Un pico demorado

La mayoría de los especialistas auguran que la inflación alcanzará su pico en este primer semestre del año y que, en consecuencia, culminará el ciclo de aumentos de la tasa de interés por parte del Banco de la República.

Pero las últimas cifras en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron poco alentadoras porque estuvieron por encima de los valores esperados y aumentaron de nuevo las expectativas de inflación.

Este retraso en el pico de inflación conllevará nuevos desafíos para la política monetaria durante los próximos meses, pues sus medidas desalentarán la actividad económica si persiste la fórmula del Banco de aumentar las tasas de interés.

Inflación que no cede

La inflación de los alimentos y de algunos bienes y servicios regulados, que no son controlados por la política monetaria —como los combustibles, el transporte y los servicios públicos —alcanzó las cifras más altas desde 1999.

La inflación del año pasado llegó a 13,2 % y en el solo enero de este año fue de 1,78 %, una cifra mayor que la esperada por la Junta del Banco de la República.

Aun suponiendo que los problemas en la oferta de esos bienes se remedien en este año, sigue la duda sobre el comportamiento futuro del componente de servicios en la canasta básica. El DANE mostró un aumento de 8 % el año pasado, lo cual se explica por el alza en los precios de los servicios de comidas por fuera de casa y a la mesa —con un aumento anual de 19,7 % y con tendencia ascendente—.

Si perdura la presión de los servicios o si se siguen irrigando los efectos negativos de la guerra en Ucrania, es muy probable que la inflación no alcance su pico en el futuro cercano.

Esto a su vez haría que la política monetaria restrictiva se mantenga con firmeza o que el Banco decrete nuevas lazas en las tasas de interés, lo cual tendría consecuencias indeseables cuando está empezando un ciclo de desaceleración que puede extenderse hasta el tercer trimestre de este año.

La fórmula corriente del Banco, apoyada en los mecanismos de transmisión de la política monetaria, podría tener consecuencias nefastas en un escenario económico con grandes choques de oferta en los precios y con el agotamiento del ciclo expansivo en la demanda interna, consumo público y privado, que viene desde mediados de 2022.

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El costo de aumentar los intereses

Los aumentos sostenidos de las tasas de interés desacelerarán la productividad, con caídas en los niveles de inversión en los sectores más frágiles, así como en el consumo por la vía del encarecimiento de los gastos con tarjetas de crédito. Esto a su vez llevará a la contracción de la demanda de financiamiento para el consumo y las actividades productivas.

Si a lo anterior le sumamos la probable caída en las exportaciones y en las importaciones, la economía sufrirá una caída que se agudizará con el no pago de muchos créditos y microcréditos, los cuales afectan precisamente a los sectores más vulnerables del tejido productivo.

En este escenario, la profecía de una menor inflación finalmente será autocumplida. Pero eso se haría a un costo enorme para el bienestar económico y social, donde los intermediarios financieros, los mercados de créditos “gota a gota” y las personas naturales y jurídicas que reciben rentas de las altas tasas de interés serán los ganadores netos.

¿Economía política o política económica?

Los cambios en los tipos de interés afectan la demanda interna.

Pero no todos los economistas compartimos la idea de que la inflación se deba solamente a los excesos de demanda. Los sucesos postpandemia y los choques de oferta recientes repercuten sobre los patrones de demanda, pero no hay consenso acerca del papel que juega la tasa de interés. Entre los analistas existen grandes diferencias a propósito de los mecanismos de transmisión de la política monetaria para minimizar la brecha entre el producto efectivo y su nivel potencial de largo plazo.

Para muchos economistas, la tasa de interés juega además un importante papel distributivo. Esto va en contra de la corriente principal de la política monetaria, que ve en la tasa de interés el simple costo del dinero —de manera que su encarecimiento desacelerará la inflación— y listo.

Un buen ejemplo de estas discrepancias se puede ver en las tasas de los créditos productivos y de los microcréditos que, pese a la caída de la economía,  se mantuvieron altas durante la fase más dura de la pandemia.  Durante ese periodo tanto el gasto público como la política monetaria fueron expansivos, y además se otorgaron subsidios a la producción y al consumo. Pero las tasas de los microcréditos se mantuvieron altas hasta tal punto de que rondan el 58 % anual —lo cual y por supuesto juega en contra de la formalización empresarial y del empleo—.

Los costos tan elevados del crédito de fomento a la producción y al emprendimiento no se explican apenas por los desajustes entre oferta y demanda del mercado crediticio,  como se dice a menudo. Se explican más bien por el poder de la banca privada y las entidades de fomento, sus márgenes de maniobra y las tasas de intermediación que no se disminuyen en tiempos de tormenta.

Este ejemplo confirma que nos encontramos ante un tema de «economía política» más que de «política económica”.

Otra manera de mirar el asunto

Una mirada alternativa a los alcances y límites de la política monetaria apunta a que la oferta de dinero se ajusta a la demanda de crédito, lo cual implica que la tasa de interés no juegue apena el papel de equilibrar los precios, sino que tiene un papel “distributivo”.

Los nexos entre las tasas de interés y la inflación son aún más complicados en el caso de economías como la nuestra, con gran desigualdad en los niveles de ingreso, con informalidad financiera persistente y con efectos asimétricos de la política monetaria.

Por eso importa explorar otras perspectivas que tengan en cuenta rasgos como los siguientes: aunque hay indicios de que la inflación agregada está disminuyendo, preocupa el efecto de las restricciones monetarias sobre la oferta de ciertos bienes de la canasta básica. Estos bienes —sobre todo alimentos — pesan más en la canasta de los hogares más pobres, y todavía más en los pobres «extremos», que aumentaron a raíz de la pandemia.

¿Es una buena estrategia sostener tasas de interés tan elevadas en medio de las expectativas de desaceleración en casi todo este año y sin estrategias claras de crecimiento de corto y mediano plazo en el Plan de Desarrollo?

Muchos creemos que esa no es la estrategia conveniente. Los efectos sobre la informalidad y la pobreza serían todavía peores si la oferta no aumenta y ayuda así a frenar la inflación y si además la banca mantiene sus tasas elevadas de interés.

Aunque se espera que el ritmo inflacionario disminuya, no es seguro que esto ocurra en estos primeros meses del 2023. Ahora mismo hay una presión diferenciada por regiones en ciertos alimentos, como fruto del desastre acaecido en Rosas, Cauca: también están las presiones actuales en el ítem de educación por la vía del calendario escolar A.

Todo eso, por supuesto, afectará las expectativas de inflación y las tasas de interés del Banco de la República, lo cual llevaría de nuevo al encarecimiento de los créditos productivos y de consumo.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta la tendencia de los bancos a aumentar las tasas de interés cuando la inflación excede de la meta fijada por el Banco de la República, como está ocurriendo en este momento. La banca en cambio no baja sus tasas de interés cuando la inflación empieza a ceder, por el ya dicho poder de monopolio las imperfecciones de los mercados financieros.

No es menos importante preguntarse si los “pobres extremos” y todos aquellos que pertenecen a las categorías A y B de SISBEN IV están interesados en la tasa de intervención del emisor y en las tasas de interés del mercado financiero formal. Evidentemente, no. La mayoría de ellos están excluidos del sistema, compran fiado en la tienda del barrio y en los almacenes de crédito semanal con tasas muy superiores a las de usura y adquieren dinero en el mercado informal pagando tasas “gota a gota”.

Este mercado extrabancario aumenta con los altos intereses de la banca formal, que dispone de distintos mecanismos de exclusión y racionamiento del crédito. De esta manera el crédito bancario formal en Colombia no llega al 50% del PIB, mientras que otros países de la región, como Chile y Panamá, ese crédito está por encima del 90% del PIB.

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