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Por Hernando Gómez Buendía

Los enemigos de una política integral antinarcóticos

(Tiempo estimado: 6 - 11 minutos)

Cultivos ilícitos.

Sergio UribeUna política única y centralizada sería más eficaz en este asunto decisivo, pero varios actores poderosos dentro y fuera del país la obstaculizan. ¿Quiénes son y cuáles son sus motivos?

Sergio Uribe*

Una culebra difícil de matar

Según un conocido dicho popular, “para matar la culebra hay que cortarle la cabeza”.

Esa parece ser la filosofía de quienes emprendieron la lucha contra el narcotráfico en Colombia, encabezado inicialmente por Pablo Escobar y los jefes de los grandes carteles. Aquella lógica, al parecer evidente, encaminó los esfuerzos de interdicción hacia el único fin de cortar la cabeza de las organizaciones criminales.

Pero nadie pensó que, al apuntarle a la cabeza, sucedería lo mismo que le ocurrió a Damasén, el gigante de la mitología griega que debió enfrentarse repetidamente a la misma serpiente, porque después de cada muerte resucitaba gracias a un bebedizo que le suministraba otra serpiente. Pues esta metáfora describe bien la relación entre el narcotráfico y el crimen organizado.  

El narcotráfico es tan solo una de las cabezas de la serpiente; las otras cubren actividades tan diversas como tráfico de armas, contrabando, falsificación de productos, tráfico de personas y ciber-crimen.

El narcotráfico es tan solo una de las cabezas de la serpiente; las otras cubren actividades tan diversas como tráfico de armas, contrabando, falsificación de productos, tráfico de personas y ciber-crimen, de modo que el intento de destruirla es más un deseo que una realidad. Quizás nuestra mejor estrategia sería la de Hércules, quien logró dormir a una bestia parecida que se llamaba Cerbero. Pero quienes tratan de enfrentar a la bestia desde el Estado parecen estar enfrente de otra figura mitológica -Medusa, la que petrificaba con su mirada- pues así quedan ellos al constatar que sus esfuerzos de “extirpación” del narcotráfico fracasan y siguen fracasando.  

En mi artículo anterior de Razón Pública sugerí que este próximo gobierno procediera a crear una oficina única que evalúe, formule, coordine y supervise la ejecución de la política de drogas e informe al público sobre su evolución, con el propósito neutralizar a las múltiples cabezas del Cerbero colombiano. Sin embargo, hoy está claro que no hay voluntad política para aumentar de veras la eficacia de la lucha contra el crimen organizado en general y el narcotráfico en particular.

Puede leer: Colombia: nuevo panorama de la guerra contra las drogas.

Estrategias ineficaces

Política antinarcóticos.
Política antinarcóticos.
Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

El gobierno Santos ofreció una respuesta insuficiente al anuncio de un aumento sustancial de los cultivos ilícitos: un programa –que no logrará aplicar– de aspersión de cultivos con drones. Se desconoce si la propuesta originada en el ministerio de Defensa y ratificada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) consistía en una política o en una estrategia: la política es una decisión permanente del Estado, mientras que la estrategia es una respuesta a un problema temporal.  

Como argumenta Ricardo Vargas en esta misma edición de la revista, la propuesta de la administración Santos obedece a un intento por congraciarse con los doctrinarios en el círculo de  Trump, y además mete a la entrante administración Duque en la trampa de quienes lo han precedido: una política antinarcóticos monotemática que ataca la cola de la culebra (campesinos y cultivos) y no la cabeza (organizaciones criminales) que se enriquece, corrompe y compite con el Estado por el control territorial.

Dicha estrategia está condenada al fracaso, no por falta de voluntad sino por un problema de visión: cree que el problema son los cultivos y los campesinos, y no el narcotráfico y el crimen organizado. 

Una política seria debe ser diseñada sobre la de evidencias sólidas y estadísticas confiables. Un ejemplo de la falta de rigor de la política actual son las cifras que barajan los discursos. Reducidos a su expresión más sencilla, esos números indican que el potencial de producción de cocaína en 2017 fue de 991 toneladas y que Colombia decomisó 481, de lo cual se deduce que al mercado llegaron 500 toneladas. Los errores de dicho análisis son:

  • No se analiza la oferta de cocaína desde la perspectiva de la pureza;
  • No se descuentan los decomisos mundiales;
  • No se analiza la pureza en los mercados terminales (calles de Madrid, Londres Nueva York, etc.) y mucho menos de cargamentos incautados tanto en Colombia como en el exterior;
  • No considera el principio fundamental de la ley de la oferta y demanda: a menor oferta mayor el precio y menor la calidad. 

Sin una comprensión integral del mercado, el número de 500 toneladas no dice absolutamente nada. De hecho, una de las primeras críticas de la estrategia de Santos fue esbozada cuando alguien observó que esos drones pueden ser derribados con cauchera o con un balón de fútbol y buena puntería. Ninguna estrategia será efectiva si ni siquiera la opinión pública confía en ella.  

Por otra parte, se rumora que los drones que planean utilizar son sumamente costosos y presentan problemas técnicos: aparentemente el dron exhibido por los medios costó tres veces más que un dron importado y especializado, pese a adolecer de escapes y filtraciones.

De ser cierto esto, debemos recordar los famosos Papeles del Pentágono donde constaba que   contratistas militares de  Estados Unidos cobraban hasta 2.500 dólares por un asiento de un inodoro  en un B52. El dron de la referencia fue diseñado por la Fuerza Aérea y un contratista privado que tenía lazos con las fuerzas armadas: segundo enemigo, la corrupción y el despilfarro de los recursos.

El gobierno de Trump recibió el triunfo de Iván Duque con la exigencia de reducir los cultivos. No se ha hecho referencia a los mal llamados “éxitos” relacionados con la interdicción, pues ellos son conscientes de que la oferta de cocaína ha tendido más bien a aumentar en los últimos años.  Es evidente que, si la oferta hubiera disminuido, los números de la Oficina de la Casa Blanca de Política para el Control de Drogas (ONDCP) habrían sido diferentes.

Por lo pronto –y a pesar de la reducción de la oferta que alega Santos- los casos por intoxicación de cocaína y su nivel de pureza en las calles han aumentado, como Ricardo Vargas explica con algún detalle en esta misma entrega de Razón Pública

Los registros de la pureza de decomisos muestran que los grandes cargamentos tienden a tener una concentración menor que la comercializada por intermediarios y la que se distribuye en las calles. La primera tiene tan sólo un 50 o 60 por ciento, mientras que la segunda llega al 75 por ciento y la tercera alcanza un 66 por ciento. A pesar de esta situación y del “éxito” del gobierno Santos, resulta curioso que el precio por gramo no haya tenido variaciones significativas en los últimos años.

Los opositores y sus razones

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.   
Foto: Embajada de Estados Unidos en Honduras 

Todo indica que la ONDCP entiende que el problema no está en la producción o los cultivos en Bolivia, Colombia o Perú, sino en el tráfico que ellos no han podido controlar.

Sin embargo, una política dura contra los cultivos lava las manos de la administración Trump y desvía la atención de los fracasos en los otros frentes: la demanda y la interdicción.

Sin embargo, hoy está claro que no hay voluntad política para aumentar de veras la eficacia de la lucha contra el crimen organizado en general y el narcotráfico en particular.

La manera de enfrentar el problema en Estados Unidos no es racional pero sí es entendible, porque es la más simple y la políticamente más vendible.  Así, después de los carteles y la burocracia colombiana, el tercer enemigo de una política centralizada es el gobierno de Estados Unidos pues prefiere una estrategia simplista en lugar de un abordaje integral del asunto.

Encuentre en RP: Estados Unidos y su propio problema de drogas.

Hay otros enemigos más pequeños, pero cuyos intereses se verían afectados por la unificación y centralización de la política bajo un Zar antinarcóticos, a saber:

  • La Fiscalía que se opone a casi todo lo que no corresponda a las prioridades o intereses políticos del Fiscal del momento, además de competir con la Policía y los ministerios de Justicia y Defensa por los recursos de cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico.
  • Los ministerios de Salud y Medio Ambiente, junto con las ONG ambientalistas que se rehúsan a evolucionar en asuntos como el uso de glifosato. Los estudios más recientes han descartado que sea cancerígeno -y como resultado la Unión Europea (UE) nuevamente permitirá su uso-.
  • La UNODC, pues pasaría de ser el ejecutor de programas muy costosos a ser asesor en materia de políticas antinarcóticos y a supervisar el cumplimiento de las convenciones internacionales, función que nunca debió abandonar. UNODC perdería en especial el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), un proyecto originado por la UE con el fin de crear bases sólidas para medir la magnitud de los cultivos en los países del área Andina pero que, en el mediano plazo, debería convertirse en un programa nacional. Información es poder, por eso quien maneja el SIMCI tiene poder.
  • La Agencia Presidencial de Cooperación (APC) se vería afectada porque antes negociaba con cierta autonomía los programas de las agencias multilaterales y gobiernos amigos que también trabajan directamente con entidades colombianas que están fragmentadas. Esta cooperación ha llegado a departamentos, municipios, y comunidades sin estar integradas bajo una política estatal.
  • Los gobernadores y alcaldes que se benefician del caos en el nivel central que les ha otorgado autonomía sobre un problema nacional. La oposición a retomar el glifosato por parte de los alcaldes de Quibdó y Tumaco, así como del gobernador de Nariño, es un ejemplo del problema. Irónicamente, estos funcionarios desconocen que uno de los mayores consumidores de glifosato en sus jurisdicciones son los cultivadores de coca, quienes lo aplican sin control alguno.

Finalmente, en mi artículo anterior mencioné que los poderes locales se oponen a todo lo que sea parte de la lucha contra el narcotráfico. Esto se debe a que fuera de los empleos generados por los gobiernos locales hay pocas posibilidades de crear puesto de trabajo en el campo colombiano. La incapacidad de crear polos de desarrollo o emprendimiento entre las comunidades más apartadas es un obstáculo para esas poblaciones.

En ese orden de ideas, la oficina que dirigirá los retos del narcotráfico deberá retomar ideas como las de familias guardabosques y premiar a quienes denuncien e identifiquen a los intermediarios que suministran insumos, compran y procesan la coca en sus regiones. Sólo así será posible ejecutar una política de drogas realmente efectiva.

*Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
@suribe52

 

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