La tragedia

53 personas murieron y más de 30 resultaron lesionadas por un incendio en la cárcel de Tuluá. Según algunas versiones, una riña entre presos causó el incendio, pero otros afirman que se trató de un intento de fuga e incluso de un ajuste de cuentas entre los reclusos.

Los familiares de los reclusos indicaron que los guardianes del INPEC no atendieron la emergencia porque solo había cuatro en la cárcel, los demás estaban en las ferias de Tuluá y llegaron a las 2:00 am.

Por otra parte, existe una controversia sobre la hora de comienzo del incendio: algunos afirman que empezó a la 1:00 am, pero la Fundación Corpifamco denunció que “desde alrededor de las 10:30 a 11:00 de la noche ya había más de 30 muertos por arma cortopunzante y eso Medicina Legal lo tendrá que corroborar en las autopsias, porque se sabe que muchos internos murieron antes, inclusive del mismo incendio”, y señaló que ha recolectado testimonios de varios reclusos que vivieron la emergencia.

Agregó que muchos internos llamaron al personal de custodia para que “activaran las alarmas y pidieran los respaldos de otras entidades como la Policía o el mismo Ejército, pero la alarma nunca sonó, esta alarma nunca se activó”.

Esta información se conoce gracias a las versiones de los reclusos sobrevivientes del incendio. Ellos aseguran que los hechos no comenzaron a las 2:00 am como afirmó el INPEC, sino que la riña comenzó a las 7:45 pm. Agregan que no había suficiente personal del INPEC para atender la emergencia.

Deje así

La verdad no se conocerá, como siempre. La regla es el silencio y la opinión olvidará lo ocurrido en pocos días, mientras los familiares y las víctimas esperan una respuesta de la justicia.

Los organismos de control anunciaron las exhaustivas investigaciones de rigor que nunca encuentran a los responsables, como pasó con lo ocurrido en la cárcel Modelo de Bogotá y en otros penales del país.

La investigación está a cargo de la Fiscalía, que conformó un equipo de 25 personas con fiscales especializados, investigadores y técnicos en criminalística del CTI, y peritos forenses de Medicina Legal. Amanecerá y veremos.

Por su parte, la Procuraduría anunció que comenzará una indagación preliminar para establecer si los guardias tuvieron alguna responsabilidad en los hechos, sea por acción, omisión o extralimitación de sus funciones. Algo paradójico, por decir lo menos.

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El Estado incumplió

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “los Estados no deben proveer a los presos o internos, ni permitir que tengan en sus celdas, pabellones o ámbitos cerrados de alojamiento, colchones u otros elementos análogos que no sean ignífugos, especialmente los de materiales muy tóxicos en casos de combustión, como el poliuretano”.

Los Estado deben cerciorarse de que la autoridad de vigilancia tenga las herramientas necesarias para abrir rápidamente las celdas, los pabellones y demás lugares cerrados, y que los dispositivos de combate contra incendios se mantengan en perfectas condiciones.

Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos señaló que “esta situación se ha presentado de manera reiterada debido, en parte, a la grave situación de Derechos Humanos que se vive en el interior de estos centros y que impulsa a las personas privadas de la libertad a ejercer su legítimo derecho a la protesta frente a lo cual las autoridades responden de manera desproporcionada y vulneradora de sus derechos”.

Y agregó que garantizar la seguridad física de los privados de la libertad es responsabilidad del INPEC, el Ministro de Justicia y del Estado.

Uno de los privados de la libertad del pabellón 8 logró comunicarse con un familiar alrededor de las 3:00 am y le indicó que el cuerpo de custodia y vigilancia usó gases lacrimógenos después de que comenzó el incendio, eso pudo impedir el proceso de evacuación y agravar la afectación respiratoria de los reclusos.

Esto es sumamente grave si se tiene en cuenta que el Ministro de Justicia afirmó que “la gran mayoría de fallecidos y lesionados se dieron como consecuencia de la inhalación del humo”.

¿Viene un cambio?

El cubrimiento de esta dolorosa tragedia en los medios ha sido marginal. Aun así, el presidente electo expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que “el Estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en la Modelo, obliga a un replanteamiento completo de la política carcelaria de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”.

Ojalá la muerte de 53 personas privadas de libertad y el dolor de sus familiares aliente la reestructuración del sistema con enfoque de prevención, educación, reinserción y rehabilitación con los más altos estándares.

Urge replantear la política criminal y penitenciaria del país, ahondar en las causas de la criminalidad, erradicar la corrupción del sector, y revisar los estándares de educación y trabajo de calidad dentro de la prisión mediante convenios permanentes con las universidades para facilitar la reinserción efectiva en la sociedad con enfoque de género.

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Coletilla

“En 1984, enviado por alguna organización de derechos humanos, Luis Niño atravesó las galerías de la cárcel de Lurigancho, en Lima. Luis se abrió paso a duras penas y se hundió en el sopor, en el dolor, en el horror. En aquella soledad llena de gente, todos los hombres estaban condenados a tristeza perpetua. Los presos, desnudos, amontonados unos sobre otros, balbuceaban delirios y humeaban fiebres y esperaban nada.

Después, Luis quiso hablar con el director de la cárcel. El director no estaba. Lo recibió el jefe de los servicios médicos. Luis dijo que había visto muchos presos en agonía, vomitando sangre o comidos por las llagas, y no había visto ningún médico.

El jefe explicó:

–Los médicos sólo entramos en acción cuando nos llama el enfermero.

–¿Y dónde está el enfermero?

–No tenemos presupuesto para pagar un enfermero”.

Eduardo Galeano