Los especialisísimos alcaldes locales

(Tiempo estimado: 7 - 14 minutos)

Posesión de Alcaldesas y Alcaldes locales por parte del Alcalde Mayor de Bogotá.

Paul Bromberg El revuelo a raíz de la renuncia colectiva que Peñalosa les pidió a estos funcionarios es razón suficiente para indagar por el sentido de este cargo sui generis, una función “especialisísima” que a los que están arriba en el sistema político les cuesta trabajo aceptar y entender… y a los que están abajo también.

Paul Bromberg*

Las loca-lidades: de la grandilocuencia a la reticencia

Algo está pasando en Bogotá con esto de las localidades: que nada va a pasar.

Por primera vez, desde 1992, los programas de gobierno de los dos candidatos a la Alcaldía que obtuvieron la mayor votación no mencionaron la descentralización. Tanto en uno como en otro caso se habla de las localidades como los sitios donde ocurrirían las cosas.

Hoy en día los políticos no van “a los barrios”, sino a “las localidades”, aunque en realidad van a los barrios. No se atienden las necesidades de “los barrios”, sino de “las localidades”, aunque en verdad se atienden las necesidades de aquellos. Este es un cambio en el lenguaje que ha traído más confusiones que precisiones.

Los programas de la última campaña

Miembros de la Alcaldía Local de Kennedy.
Miembros de la Alcaldía Local de Kennedy. 
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En el programa de gobierno “Recuperemos Bogotá”, que el candidato Peñalosa presentó en nombre de Equipo Bogotá y Cambio Radical, la palabra “localidades” aparece once veces, siempre como sitio: habrá arte, deportes, colegios, jardines escolares, megacentros comunitarios en las localidades…, aunque se atenderá, como es de esperar, a la vecindad del proyecto, no a la localidad.

“Alcaldía local” no aparece. “Juntas Administradoras Locales” menos, pues estas están conformadas por fantasmas, los “ediles”. ¿Acaso no es un fantasma alguien que existe pero es invisible?

El candidato decidió sus prioridades, y no incluyó la descentralización. Es su elección, la hizo pública... y la va a cumplir. Emprender cambios en el régimen es una pelea que prefirió no dar.

Por su parte, “Un acuerdo para sacar Bogotá adelante”, el programa de doscientos puntos de Rafael Pardo respaldado por el Partido Liberal y el Partido de la U, menciona las localidades trece veces también como lugar donde pasan o pasarán cosas. Con una excepción, el punto 175, que habla someramente de la descentralización, la autonomía de las localidades y de su participación, mediante consulta, en la construcción del plan de desarrollo.

Sin embargo, en dicho punto no hay relación entre el diagnóstico y la propuesta. Suena democrático, pero no es operacionalizable. ¿Cómo se consulta “a las localidades” si estas no son personas? Su expresión concreta resultaría demasiado prosaica: ¿a los alcaldes locales? ¿A las Juntas Administradoras Locales integradas por fantasmas? ¿A las doscientas personas que por localidad asisten-resisten a los encuentros ciudadanos?

Ni el actual plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” ni los acontecimientos de rutina administrativa de este año y medio de la administración de Peñalosa dejan entrever que haya intención de actuar sobre los problemas estructurales de los Gobiernos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales.

¿Por qué el desinterés?

El desinterés no es un capricho, sino que está en el ambiente. Incluso en esta revista se nota: el tema se trató por última vez hace ya cinco años, en abril del 2012, cuando Alberto Maldonado sentenció: “Petro no va fortalecer la descentralización en Bogotá”.

En el programa de gobierno de Petro había una frase escueta, aunque concreta, “Ampliaré la descentralización hacia las localidades”. En su momento, Maldonado revisó el borrador de lo que sería el plan de desarrollo “Bogotá humana” y no encontró más que palabras vagas.

En contraste, los posteriormente nuevos mejores examigos de Gustavo Petro -Samuel Moreno/Clara López y Luis Eduardo Garzón- hicieron algo diferente. Incluyeron en sus programas y en sus planes de gobierno la descentralización.

Es posible que el tema de la descentralización con sus grandilocuencias y demagogias ya haya perdido su atractivo, en parte porque los grupos que se sentían huérfanos de espacio político ya lo encontraron. En esas condiciones, la estocada final la dio Gustavo Petro: “llegó el comandante y mandó a parar”.

Los Gobiernos locales

¿Son las alcaldías locales el foco distrital de corrupción, ineficacia, ineficiencia, desgreño, malversación, clientelismo, ignorancia, incapacidad, según se lee y escucha a menudo en diversos medios de comunicación?

Si la respuesta es “sí”, se encontraría que la decisión de las losas de Transmilenio se tomó por las alcaldías de Chapinero, Usaquén y Suba; el contrato con los Nule fue firmado por las alcaldía de Fontibón, Engativá y Teusaquillo, y no por Garzón al final de su administración; el cartel de la contratación se movió en las chichiguas de los Fondos de Desarrollo de las localidades, y no especialmente en las entidades centrales; la troncal décima-séptima, que completa 15 años en discusión y desuso, se diseñó por las alcaldías de Santa Fe y otras; el deprimente deprimido de la 94, cuya construcción tardó algo más que la del Canal de Panamá (solo que este no se ha inundado), fue un contrato de la alcaldía de Chapinero.

Estos son solo algunos ejemplos, a los que se puede sumar el proceso decisorio del metro con sus estudios inútiles, la implementación del SITP, etc. No es necesario sumar estos y otros casos, pues los primeros ya involucran cientos de miles de millones de pesos.

“Cada alcalde manda en su año” es una frase que encierra alguna sabiduría. Paralela a ella, debemos decir que cada nivel de gobierno de Bogotá ha tenido su correspondiente muestra de corrupción, ineficacia, ineficiencia, desgreño, malversación, clientelismo, ignorancia e incapacidad, asociadas a su nivel de intervención: los Gobiernos locales, las entidades distritales, los organismos de control.

Se debe comenzar a preguntar y a responder por qué en Bogotá han venido saliendo mal tantas cosas. Entre otros, los intentos de mejorar la descentralización.

Los alcaldes locales

Están en cuestión los alcaldes locales designados por el alcalde Peñalosa, a partir de ternas enviadas por la JAL en los primeros meses del año pasado, siguiendo un proceso regulado por el decreto 1350 del 2005, promovido por la administración Garzón.

El prolongado proceso tiene serias contradicciones internas, pues da la apariencia de ser meritocrático, cuando en realidad es político, típicamente criollo, con partidos de juguete.

A la convocatoria se presentan cerca de 3200 ciudadanos comunes y corrientes (¿o sea, ilusos?), con su hoja de vida y sus correspondientes certificados de logros, preparación y cumplimiento de requisitos, incluidos los certificados de honradez. Solo falta la prueba del polígrafo.

La Secretaría de Gobierno verifica la documentación y publica una lista de elegibles. Estos presentan un examen, cuyo contenido es una combinación de preguntas psicotécnicas y de conocimientos (no sabemos de qué ni por qué). El examen dictamina el porcentaje de los aspirantes idóneos (usualmente, la cifra es muy reducida).

Los que continúan en la selección deben entregar un pequeño escrito con su “programa de gobierno”, cuya autoría es inverificable, y participan en un debate público ante una audiencia que se supone es el ágora ciudadana, a la que con seguridad asisten principalmente los hinchas de los aspirantes, como en la polis griega.

Luego pasan a examen de la JAL, que declara que tuvo en cuenta todo esto, aunque sabemos que muy poco. La JAL elabora una terna y luego el alcalde mayor entrevista a los seleccionados y elige uno.

No es una broma. El proceso, que dura meses y que ahora se repetirá en ocho localidades, es así por solicitud de Lucho Garzón.

No se impone como requisito pertenecer a un partido político, como sí se obliga a los aspirantes a edil (ignoro si alguno ha sido elegido por una “lista significativa de ciudadanos” o por “una lista de ciudadanos significativos”).

En varias ocasiones he hablado con conocidos que se han metido en este baile, y me cuentan lo esperable: que una vez que pasan el examen, el asunto es conseguir como parejas dos o tres ediles que lo respalden para poder quedar en la terna.

Los medios han venido acostumbrándose a presentar a los alcaldes locales como si fueran concejales o integrantes de gabinete del ejecutivo. Según una investigación de La Silla Vacía, “entre ediles, concejales y expolíticos que conocen bien cómo se mueve la política en el nivel local… los padrinos que más se repitieron fueron la representante liberal Olga Lucía Velásquez y [el concejal] Yefer Vega de Cambio Radical”.

¿Qué entraña este padrinazgo político?

Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. 
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Corte Constitucional, en su infinita sabiduría, conceptuó sobre el asunto, ante una demanda en la que se cuestionaban algunas situaciones de cargos de libre nombramiento y remoción (Sentencia C-368 de 1999):

En la designación de los alcaldes locales participan dos organismos del Gobierno distrital que poseen un claro origen político y expresan sus preferencias políticas al participar en el proceso que conduce al nombramiento de estos alcaldes… [quienes] representen las opciones políticas triunfantes dentro de la localidad y la ciudad… [así como] los proyectos políticos sustentados por las juntas y el alcalde mayor.

Ante semejante tratadillo de filosofía política, solamente me queda una pregunta: ¿de veras? Para aclarar cómo es la negociación política no sobra narrar la primera experiencia que tuvo la ciudad en un proceso meritocrático para este cargo.

En mi corta experiencia como edil de Teusaquillo en el 2001 sugerí a la JAL que se hiciera un examen psicotécnico a los 80 aspirantes. Por supuesto, fue rechazada. Advertí que conseguiría los recursos para que los aspirantes lo presentaran de manera voluntaria, y que quién quitaría que el alcalde mayor preguntara a los integrantes de la terna por qué se habrían negado a presentarlo.

Mis colegas-ediles se asustaron, creyendo que yo tenía línea directa con el alcalde Mockus, lo que no era cierto, y finalmente la JAL admitió, sin necesidad de ningún decreto nacional ni papal, que todos los aspirantes tomaran un examen exclusivamente psicotécnico diseñado por el grupo de admisiones de la Universidad Nacional.

Se recibió la lista en orden descendente de resultados y fueron entrevistados en sesión los treinta primeros. Se encontró que la capacidad de interlocución de los aspirantes seguía de manera bastante fiel el resultado de la prueba y que la diferencia entre los primeros de este grupo y los últimos era enorme.

Una vez concluidas las entrevistas, los ediles de la coalición mayoritaria, siete de nueve, pactaron por su lado, por supuesto por debajo de la mesa, sus compromisos con quienes finalmente quedaron en la terna.

¿Era un compromiso con los “proyectos políticos” de los partidos que habían avalado en esa ocasión a los ediles correspondientes? Claro que no.

El principal proyecto político de los participantes profesionales en elecciones es volver a ser elegidos, para lo cual conviene estar ligado a partidos ganadores, pero, en general, es un asunto accesorio a cuál partido.

En el caso de los ediles, es primordial consentir a sus aproximadamente mil electores y tener la capacidad de hacer y recibir favores. Eso es el poder. Así es la democracia con partidos laxos.

Renuncias protocolarias

La sentencia de la corte citada deja en el limbo si la “responsabilidad” del alcalde local es ante la JAL, los ediles que lo ternaron o el alcalde mayor. En términos prácticos, esta responsabilidad se manifiesta en las condiciones para ser removido del cargo.

Después de la Ley 1617 del 2013, todos los otros distritos del país tienen alcaldes locales y sus comunas pasaron a llamarse localidades. ¿Una vocación nacional por copiar lo malo?

En todo caso, ante la muerte por problemas de salud de un alcalde y la elección de su sucesor, se preguntó al Consejo de Estado si era necesaria la renuncia protocolaria de los alcaldes locales. La respuesta fue que no. Es decir, los alcaldes locales no son agentes del alcalde mayor. ¿O sí?

Pero, al fin, ¿son funcionarios de libre nombramiento y remoción? Según otro apartado de la sentencia de la Corte ya citada, los alcaldes locales son funcionarios especialísimos:

Las normas y la jurisprudencia no dejan duda alguna sobre la facultad que el alcalde mayor tiene de remover a los alcaldes locales. Debe admitirse entonces que son de libre nombramiento y remoción, aunque de una categoría especialísima.

¿Es legal una solicitud de renuncia a todos, bajo el amparo de que corren chismes de que otros habrían incurrido en corrupción o incumplimiento de directrices? ¿Es una renuncia protocolaria, como la titularon los medios, o es un acto de coacción indebida? ¿La solicitud se hizo mediante documento escrito o por los medios?

Si un alcalde local se niega a presentar la renuncia, diciendo que él no ha hecho nada malo y que además de la responsabilidad ante el alcalde mayor tiene una obligación ante la JAL, ¿qué hace el alcalde mayor?

Si lo declara insubsistente, está metido en un lío, porque en su hoja de vida la Corte lo ha obligado a anotar las razones para su insubsistencia, y si estas razones muestran arbitrariedad, el destituido puede demandar, y es seguro que la ciudad pierda.

Así que el alcalde local no solo es de una categoría especialísima, sino especialisísima. Para explicarla, es necesario adentrarnos en un terreno que no exploraré por ahora: lo bueno, lo malo y lo feo de la descentralización en Bogotá.

 

* Cofundador de Razón Pública, exalcalde Mayor de Bogotá, 1997; exedil de la localidad de Teusaquillo, 2001.

 

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Comentarios  

Aldo Olano
-1 # ElecciónAldo Olano 11-07-2017 10:29
Una excelente reflexión sobre las condiciones para ser alcalde local y las consecuencias que ellos trae consigo. Creo que los problemas mencionados se resuelven con la elección directa de los alcaldes locales, después de todo y según los principios más elementales de la democracia liberal, esta se origina con la participación de los ciudadanos en cuestiones básicas de la vida en sociedad. ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDES
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