Del discurso al hecho: el control a las campañas presidenciales de 2018

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Caso Odebrecht por corrupción  en campañas políticas.

Sandra MartinezEl escándalo de Odebrecht y la creciente insatisfacción de los ciudadanos con la corrupción deberían llevar a un endurecimiento drástico de los controles sobre  financiación de las campañas, empezando con la carrera presidencial de 2018.

Sandra Ximena Martínez*

Política y dinero

Cada vez se han ido haciendo públicas más declaraciones de la empresa brasilera Odebrecht sobre la entrega irregular de recursos para financiar campañas presidenciales en varios países de América Latina. En estas declaraciones se ha hablado de la entrega de aportes para las campañas de Juan Manuel Santos (2010 y 2014) y de Óscar Iván Zuluaga (2014).

Este escándalo ha vuelto a poner sobre mesa una discusión que se reaviva con cada proceso electoral en Colombia: la relación intrínseca entre dinero y política, y la forma cómo esta relación puede llevar a la corrupción.

Infortunadamente, el financiamiento de las campañas electorales en Colombia es una fuente básica de corrupción, un factor de inequidad y restricción del derecho a ser elegido, e incluso un limitante para el ejercicio de la política.

Es un hecho que para participar en una campaña es necesario contar con grandes sumas de dinero. La contienda electoral ha llevado a que cada vez más las campañas se especialicen e incorporen nuevas herramientas de mercadeo político-electoral, tecnologías de información y publicidad masiva. Esto ha aumentado los costos y ha hecho necesario acceder a diversas fuentes para financiar las campañas.

Pero la cuestión no consiste en la necesidad de conseguir recursos – y ni siquiera se reduce a la cuantía de los mismos-,  sino en la forma de conseguirlos y controlarlos. En este sentido es fundamental tener cuidado con algunos aspectos clave de la financiación donmde también se encuentran buena parte de los problemas:  

  • El origen,
  • La equidad y transparencia en el acceso a recursos,
  • Su destinación,
  • La rendición de cuentas, y
  • La disposición al escrutinio ciudadano.

Nuestro sistema mixto

Santos en cumbre anticorrupción en 2016, aún no había sido salpicado por el caso Odebrecht.
Santos en cumbre anticorrupción en 2016, aún no había sido salpicado por el caso Odebrecht.  
Foto: Observatorio de Transparencia y Anticorrupción

Colombia tiene un sistema mixto para el financiamiento de campañas que permite cubrir  los gastos electorales con recursos de origen público y privado. Los primeros son entregados por el Estado, con el propósito de promover la inclusión y la equidad en la contienda electoral, y los segundos representan una fuente legítima de ingresos para fortalecer la contienda y para permitir la participación y manifestación de preferencias políticas.

Para el caso específico de las campañas presidenciales, la Ley 996 de 2005 estipula que la entrega de recursos públicos puede ascender hasta el 80 por ciento del gasto máximo permitido. Esto limita el monto total de los ingresos de origen privado a un 20 por ciento.

Además, para tener mayor equidad y blindar las elecciones presidenciales de la incidencia indebida de intereses privados, la Sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional prohibió los aportes de personas jurídicas. Esta prohibición no cobija a los créditos que pueden dar personas jurídicas y tampoco aplica para las campañas legislativas ni territoriales.

En la práctica los reportes no siempre recogen la totalidad de los ingresos ni de los gastos de las campañas. 

Pero los aportes privados, ya sea de personas naturales o jurídicas, ofrecen una oportunidad para que la corrupción permee el proceso electoral debido a la influencia de intereses particulares en el desarrollo de las campañas y, posteriormente, en la toma de decisiones de las autoridades una vez son elegidas.

Estos intereses pueden incidir en la definición de las normas, el manejo de los recursos y la adjudicación de los contratos, o pasar por encima del mandato principal de los gobiernos democráticos.

Lo anterior no quiere decir que todo aporte privado a las campañas sea una forma de sobornar para conseguir tratamientos especiales. Estos aportes también pueden ser un canal legítimo de participación política para favorecer la competencia electoral, pero siempre y cuando se entreguen con parámetros de transparencia y cumpliendo los requisitos de ley.

Fiscalizar el proceso

En cuanto a la rendición de cuentas, tanto el artículo 109 de la Constitución como las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 estipulan que esta debe ser pública. Pero la forma como debe hacerse esta publicación ha variado con el tiempo.

Actualmente es posible acceder a los reportes contables presentados por los candidatos a través del aplicativo web Cuentas Claras. Esta herramienta en formato web diseñada por Transparencia por Colombia, con el apoyo técnico y financiero del Instituto Nacional Demócrata, fue donada en 2011 al Consejo Nacional Electoral. Desde entonces el CNE la ha avalado como el mecanismo oficial para la rendición de cuentas de las campañas.

Además, el acceso público a esta información se ha convertido en una de las principales fuentes de consulta para elaborar informes y análisis sobre el financiamiento de las campañas, como los que ha hecho Transparencia por Colombia para las campañas territoriales de 2011 y 2015 y las campañas legislativas y presidenciales de 2014.

Mediante estos análisis se ha podido comprobar que – no obstante los principios de transparencia y veracidad que deben cobijar la rendición de cuentas de campañas-, en la práctica los reportes no siempre recogen la totalidad de los ingresos ni de los gastos de las campañas. En muchas ocasiones las cifras no corresponden a la realidad y estas se acomodan con el fin de no sobrepasar los límites de gastos permitidos.

Estas irregularidades, en la gran mayoría de los casos, se dan con la anuencia de los contadores y gerentes de las campañas, quienes firman los reportes contables dando fe pública de que lo allí reportado es cierto, así como de los candidatos, quienes son responsables de todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus campañas, incluyendo el financiamiento. 

Para las campañas presidenciales en cuestión, el problema frente a los aportes de Odebrecht no radica solo en el origen de estos, sino también en que en Colombia está prohibido que las campañas reciban aportes de empresas extranjeras. Además, de comprobarse que estos dineros entraron a las campañas, los topes de gastos máximos permitidos se habrían sobrepasado.

Estas irregularidades muestran la violación flagrante de buena parte de las normas establecidas para garantizar la equidad y la transparencia en la contienda electoral. Y como si fuera poco, la baja probabilidad de una sanción es uno de los principales incentivos para violar las disposiciones relativas al financiamiento de las campañas.

Con miras a 2018

Óscar Iván Zuluaga ha sido otro de los implicados en el caso Odebrecht por la financiación de su asesor Duda Mendoca.
Óscar Iván Zuluaga ha sido otro de los implicados en el caso Odebrecht por la financiación de su asesor Duda Mendoca. 
Foto: Canal Capital 

Por eso es urgente mejorar la aplicación oportuna y efectiva de las sanciones por financiación irregular de las campañas o por incumplimiento de la rendición de cuentas. Estas sanciones deben ser tanto para los candidatos y elegidos (pérdida de investidura) como para las organizaciones políticas (pérdida de la personería jurídica).

También es preciso mejorar los canales de acceso a la información sobre los antecedentes de quienes aspiran a ser avalados para las elecciones, de quienes conforman sus equipos de campañas y de quienes hacen donaciones y/o préstamos a las campañas.

Para esto es necesario fomentar la cooperación entre las entidades a cargo del manejo, seguimiento y control de los procesos electorales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, los órganos de control, el Ministerio de Interior y entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La adhesión retorica a la lucha contra la corrupción es una forma de no hacer nada contra esta.

No obstante, estas medidas tampoco funcionarán si no se crean mecanismos para evitar que los recursos privados lleguen por debajo de la mesa, si no se controlan los topes de gastos de las campañas, si no se ejercen mejores controles durante el desarrollo de las campañas y si no se involucra directamente a la ciudadanía en el proceso de monitoreo y control del financiamiento.

Si el principal tema de las campañas presidenciales de 2014 fue la búsqueda de la paz, para las próximas elecciones presidenciales todo parece indicar que adoptar la bandera de la lucha contra la corrupción será el camino preferido para buscar el favor de los votantes. Esta no es una tarea simple, la adhesión retorica a la lucha contra la corrupción es una forma de no hacer nada contra esta.

Enfrentar este problema debe ser mucho más que una estrategia de campaña, y más cuando, como lo muestra la reciente encuesta bimensual de Gallup, la tercera parte de los encuestados considera que la corrupción es el principal problema de Colombia.

Por esta razón, el primer acto de campaña para todos los que aspiran a participar en la contienda por la Presidencia de la República debería ser la total y completa transparencia en la financiación de sus campañas, la rendición de cuentas de manera oportuna, clara y veraz, la disposición para el escrutinio público y el cumplimiento absoluto de los requisitos de ley. Esa sí sería una muestra concreta de lucha contra la corrupción.

*Politóloga de la Universidad de los Andes con Maestría en Ciencia Política de esta misma universidad. Actualmente Coordina el Programa de Transparencia en la Política en la Corporación Transparencia por Colombia.

 

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Comentarios  

JUAN PABLO PAEZ B
0 # Diagnostico incompletoJUAN PABLO PAEZ B 26-04-2017 10:57
Creo que los controles escritos son suficientes pero ineficaces. Como la separacion de poderes en COL, se ahogan en el amigismo y los intereses politicos. ¿Se inmagina el fiscal Martinez investigando a Vargas? ARG,BR,PE, hasta en US Trump es controlado por los otros poderes y por la prensa. Aca es como en Venezuela: DINERO PARA LOS MIOS, POLITICA PARA LOS OTROS.
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