Extradición “democrática”

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Aprueban extradición de Andrés Felipe Arias.

Sebastian_ZuletaEl caso del exministro Arias permite evaluar los claroscuros de este mecanismo. Por una parte el narcotráfico puede tener más castigo que las masacres de los paramilitares, pero por otro lado Colombia puede castigar a sus grandes delincuentes. 

Sebastián Zuleta*

El caso Arias

El pasado 28 de septiembre, John O’Sullivan, magistrado del Distrito Sur de la Florida, avaló la solicitud de extradición de Andrés Felipe Arias, elevada por el Gobierno colombiano desde noviembre del 2014, cuando se ratificó que el exministro había abandonado Colombia y solicitado asilo político en Estados Unidos aduciendo, entre otras razones, su condición de “perseguido político”.

En septiembre del 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro a diecisiete años de prisión y a pagar una multa de 30.800 millones de pesos por haber incurrido en los   delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Dicha imputación se derivó de su papel en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), donde se presentaron irregularidades y malversaciones por cerca de 280.000 millones de pesos, cuando Arias estaba al frente de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural.

Si bien Arias había adelantado los trámites pertinentes y le había sido otorgado asilo temporal en Estados Unidos, el 24 de agosto del 2016 fue capturado en su residencia en la ciudad de Miami, luego de que él y sus abogados libraran una batalla jurídica entorno a la solicitud de extradición del Gobierno colombiano.

Para la defensa del exministro, no existía un tratado de extradición vigente entre ambos Estados, dado que este había sido declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia colombiana en 1987. Dicho argumento fue suficiente para que la Corte del Distrito Sur de la Florida le otorgara libertad bajo fianza el 17 de noviembre de ese año mientras se adelantaba el juicio de extradición.

Al respecto, la Cancillería colombiana se pronunció a través de un comunicado del 19 de diciembre del 2016, donde afirmaba que “el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado. Se aclara que las declaratorias de inexequibilidad efectuadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia de las leyes aprobatorias de este Tratado, solo tienen efectos internos para Colombia y, por ende, es procedente que los Estados Unidos de América autorice una extradición con fundamento en el Tratado de 1979, tal como lo ha hecho en casos anteriores”.

Dicho juicio se adelantó según los procedimientos ordinarios en Estados Unidos, y el pasado 23 de junio la defensa de Arias presentó un memorial de descargos donde expuso las razones para oponerse a su extradición. Entre estas razones se destacan su supuesta condición de “perseguido político”, la falta de competencia de la Corte estadounidense para pronunciarse sobre la extradición, dada la inexistencia de un tratado vigente, y su supuesta inocencia frente a los cargos que se le imputaron y por los cuales fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Para el fiscal adjunto del caso, Benjamin B. Greenberg, quien representaba los intereses de las autoridades colombianas, dichos alegatos carecían de fundamento y como respuesta, el pasado 21 de julio, sostuvo la procedencia del trámite de extradición, aduciendo entre otras razones:

  • El reconocimiento reiterado por ambos Estados de la vigencia del tratado de extradición,
  • Que una eventual excepción frente a la procedencia de dicho trámite implicaría el reconocimiento tácito de que todos los tribunales que anteriormente hubieran avalado la extradición de una persona solicitada por el gobierno de Colombia o el de Estados Unidos habrían actuado más allá de sus poderes.
  • Que los argumentos y excepciones presentados por la defensa del exministro fueron esencialmente políticos y, por tanto, no podrían ser objeto de revisión judicial.

Frente a lo anterior, el magistrado John O’Sullivan, en audiencia el pasado 28 de septiembre, revocó la libertad bajo fianza que se le había concedido a Arias, ordenó su captura con fines de extradición y autorizó su realización a la mayor brevedad posible.

No es un mal negocio

Ex Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Ex Gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
Foto: Gobernación de Córdoba 

La extradición de Andrés Felipe Arias sentó varios precedentes importantes en la historia de dicho mecanismo entre Colombia y Estados Unidos.

La extradición, entendida por nuestra Corte Constitucional (sentencia C-460 de 2008) como un “mecanismo de cooperación internacional a través del cual se busca evitar la impunidad y perseguir a los posibles responsables y condenados por conductas delictivas”, ha sido tradicionalmente usada en Colombia como una herramienta en la lucha contra las drogas ilícitas.

Vale la pena señalar que la extradición tiene dos modalidades de ejecución: por un lado, cuando un Estado eleva la solicitud de extradición (activa) y, por otro, cuando el Estado recibe dicha solicitud (pasiva).

Es claro que en Colombia la extradición ha sido empleada sobre todo como un mecanismo pasivo, es decir, que en la mayoría de los casos Colombia ha fungido como Estado requerido, mientras que Estados Unidos, en un mayor número de ocasiones, ha solicitado la extradición de sindicados y condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.

La extradición ha sido tradicionalmente usada en Colombia como una herramienta en la lucha contra las drogas ilícitas. 

A pesar del subregistro y las dificultades para acceder a información confiable, se ha podido establecer que en el último periodo de vigencia de la extradición entre Colombia y Estados Unidos (es decir, desde 1997 hasta nuestros días), algo más de 80 personas habían sido solicitadas en extradición por Colombia (principalmente por narcotráfico); sin embargo, es difícil determinar cuántas solicitudes fueron efectivamente concedidas. En contraste, únicamente entre el 2011 y 2016, nuestro país había concedido la extradición de aproximadamente 960 personas sindicadas y condenadas por crímenes asociados con el narcotráfico.

Adicionalmente, no existen criterios claros y uniformes sobre las condiciones en que son extraditados y enfrentan la justicia estadounidense los colombianos sindicados de diversos crímenes, particularmente cuando estos no se relacionan con el narcotráfico.

La “democratización” de la extradición

Expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a Andrés Felipe Arias en el lanzamiento del programa Agro Ingreso Seguro -AIS-.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a Andrés Felipe Arias en el lanzamiento del programa Agro Ingreso Seguro -AIS-. 
Foto: Histórico Presidencia de la República 

Los casos de Andrés Felipe Arias y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, son de especial interés porque se trata de antiguos funcionarios públicos, prófugos y condenados por crímenes relacionados con la corrupción en Colombia.

Si bien hasta la fecha la extradición activa en Colombia sigue siendo un mecanismo poco usado, la actual coyuntura ha obligado a nuestras autoridades a recurrir a aquella con mayor asiduidad, con el fin de consolidar una verdadera política contra todo tipo de crimen.

Quienes han sido condenados por crímenes de diversa índole en Colombia y que son solicitados en extradición a Estados Unidos tienden a recibir un trato distinto del de sus pares que permanecen en territorio de nuestro país.

Precedentes como los que se derivan de la extradición del exministro de Agricultura deben ser tenidos en cuenta para replantear la manera como las autoridades colombianas hacen uso de la extradición.

El caso de los paramilitares es un ejemplo importante.  El gobierno Uribe recurrió a la amenaza de la extradición como una herramienta para estimular la desmovilización y el sometimiento a la justicia de los comandantes de las AUC. Pero ante la continuada actividad delictiva de los comandantes encarcelados y por presión de Washington, Uribe procedió a autorizar su extradición a Estados Unidos. 

En esa ocasión la Corte Suprema de Justicia tuvo que sopesar la entidad de los crímenes objeto de la solicitud de extradición frente a la gravedad de los crímenes cometidos por los paramilitares y la satisfacción de los derechos de las víctimas.  En su Auto del 31 de julio de 2008 radicado bajo el número 28503, la Corte sostuvo que “en casos como el que ha originado el presente debate, se impone sopesar […] el interés particular en juego del aludido mecanismo de cooperación internacional respecto de los fines que alientan la Ley de Justicia y Paz, ya que la entidad de los ilícitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley que involucran masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, entre otros, imprime prevalencia al derecho internacional de los derechos humanos, frente a dicho instrumento de colaboración para la lucha contra la delincuencia”.

Paradójicamente, delincuentes como Andrés Felipe Arias o Alejandro Lyons han encontrado en la justicia estadounidense una oportunidad para desestimar y evadir los cargos que se les han imputado y por los cuales han sido condenados en Colombia.

Sin embargo precedentes como los que se derivan de la extradición del exministro de Agricultura deben ser tenidos en cuenta para replantear la manera como las autoridades colombianas hacen uso de la extradición y, particularmente, como se garantiza el principio de reciprocidad que subyace en la idea de este instrumento en cuanto mecanismo de cooperación en materia judicial.

* Magíster en Derecho Internacional, consultor y catedrático.

 

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Comentarios  

Jorge Victoria
0 # PsicoanalistaJorge Victoria 09-10-2017 15:51
Alvaro Uribe Velez protector del exministro igualmente debe ser judicializado por narcotrafico, esta en la lista Clinton No 82
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