¿Qué dijo la Corte?

El pasado 27 de enero, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) por la desprotección de los excombatientes de las FARC que firmaron el Acuerdo de Paz.

En virtud de esa declaración, la Corte Constitucional le ordenó al gobierno nacional que:

“adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares, entendiendo que esto contribuye a su seguridad personal”.

Además, se le ordenó al gobierno que inicie los trámites para garantizar el presupuesto para que los firmantes del acuerdo gocen de la protección necesaria. El gobierno deberá dar cumplimiento inmediato al Decreto 299 de 2017 sobre los recursos financieros, físicos y humanos para implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, y les dará prioridad a los municipios y regiones más afectados por la violencia.

Igualmente, se le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que, en los cuatro meses siguientes a la expedición de la sentencia, evalúe nuevamente el riesgo que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz y quienes integran el Partido Comunes, así como otras personas que estén en situación similar. En este proceso, se deberá dar prioridad a los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).

¿Para qué sirve esta figura?

Esa declaración ha suscitado varios interrogantes, sobre todo entre quienes son ajenos al mundo de la justicia constitucional. ¿En qué consiste esta figura? ¿Cómo se declara? ¿Qué implica y a qué obliga? ¿En qué casos ha sido utilizada?

El estado de cosas inconstitucional es una decisión judicial, que se toma cuando se están revisando un conjunto de acciones de tutela originadas en similares circunstancias. Por medio de esta figura, la Corte Constitucional declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales de ciertos grupos poblacionales. Por eso, más que una institución jurídica, el ECI es una verificación fáctica.

Sobre la base de esa declaración, la Corte Constitucional toma varias acciones para evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos que interpusieron las acciones de tutela:

• ordena a las autoridades responsables adoptar un conjunto de medidas;
• asegura que las diferentes entidades involucradas se articulen para dar solución al problema; y
• crea mecanismos especiales de seguimiento y evaluación.

La declaración de un ECI ha sido la respuesta que la Corte Constitucional ha encontrado como fórmula para superar vulneraciones generalizadas, sistemáticas y prolongadas de derechos fundamentales. Por lo general, estas vulneraciones son producto de un contexto de crisis humanitaria, de graves desigualdades políticas, sociales y económicas, y de desconocimiento de las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Para que una situación reiterada de vulneración de los derechos fundamentales sea catalogada como un ECI, se requiere acreditar que la violación:

• afecte a un número significativo de personas, para cuya protección hayan recurrido a la acción de tutela;
• que haya existido una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, así como una ausencia de medidas legislativas, administrativas o presupuestales para evitar la vulneración;
• que la solución al problema implique la intervención de varias entidades, requiera la adopción de un conjunto coordinado de acciones y exija un nivel de recursos que demande un esfuerzo presupuestal adicional; y
• que, si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.

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¿Cómo se ha aplicado antes?

Con esta, la Corte Constitucional ha declarado estados de cosas inconstitucionales en 14 oportunidades desde 1997.

La figura se ha aplicado para contribuir a resolver problemas como el hacinamiento carcelario, el desplazamiento forzado interno, la demora en el otorgamiento de pensiones o la desprotección de los defensores de derechos humanos. En todos estos casos, la Corte le ha ordenado al gobierno adoptar alguna de las siguientes medidas:  

• diseñar y poner en marcha políticas, planes y programas que garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales vulnerados;
• apropiar los recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos;
• modificar las prácticas, las fallas o los procedimientos que resultan en violaciones de la Constitución;
• reformar el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas inconstitucional; y
• realizar los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que sean indispensables para superar la vulneración de los derechos.

¿Qué dicen sus críticos?

Esta figura ha sido muy controvertida por ciertos sectores que la ven como un mecanismo de “gobierno de los jueces”.

En efecto, la figura rompe con el tradicional efecto interpartes de las sentencias de tutela, es decir, permite ampliar las órdenes para que no solo sean aplicables a quienes interpusieron la tutela, sino a otras personas que están en situaciones similares.

Además, al amparo de la declaración de los ECI, la Corte ha asumido un papel muy activo en la búsqueda de soluciones definitivas a problemas estructurales que no han sido adecuadamente atendidos por los gobiernos. Entre otras cosas, se reprocha que la Corte ordene adoptar políticas públicas o destinar recursos económicos a determinado fin.

Para los críticos de esta figura, esto constituye una extralimitación de las funciones de los jueces, pues en principio el llamado a tomar esas iniciativas es la administración pública.

¿Qué dicen sus defensores?

Para otros sectores, por el contrario, la declaración de un ECI debe ser vista como un instrumento útil ante la vulneración masiva de derechos y el incumplimiento generalizado de las obligaciones de las autoridades.

Para quienes defienden esta figura, la Corte no se extralimita, sino que actúa en defensa de la Constitución y garantiza que las autoridades cumplan con sus deberes. Agregan que, al constatar los presupuestos que dan lugar a la declaración del ECI, la Corte Constitucional se ha limitado a identificar los fines y objetivos constitucionales mínimos que las demás autoridades deben tener en cuenta, pero no llega al extremo de formular las políticas públicas ni de definir el contenido prestacional de los derechos.

Justamente por eso, la Corte le ordena al gobierno adoptar diferentes medidas, en lugar de tomarlas directamente.