Después de las elecciones legislativas del domingo, es probable que se mantenga el estado de inestabilidad social e intimidación por parte del gobierno contra la oposición. Sin embargo, el 6D marcará un antes y un después del chavismo.
Janneth A. Vargas*
Mal ambiente
Violencia contra la oposición, rechazo a la verificación internacional de las elecciones, discursos amenazantes del presidente Nicolás Maduro y medidas militares desplegadas a lo largo del territorio son algunos de los elementos que han enrarecido el clima político preelectoral en Venezuela, ya bastante marcado por la inseguridad y la incertidumbre frente a los cambios venideros.
Así las cosas, la victoria del chavismo significaría el triunfo de una estrategia sistemática de intimidación y utilización del poder político a favor de un proyecto hegemónico- como inevitablemente deber ser el de la revolución socialistas- lo cual sin duda provocaría el descontento de los sectores opositores y podría llevar a hechos de confrontación y violencia postelectoral.
Incluso si el gobierno de Maduro logra una victoria en las elecciones, algunas situaciones de fondo, como la crisis económica, la creciente polarización interna y las probadas relaciones entre el narcotráfico y el gobierno chavista hacen dudar de la sostenibilidad de la revolución bolivariana.
Cada vez se hace más evidente el carácter antidemocrático, ilegítimo y extremadamente artificioso del “consenso popular” detrás del régimen. Esta situación crea una nueva etapa de convulsión en Venezuela, donde el empeño del régimen chavista por mantenerse en el poder será tan contundente como la resistencia de aquellos sectores que representan el descontento popular.
La estrategia del gobierno
 Seguidores de Henrique Capriles se manifiestan en la ciudad de Cumaná, capital del Estado de Sucre. Foto: Daniel Guarache |
La estrategia de intimidación adoptada por el régimen de cara a las elecciones de hoy domingo empezó el pasado 13 de julio con las Operaciones de Libertad y Protección del Pueblo (OLP), que el gobierno anunció como medidas para desmantelar las bandas criminales en todo el territorio. Pero estas operaciones se han limitado a neutralizar 32 organizaciones criminales es decir, un 0,17 por ciento del total estimado por las propias autoridades nacionales.
Con el paso de los meses y el despliegue de las OLP en aproximadamente noventa municipios se hizo evidente el sesgo estratégico que conllevaban estos operativo hacia el control político de zonas o municipios con alta presencia de sectores opositores, para desplazarlos, capturarlos o judicializarlos por cargos criminales.
Este fue el caso del estado Táchira, en la frontera con Colombia, que desencadenó la crisis entre los dos países el pasado mes de septiembre y que mostró las irregularidades y extralimitaciones cometidas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) bajo el pretexto de desarticular bandas dedicadas al contrabando, la extorsión y el secuestro.
La crisis fronteriza todavía no se ha solucionado y no son evidentes los resultados positivos de la declarada lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha mantenido su atención sobre las regiones en donde la oposición representa una amenaza electoral. El presidente declaró en agosto el estado de excepción en ocho zonas de frontera ubicadas en los estados de Táchira, Zulia, Apure y Amazonas con el propósito apenas disfrazado de que las operaciones cívico-militares lograran recomponer los sectores chavistas e intimidar a las poblaciones afiliadas a la oposición.
Este despliegue de fuerzas del régimen a lo largo del territorio venezolano ha venido acompañado de discursos y mensajes políticos del presidente Maduro convocando al pueblo a “la unión cívico-militar”. Esto significaría un llamado a la defensa de la revolución bolivariana con acciones encabezadas por las Fuerzas Armadas y ejecutadas por los colectivos civiles ligados con el chavismo, en caso de no lograr la victoria en las elecciones del 6D.
Después de las elecciones es de esperar que la fórmula de unión cívico-militar siga siendo una herramienta de contención e intimidación de las acciones contestatarias y de las protestas de la oposición. Esta situación mantendría el estado de confrontación por fuera de los canales institucionales y conllevaría el peligro de una escalada de violencia donde incluso el mismo régimen chavista podría perder el control de la situación.
El Plan República 2015, que incluye el despliegue de 163.000 militares para hoy domingo 6 de diciembre, no solo es el esquema de seguridad en las elecciones, sino un sistema de presión y verificación de los votantes chavistas. El despliegue masivo de las FANB en las calles no solo tiene el objetivo de convocar al electorado chavista y asegurar su voto, sino el de intimidar a los votantes opositores para que se abstengan de acercarse a las urnas.
Estas acciones están acompañadas por otros mecanismos políticos legales que le garantizan al oficialismo un buen margen de ventaja en las votaciones. Entre ellos se cuenta el cambio reciente del sistema electoral para que en los circuitos en donde la coalición opositora tiene mayorías se requiera un número elevado de votos para lograr escaños en la Asamblea. Esto no sucede en el caso de circuitos electorales con mayorías oficialistas, puesto que en estos se requiere un número menor de votos, y los aliados del gobierno cuentan con mayores posibilidades de alcanzar más curules en la Asamblea Nacional.
La apuesta del gobierno es ganar las elecciones bajo las condiciones enrarecidas con las que ha controlado a la coalición opositora es decir, contando con el control de la Asamblea Nacional, con la represión militar de las protestas y movilizaciones sociales, y con la posibilidad de emprender acciones legales contra los líderes opositores.
Las acciones de la oposición
 El Presidente venezolano Nicolás Maduro. Foto: OEA – OAS |
La ventaja en las encuestas de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) es un reflejo del descontento de amplios sectores de la población, que no rechazan solo el modelo político y económico del chavismo, sino las prácticas intimidatorias e ilegales que utilizan las agencias del Estado para contener la inconformidad.
El reciente asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz en el estado Guárico fue sin duda un acto intimidatorio, no solo para la MUD, sino para la masa de votantes indecisos que están inconformes con la situación actual pero temen que un cambio radical en la Asamblea Nacional pueda desencadenar hechos de violencia y represión difíciles de tolerar, especialmente en medio de la crisis económica y el desabastecimiento que sufren.
Pese a este panorama sombrío, la coalición opositora adelantó una estrategia de denuncia internacional y de movilización social que ha cimentado las bases de una tendencia crítica encargada de mostrar las contradicciones e irregularidades del régimen chavista. Al mismo tiempo, esta tendencia ha llevado a los gobiernos democráticos de la región a tomar posición sobre la situación venezolana. Esta capacidad para generar eco político dentro y fuera de Venezuela supone una amenaza para el gobierno de Maduro en tanto hace visibles las fisuras del régimen, así como las condiciones políticas y sociales adversas que hoy enfrenta la oposición en ese país.
Aun cuando los resultados no favorezcan a la MUD debido a la estrategia electoral del oficialismo, ya es clara su victoria en términos de hacer visible el proceso electoral y de aumentar la presión nacional e internacional.
Sin embargo los logros para la coalición opositora no necesariamente se extenderán a sus bases, pues ellas han de confrontar la intimidación y represión del régimen chavista, ya que los mecanismos como las OLP o los estados de excepción se intensificarán para impedir que la oposición reconfigure sus espacios políticos en las ciudades y regiones.
El resultado final
Las perspectivas para Venezuela después del 6D son complejas por distintas razones. El equilibrio de fuerzas entre el oficialismo y la oposición sigue siendo precario. Aunque la MUD es un factor decisivo en el escenario político venezolano, el control que mantiene el chavismo sobre la Asamblea Nacional dificulta las transformaciones necesarias para contener el proyecto de una revolución socialista.
Esta contienda electoral representa para el chavismo la primera advertencia sobre la posibilidad de que el régimen se quiebre por efecto de las fuerzas sociales inconformes. El gobierno querrá enfrentar de manera categórica este riesgo, y esto se puede traducir en estrategias represivas cada vez más contundentes, acompañadas por mensajes políticos que alimenten la polarización y la acción directa por parte de los colectivos chavistas.
Por último, la crisis económica que enfrenta Venezuela es un factor inversamente proporcional a la fortaleza del régimen, pues en la medida en que el desabastecimiento, la inflación y el desempleo afecten a la población, las presiones sobre el gobierno se harán mayores y la oposición adquirirá mayor legitimidad para enfrentar la situación de disparidad de poder e intimidación.
El proceso electoral del 6D fijará un “antes y después” del proyecto de Estado chavista, dado que es claro que las mayorías ya no están exclusivamente bajo el control del oficialismo, sino que se están enfrentando a la crisis de representatividad de un modelo que ha permanecido indiscutido durante casi dos décadas, pero que ahora enfrenta todo tipo de críticas.
* Internacionalista, Magister en Ciencia Política, candidata a Doctor en Ciencia Política. Es docente universitaria y consultor en temas de seguridad y riesgo político.
