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Un fiscal ad hoc: ¿la solución?

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

Duque y Martínez.

jorge ivan cuervoNecesitaríamos otra fiscalía para investigar la corrupción relacionada con Odebrecht sin que el fiscal Martínez interfiera ni tenga que renunciar. ¿Cómo llegamos a esto?

Jorge Iván Cuervo*

Los intocables

En algunos países de América Latina donde la firma brasileña Odebrecht llevó a cabo sus prácticas corruptas la justicia ha reaccionado llevando la responsabilidad al más alto nivel.

Ese es el caso de Perú —donde varios expresidentes han sido procesados— o el de Brasil donde una candidatura presidencial se truncó por esta razón, pero no es el caso de Colombia. Aquí las responsabilidades no han pasado de un viceministro, el director de una agencia estatal y algunos senadores que cayeron en desgracia con el gobierno que ayudaron a reelegir.

¿Por qué? En Perú no hay intocables:

  • Alberto Fujimori (expresidente) fue procesado por violaciones de derechos humanos y su hija Keiko se encuentra en prisión preventiva por el tema de Odebrecht.
  • El expresidente Alejandro Toledo es hoy prófugo de la justicia y está pedido en extradición a Estados Unidos por el mismo caso.
  • El expresidente Ollanta Humala ya fue condenado por recibir recursos de Odebrecht en su campaña.
  • A Alan García (también expresidente) Uruguay acaba de negarle un asilo para que responda en su país por coimas que se habrían pagado durante su gobierno por la firma brasilera.

Pero en Colombia es casi imposible procesar a un presidente o a un expresidente porque el sistema de responsabilidad, cuya iniciativa reside en el Congreso, lo hace muy difícil. Veamos:

  • Un presidente llegó a la Casa de Nariño con dineros del narcotráfico y no respondió por ello.
  • Otro asumió la responsabilidad por todo lo que pasó en la contra-toma del Palacio de Justicia y no pasó de esa declaración.
  • Uno más consiguió la reelección comprando votos de congresistas —el mismo hecho que obligó la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski—.
  • Dos candidatos recibieron recursos de Odebrecht en sus campañas sin que ninguna autoridad se atreva a establecer las responsabilidades por estos hechos, y sin ninguna consecuencia política.

Para Colombia, el caso Odebrecht —que comenzó gracias a los hallazgos de la justicia de Estados Unidos— podría ser la oportunidad para depurar el sistema político y replantear el sistema de responsabilidad de altos funcionarios del Estado —no solo de presidentes— hoy muy frágil y poco efectivo por donde se le mire.

Le recomendamos: La organización Luis Carlos Sarmiento Angulo: el verdadero Estado colombiano

Un fiscal elegido a pesar de las advertencias

En 2016 el presidente Santos decidió incluir en la terna para Fiscal al exitoso abogado Néstor Humberto Martínez, quien había usado su cargo de Secretario General de la presidencia para ambientar su candidatura.

Siendo superministro de Santos, Martínez no tuvo problema en aliarse con el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos para torpedear el proyecto de reforma a la justicia que presentó el gobierno y lideraban los entonces ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Justicia Yesid Reyes.

Algunos puntos de esa reforma molestaron al fiscal del momento y a algunos magistrados, como aquel que reemplazaba la Comisión de Acusaciones por un Tribunal de Aforados para investigar a los magistrados de las altas cortes, al presidente y al mismo fiscal general.

Martínez participó como funcionario en una decisión que benefició a su antiguo cliente sin declararse impedido en ese momento.

Después de jugar un papel importante en el fracaso de la reforma, Martínez fue elegido Fiscal General por la Corte a la cual pertenecía Leonidas Bustos, quien además contribuyó a impulsar su candidatura.

Muchos señalamos la inconveniencia de elegir Fiscal General de la Nación a alguien como Néstor Humberto Martínez debido a su cercanía con el poder y su ambición política. Los hechos nos han dado la razón.

Lea en Razón Pública: De acusadores a acusados: Néstor H. Martínez y sus siete antecesores.

El fiscal y Odebrecht

Néstor Humberto Martínez y Juan Manuel Santos.
Néstor Humberto Martínez y Juan Manuel Santos. 
Foto: Presidencia de la República

Como se sabe, Martínez fue abogado y consejero jurídico de varias empresas del grupo Aval, donde es accionista mayoritario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su vinculación con Odebrecht data de esa época:

  • Fue abogado de Corficolombiana, firma propietaria de Episol, que tenía el 33 por ciento de participación en el proyecto vial Ruta del Sol II, en el que hay evidencia de corrupción por parte de la multinacional brasileña.
  • Martínez asesoró a la concesionaria en un contrato de estabilidad jurídica y elaboró un concepto que sirvió para hacer una adición al contrato en la vía Ocaña—Gamarra, contrato por el cual Odebrecht aceptó que pagó soborno.

Ya como superministro de Santos participó en el CONPES que autorizó las vigencias futuras que luego permitieron que Odebrecht pudiera construir un tramo adicional en la vía Ocaña–Gamarra—adición que, como se ha dicho, habría sido obtenida gracias a una coima. Es decir, Martínez participó como funcionario en una decisión que benefició a su antiguo cliente sin declararse impedido en ese momento.

Pero no acaba allí. Martínez ha hecho de la puerta giratoria una práctica recurrente. Va de los gobiernos al sector privado y de éste a los gobiernos, y ahora a la Fiscalía General de la Nación. Lo hace sin inmutarse y dejando por el camino numerosos conflictos de interés, no todos aceptados y declarados.

Ahora como fiscal, se declaró impedido respecto de la investigación que adelanta la Corte Suprema contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, compañeras de gabinete en el momento en que fue realizado el CONPES mencionado.

Sin embargo, hay investigaciones relacionadas con Odebrecht en las que Martínez no se ha declarado impedido. Su argumento ha sido que él no lleva directamente las investigaciones, olvidando que es jefe de los fiscales que sí las llevan y quienes le reportan el avance de las mismas.

Por ejemplo, en el debate en el Congreso usó para defenderse información institucional, una indelicadeza que pasó desapercibida y que hubiera sido suficiente para demandar su renuncia al cargo.

Los testimonios de Pizano

Para el fiscal, todo empeoró cuando Noticias Uno reveló unos testimonios del Controller de la Ruta del Sol —el ingeniero Jorge Enrique Pizano— quien murió en extrañas circunstancias —al igual que su hijo, quien ingirió agua con cianuro de una botella que se encontraba en la oficina de Pizano—.

A raíz de los testimonios se supo que Martínez, como abogado de Corficolombiana, tenía conocimiento de que la firma Odebrecht estaba incurriendo en prácticas corruptas, conductas que no denunció ante las autoridades por no tener certeza de si eran delitos —lo cual no le correspondía juzgar a él sino precisamente a las autoridades—.

El conocimiento previo de los sobornos abrió un nuevo escenario en la discusión. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra empresas y personas vinculadas con la Concesionaria Ruta del Sol II, en el cual se reconoce que el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, no solo conocía de los sobornos sino que los autorizó y aceptó que se descontaran del contrato.

Por estos hechos, Melo tiene medida de aseguramiento, pero la audiencia donde los directivos brasileros declararían al respecto se ha venido dilatando sin explicación por parte de la Fiscalía.

Un fiscal ad-hoc

En vista de los impedimentos que tendría el fiscal Martínez para investigar los casos de corrupción relacionados con Odebrecht, la vicefiscal María Paulina Riveros asumió algunos de ellos, pero fue recusada por no ser una funcionaria independiente frente al fiscal general.

Ante esto, la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta para designar un fiscal ad hoc que asuma algunos de los casos relacionados con Odebrecht —y no para todos, como hubiera sido deseable—. Es necesario recordar que el propio Martínez ha venido insistiendo en la necesidad de un fiscal ad hoc.

Sobre esta figura hay muchas dudas, como bien lo planteó el exministro Yesid Reyes. El presidente de la Corte Suprema dio declaraciones en las que restringió a tres casos la posibilidad de un fiscal ad-hoc, pero no aclaró cómo funcionaría la medida. No es claro si será un organismo adscrito a la propia Fiscalía o si será una entidad independiente, con investigadores y recursos propios.

El propio Martínez ha venido insistiendo en la necesidad de un fiscal ad hoc.

De ser así ¿Quién asignaría esos recursos y por cuánto tiempo? ¿Y qué pasa con las investigaciones adelantadas hasta el día de hoy donde Martínez habría tenido incidencia como cabeza de la Fiscalía?

El presidente Duque decidió responder a la Corte Suprema enviando una terna de aspirantes al cargo la cual ahora debe reestructurarse ante la renuncia de una de las integrantes, la magistrada en ejercicio Margarita Cabello. Este fue un paso en falso para Duque que afecta aún más su negativa imagen de eficacia gubernamental.

¿Y ahora?

Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación. 
Foto: Observatorio de transparencia y anticorrupción.

Al presentar nuevamente la terna, el presidente Duque le puede apostar a una persona que dé garantías de independencia y objetividad. Pero hay temas que aún inquietan:

  • Debe seguirse discutiendo que todos los casos relacionados con Odebrecht sean revisados por ese fiscal ad hoc, petición que puede hacer el Procurador General de la Nación, y que hasta ahora ha evitado.
  • También hay que discutir sobre la necesidad de darle dientes y recursos, lo cual supone más que una persona y precisa de toda una estructura de investigación.

Por ahora, esta figura no reglamentada le ha servido al fiscal Martínez para quitarse presión y seguir en el cargo. Pero tomar en serio sus impedimentos implicaría pensar en una suerte de Fiscalía paralela ajena a las injerencias de Martínez y de toda presión política y mediática para proteger a los involucrados.

Es razonable pensar que con Martínez no se va a llegar muy lejos, y si el fiscal ad hoc va a ser un funcionario sin dientes, ni recursos, ni legitimidad, lo correcto sería la renuncia del fiscal Martínez y una terna ajena al entono político del presidente.

Solo así se abordarían con responsabilidad las investigaciones y dejaría de haber intocables —que en este caso aparecen tanto en el sector público como en el privado—. Si el caso Odebrecht dejó ver la debilidad de nuestras instituciones para resistirse a prácticas sistemáticas de corrupción, tenemos una oportunidad para que la justicia proceda con diligencia y establezca las responsabilidades a que haya lugar.

Lea en Razón Pública: Odebrecht: certezas, interrogantes y lecciones.

Lo cierto es que empieza la vacancia judicial y las fiestas navideñas, y habrá que esperar al 2019 para volver a hablar de esto. Nos vamos a descanso de fin de año con la sensación de que Néstor Humberto Martínez se está saliendo con la suya, y de paso, buena parte de los involucrados en un caso que debería ser ejemplar al momento de asignar las responsabilidades y los castigos penales y políticos.

*Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.
@cuervoji

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