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El Ejército en su laberinto: corrupción y falsos positivos

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

En medio de las polémicas que enfrentan las fuerzas armadas, el presidente les impuso la Orden de Boyacá a la cúpula militar y al director de la policía.

Andres DavilaCuatro generales del Ejército han sido destituidos por presunta corrupción y participación en falsos positivos. ¿Qué está pasando?

Andrés Dávila*

Crisis institucional

Ni las Fuerzas Armadas ni, en especial, el Ejército Nacional, han podido conmemorar tranquilamente el bicentenario de la independencia.

Después de más de una década de gozar de buena imagen entre los colombianos, este año ha estado marcado por escándalos, noticias, crónicas y decisiones que vuelven a ponerlos en el ojo del huracán.

Durante los últimos años, las negociaciones con las FARC hicieron que, en materias militares, la discusión se centrara en cómo sería el Ejército del siglo XXI: las transformaciones necesarias, los cambios profundos en la doctrina, la construcción de un ejército multitarea y capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias… Pero a partir de este año, la imagen del Ejército puede ser muy distinta.

Hace apenas unos días, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció cambios significativos en la cúpula del Ejército. Cuatro altos mandos fueron retirados de sus cargos:

  • Los generales Adelmo Fajardo —segundo comandante del Ejército— y César Augusto Parra, por presuntos malos manejos del dinero de la institución;
  • Los generales Juan Vicente Trujillo y Francisco Javier Cruz, por investigaciones relacionadas con falsos positivos.

No obstante, para no caer en visiones injustificadamente dramáticas o catastrofistas, vale la pena preguntarse por la real dimensión del problema, por los factores coyunturales y de largo plazo, por las tensiones subyacentes y por las alternativas posibles para eventuales desenlaces.

El contexto

Históricamente, la Fuerza Pública colombiana ha sido relativamente pequeña y ha tenido pocos recursos. Se modernizó de forma tardía y culminó sus procesos de despolitización y profesionalización hacia fines del Frente Nacional, cuando se le dio autonomía en el control del orden público.

Pero aquel patrón histórico cambió desde finales de la década de los ochenta, cuando aumentaron sustancialmente el presupuesto y el pie de fuerza del Ejército y de la Policía. En una década, el gasto en seguridad y defensa pasó de ser inferior al 2 por ciento a ser alrededor del 4,5 por ciento del PIB, monto que se ha sostenido aproximadamente hasta hoy. Casi el 90 por ciento de ese gasto corresponde a salarios y operación logístico-administrativa.

Este crecimiento contrasta con el de los demás ejércitos latinoamericanos: mientras que nuestras fuerzas crecieron y se hicieron más robustas, países que eran tradicionalmente militaristas transitaron a la democracia y disminuyeron el tamaño de sus ejércitos.

Pero a partir de este año, la imagen del Ejército puede ser muy distinta. 

Bajo el gobierno de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002, Colombia aumentó la inversión en tecnología e inteligencia militar. Eso permitió recuperar la iniciativa en el conflicto armado interno, con fuerzas armadas disponibles 24/7, operaciones conjuntas y una mayor participación de la Armada y la Fuerza Aérea en el conflicto.

El actual comandante del ejército, General Nicacio Martínez, ha enfrentado escándalos por cuenta de las directrices que pedían entre otras, aumentar las bajas.

Foto: Procuraduría General de la Nación.
El actual comandante del ejército, General Nicacio Martínez, ha enfrentado escándalos por cuenta de las directrices que pedían entre otras, aumentar las bajas.

Con todo lo anterior, se avanzó decididamente en la derrota estratégica de las guerrillas y en la posibilidad de una negociación para poner fin al conflicto. Paradójicamente la reelección presidencial, que desbarajustó el entramado institucional, también sirvió para culminar ambas tareas: la derrota estratégica y la negociación de paz.

Adaptación y cambio

Por tradición histórica y peso institucional y político, el Ejército ha tenido un papel protagónico en Colombia No sin dificultades, ha sabido enfrentar distintas amenazas y retos. Con casi 250.000 hombres en armas —en gran parte, soldados profesionales—, esta institución ha estado detrás de lo que se denominó primero la recuperación del territorio y, luego, su consolidación.

Cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, el Ejército usó dos herramientas para proteger su credibilidad:

  • Que la Fiscalía acompañara las operaciones y efectuara las labores de policía judicial;
  • Una investigación disciplinaria interna que tuvo resultados —aunque discutidos— de manera relativamente pronta.

Haciendo honor a su subordinación al poder civil, el Ejército se comprometió con el Acuerdo de Paz, en cuya negociación participaron oficiales en servicio activo. Al mismo tiempo, adelantó una reforma institucional y un cambio en sus doctrinas.

El Ejército entendió que, aunque en La Habana no se discutieron su tamaño ni sus funciones, tenía que adaptarse y anticipar los cambios que traería el post acuerdo. Desde luego, en organizaciones jerárquicas tremendamente conservadoras, adversas al cambio e inerciales, estos cambios toman tiempo, y producen tensiones, divisiones y debates internos.

Como si fuera poco, los militares también aceptaron ser cobijados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las mismas condiciones que los demás actores del conflicto, pero en una posición distinta por haber sido portadores del uso legítimo de la fuerza.

Le recomendamos: Las cinco dudas de los militares respecto de la JEP.

Tensiones estructurales, divisiones coyunturales

Muchos sectores de la sociedad ven en la Fuerza Pública un monolito que marcha tras una doctrina de represión y violaciones a los derechos humanos. Pero la realidad no es tan simple.

El ejército colombiano está enfrentando una transición.

Foto: RTVC
El ejército colombiano está enfrentando una transición.

Como muestra la tesis doctoral de Samuel Rivera, próxima a publicarse, titulada Militares e identidad, la alta oficialidad de nuestra Fuerza Pública tiene una composición variada:

  • Pertenecen a estratos medios de la población. Eso se ha reforzado históricamente y en mayor medida en el Ejército, pues pertenecer a esta institución es visto como un mecanismo de ascenso social;
  • Como es común, sus miembros tienen una formación, una cultura y una experiencia conservadora y tradicionalista;
  • En lo económico, son proclives al modelo vigente, siempre y cuando no afecte sus derechos y beneficios adquiridos por servir al Estado.

Pero en lo político, sus posiciones no necesariamente se alinean en un solo sector o partido. Y mucho menos después de la despolitización bipartidista y de la sostenida prohibición de votar. Aunque algunos han visto en la reciente crisis del Ejército una pelea política entre la cúpula anterior y la actual, no es tan sencillo marcar una división.

Dado que el Ejército administra una gran cantidad de recursos, el riesgo de corrupción siempre ha estado allí. 

Las preferencias de la oficialidad se distribuyen en la nube de partidos y líderes de centro derecha. Desde 2002 o antes, algunos han sido uribistas declarados. Muchos encontraron en Álvaro Uribe el líder político esperado. Pero otros se mantuvieron distantes y más bien resintieron su modo de liderarlos. Otros sufrieron el embrujo y luego el desencanto. En la misma lógica, es difícil encontrar oficiales que se sientan a gusto con un político del estilo de Gustavo Petro.

Esto simplemente indica que no hay una línea política dominante. La paz, la JEP y el cumplimiento del Acuerdo de Paz han producido distintas posiciones y algunos realineamientos. Y a ello hay que agregarle los cambios generacionales: ya hay millenials en ascenso.

Sin embargo, puede trazarse una división entre los que insisten en el tapen-tapen; los que no lo comparten y se han atrevido a manifestarlo; y los que simplemente intentan proteger la institución en un equilibrio difícil de sostener. Como es obvio, no se trata de posiciones puras y distintas, sino que hay entrecruzamientos.

Lea en Razón Pública: Justicia militar, derecho de guerra y falsos positivos.

En consecuencia, parece que hoy estamos viviendo el agravamiento y profundización de tensiones que son estructurales, pero que se magnifican y se hacen públicas en relación con decisiones y divisiones coyunturales.

Ojo: no es la primera vez que esto ocurre y existen herramientas institucionales para controlar la crisis. Pero es necesario un buen manejo desde el alto Gobierno, y una limitación de las presiones políticas, como las que hacen con mucho ruido los alfiles del Centro Democrático y las voces más sonoras de los militares retirados.

Soldado con el uniforme de desierto

Foto: Facebook Ministerio de Defensa
Soldado con el uniforme de desierto.

Dado que el Ejército administra una gran cantidad de recursos, el riesgo de corrupción siempre ha estado allí. Sin querer exculpar a los actuales mandos, se trata de uno de esos problemas que van y vienen, que cambian de área y magnitud, y se hacen más visibles de vez en cuando.

Por eso, parece una infeliz coincidencia que las denuncias de corrupción se conozcan al tiempo que las denuncias sobre falsos positivos. Recordemos, además, que el Gobierno y la cúpula militar actuales han sido más bien ambivalentes respecto de los falsos positivos y, de hecho, han negado su origen.

Le recomendamos: ¿Volvieron los falsos positivos?

En todo caso, es necesario reconocer la reacción relativamente pronta de la cúpula militar y el Gobierno. Las decisiones parecen contundentes, pero aún quedan asuntos pendientes. Al final, la gran cuestión es qué tanta resiliencia tendrá el Ejército para afrontar este tipo de críticas y controversias, para adoptar decisiones en contravía de lo previsto y tramitar las tensiones internas.

* Politólogo de la Universidad de los Andes, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la FLACSO, México, profesor asociado y director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

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Comentarios  

Juan Carlos
0 # Parcialmente de acuerdoJuan Carlos 22-07-2019 16:08
La mal llamada crisis institucional es solo la derivación de circunstancias de juegos políticos, aprovechados por políticos sin decoro, para alcanzar ventajas políticas utilizadas en el momento justo para crear duda institucional y decrecimiento en la opinión ciudadana, en pro de intereses partidistas.

Cabe recordar que los ejércitos son instrumentos de la política, pero no pueden ser politizados porque su labor va más allá de los objetivos de partidos o gobernantes de turno, porque su producto final es lograr un estado de seguridad, para que el estado pueda funcionar libre de amenazas o perturbaciones dando paso a las que las instituciones encargadas de hacer el trabajo lo pueda realizar, actuado dentro de los marcos del apoyo a la autoridad civil cuando subsidiariament e es solicitado dentro de los canales institucionales ordenados por la ley.

De los errores y delitos cometidos en el pasado recordados frecuentemente cuando se quiere atacar frontalmente a la institución, le recuerdo que los nombrados falsos positivos no fueron políticas institucionales , quienes han cometidos delitos han sido judicializados y condenados (fuera de sus jueces naturales constitucionalm ente ordenados, lo cual es ilegal) que las investigaciones continúan en los entes que correspondan porque la principal política de la institución es la legitimidad y la única forma de mantenerla es con la trasparente acción de la ley basadas en fallos no en suposiciones de prensa.

Gracias al pueblo colombiano que se favorece del estado de seguridad que les brinda las FFAA, porque de parte de los políticos y periodistas oportunistas solo reciben promesas y comentarios que nada les soluciona ni mejora su situación de miedo y angustia ante el crimen y terrorismo.
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Fernando Acosta Rive
0 # Las Fuerzas ArmadasFernando Acosta Rive 23-07-2019 12:09
Una vez más el Ejército, sus dirigentes, acusados por corrupción. Es una institución que se caracterizó siempre por la Represión. Colombia no es una República. Es más bien un Estado simulador con escuelas de criminales. Desde Colombia se amenaza a los Bolivarianos de Venezuela y Bolivia. Sus gobernantes no tienen Dignidad, están arrodillados ante el Imperio Opresor. El próximo viernes nos manifestaremos en la Ciudad de México contra los Uribistas criminales que son los enemigos de los Bolivarianos de todo el mundo.

Atentamente,
Fernando Acosta Riveros, colombiano-mexi cano
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