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Indignación ciudadana, constituyentes y revocatorias

Escrito por Armando Novoa
armando novoa

armando novoaPasó la crisis institucional que ocasionó la reforma a la justicia, pero la crisis política persiste. En qué consisten y por qué no convienen la constituyente que propone el uribismo ni la revocatoria del Congreso que propone el Polo.

Armando Novoa*

Revolcón

El hundimiento del monkey business, como calificó la revista The Economist la malograda reforma a la justicia, trajo algunas consecuencias obvias: la renuncia del ministro Esguerra, la caída en los índices de aceptación de la gestión presidencial, el desprestigio del Congreso, el congelamiento de sus relaciones con el gobierno…

Al archivarse la reforma a la justicia, también se hizo evidente un profundo malestar contra los altos funcionarios de las tres ramas del poder. No solo el texto conciliado sino el acuerdo para enterrar discretamente la reforma fueron percibidos como muestras de corrupción política.

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La indignación nacional fue de tal naturaleza que en tan solo una semana se recogieron más de 160.000 firmas de apoyo a la propuesta de revocar el mandato de los congresistas.
Foto: Página del Senador Camilo Romero.

Esa inconformidad se expresó en redes sociales, en iniciativas de organizaciones ciudadanas y en los medios de comunicación. La indignación nacional fue de tal naturaleza que en tan solo una semana se recogieron más de 160.000 firmas de apoyo a la propuesta de derogar mediante un referendo la reforma. Esto se logró sin mayores niveles de organización ciudadana. Aunque la inconformidad no se tomó las calles, como ocurrió en Madrid, Nueva York, Santiago de Chile o El Cairo, la reacción ciudadana fue contundente y en respuesta el Presidente convocó al Congreso a sesiones extraordinarias.

La solidez de la Mesa de Unidad Nacional quedó resquebrajada. El hundimiento de la reforma produjo una fractura importante del pacto que aseguraba el apoyo de la clase política al gobierno y garantizaba a los congresistas el bloqueo de la acción de la justicia. Si la reforma se hubiera aprobado, los involucrados en alianzas ilegales estarían tranquilos. El reciente caso de Dilian Francisca Toro es un buen ejemplo.

Estamos pues ante una nueva situación política: del unanimismo de comienzos del gobierno pasamos a un período de tensiones partidistas y a un debate más abierto. La crisis institucional se logró sofocar por medios inconstitucionales, pero el impacto de la crisis política sigue allí. El presidente ha preferido guardar silencio e insiste en la “Unidad Nacional”.

En medio de esa situación, toman alguna fuerza iniciativas de reforma institucional como la asamblea constituyente y el referendo revocatorio del mandato de los congresistas [i]. Ambas propuestas fueron rechazadas por el presidente, quien las calificó como “inoportunas, inconvenientes y peligrosas”.

La constituyente

El artículo 376de la Constitución señala que la ley de convocatoria a una Asamblea Constituyente debe aprobarse por la mayoría de los miembros de una y otra cámara. La ley debe fijar la competencia, el período y la composición de la asamblea. La convocatoria debe ser aprobada por una tercera parte del censo electoral es decir, alrededor de nueve millones de sufragantes. Una vez ocurrido esto, los delegatarios deberán ser elegidos mediante nueva votación popular.

Armando_Novoa_unidad_nacionalLa solidez de la Mesa de Unidad Nacional quedó resquebrajada. 
Foto: urnadecristal.gov.co

En realidad, existen dos iniciativas diferentes: las de los congresistas uribistas Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez. A su vez, el expresidente Uribe manifestó su apoyo y agregó un nuevo elemento: el congreso unicameral.

1. En la iniciativa de Vélez (proyecto de ley N° 27 Senado) se afirma que “la Constitución del 91 nos dio el sistema judicial más inoperante de Occidente”. Y a renglón seguido propone “acudir al constituyente primario para enmendar la incapacidad del Congreso para adelantar la citada reforma a la justicia”. El proyecto señala que:

– La asamblea debe ocuparse de una reforma “parcial” de la Constitución que se circunscribe a la rama judicial (artículo 1°). Sin embargo, plantea que de manera “excepcional” se modifiquen artículos de títulos diferentes (artículo 9°).

-La asamblea estará integrada por 50 miembros (artículo 4°), abogados de más de 30 años de edad, con más de 10 en el ejercicio profesional. Los delegatarios sesionarán por tres meses (artículo 3°) y deben elegirse en forma plurinominal (artículo 4°), es decir, por listas cerradas o voto preferente como ocurre en la actualidad. Las curules se asignarán por cifra repartidora, aunque se hace referencia también al sistema de cuociente y residuos electorales (artículo 15°). La elección de los delegatarios se adelantará dentro de los seis meses siguientes a la publicación de los resultados de la consulta para convocar a la asamblea. Para la consulta, el gobierno y la organización electoral “reglamentarán” y “determinarán el censo electoral”.

2. La segunda iniciativa es del representante Miguel Gómez: como la “Constitución del 91 está clínicamente muerta” y el Congreso no está en capacidad de tramitar la reforma a la justicia, es “indispensable” convocar una asamblea constituyente para ocuparse de tres asuntos: reforma de la estructura judicial; eliminación de la reelección presidencial y sustitución del esquema centralista. En este caso, la elección se haría en circunscripciones departamentales.

Como los proyectos deben acumularse, el temario de la asamblea no contemplaría solo la reforma judicial. Dado que la Corte Constitucional cerró la puerta a una segunda reelección presidencial, no es descabellado suponer que de instalarse la asamblea el tema saldría a relucir. Sus defensores invocarán los niveles de popularidad del ex presidente. Alguien ya lo dijo: nuestro Chávez es Uribe.

Si se aprueba la ley, la Corte Constitucional deberá realizar un control previo (artículo 214) que puede requerir al menos seis meses, la posibilidad de elegir delegatarios ocurriría en marzo de 2014, justo en el momento de la elección al Congreso. Sus sesiones coincidirían con la campaña presidencial y la instalación del nuevo gobierno.

Sin embargo, el mayor obstáculo radica en que estas iniciativas no cuentan con el apoyo ni del gobierno ni del bloque mayoritario en el Congreso. Se trata más bien de un instrumento de oposición a Santos y de liquidar definitivamente la Constitución del 91.

Armando_Novoa_Uribe_ChavezAlguien ya lo dijo: nuestro Chávez es Uribe. 
Foto: Presidencia

Las propuestas insisten en la incapacidad del Congreso para ejercer su función constituyente, pero nada se plantea frente a esta situación. Tampoco se proponen mecanismos para recuperar su legitimidad. Ignoran que el malestar ciudadanorecae sobre todo sobre el poder legislativo. Se desconoce que el fracaso de la reforma a la justicia se produjo, no por la oposición de las altas cortes que le dieron su apoyo, sino porque congresistas subjudice pretendieron apoderarse de ella.

Si algo dejó claro la caída de la reforma ha sido la necesidad de una reforma política, que ambos proyectos ignoran olímpicamente. Si la clase política tradicional llegara a dar su visto bueno a la constituyente sería porque así podría rescatar la reforma judicial que hundió la ciudadanía.

La revocatoria del Congreso

Por su parte, el senador del Polo Camilo Romero promueve la revocatoria del Congreso. Aunque no se conoce el texto (Angélica: mover este link hacia la frase siguiente) de la iniciativa, el senador señala que el referendo busca crear un mecanismo para “quitarle el blindaje al Congreso” (link).

Armando_Novoa_constituyenteVélez Uribe y Gómez Martínez: son los promotores de la Constituyente uribista.
Foto: Congreso Visible y Página Oficial Senador Gómez Martínez.

El artículo 378 de la Constitución establece que un proyecto de reforma constitucional podrá ser sometido a referendo mediante una ley del Congreso. Los requisitos son menos exigentes que los de la constituyente: la participación de al menos la cuarta parte del censo electoral y el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragantes.

Aunque la Constitución establece los principios de soberanía popular y democracia participativa, el mayor obstáculo para esta propuesta radica en la oposición del Congreso, que obviamente votará en su contra.

Ahora bien, no debe confundirse una reforma a la Constitución que permita interrumpir el período institucional de los congresistas con una revocatoria del mandato por referendo. “Una cosa – dice con razón José Gregorio Hernández- es modificar la Constitución para que en sus disposiciones se contemple esa posibilidad, y otra cosa muy distinta es pensar que se convoque al pueblo a un referendo para revocar al Congreso”. Esta última opción no está contemplada en la Constitución de 1991, que solo permite revocar el mandato de alcaldes y gobernadores[ii]. La propuesta de revocatoria apunta hacia la primera opción.

Sin duda, existen razones de sobra para la indignación ciudadana frente al Congreso, pero la experiencia de 1991 demostró que de nada sirven medidas de esta naturaleza si previamente no se practica una cirugía de fondo al sistema político-electoral. Es legítimo promover el referendo que permita en determinadas circunstancias interrumpir el período institucional del Congreso, tal como ocurre en el régimen parlamentario. Sin embargo, la eficacia de este tipo de medidas depende de una reforma política que garantice la transparencia y la rendición de cuentas de los partidos y de los congresistas.

Esta iniciativa no se ocupa de ese tema y podría desvanecerse en la medida en que se inician las campañas electorales.

Una agenda ciudadana

Una evaluación de más largo aliento ayuda a resolver algunas preguntas que surgen de la coyuntura:

  • Desde el año 2002 se produjo una situación de debilitamiento institucional.
  • La retórica de la seguridad democrática estigmatizó la justicia y promovió su contrarreforma en varias ocasiones.
  • El gobierno Santos, aunque dulcificó el lenguaje, mantuvo su alianza con la misma clase política que permitió y ayudó a la reelección de Uribe.
  • Durante estos años, la institucionalidad se vio resquebrajada, pero logró sobreaguar por la acción de la justicia.
  • El hundimiento de la reforma, en lugar de provocar una crisis institucional, debería llevar a su fortalecimiento y a preservar la Constitución del 91.
  • La convocatoria de una constituyente abriría espacio para una confrontación de mayor escala y dejaría intacto al Congreso, donde residen las peores lacras de la democracia colombiana.

La Constitución del 91 establece un principio de preservación institucional que debe defenderse. Por supuesto, este principio no puede confundirse con el inmovilismo político y el mantenimiento del statu quo. La indignación ya ha producido resultados concretos: el hundimiento de las reformas a la educación superior y a la justicia no son poca cosa. Ahora podrían utilizarse los mecanismos de la Constitución para corregir otras distorsiones:

  • echar atrás algunas reformas como el acto legislativo de 2011, que suprimió la figura del conflicto de intereses de los congresistas para votar las reformas a la Constitución;
  • demandar la acción de la justicia para que los congresistas que incurrieron en conductas antiéticas respondan con la pérdida de su investidura;
  • fortalecer la acción ciudadana para controlar y depurar el sistema político;
  • lograr un diálogo entre las nuevas ciudadanías para reclamar del Congreso, del gobierno y de la justicia sus responsabilidades institucionales.

Allí están algunas de las fórmulas para mantener vivo el espíritu de la Constitución del 91 y para fortalecer la institucionalidad democrática. Si ello no ocurre entonces sí, la crisis política que aún no culmina podría derivar en una crisis institucional donde fórmulas como las comentadas tendrían un nuevo aire.

* Director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.

 

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