El gobierno de Biden sacó a las antiguas FARC de esta lista e incluyó a las disidencias. Qué significa para los desmovilizados y para las víctimas
Adam Isacson*
Las FARC ya no son consideradas terroristas
En los veinte años transcurridos desde el comienzo del “Plan Colombia”, ha sido raro ver a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia discrepar en público sobre algún tema. Incluso en los peores días de abusos policiales durante el paro nacional, las expresiones de preocupación de Washington fueron notablemente suaves.
Por eso sorprendió que el presidente Duque expresara su desacuerdo con una medida de la administración Biden en el quinto aniversario del acuerdo de paz: retirar a las FARC de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. “Esa información de Estados Unidos la entendemos y la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión”, dijo Duque el 29 de noviembre, un día antes del suceso.
La decisión del pasado 30 de noviembre en realidad no fue una “eliminación” de las FARC, sino una actualización de la lista.
La eliminación de las FARC, o más bien de las antiguas FARC, debería ser poco controvertida. Las FARC no existen desde agosto de 2017. De los 13.600 miembros que se desmovilizaron, más del 90 % no ha realizado un solo acto de violencia organizada en más de cinco años. Por lo tanto, están cumpliendo las normas de su desmovilización y se están integrando en la vida civil.
Unos pocos siguen ejerciendo actos de violencia contra de la población civil, pero se trata sobre todo de integrantes de las dos principales disidencias de las FARC: la encabezada por “Gentil Duarte” y la conocida como “Nueva Marquetalia”. Estas disidencias se negaron a desmovilizarse en 2016 o abandonaron el proceso posteriormente. La mayoría de sus miembros son nuevos y no tienen antecedentes guerrilleros. De hecho, muchos apenas eran adolescentes cuando se firmó el acuerdo de paz.
La administración Biden sacó a las antiguas FARC y añadió a las disidencias en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado. Por eso, la decisión del pasado 30 de noviembre en realidad no fue una “eliminación” de las FARC, sino una actualización de la lista.
¿Qué pasaba antes?
Antes del 30 de noviembre, tal y como se interpretaba la lista, “Gentil Duarte” y “El Paisa” estaban en la misma categoría que los firmantes de paz, que ahora crían a sus hijos, van a la escuela, montan sus propios negocios o participan en equipos de rafting. Eso era absurdo.
En virtud de la legislación sobre “apoyo material al terrorismo”, los ciudadanos estadounidenses que proporcionaran dinero, alojamiento, formación, asesoría o asistencia, comunicaciones, instalaciones o transporte a desmovilizados de las FARC podían ser condenados y castigados con multas o hasta quince años de prisión.
El gobierno de Estados Unidos interpretaba estas disposiciones de manera muy estricta. Incluso era delito comprarles una taza de café a los desmovilizados. Por eso era imposible incluirlos en reuniones de desarrollo, ofrecerles cualquier tipo de apoyo o instruirlos en actividades tan importantes como operaciones de desminado humanitario.
La demora en eliminar a las FARC de esta lista hizo que el gobierno de Estados Unidos pareciera hostil al proceso de paz. Parecía que estuviera de acuerdo con la opinión de la ministra de Asuntos Exteriores Claudia Blum y el ministro de Defensa Diego Molano, quienes decían que el partido Comunes tiene nexos con los grupos disidentes.
¿Por qué tardó tanto la decisión?
No hay una respuesta clara a esta pregunta. Si bien es fácil añadir a un grupo a la lista del Departamento de Estado, es difícil eliminarlo.
La revocación del estatus de “terrorista” supone un proceso de deliberación dentro del Departamento de Estado, donde todos los interesados tienen que llegar a un consenso. Por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron formalmente en 2006, pero siguieron en la lista hasta 2014.
Según el Washington Post, el estatus de cada grupo suele revisarse cada cinco años y la última vez que se consideró a las FARC fue en abril de 2015. Una nueva revisión del estatus de las FARC no tuvo lugar en 2020, debido a la pandemia.
¿Qué pasa con las solicitudes de extradición de los exguerrilleros?
¿Significa esto que los líderes de las FARC ya no son buscados por la justicia estadounidense? Las solicitudes de extradición de los miembros de las FARC siguen en pie, sin ningún cambio.
Esto significa que los tribunales estadounidenses siguen buscando a los exguerrilleros, ya sea por enviar cocaína a Estados Unidos o por secuestrar o asesinar a ciudadanos estadounidenses. Estos cargos se refieren a eventos concretos, que no dependen de la etiqueta de “terrorista.”
Como estos procesos continúan, los exlíderes de las FARC que son buscados por la justicia estadounidense siguen corriendo riesgos si viajan al extranjero. Recordemos que Simón Trinidad fue detenido en Ecuador en 2004, mientras servía en apariencia como intermediario en conversaciones sobre la liberación de tres ciudadanos estadounidenses que las FARC tenían secuestrados en ese momento.
¿Es esto un insulto a las víctimas de las FARC?
Annette Taddeo, senadora estatal del Partido Demócrata en Florida, emigró de Colombia cuando tenía 17 años, después de que las FARC secuestraran a su padre. A raíz de esta decisión, Taddeo tuiteó: “Para mí y para muchos de nosotros, esto es doloroso y muy personal”.
Las FARC infligieron un dolor intenso en las vidas de miles de colombianos. Sin duda, muchos de ellos están indignados por esta decisión. Sin embargo, es un hecho que los principales dirigentes no disidentes de las antiguas FARC parecen haber renunciado realmente al terrorismo.
Siguen siendo culpables de muchas cosas y deben responder ante sus víctimas y el proceso de justicia transicional. Pero la etiqueta de “terroristas” ya no les aplica.
¿Cambiará la forma de entregar ayuda?
El senador republicano Marco Rubio dijo en la radio estadounidense que el gobierno colombiano “no quiere esa exclusión de la lista” y que, por eso, cualquier dinero estadounidense que beneficie a los exmiembros de las FARC debe pasar primero por el gobierno colombiano.
La petición del senador es confusa, pues casi toda la ayuda estadounidense que contaría con participación de excombatientes –como reincorporación, desarrollo rural o desminado humanitario–va de la mano de los esfuerzos de las agencias gubernamentales colombianas.
La ayuda estadounidense casi nunca va a esas agencias directamente como pagos en efectivo y eso no cambiará así se involucren excombatientes.
¿Por qué Cuba sigue en la lista de estados patrocinadores del terrorismo?
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2021, la administración Trump volvió a incluir a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, junto a Irán, Siria y Corea del Norte.
Esta decisión se tomó principalmente porque Cuba se negó a extraditar a los líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que habían estado en el país para las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Hasta ahora, el gobierno de Biden no ha tomado medidas para eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, probablemente por la política de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Aunque se puede argumentar que Cuba está solamente siguiendo los protocolos de los extintos diálogos con el ELN, por razones políticas es muy difícil retirar a Cuba de esta lista después de que el gobierno cubano reprimió agresivamente un movimiento de protesta ciudadana hace pocas semanas.
¿Por qué la noticia se publicó incompleta?
La noticia de la decisión se filtró al Wall Street Journal muy pronto, el 23 de noviembre. El Departamento de Estado y la Casa Blanca explicaron la decisión días después, en parte porque el 25 de noviembre fue un día festivo en Estados Unidos.
Pero ¿por qué no supimos de inmediato que los grupos disidentes se añadirían a la lista en reemplazo de las antiguas FARC? No hay una respuesta clara. Durante días, el gobierno de Biden no ofreció ningún contexto nuevo, por lo que muchas personas pensaron que ni las antiguas FARC ni las disidencias quedarían incluidas en la lista y que esto implicaría que la justicia dejaría de buscar a los exguerrilleros.
En el mundo actual, donde una mentira le da la vuelta al mundo en pocos minutos, dar una noticia de ese calibre sin el contexto completo es irresponsable. Esto deja una lección sobre la importancia de la comunicación: es crucial anticiparse a las noticias en la medida de lo posible, para que, cuando se produzca, la respuesta sea ágil y la gente que esté abierta a la verdad pueda obtener el contexto rápidamente.
En todo caso, quienes interpretaron la decisión sin toda la información también son responsables. Muchos sectores siempre creerán lo que quieran creer, independientemente de los hechos que se les presenten.
