230 incendios forestales en enero, más de 4.000 hectáreas de bosques perdidas. La nueva legislación ha resultado insuficiente. Hacen falta más esfuerzos en cultura ciudadana.
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Incendios previsibles Tres años de fuertes lluvias — que ocasionaron innumerables inundaciones y dejaron damnificados por todo el territorio nacional — dan paso ahora a una ola de sequía causada por el fenómeno ENSO (El Niño Southern Oscilation), que no se había presentado desde 2009. Esta situación obliga a preguntarse qué tan preparado está el país para prevenir y atender los desastres ocasionados por estos otros fenómenos climáticos.
Durante las últimas semanas, los medios transmitieron imágenes de incendios forestales en gran parte del territorio nacional. En la mayoría de los casos resultó muy difícil extinguir el fuego. Han sido notorias la escasez de recursos humanos, físicos y de herramientas legales, la descoordinación entre entidades locales, departamentales y nacionales, y la falta de cultura ciudadana para hacer frente a fenómenos que ocurren simultáneamente en diferentes regiones. El origen de estos incendios guarda una clara relación con un mal uso del suelo: las condiciones climáticas extremas agudizan y ponen en evidencia su impacto sobre la vegetación, sobre los nutrientes del suelo, sobre el ciclo del carbono y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que alrededor del 90 por ciento de estos incendios tiene una causa antrópica. Los niveles de impunidad también superan el 90 por ciento. Las denuncias poco frecuentes, cuando las hay, conducen a penas laxas en dos sentidos: por un lado, débiles sanciones económicas impuestas por la autoridad ambiental; por otro lado, penas de prisión, que teóricamente van de 1 a 12 años, pero que en la práctica raramente se aplican. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el periodo 2002–2012 la superficie afectada por incendios de vegetación fue de 32.446 kilómetros cuadrados. Según Dolors Armenteras, “la superficie afectada por el fuego en el país se distribuye por todo el territorio nacional, pero con un claro énfasis en las zonas de los Llanos, el Caquetá y la región caribe”. Conviene saber que en cerca de 50 por ciento de los municipios del país no se cuenta con un cuerpo de bomberos; donde los hay, estos distan mucho de ser profesionales y de disponer del equipamiento necesario. Las conflagraciones finalmente han podido ser controladas por la acción de las autoridades y la ayuda de la ciudadanía. Pero la limitación de recursos técnicos y humanos no ha permitido controlarlas con más prontitud: el impacto ambiental y social provocado por estos desastres hubiera podido ser menor. La nueva legislación Si lo que iba a suceder era previsible, ¿por qué no fue evitado? Para responder esta pregunta es necesario revisar el marco jurídico nacional en materia de prevención y atención de desastres. Hasta 2012, el país se regía por el decreto 919 de 1989, concebido precisamente para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante cualquier desastre.
La nueva ley 1523 de 2012 va más allá: propone crear un sistema para la gestión del riesgo de desastres, entendida como un proceso social orientado a la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y de otras acciones permanentes que permitan identificar con anticipación los riesgos de desastres y diseñar posibles respuestas alternativas. La nueva ley constituye un cambio en la forma de prevenir y gestionar el riesgo de desastres: se busca una mejor integración entre las autoridades, el sector privado y la comunidad, con mayor participación de la ciudadanía en la prevención, atención y reparación de los desastres. Y sin embargo habría que decir que las leyes expedidas el año pasado para regular la atención y prevención de desastres — la mencionada ley 1523 de 2012 y la ley general de bomberos (1575 de 2012) — están fallando ante su primer reto. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante los primeros 28 días de 2013 se presentaron 230 incendios forestales, que afectaron 4.371 hectáreas. Y aún quedan dos meses de intensa sequía en muchas regiones del país. Falta cultura ciudadana Quizá resulte demasiado pronto para juzgar la eficacia de las leyes recientes. La transición probablemente requerirá otro par de años, ante la inveterada parsimonia de las instituciones colombianas. Sin embargo, hay elementos que conviene tener presentes:
1. La ley 1523 presenta avances con relación al decreto 919, pero no integra de manera clara las acciones de la ciudadanía en la planeación y especialmente en la prevención de emergencias y desastres. Los ciudadanos no solo deben participar en la planeación o en ejercicios de prevención: deben ser veedores del cumplimiento y la efectividad de los planes de gestión de riesgo en cada municipio. 2. La ley promueve el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, que permiten supervisar, controlar y atender áreas vulnerables. Sí bien la inversión en tecnología es fundamental para prevenir y extinguir los incendios forestales, conlleva altos costos y su cobertura local limita su aplicación a todo el inmenso territorio nacional cubierto de bosques. 3. La estrategia para enfrentar este problema debería enfocarse en un hecho fundamental: la gran mayoría de los incendios son provocados por actividad humana. Se necesita un sistema que no sólo provea elementos para identificar zonas de riesgo, sino que tenga la capacidad de informar y de educar a la población sobre el riesgo que representan acciones descuidadas, sobre todo en temporada de sequía. Debe existir un marco legal disuasivo, que castigue severamente a quienes provocan los incendios, ya sea intencionalmente o por descuido. 4. La ley está bien concebida, pero en el plano local aun se requiere mayor voluntad política y ejercicios de formación ciudadana para que sea efectiva. Hace falta un trabajo integral y desde la primera infancia para construir una cultura del cuidado, donde toda la comunidad informada y comprometida preserve y sea la principal fuente de información de las autoridades ambientales. 5. En países como Chile, desde el primer año escolar se enseña a los niños cómo prevenir y reaccionar frente a desastres naturales. Esto permite que la población esté preparada para reaccionar ante todo tipo de desastre y sea consciente de los grandes daños que pueden causar acciones irresponsables. Resulta imperativo construir una red social de alerta temprana de conatos de incendio y evitar acciones irresponsables que durante este periodo de sequía puedan causar incendios de grandes magnitudes, con efectos devastadores en términos ambientales, económicos y sociales. * Co fundador y Director de la Fundación Piensa Verde, Master in Business and Administration de Boston University con énfasis en Non Profit Organisations. Estudió Administración de Finanzas Públicas en Harvard University, es especialista en finanzas de la Universidad de los Andes e Ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia.
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Daniel Quintero Calle*
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En la mitad de los municipios del país no se cuenta con un cuerpo de bomberos; donde los hay, estos distan mucho de ser profesionales y de disponer del equipamiento necesario. 
