El proyecto de reforma laboral protege a los trabajadores del sector formal, pero las cifras muestran que la informalidad impide que la mayoría de la gente acceda a una vejez digna.
Luis Carlos Calixto Rodríguez*
La encuesta
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) solicita información sobre las condiciones de trabajo, desde el tipo de contrato y el salario, hasta el nivel de desempleo, o el tipo de contribución social.
También recopila datos básicos como el sexo, la edad, el estado civil y el nivel educativo. La encuesta estima los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD). Por eso la encuesta permite caracterizar y analizar las condiciones laborales de los colombianos.
De manera particular, la encuesta refleja los mecanismos que utilizan, tanto los colombianos como el Estado para asegurar los ingresos en la etapa pensional.
Entre los mecanismos que describe la GEIH para asegurar la protección de la vejez se encuentran la cotización a pensión obligatoria, la cotización a pensiones voluntarias, ahorros, inversiones, seguros, el depender de los hijos y un mecanismo adicional, nombrado como Otros, que principalmente son los subsidios que realiza el Estado a las familias que lo necesitan, como por ejemplo a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).
De estos mecanismos, los primeros cinco dependen estrictamente de las posibilidades económicas de cada trabajador, mientras que los dos adicionales están asociados a las transferencias que reciben los trabajadores por parte del gobierno. Es decir, están fuera de los alcances de los trabajadores y por eso presentan mayor riesgo para ser un mecanismo de protección.
La situación
Mediante la consolidación de la GEIH para el 2017 y 2019 y teniendo presente los mecanismos que dependen estrictamente de las posibilidades económicas de los trabajadores, se observa que en promedio el 54,76 % de los trabajadores no cuentan con ningún mecanismo de protección.
Entre los mecanismos que describe la GEIH para asegurar la protección de la vejez se encuentran la cotización a pensión obligatoria, la cotización a pensiones voluntarias, ahorros, inversiones, seguros, el depender de los hijos y un mecanismo adicional, nombrado como Otros, que principalmente son los subsidios que realiza el Estado a las familias que lo necesitan, como por ejemplo a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).
El 42,.71 % cuenta con un mecanismo de participación, mientras que el 2,25 % tienen dos mecanismos de protección. Entre 0 y 2 mecanismos de protección a la vejez se reúne en promedio el 99,72 % de los trabajadores, donde el restante 0,28 % de los trabajadores cuentan con más de tres mecanismos de protección.
La Gráfica 1 expone los resultados entre 2017 y 2019 del número principal de los mecanismos de protección a la vejez. Estas cifras revelan la baja precaución que los trabajadores tienen ante el aseguramiento pensional.
Cuestión que se agudiza con la alta informalidad, la poca estabilidad laboral y los pobres mecanismos que el gobierno tiene para incentivar a los trabajadores independientes al pago de aportes al sistema de seguridad social.
Como primer mecanismo de protección se encuentran las pensiones obligatorias, seguido por los ahorros que acumulan los trabajadores. Lo que quiere decir que los trabajadores prefieren ahorrar por su cuenta —o no ahorrar— para no tener que asumir los costos obligatorios del sistema pensional colombiano: los costos de administración, los seguros de invalidez y muerte, el fondo de solidaridad, entre otros.
Así que, según los estudios, parece vital modificar el sistema pensional a través de la reforma pensional propuesta por el gobierno en curso.
Por otro lado, es evidente la brecha salarial y económica al observar la baja participación de trabajadores con más de 3 mecanismos de protección. Mientras el promedio salarial para los trabajadores que no cuentan con ningún mecanismo de protección es de $ 723,935, el salario promedio de aquellos que tienen 5 mecanismos de protección es de $ 8’741,667, es decir, 12,08 veces el salario de los trabajadores que no cuentan con ningún mecanismo de protección.
Es claro que contar con más mecanismos de protección tiene un rendimiento decreciente y que el principal problema es que los trabajadores tengan como mínimo un mecanismo de protección para asegurar una mejor calidad de vida en la etapa de vejez y que pueda disminuir las presiones fiscales en el sistema pensional.
Cuestión que se agudiza con la alta informalidad, la poca estabilidad laboral y los pobres mecanismos que el gobierno tiene para incentivar a los trabajadores independientes al pago de aportes al sistema de seguridad social.
El Cuadro 1 muestra los salarios promedios según los mecanismos de protección, clasificados por el periodo.
Contribución
Si se consolidan los resultados de los tres años, las regiones con menos mecanismos de protección son Norte de Santander, Córdoba y Nariño, mientras que los departamentos con cinco mecanismos de protección son Antioquía y Caldas.
La cifra de Norte de Santander se asemeja a la gran informalidad existente en la ciudad, que era de 71,2 % en 2019. El Cuadro 2 muestra las participaciones para las 13 áreas según los mecanismos de protección.
En conclusión: apenas una de cada dos personas cuenta con algún mecanismo de protección para la vejez. Una causa principal de esta situación es el alto nivel de la informalidad laboral.
Por eso importa que la reforma laboral que se va a debatir en el Congreso cambie su enfoque para hacer frente al problema de la informalidad y provea incentivos adecuados para que la población activa participe y contribuya al sistema pensional.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
