Imputaciones, cargos y sentencias parciales en Justicia y Paz - Razón Pública
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Imputaciones, cargos y sentencias parciales en Justicia y Paz

Escrito por Michael Reed
M1chael Reed

M1chael ReedUna mirada experta que revela los bandazos de la Corte Suprema de Justicia, la insuficiente capacidad de la Fiscalía y sus implicaciones para las víctimas y para el reconocimiento completo de los crímenes sujetos a la Ley de Justicia y Paz.

Michael Reed Hurtado*

El problema

La Ley 975 de 2005, mejor conocida como "Ley de Justicia y Paz" estableció una generosa rebaja de penas y otros beneficios para los desmovilizados de un grupo armado ilegal que opten por someterse a la acción de la justicia colombiana. Hasta ahora se había entendido que quienes opten por este vía de excepción deberían ser juzgados por todos los delitos que hubiesen perpetrado como integrantes del grupo armado, pues de otro modo cabría la posibilidad de que el reo sólo fuese juzgado por los crímenes o las faltas menores que voluntariamente escogiera confesar.    

Pero una decisión muy reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia volvió a encender el debate sobre la conveniencia de las imputaciones y formulaciones de cargos parciales en el proceso de justicia y paz[1]. ¿Será verdad que estos cargos parciales agilizan la marcha del proceso, como dicen los defensores del fallo de la Corte? ¿O por el contrario se está abriendo la puerta a una mayor impunidad, como opinan sus críticos? 

Cambio de doctrina

En esta oportunidad, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó la decisión de un magistrado de control de garantías, quien se había negado a aceptar la formulación parcial de cargos contra  un desmovilizado del Bloque "Cacique Nutibara". Con esta decisión, la Sala no sólo tolera las imputaciones parciales, sino que acepta la formulación parcial de cargos y, aparentemente, las sentencias parciales[2].

El magistrado de control procuró aplicar la regla establecida por un fallo previo de la Corte, donde ésta de manera muy expresa había manifestado que las actuaciones parciales no eran aconsejables y deberían ser extraordinarias; el magistrado consideró que, en el caso concreto, la Fiscalía General de la Nación (FGN) no había demostrado la naturaleza extraordinaria del caso y, por lo tanto, no procedía la parcialidad de los cargos. Sin embargo, la Corte Suprema, aparentemente en contra de sus anteriores decisiones, decidió lo contrario. Así, aunque la Corte declara que lo "ideal" es conseguir una imputación completa, en este caso decidió que lo ideal era imposible y que es mejor moverse en el terreno de lo aguantable.

En esta última decisión la única pauta que parece importarle a la Corte para considerar que una imputación o acusación  -y quizá sentencia- parcial sea aceptable es que se haya incluido el delito de concierto para delinquir como "punible base y condición". No parece haber otros criterios que le puedan ayudar a los operadores judiciales en el futuro cuando estén enfrentados a decidir en derecho cuándo es aceptable la parcialidad y cuándo no.

En resumen, con este nuevo fallo, la Corte parece ir en contra de sus últimas decisiones y dar vía libre para que la FGN avance parcial o fragmentariamente en los procesos sujetos al procedimiento que contempla la Ley de Justicia y Paz.

La parcialidad incrustada

La Sala Penal ha abordado el tema de las imputaciones parciales en, al menos, nueve decisiones desde mayo de 2008. Las decisiones versan sobre distintos supuestos procesales y sobre distintos problemas jurídicos, no todos problemáticos.

Existe sólo un supuesto en el cual la parcialidad de una imputación puede ser aceptable. Esto es en los casos en los cuales, después de iniciar la versión libre, la Fiscalía necesite ir ante un magistrado de control de garantías de justicia y paz para conseguir que, sobre la base de la información disponible, se apruebe una solicitud de detención preventiva del desmovilizado con el fin de asegurarlo y proteger el proceso[3]. En esta medida el desmovilizado confiesa hechos constitutivos de delitos y es necesario asegurarlo en un centro carcelario, la Fiscalía debe solicitar la audiencia extraordinaria, conseguir la medida de detención y continuar la versión libre del individuo. En este caso, la parcialidad se justifica porque tiene el propósito específico de buscar la adopción de una medida coercitiva procesal que sólo puede ordenar un juez.

Sin embargo, la conducción de una imputación para formalizar y legalizar una privación de libertad de un criminal confeso debe distinguirse tajantemente de la conducción incompleta de cualquier audiencia penal por razones de conveniencia, más aún si se debe a que la Fiscalía sólo ha logrado avanzar a pedazos con las averiguaciones de los hechos delictivos por los cuales debe responder un individuo[4].

Los bandazos de la Corte

El primer caso de Justicia y Paz que abrió la discusión de la parcialidad, más allá de lo contemplado en el marco legal, se dio en el proceso contra alias "El Loro", al aceptar la ruptura procesal de este caso[5]. Si bien no planteaba un problema específico sobre la parcialidad de la acusación, sino yerros que debían conducir a la nulidad del proceso, la Sala optó por una salida pragmática, desconociendo el derecho. Puede ser que la salida que intentaba dar fuese bien intencionada, pero las consecuencias nos tienen sumidos en la conformidad con lo parcial en Justicia y Paz.

Al considerar una apelación en el caso de "El Loro", en mayo de 2008, la Sala de Casación Penal reprochó al representante de la Fiscalía haber omitido la acusación contra el desmovilizado por el delito de concierto para delinquir. Igualmente, la Sala cuestionó la eficacia de la actividad investigativa de la Fiscalía, en la medida en que el desmovilizado había hecho parte de un aparato criminal durante casi doce años, pero sólo había imputado tres homicidios y otros delitos relativamente insignificantes. La Corte censuró la actuación de la Fiscalía y concluyó que existían elementos para declarar la nulidad del proceso; sin embargo, en vez hacerlo, introdujo la figura de la ruptura de la unidad procesal y ordenó que el caso continuara su rumbo por vías alternas y paralelas. Por un lado, dio vía libre para continuar con la acusación que consideró parcial por no contar con el delito de concierto para delinquir; y por otro, ordenó que se abriera un nuevo caso para hacer la imputación de tal delito y regresar a la etapa de versión libre, para acopiar más información sobre los que "El Loro" presumiblemente tenía más información.

Al no tomar la decisión consecuente con el derecho aplicable, la Corte abrió un peligroso camino de fragmentación y ruptura de las causas penales de Justicia y Paz, basándose en argumentos de conveniencia y de aceptación que el proceso andaba mal y era necesario dar salidas "creativas". En este caso, la Sala debió decretar la nulidad del proceso si consideraba que existían elementos para hacerlo, y debió aplicar la ley y excluir al desmovilizado de los beneficios de Justicia y Paz si es que consideraba que "El Loro" había mentido y no había cumplido con sus obligaciones legales.

Pocos días después, el 23 de julio de 2008, la Corte adoptó otra decisión, en el caso de alias "Maicol", que abiertamente secundaba la solicitud de la Fiscalía para que se avalen las imputaciones y las acusaciones parciales[6]. Posteriormente, la Corte emitió una serie de Autos que confirmaron las imputaciones parciales sobre la base de que es necesario que el proceso avance[7].

Probablemente luego de detectar una práctica generalizada por parte de la Fiscalía, la Corte tomó algunas decisiones en las cuales intentó moderar la aceptación de parcialidad a casos extraordinarios e hizo énfasis en que la parcialidad no se podía extender a etapas posteriores a la imputación[8].

Sin embargo, en un caso particular, especialmente porque se trata del mismo que inició las rupturas procesales y dio lugar a la discusión de la parcialidad -el caso contra "El Loro"-, la Sala de Casación Penal volvió a adoptar una decisión de segunda instancia, en julio de 2009, con la sentencia parcial que su decisión anterior había prohijado[9]. En sentido contrario a lo expuesto en la decisión de mayo de 2008, en esta ocasión la Corte decretó la nulidad del proceso y exigió que la parcialidad de las imputaciones no se extendiera más allá de la formulación de los cargos. En esta segunda decisión sobre el caso de El Loro, la Corte adecuadamente subrayó que la parcialidad en la imputación era extraordinaria. Y que la imputación y las actuaciones sucesivas deben tender a ser integrales para que abarquen todos los delitos cometidos por el beneficiario de la Ley de Justicia y Paz. Advirtió que "las imputaciones parciales no pueden convertirse en una herramienta usual por parte de la fiscalía, sino extraordinaria. Proceder de manera diversa, refleja negligencia de dicho ente en el cumplimiento de sus funciones de investigación, comprobación y verificación y podría, eventualmente, entorpecer la garantía de verdad, justicia y reparación de las víctimas".

La insuficiente capacidad de la Fiscalía

La reacción de la Fiscalía a esta decisión fue aplastante; sentenciaba que la Corte Suprema estaba poniéndole la soga al cuello al proceso de Justicia y Paz. No obstante, nunca se dio una discusión seria de por qué la Fiscalía no podía o no quería cumplir con la obligación de investigar cabalmente la participación delictiva de los postulados en Justicia y Paz.

Es después de este enfrentamiento que nos encontramos ante la decisión de la Corte, en diciembre de 2009, a través de la cual parece haber echado para atrás su exigencia de investigación cabal. Ya no habla de parcialidad en relación con la imputación, sino que vuelve a introducir un lenguaje ambiguo con el cual da a entender que es posible que lleguemos a acusaciones parciales e incluso a sentencias parciales.

Ahora, la Corte pasa de sostener que las imputaciones parciales son un mal necesario a decir que "sólo en la medida en que se acepten las imputaciones parciales se podrá avanzar en un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones". Además, abiertamente, afirma que "nada impide ulteriormente formular cargos adicionales, ni dictar nuevas sentencias contra las mismas personas, amén de dosificar las sanciones conforme a las reglas de la acumulación jurídica de penas (artículo 20 de la Ley 975 de 2005)". Es decir ¡Que reine la parcialidad!

Las implicaciones de la parcialidad

Nadie dijo que la persecución penal de la delincuencia organizada sea fácil, ni que la investigación de las atrocidades cometidas por los paramilitares se podía hacer en escenas del crimen accesibles y organizadas. Por eso, entre más tiempo pase y entre más parcialidad se acepte en los procesos de justicia y paz, más oportunidades se están otorgando a la mano negra de la criminalidad organizada para que sigan enterrando pruebas, testigos y autores – ¡y con ellos, la verdad! 

Curiosamente, en el marco de un discurso sustentado en los derechos de las víctimas, la Sala Penal está disminuyendo el nivel de exigencia a la Fiscalía en el desarrollo de investigaciones complejas y, desafortunadamente parece aceptar que, ante una difícil tarea, es mejor algo que nada. Este nivel de pragmatismo puede estar condenando el proceso especial de Justicia y Paz a una parcialidad generalizada.

No hay la menor duda de que el proceso en cuestión es complejo y difícil de ejecutar, pero lo difícil no es sinónimo de lo inalcanzable. Sobre la base de experiencias en otras latitudes, sabemos que el crimen sistemático desafía el entendimiento y la aplicación regular del derecho penal. El objetivo de una iniciativa de judicialización de este tipo de crímenes no es sólo esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores; y hacer visibles las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada.

Una iniciativa de persecución penal orientada a esclarecer crímenes de sistema y establecer responsabilidades, debe contar con la capacidad necesaria y la habilidad técnica, tomando en consideración su complejidad y la necesidad de adoptar enfoques especializados e interdisciplinarios para develar su lógica y las estructuras que la respaldan[10]. El tipo de crimen que se busca encarar a través de Justicia y Paz supone modificar los métodos tradicionales de investigación. Estas consideraciones implican un respaldo más firme a las autoridades judiciales para que puedan investigar el crimen, no una cura ficticia como es la parcialidad. 

Por otra parte, el proceso de Justicia y Paz y la rebaja de penas solamente tienen sentido en la medida en que las confesiones sean completas y veraces: pero si la parcialidad es aceptable para la Fiscalía también lo es para un perpetrador olvidadizo.

La aceptación de la parcialidad quiebra la lógica del marco de incentivos de la Ley de Justicia y Paz, introduce variables de pereza institucional, condiciona el derecho a lógicas de conveniencia, fragmenta la verdad procesal y nos aleja del proceso de esclarecimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes perpetrados en Colombia.

Finalmente, la última decisión de la Sala de Casación Penal reorienta la conducción de la política criminal de Justicia y Paz como resultado de un clamor de no obstaculizar el proceso. Sin desconocer que sus motivos pueden ser loables, al aceptar este tipo de razones, la Sala está permitiendo que criterios pragmáticos se sobrepongan a criterios técnico-jurídicos. La conducción de la política criminal no debería responder a clamores y conveniencias, particularmente con las dimensiones individual y colectiva de los derechos a la verdad y a la justicia.

* Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia,   consultor en derechos humanos y asuntos humanitarios en América Latina, Asia y África.

Notas de pie de página


[1] CSJ, Rad. 32575, auto del 14 de diciembre de 2009, Magistrada Ponente. María del Rosario González de Lemos.

[2] En un pasaje muy llamativo, la Corte aseveró que "es cierto que en circunstancias ideales sería imprescindible que a cada postulado le fuera imputada, se le formularan cargos y se lo condenara por la totalidad de comportamientos delictivos, no obstante, argumentos de razón práctica permiten concluir sin mayor dificultad que ello no es posible en todos los casos, pues las peculiaridades de cada uno de esos comportamientos, en ocasiones cometidos en escalada, otras en la manigua, en la vereda, en el corregimiento, en la noche, en lugares despoblados, en circunstancias de suyo oprobiosas para las víctimas, cuando no aterradoras para los testigos sobrevivientes, dificultan la reconstrucción de la verdad procesal". (Énfasis agregado por el autor)

[3] Este supuesto está contemplado en la ley 975 de 2005 y el decreto 4760 de 2005 (artículo 5)

[4] Sobre este punto, la Corte Constitucional fue explícita: la imputación sustantiva y la formulación de cargos deben ser integrales con el fin de asegurar el derecho a la verdad y dar cuenta de los patrones de macrocriminalidad. (Véase Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006).

[5] CSJ, Rad. 31290, auto del 11 de mayo de 2008, Magistrado Ponente. Augusto Ibáñez.

[6] CSJ, Rad. 30120, auto de 23 de julio de 2008, Magistrado Ponente. Alfredo Gómez Quintero

[7] A manera de ejemplo, véase CSJ, Rad. 30955, auto del 9 de febrero de 2009, Magistrado Ponente. José Leonidas Bustos Ramírez; y CSJ, Rad. 30775, auto del 18 de febrero de 2009, Magistrado Ponente. Jorge Luis Quintero Milanés.

[8] A manera de ejemplo, véase CSJ, Rad. 31115, auto de 16 de abril de 2009, Magistrado Ponente. José Leonidas Bustos Ramírez; y CSJ, Rad. 32.022, auto del 21 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente. Sigifredo Espinosa Pérez.

[9] CSJ, Rad. 31539, auto de 31 de julio de 2009, Magistrado Ponente. Augusto Ibáñez.

[10] A manera de ejemplo, véase Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States, Prosecution Initiatives, HR/PUB/06/4, 2006.

 

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