El debate

El pasado 28 de enero, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluyó a Colombia, Honduras y Haití en una lista de países en riesgo de sufrir hambre durante 2022; el informe sostiene que 7,3 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria en 2022, y compara esta situación con las de Etiopía, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen.

Ante la protesta del gobierno nacional, Alan Bojanic, representante de la FAO,  reconoció que el informe hace “parecer que Colombia está en igual situación que otros países que obviamente están en una situación de inseguridad crónica…La FAO trabaja en una reconstrucción del mapa para representar mejor la situación del país”.

Pero el hecho de que no estemos tan mal como aquellos países donde desde hace décadas se vienen registrando las hambrunas masivas, no necesariamente significa que Colombia esté bien, ni que su situación alimentaria no sea grave ni, más aún, que no se esté empeorando.

Menos ingresos, comida cara

La crisis alimentaria que hoy vivimos podría atribuirse a dos factores principales: los bajos ingresos de la población y la escasa producción de alimentos. El primero de ellos se ha ido agravando debido a la inflación.

El ingreso promedio en Colombia es bajo en comparación con sus principales socios comerciales, mientras que la proporción del ingreso que debe destinarse a la compra de alimentos es muy alta. Es el segundo rubro en el gasto de los hogares colombianos, después de la vivienda.

Mucha gente gana poco y puede comprar pocos alimentos. Según la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del DANE, aproximadamente un 40% de la población gana menos de un salario mínimo. En promedio, estos 5,7 millones de hogares pobres ganan $664.000 mensuales y destinan para alimentos unos $157.368 mensuales.

Además, como en 2021 la inflación del rubro de alimentos fue de 17,23%, puede decirse que las familias pobres perdieron $27.114 mensuales para comer.

Producción local insuficiente

Colombia tiene una baja capacidad de producción de alimentos. Durante los últimos quince años, el sector agropecuario creció a un ritmo 1,6 veces menor que el sector del comercio. O sea que, aunque hay más ventas, hay menos producción. La demanda que no se satisface con producción local se satisface con importaciones, provocando, además, una mayor presión sobre el precio del dólar.

Según el DANE, la participación en la producción nacional del sector manufacturero, que incluye la producción de alimentos y bebidas, ha disminuido 3,2% entre 2014 y 2018. Esto coincide con la disminución del 5,6% en la compra de insumos de consumo intermedio desde el sector agropecuario en el mismo periodo.

Como lo que no se produce en Colombia se trae de otros países, las importaciones de alimentos y bebidas pasaron de 9,1 millones de toneladas en 2010 a 13,8 millones de toneladas en 2018. Al mismo tiempo, el peso del sector agropecuario en la economía pasó de 7,4% en 2005 a 6,7% en 2020.

No solo la FAO ha advertido sobre la inseguridad alimentaria

Varias fuentes autorizadas han señalado esta crisis alimentaria en los últimos años. Vale la pena recordar que el año pasado, el DANE reveló que el 35% de nuestra población come apenas dos veces al día.

En julio de 2019, la FAO ya había puesto sus reflectores en Colombia como un estudio de caso en el Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Este informe advertía que la caída en los precios internacionales de las materias primas provocaría una devaluación que implicaba “el encarecimiento de la importación de alimentos, la reducción de disponibilidad de alimentos y el aumento de los precios de los alimentos”. Este informe estableció un patrón de hambre e inseguridad alimentaria claro: de 65 países donde la desaceleración económica estaba siendo más pronunciada, 52, como Colombia, dependen “en gran medida de las exportaciones o importaciones de productos básicos primarios”.

La FAO también había demostrado una relación entre el nivel de ingresos y riqueza en el hogar con la malnutrición. En este caso, Colombia tiene brechas de retraso de crecimiento entre niños ricos y pobres similares a las de Camboya, India y Pakistán.

En 2021, un reporte sobre desigualdad del Banco Mundial estableció que los niños colombianos en hogares de ingreso bajo tienen una tasa de retraso en el crecimiento, por falta de alimentación, tres veces mayor que en los hogares de ingreso alto.

Como si fuera poco, en 2019, la ANDI y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia aplicaron la Encuesta Nacional de Situación Nutricional y concluyeron que el 54,2% de los colombianos sufren de inseguridad alimentaria y el 8,5% de inseguridad alimentaria severa. Allí se establece además que en los hogares de jefatura femenina esta prevalencia es de 57,6%.

El hambre es producto de la indolencia estatal

Los datos anteriores son suficientes para afirmar que en Colombia sufrimos de inseguridad alimentaria por decisión estatal. Las notas de protesta del gobierno de Iván Duque no eliminan el hambre.

Los bajos niveles de ingreso son el resultado de un mercado laboral precario, afectado por la disminuida capacidad de producción agrícola e industrial. Ante la baja oferta nacional, la demanda debe atenderse con importaciones costosas que provocan déficits, financiados con exiguos presupuestos que diezman la inversión dentro del país.

La indignación gubernamental ante el reciente informe de la FAO solo prueba su ineptitud para actuar frente a un problema que exige reformas económicas de fondo. Al próximo gobierno le corresponderá corregir esta situación, para que Colombia no siga siendo una vergüenza mundial en materia de seguridad alimentaria.