La polémica declaración de Petro sobre los jóvenes en el ejército y la policía despertó el recelo de los altos mandos retirados ¿Qué tan ciertas son sus afirmaciones?*
Andrés Preciado**
En defensa del honor
Los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas no tienen derecho a participar en debates políticos ni en las elecciones.
Pero aunque quienes hacen parte de la fuerza pública no tienen derecho al voto, su reconocimiento como actores políticos y sus discusiones gremiales y laborales son muy relevantes para la gestión del Ejecutivo, especialmente de la Presidencia de la República.
Esta semana el candidato Gustavo Petro planteó una discusión acerca de las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes al salir de la educación secundaria. Este tema es sin duda una de las fibras más sensibles para los mandos militares y policiales, y un asunto de obvio interés para quien ocupe la jefatura del Estado.
Esta formación está ligada a las circunstancias de ingreso y permanente capacitación del personal, el cual está encargado de garantizar tanto la seguridad de los colombianos como el orden público en el territorio nacional.
Sin embargo, el comentario de Petro se basó en malos ejemplos y se propuso en un contexto no muy afortunado. Entre los ejemplos, el candidato señaló que muchos jóvenes que no acceden a la educación superior acaban enrolados en ejércitos del narcotráfico, algunas jóvenes en embarazos no planeados que a la postre son trampas de pobreza, y que otro número significativo ingresaban al Ejército o la Policía.
Los grupos de personas retiradas de las Fuerzas Armadas respondieron desde el otro extremo: enaltecieron el honor militar y policial, y el sacrificio humano de sus hombres y mujeres en aras de la patria. La respuesta fue una dura reacción a “tan alta afrenta”, como lo expresaron públicamente.
Formación académica insuficiente
 Candidato Presidencial, Gustavo Petro. Foto: Observatorio Ambiental de Bogotá |
La formación de los integrantes de las Fuerzas Armadas es un tema que escapa tanto a la atención de los actuales candidatos a la presidencia como a la autorreflexión de los grupos de personas retiradas, pero que, sin importar quien sea elegido, será uno de los más importantes a tratar en su cartera de defensa.
Esta formación está ligada a las circunstancias de ingreso y permanente capacitación del personal, el cual está encargado de garantizar tanto la seguridad de los colombianos como el orden público en el territorio nacional.
Son dos los elementos principales para tener en cuenta:
- Las circunstancias de ingreso a las Fuerzas Armadas son muy disímiles en cada caso. Por esta razón, negar que muchos de los que ingresan lo han hecho como última opción es tapar el sol con un dedo, así como lo sería negar las miles de historias de linajes familiares y de casos particulares donde la vocación de servir y defender a la patria con orgullo es construida desde una edad temprana.
- La formación rigurosa es sin duda esencial cuando se trata de los funcionarios del Estado que tienen a su cargo la prestación de servicios prioritarios y al mismo tiempo sumamente delicados: la seguridad ciudadana y el orden público son los servicios públicos más básicos que debe proveer cualquier Estado, pero este monopolio de la fuerza tiene que ser estrechamente controlado para evitar los abusos de cualquier naturaleza.
En este orden de ideas, el próximo Gobierno y su gabinete de defensa tendrán que atender a una tarea de mucha importancia: durante años los gastos de formación en todas las Fuerzas Armadas han estado concentrados en los altos mandos en detrimento de la formación del personal de base, lo cual implica un vacío peligroso que afecta la función de cada una de las fuerzas.
Más todavía en el contexto del posconflicto, será fundamental asegurar que las fuerzas militares y policiales sean capaces de atender a las demandas diarias de la ciudadanía, la cual reclama mejorías en el servicio y más altos estándares de calidad. La misma ciudadanía castiga y señala en redes sociales a los malos funcionarios y los procedimientos mal ejecutados.
Por una formación más adecuada
Actualmente en Colombia se adelantan programas dignos de mención, como el Mejor Policía en Bogotá liderado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Distrital y la Policía Nacional, y apoyado por la Cámara de Comercio, o como el trabajo de la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional. No obstante, este tipo de trabajos cuenta con un respaldo presupuestal muy reducido, o en todo caso insuficiente para el tamaño y desafíos que hoy enfrenan los cuerpos de la fuerza pública.
Es necesario trabajar en pro de una calificación titulada de la prestación de servicio, lo cual debe regularizarse en todas las fuerzas desde el nivel técnico al profesional.
Estos programas deben ir de la mano con la formación profesional de los efectivos. Aquí tampoco se pueden llegar a antípodas irreconciliables es decir, no podemos esperar que todos los efectivos sean doctores, y quien proponga la profesionalización de la totalidad de los miembros de la fuerza pública está haciendo populismo.
Para ser más precisos, se trata de un sistema de formación coherente y apto para la cualificación del servicio en sus distintos campos específicos, que ha de extenderse de manera regular a todas las fuerzas desde el nivel técnico al profesional es decir, a medida que se avance de rango.
Lo anterior debe ir acompañado por un aumento del rigor académico en todas las dependencias o escuelas de formación en armonía con su misión y su visión. En tanto academias, deben ser capaces de someterse a la evaluación de pares académicos, siguiendo los estándares de cualquier institución de educación superior del país.
Sin entrar en debate sobre el aumento del pie de fuerza policial -que todas las grandes ciudades del país reclaman en la actualidad-, una opción para mejorar el servicio sería la apuesta por mejorar la capacitación de los actuales efectivos.
Ascensos y salarios excluyentes
 Grupo de jóvenes. Foto: Alcaldía de Barranquilla |
La remuneración de los policías y soldados es otro determinante esencial de la calidad educativa de las personas que aspiren a ingresar al servicio, y esto por supuesto implica un esfuerzo fiscal considerable. Pero ni Petro ni ninguno de los otros candidatos ha ahondado en este asunto.
Por un lado, hay que aclarar que los salarios de las Fuerzas Armadas en los rangos bajos no son competitivos, salvo algunos sobresueldos o primas de orden público en algunos territorios. Esto se debe a que los requisitos de ingreso a estos rangos no son muy exigentes, y a que la remuneración solo tiene que ser competitiva cuando se trate de los rangos más altos.
El sistema de ascensos continúa siendo en buena medida excluyente y poco igualitario, ya que no se cumplen los tiempos de llamado y los mecanismos de calificación son poco claros.
Por otro lado, el sistema de ascensos sigue siendo excluyente y poco igualitario, ya que los mecanismos de calificación son poco claros y no se cumplen los plazos o tiempos de llamado a cada ascenso.
Si los retirados de las Fuerzas Armadas y los candidatos presidenciales están realmente preocupados por el bienestar de los efectivos, la primera medida sería revisar la escala salarial y sanear los defectos del sistema de ascensos, dos aspectos que desmotivan y desmoralizan a quienes nos defienden veinticuatro horas siete días a la semana.
Corrupción y ética
El tema de la corrupción no es ajeno a ninguna institución, en especial cuando se trata de militares y policías –porque son quienes tienen contacto cercano con la ciudadanía. Pero de este flagelo no escapan las otras dependencias de las Fuerzas Armadas.
Según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá para el año 2017, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía es la ética integral del personal uniformado: el 44 por ciento de los encuestados considera que para mejorar la seguridad primero es necesario acabar con la corrupción de la Policía y otro 12 por ciento considera que hay que hacer mejoras en asuntos de justicia.
Aunque esa encuesta se refiere a Bogotá, no hay mucha diferencia con el contexto nacional. La formación de los uniformados debe tener un alto grado ético e integral, con mejores salarios y condiciones paritarias de ascenso.
Todos estos son temas urgentes. Los candidatos a la presidencia deberían responder a las preguntas de si conocen o no estos problemas y de si sus futuros ministros de defensa tienen la capacidad e inteligencia para resolverlos. Por último es importante señalar que el cargo de ministro de defensa no es uno que deba tomarse a la ligera, en especial cuando estamos en un complejo “postconflicto”.
* Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
*Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT, asesor en temas de Seguridad y Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá.
