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Por Hernando Gómez Buendía

Los integrantes de la justicia transicional: ¿cómo van a escogerse?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Sala de Casación Penal designa representante en Comité de Escogencia para la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso es el magistrado Francisco Acuña.

Marcela Briceño-DonnEl Comité de Escogencia ya está funcionando y por eso es imperioso vigilar su gestión, para que los altos funcionarios del sistema actúen con la probidad y la independencia que exige su misión tan delicada.

Marcela Briceño-Donn*

Dos métodos de escogencia

No hay un método a prueba de errores para escoger a los integrantes de las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), ni tampoco hay un método perfecto para escoger a las personas encargadas de escoger a aquellos funcionarios.

Por eso se han propuesto muchos métodos distintos, que pueden agruparse bajo dos modalidades: la selección directa por las partes en conflicto, y la consulta con un grupo más o menos amplio de entidades o partes interesadas.

  • En algunos países los nombramientos han sido realizados directamente por el poder ejecutivo, como ocurrió en Argentina, Chile, Perú, Brasil y Marruecos.
  • En otros países se ha recurrido a procedimientos de consulta para asegurar la representatividad de los escogidos; así ocurrió en Sudáfrica, Sierra Leona, Liberia, Timor Oriental y Kenia.

En el caso de Colombia la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas –cuyos integrantes fueron designados por las partes en la mesa de La Habana– resultó ser un valioso ejercicio académico sin repercusiones sociales ni políticas. La Comisión no elaboró un informe de consenso ni propuso una explicación integral que respondiera a su objetivo de aclarar la historia del conflicto. Es un error del cual sería preciso aprender para efectos futuros.

En cuanto a las entidades que forman el SIVJRNR, el Gobierno y las FARC acordaron crear un Comité de Escogencia cuyos miembros serían designados por un grupo de instituciones nacionales e internacionales ampliamente reconocidas. Este método sin duda tiene grandes méritos, especialmente frente a la polarización y la obstinación de algunas fuerzas políticas en Colombia. Es factible imaginar lo que pasaría en Colombia si el presidente designara unilateralmente a los miembros de estos órganos

Pero por otra parte, como señala  Pablo de Greiff, la experiencia ha demostrado que los órganos de selección que intentan garantizar una amplia representación, además de demandar mucho tiempo, implican el riesgo de que los conocimientos técnicos de quienes dirigen las comisiones queden en un segundo plano con respecto a su afiliación política. Esto evidentemente incidiría sobre los resultados finales del mecanismo y sobre su poder de transformar la sociedad.

El Comité y sus primeras tareas

Reparación, como ítem importante en la Justicia Transicional.
Reparación, como ítem importante en la Justicia Transicional. 
Foto: Justicia Transicional 

El Comité de Escogencia propuesto en el acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y su conformación fue definida en el Decreto 587 de 2017. El Comité está compuesto por cinco miembros:

Comité de Escogencia cuyos miembros serían designados por un grupo de instituciones nacionales e internacionales ampliamente reconocidas. 
  • José Francisco Acuña Vizcaya, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;
  • Diego García Sayán, nombrado por el secretario general de Naciones Unidas;
  • Claudia Vaca, delegada de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado;
  • Álvaro Gil Robles, nombrado por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y
  • Juan Méndez, designado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El Comité fue instalado el pasado 20 de abril, en medio de las críticas de algunos por la presencia de integrantes extranjeros. Las primeras acciones del Comité consistieron en ratificar al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en consultar a organizaciones de la sociedad civil para recibir propuestas sobre criterios y procedimientos para los varios procesos de selección. Se prevé que el Comité opere durante seis meses con la posibilidad de una prórroga de dos meses, lo cual supone que finalizará su encargo a más tardar el 20 de diciembre.

El 4 de julio el Comité hizo las primeras convocatorias para seleccionar a 51 magistrados para el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia de la JEP, al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y al director de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estos procesos de selección finalizarán entre fines de septiembre e inicios de octubre.

Quedan pendientes las convocatorias para escoger a los miembros de la Comisión de la Verdad, la terna de candidatos para dirigir la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y a los juristas extranjeros que actuarán como consultores (amicus curiae) ante la JEP.

¿Cómo lograr un buen proceso de selección?

Firma de la Comisión de la Verdad.
Firma de la Comisión de la Verdad.  
Foto:  Presidencia de la República

Aunque el Comité ha difundido las convocatorias e instructivos del procedimiento para aplicar a las vacantes abiertas, aún no ha publicado las reglas de funcionamiento previstas en el Decreto 587. Para efectos de transparencia y coherencia es deseable que publique dichas reglas lo más pronto posible.

También es importante asegurar el cumplimiento de los criterios internacionales de independencia judicial, como lo ordena el Decreto, y en concordancia con el Principio 10 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de Naciones Unidas, así:

  • “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
  • Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos.
  • En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio”.

Por otra parte, la redacción del Decreto en cuanto a las mayorías requeridas para la escogencia de miembros del Sistema puede causar confusión. Dice en efecto el Decreto que la selección se hará por mayoría de los miembros del Comité “participantes en la votación”; esto sugiere que no será el Comité en pleno sino las personas presentes quienes tomarán la decisión,  o sea que dos o tres miembros del Comité podrían acabar escogiendo a los altos funcionarios del Sistema Integral. Aunque parece ser un problema de mala redacción, es necesario que el Comité aclare que las decisiones de selección deben ser tomadas por la mayoría calificada del órgano en pleno, sobre todo porque se trata de un Comité integrado solo por cinco personas.

Por el lado positivo habría que destacar el hecho de que en las convocatorias que hasta ahora se han abierto se indica que los aspirantes solo pueden inscribirse en una de ellas. Esto es una garantía de seriedad y evita la odiosa y común práctica de inscribirse a todas las vacantes para lograr clasificar sin importar los requisitos exigidos para los cargos.

Asegurar el cumplimiento de los criterios internacionales de independencia judicial.

No obstante, en el diseño de las convocatorias hace falta considerar un enfoque diferencial más amplio con respecto a la experiencia y conocimientos que deben tener las personas interesadas en ser parte de los mecanismos. Si bien se menciona el enfoque diferencial como criterio para la selección de los aspirantes no hay referencia expresa a la necesidad de que se vinculen personas con amplia y reconocida experiencia en el trabajo con:

  • Niñas, niños y adolescentes;
  • Adultos mayores;
  • Mujeres;
  • Población LGBTI;
  • Personas con discapacidad, y
  • Minorías étnicas.

Estos son los sectores más afectados por el conflicto y han sido ignorados una y otra vez. Por eso es tan importante garantizar que en este caso haya expertos que conozcan y apliquen estos enfoques.

Además de lo anterior, tanto la experiencia internacional como los aportes hechos por diferentes sectores sugieren la importancia de que el Comité de Escogencia se comprometa con una publicidad y transparencia que vaya más allá de la divulgación de convocatorias y de la posibilidad de que los ciudadanos hagan observaciones. En relación con este punto, clave para la legitimidad, es deseable que el Comité publique las hojas de vida de los preseleccionados –que es un requisito formal–, así como el texto con su motivación para aspirar al cargo. De este modo las observaciones ciudadanas pueden tener como base elementos de juicio concretos y objetivos frente a los aspirantes.

En este mismo sentido, las personas seleccionadas para entrevistas deberían participar en una audiencia pública transmitida por streaming, de manera que la ciudadanía pueda conocer la autoridad moral de los aspirantes, así como su idoneidad para ejercer el cargo al que aspiran. Así lo sugirieron muchos de quienes participaron en las consultas del Comité y lo recomendaron los expertos sobre la base de la experiencia comparada.

Además, las selecciones realizadas por el Comité de Escogencia deberían estar acompañadas de las razones por las cuales fueron hechas. Estas razones podrían incluir, por ejemplo, los porcentajes de calificación asignados a cada criterio. De esta manera no habrá dudas acerca de la seriedad y el rigor del proceso de selección.

Es importante tener presente que, como lo expresó de Greiff, el poder de organizaciones como las que conformarán el Sistema Integral depende en gran parte de la autoridad moral y de la competencia de quienes las integran. Ojalá el Comité de Escogencia y los aspirantes a hacer parte de los mecanismos asuman con seriedad y responsabilidad este proceso de selección decisivo para el buen desarrollo del Sistema Integral y para la confianza ciudadana.

 

* Abogada especialista en derechos humanos.

 

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