que en pie de guerra.
Las declaraciones de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, lo dejan ver así. Lafaurie pidió a sus afiliados que organizaran “grupos de ganaderos de reacción solidaria inmediata” frente a las invasiones de tierra que se presentaron en los departamentos de la costa Caribe, de donde él es oriundo.
Sin embargo, estas invasiones ocurrieron en un territorio más amplio. Los departamentos afectados son Atlántico, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Guanía y Vichada, según la Defensoría del Pueblo. Los hechos revelan una realidad angustiosa que hay que afrontar con celeridad y efectividad.
La posición del dirigente gremial oscila entre la acción directa y los canales institucionales para enfrentar este tipo de hechos. Un líder de una agremiación tan poderosa debería tener las ideas más claras, y más si se trata de una federación nacional con funcionarios con antecedentes tan oscuros como Fedegan.
Hay que recordar que su anterior presidente, Jorge Visbal Martelo, está condenado por promocionar grupos paramilitares. Y también hay que mencionar que José Miguel Narváez, que fue asesor de la federación y director de inteligencia del antiguo DAS, fue condenado por participar en el asesinato de Jaime Garzón, cometido por grupos paramilitares, entre otros delitos como perfilamiento y seguimiento de lideres de oposición.
Es preocupante que Lafaurie todavía dude entre demandar el funcionamiento y mediación de las instituciones estatales y la acción directa para castigar la transgresión del orden local. Olvida que las elites también deben respetar el estado de derecho, por poderosas que sean, y envía un mensaje muy ambiguo para resolver el gravísimo problema de acceso a tierra y vivienda de miles de familias campesinas en todo el país.
Grupos de Reacción Solidaria, Convivir y Autodefensa
Los grupos de reacción solidaria propuestos por Lafaurie no están lejos de los orígenes de las cooperativas de seguridad Convivir. Estas fueron organizadas invocando el derecho a la autodefensa por ganaderos, narcos y fuerzas de seguridad, con el pretexto de combatir el secuestro y la extorsión de las guerrillas a finales de los años 80.
Las Convivir, una vez prohibidas por la Corte Constitucional, dieron origen a los frentes s paramilitares federados como Autodefensas Unidas de Colombia, auc, desde 1997. Como se conoció en las declaraciones de los jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la mayoría de las Convivir eran manejadas por ellos.
Es poco probable que, dadas las condiciones de hoy, los grupos de reacción solidaria puedan evolucionar hacia formas similares a las de las antiguas AUC. Como dijo el presidente Petro, hoy no contarían con el apoyo estatal para su desarrollo, algo que sí ocurrió con los paramilitares.
Lo que puede suceder, y de ahí el riesgo de las declaraciones de Lafaurie, es que grupos locales se sientan autorizados para defender con armas órdenes locales que pueden verse amenazados por los anuncios de distribución de tierra y por las invasiones. El asesinato de líderes sociales y reclamantes de tierras es una realidad que hasta el momento no se ha podido detener. La Defensoría del Pueblo ha registrado 136 asesinatos en los primero ocho meses de lo que va de 2022, cifra desconcertante.
El desfile de camionetas de alta gama o de pick-ups con hombres de camuflado y armados en el plantón organizado recientemente por ganaderos en el departamento del Magdalena, en previsión de una invasión, no presagia un buen final.
El hecho recuerda lo sucedido durante el paro nacional en Cali en el 2021, cuando civiles organizados en frentes de seguridad y coordinados por la policía dispararon a los manifestantes, supuestamente para prevenir la amenaza a la propiedad que representaba la protesta. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie y perteneciente a la poderosa elite económica vallecaucana, es una de las defensoras abanderadas de este tipo de acciones.
Es preocupante que Lafaurie todavía dude entre demandar el funcionamiento y mediación de las instituciones estatales y la acción directa para castigar la transgresión del orden local.
El derecho a la autodefensa ha sido la herramienta discursiva que pretende justificar esas agresiones. En el caso de las auc, la manipulación de ese derecho creó el campo de acción en donde coincidieron elites rurales, fuerzas de seguridad y narcotraficantes para asesinar políticos de oposición, líderes sociales que reclamaban justicia e inversión pública o desplazar a campesinos de su tierra y, de paso, enriquecerse con los recursos públicos, el patrimonio despojado y el narcotráfico.
Todo bajo el paraguas de la seguridad y el derecho a defenderse, al darse la ¨ausencia del Estado¨, lo cual acabó convirtiéndose en un instrumento letal para beneficio de unos pocos.
108 invasiones en 26 municipios
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo hay 108 casos de invasiones identificados en 26 municipios, las cuales revelan una realidad complicada y que tiene particularidades regionales marcadas.
El 36 % han ocurrido en el departamento del Cauca, en donde las comunidades indígenas reclaman territorios ancestrales de los que fueron desplazadas. En estos hay hoy haciendas de poderosas familias sembradas con caña de azúcar o fincas de comunidades negras asentadas allí desde hace varias generaciones.
En otros departamentos la ocupación de tierras se ha dado en baldíos que ganaderos han incorporado ilegalmente a sus haciendas o en predios en procesos de extinción de dominio que están siendo explotados por firmas privadas en acuerdos muy ventajosos con la Sociedad de Activos Especiales, sae.
La mediación institucional en estos casos es urgente y la situación exige que el gobierno acelere los procesos de distribución de tierra que el candidato Petro prometió en campaña. Hasta la procuradora Margarita Cabello solicitó al gobierno un plan de acción inmediata en el tema de distribución de tierras y celeridad, que no se vivió durante el gobierno pasado, para cumplir los acuerdos con las farc, en especial el punto 1, sobre reforma rural integral.
Las invasiones pusieron al gobierno en una situación difícil y sus opositores lo han acusado de inacción y de promover el desconocimiento de la propiedad privada, uno de los temas que mayor prevención ha despertado entre los críticos a las propuestas de la reforma agraria.
A finales de agosto, el gobierno respondió al aumento de las invasiones con una declaración conjunta de la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa Iván Velásquez, del ministro del Interior Alfonso Prada, la ministra de Agricultura Cecilia López y el secretario de la presidencia Mauricio Liscano. En esta, rechazaron las invasiones, demandaron respeto por la tenencia y propiedad de los predios ocupados y anunciaron que, de no desalojar, esto se haría por acción policial en 48 horas, como establece la ley.
Las invasiones y los grupos armados ilegales
Hasta el momento, la información disponible señala que en 13 de los 108 casos de invasiones habría algún tipo de vinculación de grupos armados ilegales, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque no se mencionaron los departamentos donde esos grupos han tenido vínculos con las ocupaciones.
El ministro de Defensa Iván Velásquez ha dicho que los datos están por confirmarse, frente a declaraciones del director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, haciendo eco del informe de la defensoría.
Sin duda, la posible injerencia de grupos ilegales en las invasiones creó tensiones dentro del gobierno, que espera comenzar negociaciones con las diferentes agrupaciones armadas. Aunque hay que recordar que la vinculación de la movilización social con grupos armados ilegales ha sido un recurso fácil para descalificarla.
La oposición al gobierno y los críticos de la reforma agraria acusaron al presidente Petro de incitar las invasiones, desconocer la propiedad privada y la libertad de empresa. Indican que los invasores se han sentido alentados por los discursos sobre la “democratización de la tierra” y las expectativas de reparto de tierras. Por su parte, la ministra de Agricultura Cecilia López dijo que el gobierno está comprometido con democratizar la propiedad, pero que hay que hacerlo respetando la ley y el marco constitucional.
Por esto llaman la atención los llamados a la acción directa del presidente de Fedegan, que no se sabe si está jugando a dirigente gremial en aspira encontrar el beneficio de sus afiliados o a ser cabeza de la oposición uribista al nuevo gobierno y sus proyectos de reformas para disminuir la desigualdad en la propiedad de la tierra.
