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Si el Plan Colombia es un éxito, ¿qué es un fracaso?

(Tiempo estimado: 14 - 28 minutos)

Adam Isacson​En el décimo aniversario de un proyecto en el que Estados Unidos ha invertido 7 mil 300 millones de dólares, hay muy pocas razones para celebrarlo. El conocido experto norteamericano hace el recuento frío de diez años de historia.

Adam Isacson *

El éxito según Washingtonfrks

El 13 de julio de 2000, el presidente Clinton sancionó una ley que se llamó desde ese momento “Plan Colombia”, por la cual se le otorgaron a este país mil trescientos millones de dólares, en su mayoría ayuda militar. Esa suma lo convirtió, aparte del Medio Oriente, en el mayor beneficiario de Estados Unidos para este tipo de auxilio.

Diez años después, en julio de 2010, Washington considera que el “Plan Colombia” ha sido un éxito. En ese calificativo comparten honores la política exterior de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe.

Cualquiera que no sea ejecutor de esta estrategia sabe que el Plan Colombia no ha sido propiamente un éxito. Entonces, ¿de dónde ese entusiasmo? La respuesta debe buscarse en el hecho de que en estos diez años Estados Unidos ha gastado siete mil trescientos millones de dólares en ese programa.

Para aproximarse a lo que significa esa cifra para los contribuyentes norteamericanos, basta decir que el gobierno Bush no autorizó un presupuesto de 2.500 millones de dólares para la reconstrucción de los diques de New Orleans, y que a esa decisión se atribuye en buena parte la enorme dimensión que adquirió la tragedia del huracán Karina.

Si los funcionarios no dicen que una inversión de 7,3 mil millones de dólares fue un éxito total, se exponen a reconocer que tanto dinero no fue bien gastado, lo que en Washington es un error político gravísimo.

Relaciones cercanas del tercer tipo

Pero, ¿qué resultados tangibles han tenido los 7 mil 300 millones de dólares invertidos en Colombia? Uno, por lo menos: el gobierno de Colombia es uno de los pocos de América Latina que busca activamente estrechar relaciones con Estados Unidos. Pero acá hay una sutileza: una cosa es el gobierno de Colombia y otra es Colombia.

Para el Departamento de Estado algo así puede no tener mayor interés. Pero en América Latina ese tipo de diferencias son importantes.

Narcotráfico y algo más

El “Plan Colombia” buscaba, ante todo, detener el flujo de estupefacientes hacia el mercado de Estados Unidos. El resultado de estos esfuerzos no pasó nunca de ser mediocre. Varias veces, Washington ha calificado los avances en dicho terreno como “decepcionantes”.

Pero el Plan tenía también otro tipo de propósitos:

  • Fortalecer el aparato estatal
  • Reducir la pobreza
  • Apoyar esfuerzos para la negociación política del conflicto.

En este punto ocuparon lugar destacado:

  • El respeto por los derechos humanos
  • El avance sostenido hacia la solución política de la crisis humanitaria en que se debate el país desde hace varias décadas

En este artículo, destinado a la lectura en el exterior, trataré de hacer un esquema sobre las peculiaridades de un proceso difícil de entender inclusive para los expertos en política colombiana.

El fiasco de las fumigaciones

Comencemos por ver el resultado en la lucha contra el narcotráfico. A mediados de los años 90, Estados Unidos creía que las fumigaciones áreas de herbicidas podían acabar con los sembrados de coca. Esa idea persistió hasta hace poco. A los encargados de la lucha contra el narcotráfico no les fue difícil convencer a los gobiernos de Colombia. En las fumigaciones se comprometieron, sucesivamente, los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Con un pequeño problema: que la estrategia era equivocada.

En 1999, un año después de haber puesto en marcha el Plan Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDD) estableció que había 160.001 hectáreas de coca plantadas en Colombia, con base en las cuales se producían 680 toneladas de cocaína. En 2007, después de la fumigación de un millón de hectáreas de coca, el número de hectáreas plantadas se redujo a 99.000. Pero las toneladas producidas apenas bajaron a 600 toneladas.

La política de fumigaciones no sólo fue cruel –fumigar químicos sobre aéreas rurales, sin planes que garantizaran la seguridad alimentaria– sino que tampoco mostró ser efectiva. Para enfrentarla, las familias cultivadoras, sin otra alternativa de subsistencia, ajustaron sus patrones de cultivo para producir casi la misma cantidad de cocaína en poco más de la mitad del espacio físico.

Todo cambia para que todo siga igual

A partir de 2007, los gobiernos de ambos países comenzaron a cambiar de estrategia. Le quitaron énfasis a los herbicidas y aumentaron la presencia de agentes del gobierno en las zonas de cultivo. La fumigación aérea cayó en un 39 por ciento entre 2006 y 2009. Al menos por ahora, ese cambio redujo los cultivos. En 2009 la ONUDD encontró una caída significativa en el número de hectáreas cultivadas, que bajó a 68 mil. Sin embargo, las mafias continúan abasteciendo a los adictos de Estados Unidos y Europa con tanta eficacia como siempre.

Mientras los carteles mexicanos han acaparado el transporte de cocaína, los narcotraficantes colombianos se mantienen ricos y políticamente poderosos. La última década muestra como el mercado colombiano de drogas se ha reconfigurado. En reemplazo del viejo modelo de grandes carteles, hoy las organizaciones son de pequeños ejércitos con líderes de bajo perfil que controlan puntos claves del tráfico y mantienen vínculos con organizaciones mexicanas.

Costo de la seguridad…

Es indudable que con su política de “Seguridad Democrática” el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos, ha logrado mejorar la seguridad. Es cierto que en los ocho años del gobierno Uribe se han reducido los homicidios, los secuestros y los actos de sabotaje. Que las FARC y el ELN son ahora más débiles y menos numerosos que en 2002. Que los grupos paramilitares que se “desmovilizaron” en 2006, ahora asesinan menos personas que hace una década. Que inversionistas extranjeros se han sentido atraídos por el cambio en el clima de seguridad. En una región donde la violencia está aumentando, el enfoque colombiano parece atractivo.

Pero el costo ha sido alto. Para lograr esos resultados fue necesario triplicar el presupuesto militar, poco menos que duplicar el tamaño de las fuerzas de seguridad, y utilizar a ciudadanos del común como informantes pagados.

Además, en el último período el progreso en materia de seguridad se estancó e inclusive sus resultados se invirtieron, sin que fuera posible recuperar la dinámica que acompañó el arranque del programa bandera del gobierno. Los “daños colaterales” provocados por la obsesión en torno a la seguridad no han cejado, y terminaron por representar un alto costo de vidas y recursos en Colombia.

…y mentira de la seguridad

Analistas de seguridad independientes, incluyendo la Corporación Arco Iris y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, encontraron un modesto pero preocupante aumento de la actividad y los ataques de la guerrilla desde 2008, el año bandera de la seguridad democrática. “Lo que vemos hoy en día −dijo el pasado mes de abril Christophe Beney, jefe de la delegación del CICR− es que quizá desde finales de 2009 y comienzos de 2010 las FARC como grupo guerrillero se ha adaptado dinámicamente a la situación y que una vez más tienen la capacidad de ser un actor importante en el conflicto armado”.

Al menos nueve mil combatientes de las FARC y del ELN y un número similar de “nuevos” paramilitares, persisten en áreas remotas, barrios marginales y a lo largo de corredores estratégicos claves, perpetran emboscadas, siembran minas antipersonales, reclutan niños y lanzan ataques en todo el país casi a diario, aunque, se debe reconocer, en áreas más remotas que antes.

Hoy hay frentes guerrilleros con autonomía que se han convertido en meras organizaciones criminales y actúan dentro del narcotráfico. Y hay otros, herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con nombres exóticos como “Los Machos”, “Rastrojos”, “Nueva Generación”, “Águilas Negras”, “Urabeños”, “Paisas”, “Renacer” y “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista”. Las estimaciones sobre nuevos paramilitares sitúan su número entre 4 mil y 10 mil 200 combatientes, similar al número de guerrilleros.

De peor a mal a peor

Aparte de las guerrillas, redes criminales en su gran mayoría relacionadas directamente con los antiguos grupos paramilitares y financiadas por el narcotráfico están creciendo con rapidez y han provocado un aumento en el número de homicidios de varias regiones importantes, una de ellas Medellín, que se destacó por la dramática reducción del crimen a mediados de la década, pero que de 2008 a 2009 duplicó su propia tasa de homicidios y en 2010 va peor.

La Policía Nacional señaló que hubo una leve reducción de los homicidios entre 2008 y 2009, de 16.140 a 15.817. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo sonar las alarmas al decir que los homicidios aumentaron en un 16 por ciento luego de seis años continuos de descenso. Según sus estadísticas, pasaron de 15.250 en 2008 a 17.717 en 2009. Es la cifra más alta desde 2005.

¿Cómo? ¿A Colombia le gana Sudán?

Otras expresiones de la violencia, como el desplazamiento forzado o amenazas contra defensores de los derechos humanos, no mejoraron durante los años de “éxito” de la seguridad democrática. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, el desplazamiento interno convierte a Colombia en un país con la “emergencia humanitaria” más grave del hemisferio. En 2009, 286 mil 389 personas fueron forzadas a dejar sus hogares y sitios de origen. Aunque esta es la cantidad más baja de nuevos desplazamientos en tres años, es la misma que registró CODHES en 1999 antes de que comenzara el Plan Colombia. Desde 2002, 2,4 millones (estimado de CODHES) o 2,2 millones (estimados del gobierno) –uno de cada 20 colombianos– han sido desplazados. El desplazamiento interno en Colombia es el segundo más alto en el mundo después de Sudán.

Los datos muestran que la violencia cayó más rápido al principio, sólo para establecerse unos años después en niveles inaceptables. El Plan Colombia y la Seguridad Democrática privilegiaron la capacidad militar y de la Policía sobre otras facetas de la administración, y ahora indican cómo Colombia ha alcanzado los límites de lo que una estrategia militar puede lograr por sí misma.

Cinco cerditos

El retroceso que ha sufrido la seguridad puede dividirse en cinco capítulos distintos pero complementarios:

  1. Costo humano y financiero
  2. Parapolítica o la corrupción al poder
  3. Justicia y paz o naufragio de la justicia
  4. Falsos positivos o el error de la contabilidad
  5. El servicio de inteligencia o la inteligencia fuera de control

Cerdito uno: Costo humano y financiero

De acuerdo con las cifras oficiales, durante los ocho años del gobierno Uribe han muerto en combate 21 mil soldados, policías, guerrilleros y paramilitares. Grupos de derechos humanos estiman que la violencia relacionada con el conflicto ha dejado como resultado la muerte de otros 14 mil civiles no combatientes –víctimas inocentes o personas a quienes se les ha negado el debido proceso– entre 2002 y 2008. En enfrentamientos en los que no participan las fuerzas de seguridad (guerrilla contra paramilitares, guerrilla contra guerrilla, y paramilitares contra paramilitares), han muerto probablemente unos cuantos miles de personas más durante este período.

El aumento del tamaño y capacidad de las fuerzas de seguridad, más de doscientos mil efectivos en los últimos años, le ha costado a Colombia entre 40 y 50 mil millones de dólares. Esta cifra ha socavado la competitividad del país. Si ese dinero se hubiera invertido en educación o infraestructura, Colombia podría ser una potencia económica regional preparada para desempeñar un mayor papel global, a la par de Chile y Brasil.

Cerdito dos: Parapolítica

Un claro ejemplo del asedio a que han estado sometidas las instituciones democráticas en Colombia es el escándalo que durante este período se ha dado en llamar “parapolítica”.

Desde los años 80, los jefes políticos de distintas regiones, muchos de ellos grandes terratenientes con lazos con el narcotráfico, promovieron y financiaron grupos paramilitares. Con esas tácticas arrasaron las tierras y asesinaron a decenas de miles de no combatientes en la década de 1990 y a principios del tercer milenio. La arremetida paramilitar, marcada por cientos de horribles masacres y fosas comunes, los llevó a superar a la guerrilla y a las fuerzas armadas, convirtiéndolos en el mayor violador de derechos humanos en Colombia.

Los paramilitares no podrían haber funcionado sin el apoyo de los políticos que tenían el poder local. La evidencia, en gran parte de los ex líderes paramilitares, ha provocado una cascada de investigaciones penales contra legisladores, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios que hicieron causa común con los criminales.

La cosa es con PIN

Entre los involucrados en la parapolítica aparecen el primo del presidente, el ex senador Mario Uribe; el hermano de su ex canciller, el ex senador Álvaro Araújo; el hermano del actual ministro del interior, ex jefe fiscal de Medellín, Guillermo Valencia Cossio; y los embajadores designados por este gobierno en Chile y República Dominicana.

Y el problema persiste: en marzo de este año el Partido de Integración Nacional, PIN, partidario del gobierno y vinculado de cerca a los “parapolíticos”, obtuvo nueve curules en el Senado y unas doce curules en la Cámara. De esta forma, el PIN será el cuarto o quinto partido más grande en el Congreso colombiano en el periodo 2010 – 2014.

Algo positivo es que el sistema judicial ha sido lento pero incansable en las investigaciones sobre “parapolítica”. Pero la Corte Suprema se ha visto obligada a encarar las constantes agresiones del Presidente y de su círculo. La intimidación incluye escuchas telefónicas y vigilancia por parte del servicio de inteligencia al servicio del Presidente, e incidentes que nadie explica, como un encuentro inquietante en el palacio presidencial entre los asesores del gobierno y emisarios paramilitares, en el que se habló sobre la necesidad de espiar a los opositores y de desacreditar a los investigadores de la parapolítica en la Corte Suprema.

Cerdito tres: justicia de transición

Entre 2002 y 2006 el gobierno de Colombia negoció un acuerdo que buscaba la desmovilización de la organización paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia”, AUC. El resultado del proceso llamado de “Justicia y Paz”, iniciado en julio de 2005, fue ofrecer a los líderes paramilitares desmovilizados sentencias leves a cambio de confesiones completas y reparación de las víctimas.

Muy poco de lo anterior ha sucedido. Hasta el 29 de junio de 2010, cuando las dos primeras sentencias fueron entregadas (y todavía podrían ser apeladas), este lento proceso aún no había condenado a un solo jefe paramilitar por crímenes contra los derechos humanos y había fracasado rotundamente en devolver las tierras y propiedades que los paramilitares robaron a miles de familias.

A pesar de estas deficiencias, Estados Unidos y funcionarios colombianos frecuentemente califican el proyecto de “Justicia y Paz” como un éxito. Es cierto que las confesiones de los paramilitares han aclarado muchos crímenes y que también han disminuido los asesinatos de civiles no combatientes. Sin embargo, una gran excepción son las víctimas que se han organizado para exigir la devolución de las tierras robadas. Cuarenta y cinco de ellos han sido asesinados desde 2005.

En cuanto a otro ingrediente crucial, la impunidad, en los últimos años se ha avanzado muy poco. Colombia ha sido testigo de una serie de escándalos que aún no se han investigado y sancionado. La situación de los derechos humanos sigue siendo problemática. Y el sistema judicial ha sufrido años de lucha para mantener su independencia.

Cerdito cuatro: “falsos positivos”

Con los paramilitares jugando un papel menor, las fuerzas armadas asumieron una mayor responsabilidad en la lucha contra la guerrilla. Casi inmediatamente se disparó el número de violaciones de los derechos humanos atribuido directamente a los militares colombianos.

Mientras crecía el apoyo a las fuerzas armadas, el presidente Uribe las presionó para obtener resultados contra las guerrillas. El sistema más fácil de medir ese éxito ha sido “el recuento de cadáveres” luego de los combates. Para esto, el Ministerio de Defensa estableció un sistema de incentivos informales para los soldados (en tiempo de descanso y ascensos), e incentivos oficiales para informantes civiles. A mediados de la década de 2000, el general Mario Montoya visitó brigadas en todo el país exhortando a las tropas a producir “litros de sangre”.

En 2005 los grupos de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas detectaron un aumento de las denuncias sobre asesinatos de civiles no combatientes. Los cuerpos aparecían vestidos con uniforme de camuflaje y eran presentados como miembros de grupos armados muertos en combate. En 2007, los grupos colombianos de derechos humanos habían contado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas desde el año 2002, incluyendo los llamados “falsos positivos” (un término colombiano que básicamente significa falsos resultados).

Hostilidad del cerdito mayor

Los esfuerzos de los grupos de derechos humanos por documentar los “falsos positivos” se ganaron la hostilidad extrema del presidente Uribe, quien, en un discurso ante el alto mando militar en septiembre de 2003, calificó a esas organizaciones como “voceras del terrorismo”. Uribe y su ministro de Defensa, el ahora presidente electo Juan Manuel Santos, insistieron en que las quejas de los grupos de derechos humanos se debían a un complot para socavar el prestigio de las Fuerzas Armadas.

La guerrilla tiene otra estrategia −dijo el presidente Uribe en julio de 2007−. Cada vez que hay un siniestro en la guerrilla, ellos inmediatamente movilizan sus voceros en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial”. Y repitió esa misma tesis tres meses más tarde en un discurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 2006, el entonces ministro Defensa Santos llamó a las acusaciones sobre los primeros “falsos positivos” “una pantomima con claras intenciones políticas”.

Soacha, la tapa de la olla

Esas palabras hicieron todavía más arriesgado el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Pero las denuncias siguieron aumentando. A finales de 2008, el escándalo de los “falsos positivos” se hizo demasiado fuerte para seguir negándolo e ignorándolo.

En septiembre de ese año, las familias de 19 jóvenes desaparecidos en Soacha, una ciudad satélite marginada de Bogotá, descubrieron que habían sido enterrados a cientos de kilómetros de distancia y que las Fuerzas Armadas afirmaban que habían sido dados de baja en combate. Las investigaciones demostraron que los jóvenes habían sido engañados con la promesa de un empleo remunerado, pero que en realidad fueron llevados a una zona de combate y asesinados. Sus cuerpos se presentaron como pruebas de combatientes muertos para que los militares pudieran ganar el reconocimiento del gobierno y los premios ofrecidos.

A fines de 2009, informa el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Fiscalía General estaba investigando 1.302 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, con un total de 2.177 víctimas. Aunque los casos se remontan a 1985, al menos mil de los 1.302 se cometieron a partir del año 2002, cuando Uribe se posesionó como Presidente de la República.

Como Pedro por su casa

Pero eso no es todo. “Ha habido más asesinatos de carácter similar caracterizados como incidentes aislados perpetrados por unidades de soldados renegados o manzanas podridas”, sostiene el informe de 2010 del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

Lograr condenas no ha sido fácil. Por lo menos cuarenta y seis de los militares acusados en el caso de Soacha se encuentran libres y a la espera de un juicio ya que los procedimientos, que se han prolongado demasiado, han permitido la excarcelación. Los retrasos, que ahora suman más de un año y medio, se deben principalmente a tácticas de procedimiento desplegadas por los defensores de los soldados. De cualquier manera, el escándalo de los “falsos positivos” y el manejo que el gobierno le ha dado, salpican con su desprestigio el “éxito” del Plan Colombia, en el que se ofrecía apoyar esfuerzos para la negociación política del conflicto.

Cerdito cinco: “inteligencia”

Tan impactantes como los “falsos positivos” han sido las acusaciones sobre la vigilancia ilegal e intimidación llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el servicio de inteligencia o “policía secreta” de la Presidencia de la República.

Esta problemática agencia, que ha recibido continuos auxilios de Estados Unidos, parece haber estado fuera de control. El DAS deterioró gravemente lo que el gobierno colombiano ganó en términos de seguridad. El organismo llevó registros completos, con fotografías, de las rutinas de los defensores de derechos humanos y de sus familias, inclusive los horarios en que los buses escolares recogían a sus hijos.

El primer director del DAS en el gobierno Uribe, Jorge Noguera, supuestamente compartió información sobre las operaciones militares con el Bloque Norte de las AUC, al igual que con otras organizaciones de paramilitares y narcotraficantes. Esto incluye la entrega a los paramilitares de listas de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición para ser asesinados. Algunas de esas órdenes se llevaron a cabo. Hoy, Noguera, quien trabajó como jefe de inteligencia de la Presidencia durante tres años, está siendo sometido a juicio por homicidio agravado.

Saber o no saber, esa es la cuestión

Pero la salida de Noguera no terminó con los problemas del DAS. A principios de 2009 los colombianos se enteraron de que la agencia oía y grababa las conversaciones telefónicas de decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, políticos de oposición e inclusive jueces de la Corte Suprema, en especial los que investigaban la “parapolítica”. Se señaló que el DAS había interceptado y recopilado miles de horas de conversaciones y archivos de correo electrónico, y que mantenían registros pormenorizados de los movimientos de las familias.

A principios de 2010 aparecieron nuevos documentos que revelan cómo hacia el año 2005 se montó una “guerra política” contra los adversarios del gobierno, que consistía en planes para difamar y neutralizar a la oposición, a la información independiente y a los miembros de ONG internacionales. Los esfuerzos del DAS incluyeron la difusión de falsas acusaciones de vínculos con las guerrillas, corrupción y adulterio; pequeños actos de sabotaje para afectarlos en su trabajo y esfuerzos para negar la aprobación de visas a Estados Unidos.

Los investigadores judiciales no han podido determinar hasta qué punto sabía el presidente Uribe de las actividades delictivas del DAS. La Fiscalía General concluyó que las órdenes fueron dadas por altos funcionarios de la Presidencia. Los fiscales han ordenado que algunos de los colaboradores más cercanos de Uribe declaren sobre sus posibles vínculos con este proceso.

La respuesta de Uribe ha sido la de acusar a los jueces de “nostálgicos del terrorismo. [1] “En Colombia hay hoy un tráfico de testigos. [2] Se trata de un señalamiento grave, que dejó atascado al gobierno. En un momento en que las investigaciones penales son de importancia crítica, el país pasó un año sin fiscal por la pretensión del gobierno de contar con un funcionario de su agrado.

Pobres y ricos, el abismo que los separa

La brecha que separa a ricos y pobres hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo. La riqueza se ha concentrado cada vez más en manos de unos pocos. La seguridad promovida por el “Plan Colombia” fue acompañada por un marcado aumento en las desigualdades sociales del país.

Como consecuencia de los avances en seguridad en la década 2000-2010, la inversión extranjera, especialmente en las industrias extractivas, se triplicó. Los mercados de capitales se robustecieron: según el índice de la Bolsa de Bogotá, 100 dólares invertidos en agosto del 2002 valdrían 1.025 dólares en la actualidad.

Pero el desempleo, que en mayo del 2002 era del 14,5 por ciento, sólo disminuyó al 12,1 por ciento en mayo de 2010. El subempleo bajó apenas de un 35,4 a un 32,8 por ciento en ese periodo. La tasa de pobreza disminuyó de un 51,5 a un 42,8 por ciento entre 2002 y 2008, pero el descenso es inferior al de los países vecinos como Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La “pobreza extrema” o tasa de indigencia –quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas− no cambió sino muy levemente: 24,8 por ciento en 2002, 22,9 por ciento en 2008.

Bien en desigualdad

Cuando se puso en marcha el “Plan Colombia”, este país ya era uno de los más desiguales del mundo. Medido por el coeficiente de Gini o por la relación entre el porcentaje de ingresos de los más ricos y los más pobres, Colombia se ha mantenido en el fondo. Diez años después, gran parte del hemisferio ha avanzado hacia la igualdad, pero algo diferente ocurre en Colombia donde los índices de desigualdad han empeorado.

Según la Comisión Económica para América Latina, sólo tres países del continente han crecido en desigualdad económica desde el 2002: Guatemala, República Dominicana y Colombia.

¿Modelo?

La experiencia de Colombia ofrece lecciones importantes. La primera, que copiar su modelo en otros casos sería desastroso. Los escándalos, abusos, engaños y altos costos del “Plan Colombia” impiden presentarlo como algo digno de imitar en otros Estados en problemas que reciben asistencia de Estados Unidos, tales como México o Afganistán.

El “Plan Colombia” y la “Seguridad Democrática” se centraron en el fortalecimiento de la presencia del Estado. Pero se centraron casi exclusivamente en la presencia de parte del Estado: la que lleva uniforme. La presencia militar y policiva se fortaleció en todo el territorio nacional, pero no tanto el resto del gobierno: los constructores de carreteras, los trabajadores de la salud, los maestros y los jueces, quedaron muy atrás.

En alguna forma mejoró la seguridad, pero en el atropello a los derechos humanos, la “parapolítica”, los “falsos positivos” y los delitos cometidos por el DAS desmienten afirmaciones según las cuales la experiencia en Colombia ha sido un “éxito”.

Lo que puede la edición

En su visita a Bogotá en el pasado mes de abril, Robert Gates, secretario de Defensa, dijo que el presidente Uribe era “heroico” y que Colombia se había convertido en “una pieza clave de seguridad y prosperidad en Suramérica” y en “una fuente única de experiencia y conocimientos” para los esfuerzos de seguridad de sus vecinos.

A su turno, en una visita a México ese mismo mes, el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo un llamado para realizar un “Plan México” en la misma línea de lo que se hizo en Colombia diez años atrás.

Veo el mismo tipo de desafíos en Afganistán y también en México”, dijo el Almirante Mike Mullen, presidente de Joint Chiefs en su visita a Bogotá en junio de 2010. Y agregó “Hay mucho que aprender del éxito que se ha visto en Colombia”.

Pero esas opiniones carecen de información suficiente. Los defectos de la Seguridad Democrática son trágicos. Mostrar a Colombia como un “modelo” es superficial y, en otros contextos, puede llegar a ser peligroso.

 

* Oficial de Programas para Políticas de Seguridad Regional, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Traducción especial para Razón Pública, Andrés Alegría P.

Este ensayo está basado en un artículo publicado en inglés por la WOLA el 14 de julio de 2010.

twitter@adamisacson


Notas de pie de página


[1] De agarrón en agarrón. En Espectador.com, 2 de junio de 2010. http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso-206685-de-agarron-agarron

[2] En Colombia hay tráfico de testigos. En Presidencia.gov.co, 25 de agosto de 2008. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/agosto/25/17252008.html

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Comentarios  

Mauricio Cabrera
0 # Mauricio Cabrera 26-07-2010 14:47
Totalmente de acuerdo. El modelo de "Plan Colombia" no tuvo éxito, por el contrario dejó muertes y al país más desangrado que antes. Excelente artículo.
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judijasa
0 # judijasa 27-07-2010 07:37
El plan colombia en parte intento contener la avalancha de dinero mafioso orientado a cooptar al estado colombiano. Esto tuvo algo de exito en el terreno militar, que es critico para la estabilidad nacional y para la defensa americana. Obviamente que en la rama ejecutiva y legislativa fue un fracaso rotundo.
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Monica Tirado
0 # Monica Tirado 27-07-2010 10:28
Es por este tipo de cosas que el gobierno venezolano responde a la solicitud de verificación en su territorio con una solicitud en el mismo sentido con las bases militares gringas en Colombia.
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LHO
0 # LHO 27-07-2010 17:36
Lastima que no haya subido las gráficas. Están muy buenas.
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GERTRUDIZ
0 # GERTRUDIZ 28-07-2010 19:48
EXCELENTE ! EXCELENTE ! CREO QUE EL ESTIGMA DE PRODUCTORES PASANDO AL SEGUNDO LUGAR EN LOS PRODUCTORES CAUSA HILARIDAD ! LAS DESIGUALDADES EXTREMAS ENTRE RICOS Y POBRES EL DESPOJO A LOS MAS HUMILDES CAMPESINOS DE SUS TIERRAS PAR SIEMBRA DE PALMA AFRICANA POR VENTA POR AMENZA DESUS VIDAS ! LO DICE TODO ! ES UD DR ISACSON EXTENSO CLARA Y COMPLETO EN SU ANALISIS ! OJALA LO LEAN EN EL MUNDO ENTERO !
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marinella urbach
0 # marinella urbach 06-08-2010 21:59
Excelente!
Estos son los puntos claves:

'En alguna forma mejoró la seguridad, pero en el atropello a los derechos humanos, la “parapolítica”, los “falsos positivos” y los delitos cometidos por el DAS, desmienten afirmaciones según las cuales la experiencia en Colombia ha sido un “éxito”.

Uribe y su ministro de Defensa,Juan Manuel Santos, vieron el trabajo de los grupos que promueven los derechos humanos, como 'un complot para socavar el prestigio de las Fuerzas Armadas.' y calificaron a esas organizaciones como “voceras del terrorismo”.

'El primer director del DAS en el gobierno Uribe, Jorge Noguera, supuestamente compartió información sobre las operaciones militares con el Bloque Norte de las AUC, al igual que con otras organizaciones de paramilitares y narcotraficante s. Esto incluye la entrega a los paramilitares de listas de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición para ser asesinados'
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marinella urbach
+1 # marinella urbach 06-08-2010 22:00
El atropello a los derechos humanos fue constante y brutal.
Lejos de ser 'un exito', el 'Plan Colombia' fomento los falsos positivos, el asesinato de lideres sindicales y miembros de la oposicion.
Es desconcertante y sintomatico que este analisis, tan acertado, venga de afuera, elaborado por un funcionario de Programas para Políticas de Seguridad Regional, de la Oficina en Washington, para Asuntos Latinoamericano s. Como dice Maria Victoria Uribe:'Que nos pasa a los Colombianos? Como es posible haber escogido ocho anos mas de una situacion insostenible?
El futuro de Colombia dependia de quienes no votaron esta vez.
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David
0 # Hay que conocer para escribirDavid 12-05-2015 13:23
Usted no sabe y nunca supo que es el plan Colombia, su opinometro carece de veracidad.
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Jair Jiménez
0 # Fue exitoso por lo menos para los gringosJair Jiménez 27-07-2015 07:22
Según German Castro Caycedo en el libro "Nuestra guerra ajena" el plan Colombia fue la plataforma para que USA lograra tener control y conocimiento sobre una parte del territorio colombiano que curiosamente es rica en algo por lo cual los norteamericanos se están preocupando y que nuestro país tiene mas o menos en abundancia: Agua Dulce.
Todo con la triste complicidad de nuestros super políticos. Si se quieren deprimir y enojar un poquito sobre nuestro futuro como país léanlo. Por el Play libros no está ni tan caro.
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aurelio cobas
0 # plan colombiaaurelio cobas 27-01-2016 11:16
Lo que yo puedo decir del plan colombia le sirvió fue al narcoparamilita r numero 82 para financiar su estructura criminal y para comprar todo el estamento del estado y volverlo corruptos que hoy en dia se a visto que casi el estamento del estado que lo conformo en su 2 periodos el 75% estan preso , otros estan huyendo ,y los otros bandido estan en le centrodemocrati co con el cabecilla
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