Mauricio Macri: un presidente investigado

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Presidente de Argentina, Mauricio Macri

Rodolfo MarianiAl jefe de Estado argentino le han salido varias investigaciones por presuntos abusos de poder en beneficio de empresas vinculadas con su patrimonio. La última de estas denuncias tiene que ver con la asignación de rutas aéreas a Avianca en Argentina. 

Rodolfo Mariani*

Rosario de problemas

El pasado miércoles 1º de marzo el presidente Mauricio Macri se enteró de que había una nueva causa penal en su contra, la sexta desde que asumió su cargo el 10 de diciembre de 2015.

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal n.º 1, Jorge Di Lello, lo imputó ante el juez Carlos Torres por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra el fisco y tráfico de influencias, por las presuntas irregularidades vinculadas a la concesión de rutas aéreas a un puñado de empresas, entre las cuales se encuentra Avianca.

Esta empresa de origen colombiano opera en la Argentina como Avian SA desde que en octubre pasado le compró a la familia presidencial su línea aérea Macair (acrónimo de Macri airlines) y FB (Flybondi).

En abril del año pasado Macri ya había sido imputado por el fiscal Federico Delgado por omisión maliciosa, primero, y por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, después, con motivo de la revelación de dos cuentas en el extranjero no declaradas, una mencionada en los Panamá Papers (Fleg Trading Ltd) y otra que apareció después (Kagemusha SA).

En la investigación sobre las filtraciones de Mossack Fonseca también figuran familiares del presidente, actuales ministros, el club Boca Juniors (del que fue presidente entre 1996 y 2007), su ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti (quien anteriormente fue ejecutivo del grupo Sociedad Macri —Socma—, propiedad  de la familia presidencial, y quien lo acompañó en su gestión en el club auriazul), entre otros allegados.

Oficialmente se dijo que Macri “no tuvo ni tiene participación en Fleg Trading”, que no la declaró porque no era un activo, que eran asuntos de su padre y que la empresa no tuvo actividad. Pero las investigaciones posteriores parecen contradecirlo. Más tarde aparecieron Kagemusha SA y varias decenas más de empresas radicadas en “paraísos” fiscales que forman parte de la investigación judicial.

Poco tiempo después la fiscal María Paloma Ochoa imputó a Macri ante el juez Daniel Rafecas, así como al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central, por presuntas irregularidades en el uso de la Letras del Banco (Lebacs) y en la emisión de deuda pública.

Según la fiscal, con la emisión de unos de 685.000 millones de pesos (unos 45.600 millones de dólares) de títulos de deuda de corto plazo (Lebac) a tasas del 40 por ciento anual, se habría manipulado "el verdadero valor de la divisa [...] causando perjuicios en la economía nacional y/o el erario público”.

La misma fiscal, el pasado 6 de noviembre, imputó ante el mismo juez al presidente y a varios funcionarios y empresarios por la celebración de un acuerdo secreto entre la Argentina y Qatar Investment Authority (QIA). Ese acuerdo puso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS, principal fondo público de la Argentina) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en manos de un administrador extranjero y con una estructura de empresas off shore.

El 13 de diciembre pasado el fiscal Guillermo Marijuan imputó al presidente ante el juez Ariel Lijo por la sanción del Decreto 1206 de 2016 que permite a los familiares directos de los funcionarios exteriorizar sus activos fugados si pueden justificar que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

El Decreto modificó radicalmente la Ley 27.260, sancionada a mediados del año pasado, que establecía expresamente que quedaban por fuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y “aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones”.

El proyecto originario de la Ley habilitaba a los familiares para blanquear y una parte de la oposición negoció el voto favorable a condición de que se estableciera taxativamente la prohibición para hacerlo. Esta Ley fue aprobada con ese límite (artículo 83) y el mencionado Decreto lo dejó sin efecto.

Líos en la tierra y en el aire

Aerolínea Argentinas.
Aerolínea Argentinas. 
Foto: Wikimedia Commons

2017 deparó tempranamente dos nuevas y graves imputaciones para el presidente y para varios de sus altos funcionarios. El fiscal Juan Pedro Zoni promovió la investigación judicial ante el juez Ariel Lijo contra el presidente, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad en el marco del acuerdo entre el Estado y Socma.  

Esta empresa (de la familia Macri) gestionó el Correo Argentino entre 1993 y 2003, momento en el cual se produjo la recisión del contrato por una deuda impagada de 295 millones de pesos.

El caso estuvo judicializado desde entonces y en junio del año pasado se celebró un acuerdo que fue objetado por la fiscal Gabriela Boquín por considerarlo “abusivo” contra el Estado. El acuerdo establecía que Socma pagaría solo el 1,18 por ciento de lo adeudado en cuotas de 25.000 pesos mensuales (unos 1.600 dólares) hasta el año 2033.

El 20 de febrero pasado, ante el creciente escándalo y la reacción de todo el arco político, el presidente anunció que se volvía “a fojas cero” en el acuerdo, pero no solo la investigación judicial continúa sino que, además, por cuerda separada, Socma inició acciones contra el Estado por supuestos perjuicios en su contra derivados de la re-estatización del Correo en 2003, con lo cual agregó nueva fojas al expediente.  

Finalmente, se conoció la imputación del fiscal Di Lello por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias, en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino.

La denuncia involucra a:

  • El presidente Mauricio Macri,
  • Su padre, Franco, titular del grupo Sideco,
  • El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis,
  • El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
  • El titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin,
  • El director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez,  
  • El director general de Logística de la Presidencia de la Nación, Carlos Cobas,
  • Además de los empresarios Germán Efromovich (CEO de Avianca), Carlos Benjamín Colunga (CEO de Avian) y el titular de “Unidos Air S.A.”, Diego Martín Colunga.

En 2016, Sideco (Macri) vendió Macair Jet, entonces dirigida por Carlos Colunga (histórico gerente del grupo Macri), a Avianca y así se formó Avian SA. Avianca solicitó rutas a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y esta le “autorizó la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas, en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas”.

Algunos sostienen que Isella Constantini fue despedida de la presidencia de Aerolíneas Argentinas porque estaba dispuesta a manifestare en la audiencia pública del pasado diciembre desaconsejando la cesión de estas rutas. Esta es una de las cosas que la justicia investiga y Constantini será citada a declarar como testigo.

Mientras tanto, parece claro que la política del gobierno no coincide con los intereses estratégicos de su aerolínea de bandera. Entre las cinco empresas de bajo costo que pujan por ingresar al mercado aerocomercial argentino o expandir su participación (American Jet, Andes, Alas del Sur, Avianca y FB-Flybondi) solicitaron 156 rutas (92 nacionales y 64 internacionales). A Avianca se le concedieron 26 rutas (todas las que pidió) y a FB 69 (de las 99 que pidió).

FB o Flybondi es una compañía creada a fines del año pasado, que no cuenta con infraestructura ni aviones, y que tiene un capital social equivalente a 96.000 pesos (apenas unos 6.000 dólares). Es por lo menos extraño que una compañía así haya recibido el favor sobre 69 rutas aéreas.

Quizás esto se explique por el hecho de que la empresa es propiedad del francés Richard Guy Gluzman, quien fuera socio en varios emprendimientos del actual secretario de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, y de Lucas Werthein, quien es actualmente asesor del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Entre las responsabilidades actuales de Mario Quintana hay algunas vinculadas con el transporte aéreo y con la financiación de Aerolíneas Argentinas. Su par en la Jefatura de Gabinete de Ministros y titular de la Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, es el exdirector de LAN. Además, el director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Carlos Martín Cobas, quien intervino en la negociación con las empresas y fue clave en la reciente redistribución de hangares en el aeropuerto porteño Jorge Newbery (a favor de Avianca y en perjuicio de Aerolíneas Argentinas) es exgerente de Macair y figura en la nómina de empleados de Avian SA.

Otro gobierno permeado por la corrupción

Estas causas se suman a otras que pesan sobre ministros y encumbrados funcionarios del gobierno Macri, entre las que hay escándalos regionales como el que involucra al actual jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, quien fue mencionado por Leonardo Meirelles en la investigación Lava Jato como receptor de cinco transferencias desde una cuenta en Hong Kong desde la que Odebrecht pagaba sobornos, por la misma época en la que la mega compañía brasilera ganaba una licitación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que conducía Mauricio Macri en 2008.

La corrupción es un tema global pero no son iguales las formas en que cada país lidia con ella. La tolerancia a la corrupción degrada la democracia casi tanto como la concentración brutal del poder y la sumisión de los gobiernos a los intereses concentrados.

Como corresponde en un Estado de derecho, la justicia tendrá que hacer su trabajo con las garantías del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia. Mientras tanto, parece claro que estamos ante un brumoso y expansivo escenario de puertas giratorias y promiscuidad de las relaciones público-privadas.

 

* Politólogo, investigador del CIEDAL, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.

 twitter1-1@RodiMariani

 

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