Contratos de las gobernaciones en el SECOP

Las gobernaciones son órganos de la Rama Ejecutiva. Hacen parte de las entidades territoriales: como todas las entidades públicas, deberían reportar su contratación en el Sistema de Contratación Pública (SECOP).

Entre el 2010 y el 2020, hubo 2.235.150 contratos liquidados en el SECOP; específicamente, 163.121 fueron contratos de las gobernaciones. La gráfica 1 sigue los contratos año a año, junto con el porcentaje de contratos de las gobernaciones sobre el total de contratos de las entidades territoriales.

Como lo muestra la gráfica 1, el porcentaje los contratos de las gobernaciones tiende a decrecer: para el 2010 representaba un 12,9 %, pero para el 2020 alcanzó el 2,1 %. Esto es una caída de 10,8 %.

La participación de los contratos de gobernaciones fue de 8,8 % sobre el total de contratos de entidades territoriales, durante el periodo de análisis.

El SECOP tiene información incompleta e incoherente

La completitud y coherencia son prioritarias en los sistemas de información. En este caso, hay que seguir la trayectoria de los contratos según sus variables presupuestales: si se ahorra o se gasta más de la cuenta en la contratación pública.

Con respecto al valor del proceso y el valor del contrato, pocos contratos tienen valor de 0:

• para la variable de valor del proceso, en promedio, 0,8 % de los contratos tienen un valor de 0;
• para la variable valor del contrato mantienen la misma proporción.

Con respecto a la variable valor total de contrato con adiciones, preocupa que este indicador aumente de manera drástica y exponencial: en promedio, esta participación es igual a 86,2 %. En otras palabras, no se puede hacer un seguimiento final al 86,2 % de los contratos, porque dicha información es igual a 0.

Que el 86,2 % de la información no esté disponible para el análisis pone en duda si las entidades públicas —específicamente, las gobernaciones— manejan bien el presupuesto público.

Esta falta de información perjudica los indicadores de gasto y ahorro en la contratación pública.

Desproporción entre ahorro y gasto

En columnas anteriores se han analizado estos tres indicadores:

Si cualquiera de estos tres indicadores es mayor a 1, la entidad territorial responsable del contrato gastó más de lo presupuestado. Si es exactamente igual a 1, gastó exactamente lo que había presupuestado. Por último, si es menor a 1, ahorró, pues gastaron menos de lo presupuestado. El primer indicador no tiene en cuenta las adiciones al contrato. Por eso, podría ser engañoso; indica que 81,61 % de los procesos no producen un ahorro ni un gasto extra: gastaron lo presupuestado.

Pero, en realidad, son los otros dos indicadores los que revelan realmente el gasto y el ahorro en las entidades territoriales.

Según el indicador 2, se gasta más de la cuenta en 97,53 % de los casos; según el indicador 3, en 97,64 %. Esto significa que, en alrededor del 97 % de los contratos, se gasta más de lo que se presupuesta.

Ahora veamos la mediana del gasto adicional en los contratos que sobrepasan su presupuesto:

Indicador	Mediana
Indicador 1	1,13
Indicador 2	2,95
Indicador 3	3,00

A su vez, el promedio de estas tres medianas es 2,36: los contratos que sobrepasan su presupuesto gastan 2,36 veces lo planeado.

La gráfica 2 muestra, periodo a periodo, el comportamiento de los contratos según el uso del presupuesto. Es significativo que la mayor región corresponda a los contratos en los que se gasta más de la cuenta.

Y, al igual que en anteriores columnas, la estimación del coeficiente de Gini da pistas sobre la concentración de ingresos en la contratación. Indica que se debe analizar con lupa por qué hay altos valores del coeficiente de Gini en las entidades públicas.

No es diferente el Gini de las gobernaciones: en promedio, durante el periodo de análisis toma un valor de 0,83 —que es muy similar al de las entidades nacionales (0,84)—.

Los resultados de completitud, coherencia, razón de ahorro y gasto —junto con el Coeficiente de Gini— son alertas para la contratación pública. Este es un comportamiento sistemático tanto en entidades nacionales como territoriales, y en este caso, con las gobernaciones.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.