El Valle del Cauca (segunda parte): política y corrupción en las ciudades

(Tiempo estimado: 11 - 22 minutos)

Cali, Colombia.

Javier DuqueEn treinta años han sido investigados –y a veces condenados– por corruptos más de veinte alcaldes y una gran cantidad de funcionarios de las grandes, medianas y pequeñas ciudades de un departamento que tiene fama merecida de pujante y de moderno.  

 Javier Duque Daza*

especial 9

Cali

Entre los casos de corrupción más sonados de la ciudad capital se cuentan los que involucraron a tres exalcaldes:

  • Mauricio Guzmán (fundador del Nuevo liberalismo en el Valle del Cauca), exconcejal de Cali, exrepresentante a la Cámara (1986-1990) y exgobernador encargado, fue condenado en 1998 por enriquecimiento ilícito al comprobarse que recibió nueve cheques de empresas de fachada del cartel de Cali. Ante las múltiples evidencias se acogió a los beneficios de la sentencia anticipada.
  • John Maro Rodríguez fue elegido para el periodo 2001-2003. Diez años después de concluir su gobierno la Corte Suprema lo condenó a cuatro años de prisión por interés indebido en la celebración de contratos: sin efectuar el concurso previo, Rodríguez contrató como directora de Atención y Prevención de Desastres a una periodista que no cumplía los requisitos ni tenía la experiencia para el puesto[1].
  • Apolinar Salcedo Caicedo (2004-2007) fue destituido por la Procuraduría por el contrato con único oferente para el recaudo de los impuestos municipales, pese a que los estudios previos eran insuficientes y la experiencia del contratista, los costos de los bienes y servicios requeridos y el pago que debía reconocerse eran inadecuados. Igualmente, los investigadores confirmaron que el contrato comprometía dineros que serían recaudados durante 15 años sin la autorización del cabildo municipal[2].

Por otra parte, en 2007 se destapó el gran escándalo del robo multimillonario de los recursos de la educación mediante una empresa criminal entre concejales, funcionarios y particulares. El diario El País reconstruyó el caso. Con el pretexto de ampliar la cobertura se hicieron pagos a fundaciones y ONG que manejaban colegios de mala calidad. Los colegios recibirían 500.000 pesos por cada estudiante matriculado, pero se les entregaba la mitad de esta suma, pues el resto se lo quedaban los funcionarios que asignaban los cupos. La operación fue coordinada por el concejal Mauricio Mejía López junto con un asesor de la secretaría de educación. Los colegios por su parte incurrieron en falsedad de documentos, suplantación de alumnos y relación fraudulenta de gastos, incluyendo muchos niños que aparecían matriculados en dos colegios o con nombres diferentes. 

Los recursos perdidos por este fraude ascendieron a 36.500 millones y en el 2011 fueron condenados con penas de entre 5 y 7 años de cárcel los exconcejales Mejía López y Luís Mario Villafañe, junto con otras 10 personas, entre funcionarios, docentes, directivos de los colegios, un asesor de la secretaría, y un ex director del Dagma[3].

Estos y otros escándalos explican la declaración del alcalde elegido en 2015, Maurice Armitage: “La corrupción campea en casi todas las dependencias […] Mientras algunos funcionarios reciben dádivas para favorecer a particulares con decisiones estatales o roban los recursos públicos, otros simplemente trabajan mal, lo que para él es otra forma de corrupción”.

En un estudio reciente[4] que consultó a altos funcionarios se detectó una gama muy amplia de actos ilegales como decir: contratos muy frecuentes sin llenar los requisitos y omitiendo los procesos de selección objetiva; el robo de al menos 90 vehículos de propiedad de la empresa pública Emcali que fueron a parar a manos de particulares; peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por irregularidades en la adjudicación de becas por varios miles de millones de pesos; becas que se entregaron más de una vez a un mismo beneficiario; existencia de carteles, como el de la compra de insumos para potabilizar el agua, el del robo de cobre que se hace en connivencia con funcionarios de la Gerencia de Energía, el del suministro de contadores, la vigilancia y el de la gasolina; la existencia de un cartel para exonerar de cumplir con el Pico y Placa a un número elevado de carros particulares y el hecho de que muchos agentes tengan grúas que prestan servicios para Tránsito; nóminas paralelas por prestación de servicios que ocupan personas recomendadas por concejales, asesores de la Alcaldía y demás políticos; a los funcionarios se les exigen aportes para el sostenimiento del grupo político que los avaló y el cobro se hace de distintas maneras, por ejemplo, un porcentaje del salario mensual, de las primas o vacaciones, o regalos que el empelado debe hacer en las festividades que promueven los padrinos políticos; algunos contratistas no se presentan a trabajar e incluso el personal doméstico en fincas y viviendas de algunos políticos es pagado con recursos estatales.

Buenaventura

Bartolo Valencia, alcalde destituido de Buenaventura.
Bartolo Valencia, alcalde destituido de Buenaventura. 
Foto: Contraloría Distrital de Buenaventura

También en esta ciudad los alcaldes se han visto involucrados en reiterados procesos, líos legales, sanciones y destituciones. Los problemas empezaron a mediados de la década de 1990. La cronología nos indica que el primer mandatario local en problemas fue José Félix Ocoró, alcalde entre 1995 y 1997, quien estuvo preso durante cuatro meses y fue investigado por suscripción de nóminas paralelas, pero fue exonerado; el siguiente mandatario fue Fredy Salas (1998- 2000) asesinado poco después de terminar período, y su sucesor Jaime Mosquera (2001-2003) debió exiliarse en Estados Unidos ante las múltiples amenazas por los poderes fácticos imperantes en la ciudad.

Luego vinieron grandes escándalos, especialmente por el manejo de la educación y de los millonarios recursos transferidos de la nación al municipio bajo el esquema de ampliación de cobertura mediante colegios privados.

  • Saulo Quiñonez García (2004-2007) no terminó su período pues fue destituido por el manejo de 190 contratos por valor de 11.600 millones de pesos para construcción, reparación y adecuación de sedes escolares. Fue procesado junto con varios contratistas e interventores[5].
  • El siguiente alcalde (reelegido) fue José Félix Ocoró, (2008-2011) destituido junto con su secretaria de educación e inhabilitado por 14 años. En el marco del programa de ampliación de cobertura para la vigencia de 2011 suscribió contratos con 6 instituciones que no contaban con la estructura física. Todo un negocio de apropiación ilegal donde se reconocían 75.000 pesos mensuales por cada alumno, los contratistas subcontrataban y pagaban a los colegios 45.000 pesos por estudiante y la diferencia se repartía entre el alcalde, concejales e intermediarios[6]. Este exalcalde fue condenado a 18 años y seis meses de prisión por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de las normas establecidas al canjear un terreno que valía 3.200 millones por otro de 500 millones de pesos en detrimento del municipio.[7]
  • Bartolo Valencia (2012-2015) también fue destituido. El puerto estaba pasando por un momento de terror por la guerra entre bandas y la presencia de paramilitares y se esperaba una ruptura con el pasado inmediato de corrupción bajo los alcaldes pertenecientes a la facción del exsenador Juan Carlos Martínez. No obstante, el nuevo alcalde se vio involucrado en presuntos delitos en el manejo de la educación y está actualmente detenido junto a tres funcionarios y un contratista.[8]

Según la Fiscalía este “negocio” funcionó así: la Alcaldía hacía un “estudio” de ampliación de cobertura para determinar el número de estudiantes que debían destinarse a colegios privados y el Ministerio de Educación Nacional autorizaba el pago. El alcalde, asociado con concejales, asesores e intermediarios, acordaba contratar a los colegios, algunos de los cuales eran de los concejales o de sus familiares. Se elevaba el número real de alumnos (los denominados estudiantes fantasma) y se hacía el pago de la mitad o menos del monto determinado a los dueños de los colegios (muchos de los cuales funcionaban en casas en malas condiciones, sin baños y en condiciones de hacinamiento), mientras el resto se lo repartían los socios del fraude. La ampliación de la cobertura era una estafa, sin ahondar en la calidad de la educación que recibían los estudiantes y sin considerar los negocios con los alimentos y los colegios inexistentes. Se calcula que entre el 35 y el 40 por ciento de los estudiantes nunca existieron[9].

Cartago: cinco casos de corrupción

Con Cali y Buenaventura, Cartago ha sido uno de los focos de corrupción del departamento. Los políticos locales se han visto involucrados con redes de contratistas y funcionarios asociados para delinquir y robarse los recursos públicos. Aquí se describen brevemente cinco casos representativos:

  • Luis Alberto Castro Ocampo, alcalde en el período 2004-2007 fue destituido antes de terminar su mandato y se fugó de la justicia cuando era investigado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito. En febrero de 2015 fue detenido junto a quienes habían sido sus secretarios de Hacienda, la extesorera, el exjefe de Presupuesto y el excoordinador de recursos de la Alcaldía.

La estrategia del fraude consistió en facturar órdenes de compra y servicios profesionales ficticios a nombre de personas que no estaban enteradas del fraude y que, además, ni siquiera cumplían con el perfil para presentar la factura fraudulenta. Se calcula que de esta manera se apropiaron de más de 2.000 millones de pesos. Finalmente, los funcionarios aceptaron los cargos ante la Fiscalía.

  • El exalcalde Germán González Osorio (2008-2011) también era prófugo de la justicia desde comienzos de 2012. En 2014 se entregó y fue condenado a 39 meses gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Lo enviaron de nuevo a casa por cárcel por los delitos de fuga de presos, daño informático, prevaricato por acción y celebración de contrato sin los requisitos legales.[10]
  • En 2016 se reveló nuevamente el manejo corrupto de los recursos del municipio. Se informó que varios funcionarios públicos fueron acusados de manejo ilegal de los recursos del impuesto predial: falsificaban documentos para dar un paz y salvo a cambio de pagos que los particulares hacían por sumas muy inferiores al valor de la deuda real. Por este motivo el municipio dejó de recibir varios centenares de millones de pesos. La Fiscalía les formuló cargos por los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal[11].
  • Ese mismo año fueron capturados otros funcionarios por el delito de peculado por apropiación. Ellos desviaron 234 millones de pesos –que supuestamente estaban destinados al abono de una deuda que tenía la Alcaldía con la empresa de energía de Cartago– a cuentas de particulares. Fueron detenidos cuatro funcionarios, entre ellos el secretario de Hacienda y contador del municipio.
  • En 2017 un nuevo caso de corrupción fue divulgado por la prensa. La Fiscalía ordenó la captura de 30 personas –entre ellas Marta Vélez, diputada del Partido de la U, y (nuevamente) el exalcalde Germán González Osorio– por apropiarse de 10.000 millones de pesos que debían invertirse en el Plan Municipal de Aguas. Tanto la diputada como el exalcalde hacen parte de la facción del departamento dirigida por la actual gobernadora Dilian Francisca Toro. Este caso está en desarrollo.

Más alcaldes en líos

Casos de Corrupción.
Casos de Corrupción. 
Foto: Urna de Cristal 

Y muchos otros municipios del departamento han sido víctimas de la corrupción:

  • El primer alcalde popular de Yumbo, Héctor Aníbal López Fandiño (1988-1990), el secretario de Obras Públicas, el jefe de Planeación, el almacenista y siete contratistas fueron procesados por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y sobrefacturación en contratos de prestación de servicios y de adquisición de bienes.
  • El exalcalde de Yumbo Felipe Adolfo Restrepo Gómez (2008-2011), de Cambio Radical, y el perito avaluador Jorge Enrique Posada fueron capturados por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con la Fiscalía, esa administración municipal pagó 2.930 millones de pesos por un lote de 22 mil metros cuadrados cuando el avalúo real era de unos 1.500 millones de pesos. El Juzgado 29 Penal de Cali, con funciones de control de garantías, envió a los procesados a la cárcel Villahermosa de esta ciudad[12].
  • El también exalcalde de Yumbo Fernando David Murgueitio (2012-2015), avalado por la Alianza Verde, le pidió al representante legal de una empresa de seguridad con la que suscribió varios contratos 150 millones de pesos como soborno. Según un reporte periodístico, la Fiscalía allanó una sede del alcalde y encontró 178 millones de pesos en efectivo que, según uno de los testigos, eran producto de las comisiones de contratación en Yumbo. Además se encontraron listados de votantes y de concejales que habían comprometido su voto al grupo político del alcalde y comprobantes de contratación para transporte y refrigerios que habían sido usados en las elecciones al Congreso.
  • En 2007 la Procuraduría suspendió por seis meses al alcalde de Candelaria, Óscar Fernando López Valencia (2004-2007), por nombrar funcionarios que no cumplían  los requisitos para desempeñar cargos públicos. Antes de esto había sido sancionado por el mismo motivo: nombró como asesor jurídico a alguien que no era abogado.
  • El exalcalde de Guacarí, Fabio Humberto Piedrahita, fue destituido e inhabilitado por 10 años porque mediante decreto se autofacultó para modificar el presupuesto de 2007, pasando por alto las restricciones del Concejo municipal sobre sus facultades para reducir y trasladar partidas dentro de la misma vigencia. [13]
  • El exalcalde de Ginebra Argemiro Jordán Sánchez (2008-2010) fue suspendido por irregularidades en un contrato de suministro de material didáctico. De acuerdo con la investigación, Jordán usó dineros del Sistema General de Participaciones (SGP) que debían destinarse a la educación.
  • El exalcalde de Ansermanuevo Fernando Escobar Arroyave (2008-2010) fue acusado de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Los hechos investigados se relacionan con la compra directa de repuestos de automotores por valor de 8.337.500 pesos entre marzo y abril de 2010. Esta compra parece haberse realizado sin el trámite de invitación pública y sin el plan de compras respectivo, entre otras irregularidades. Según la Fiscalía el exmandatario no pagó ese dinero en su administración, lo que hizo que fuera ejecutado a través de proceso judicial en donde concilió lo que no podía conciliar: se allanó a las pretensiones para dar vía libre al detrimento patrimonial y no designó apoderado que defendiera al municipio de la acción ejecutiva.
  • En 2011 la Procuraduría confirmó la suspensión por 12 meses del exalcalde de Calima-Darién, Gustavo Adolfo Llorente Triviño, por irregularidades en la incorporación de dinero del impuesto de espectáculos públicos al presupuesto municipal. En un proceso de cobro coactivo adelantado contra una Caja de Compensación Familiar se recaudaron más de 438 mil millones de impuesto, de los cuales el 25 por ciento se pagó directamente al abogado que se encargó del proceso sin que fueran incorporados al presupuesto municipal, como si se tratara de un negocio privado[14].
  • Raúl Arboleda Márquez, exalcalde de Palmira (2008-2011), fue suspendido en varias ocasiones y tiene otras investigaciones en curso. En 2011 la Procuraduría lo suspendió por dos meses por cambiar el manual de funciones para poder nombrar a un funcionario como secretario de Servicios Administrativos[15]. En 2016 la Procuraduría lo destituyó por celebración indebida de contratos por suscribir un convenio con la Fundación Habitat Ciudad para recuperar el Parque Bolívar de Palmira sin el proceso de licitación correspondiente.
  • En Buga, durante la alcaldía de Freddy Libreros (2008-2011), se denunció la existencia de un cartel de contratación en el que estaban involucrados funcionarios, concejales y contratistas. En julio de 2013 fueron detenidos el concejal Darío Cifuentes y dos contratistas de la Alcaldía. Estos hechos se relacionan con las irregularidades en 17 contratos para obra por un monto de 258 millones de pesos que fueron entregados a través del sistema de contratación directa a fundaciones sin ánimo de lucro entre noviembre y diciembre de 2008. El fiscal del caso imputó cargos por violación al régimen legal de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron detención domiciliaria[16].

Posteriormente un testigo acusó al alcalde Julián Latorre –elegido para el período 2016-2019– de presionarlo para que dejara de implicar a Freddy Libreros en esta investigación. Libreros volvió a ser candidato a la Alcaldía en 2015 por el partido Opción Ciudadana (antiguo Partido de Integración Nacional) y quedó en tercer lugar.  

  • En 2016, el CTI capturó a Carlos Humberto Cardona Hincapié, concejal del municipio de Restrepo, y a su esposa, María Fernanda Valencia, por su responsabilidad en la apropiación de 200 millones de pesos. Según la investigación, usaron documentos adulterados para suplantar a las víctimas que adelantaban procesos de reparación directa contra el Estado y cobrar así el dinero[17]. Al parecer, la esposa del concejal se hizo pasar por abogada para ofrecer asesorías a víctimas en los trámites contra el Estado y después apoderarse del dinero. Por esta razón son investigados por falsedad material en documento público, fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y estafa agravada.
  • En 2016 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al alcalde de Jamundí, Jorge Eliécer Aragón Mafla, por las irregularidades derivadas de la ejecución incompleta de las obras de construcción, modificación y mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona rural de este municipio[18]. Para garantizar el pago del contrato de crédito y sesión de derechos los ingresos de Jamundí provenientes del Sistema General de Participaciones destinados para Agua Potable y Saneamiento Básico fueron pignorados a 19 años.
  • Manuel Santos Carrillo, el alcalde de Jamundí elegido para el período 2016-2019, fue suspendido por la investigación que se realiza por presuntas irregularidades en la contratación de redes de servicios públicos en la que se habría apelado a un falso estado de emergencia para eludir la licitación.
  • El exalcalde de Florida Hugo Venancio Córdoba fue detenido en 2017 y acusado del delito de peculado contra el caudal de Estado por el incumplimiento de sus deberes como alcalde. Celebró un contrato para la construcción de 95 viviendas destinadas a las familias damnificadas por una avalancha del río Fraile en 1994, usando más de 7 mil millones del Ministerio de Hacienda. En 2007 los representantes de las familias afectadas por la avalancha denunciaron las irregularidades en el manejo del proyecto que después fueron verificadas. La Fiscalía consideró que la Alcaldía incumplió con la vigilancia y control del proyecto para los damnificados y que los engañó para que firmaran los documentos para   legalizar el desembolso de los subsidios[19].

La política, los negocios y el crimen

Este panorama parcial sobre casos de corrupción y de delitos cometidos por autoridades públicas y funcionarios en el departamento ilustran la forma como la política se convierte en el vehículo para la búsqueda de posicionamiento, dinero, gabelas, bienes. La política como gestión de las necesidades y los intereses colectivos desaparece y ésta se ejerce para el beneficio individual, de grupos, de allegados y de familiares. Los políticos de negocios se han apoderado de los espacios de decisión y de gestión de lo público.

En todos los casos se citan las decisiones judiciales y disciplinarias lo cual denota que las agencias de control y la justicia actúan sancionando, por lo menos a una parte de quienes actúan de forma ilegal, pero hay otro segmento difícil de determinar y cuantificar que se queda en la impunidad. Asimismo, poco se hace en la prevención y mucho menos en la recuperación de los dineros y bienes públicos que son apropiados de forma ilegal.

Un Valle del Cauca asolado por la corrupción.

*    Politólogo, Ph.D., profesor de la Universidad del Valle.  


NOTAS DE PIE

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Interlocutorio, junio 5 de 2013, caso John Maro Rodríguez.

[2] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 156, mayo 8 de 2007, caso Apolinar Salcedo Caicedo

[3] Fiscalía General de la Nación, Boletín octubre 7 de 2011 “Condenas por apropiación de dineros para cupos escolares”.

[4] El País, agosto 21 de 2016 “¿Qué tan grave es el flagelo de la corrupción en la Alcaldía de Cali?”.

[5] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa No 655, junio 26 de 2015 “Procuraduría destituyó exalcalde de Buenaventura”.

[6] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.296, agosto 4 de 2015 “Condenado exalcalde de Buenaventura (Valle del Cauca).

[7] Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 “A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa”.

[8] Procuraduría General de la Nación, Boletín No 1.188, noviembre 9 de 2012

[9] Véase: Fiscalía General de la Nación, Boletín 11.657, septiembre 7 de 2015 “A la cárcel alcalde de Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa”; El Pueblo, marzo 23 de 2014 “Estudiantes fantasma y la educación en Buenaventura”.

[10] Fiscalía General de la Nación, Boletín 9.350, febrero 25 de 2015 “Aceptaron cargos exfuncionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca)”. 

[11] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 19.784, mayo 4 de 2017 “Fiscalía apeló decisión de juez que dejó en libertad a cuatro exfuncionarios de alcaldía de Cartago

[12] Fiscalía General de la nación, Boletín enero 11 de 2011 “Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo”.

[13] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín No 1.181, noviembre 8 de 2011

[14] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa, Boletín 781, agosto 5 de 2011.

[15] Procuraduría General de la Nación, Boletín de prensa 513, mayo 18 de 2010 “Por no dar cumplimiento al manual de funciones, Procuraduría confirmó suspensión de Alcalde de Palmira (Valle del Cauca)”.

[16] Fiscalía General de la Nación, Boletín julio 4 de 2013 “Asegurados concejal y contratistas de Buga”.  

[17] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 14.648, julio 7 de 2016 “Intramuros para concejal de Restrepo y su esposa por varias falsedades”.

[18] Fiscalía General de la Nación, Boletín enero 11 de 2011 “Fiscalía acusa a alcalde de Yumbo”.

[19] Fiscalía General de la Nación, Boletín No. 18037, enero 30 de 2017 “Capturado exalcalde de Florida (Valle del Cauca).

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Comentarios  

fernando
0 # ¿Solo el valle?fernando 26-05-2017 23:38
Gran esfuerzo de un recuento histórico pero las palabras PUJANTE y DESARROLLO son autenticas de la oligarquia nacional que con ello disfraza su dominacion sobre el pais, o sea su finca fuente de riqueza, o acasp es diferente en Atlantico? o es diferente en Boyaca? o en Cundinamarca? No ese es el sello de una clase social fundamentada en la rapiña que tiene al pais como su finca para explotar exclusivamente en su propio provecho.
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