Anotaciones críticas a un informe decisivo del Ministerio de Defensa, que trae avances metodológicos, pero también fallas conceptuales y estratégicas. Las FARC no son solo insurgentes y terroristas: son además aliadas de las BACRIM en muchas regiones.
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Documento importante La Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional (MinDefensa) presentó hace una semana el informe “Las FARC: acorraladas y a la defensiva”, que cuantifica los logros y desafíos de la estrategia o plan de guerra –Espada de Honor–y cuya lectura cuidadosa empiezo por recomendar a los lectores (la versión en pdf puede leerse al final de este artículo). Sea esta invitación de Razón Pública la oportunidad para analizar en detalle sus cifras, métodos y conclusiones. Y también para alertar sobre sus vacíos. Tesis y virtudes El documento sostiene dos tesis centrales:
Ambas afirmaciones suscitan serias reflexiones. Comienzo por abordar las virtudes metodológicas de este estudio:
Si bien el estudio constituye un avance en cuanto a la calidad y certidumbre en los datos y las formas de análisis, aún contiene errores y lagunas que dificultan la evaluación y orientación de la estrategia de seguridad nacional. Las FARC están mal contadas El balance cuantitativo de las FARC arroja dos conclusiones:
Empecemos por esta segunda conclusión. En el lado izquierdo de la gráfica siguiente se observan las bajas o pérdidas de militantes de las FARC para el periodo2011–2012: un total de 7.476 guerrilleros dados de baja, capturados o desmovilizados. A la derecha, en forma de barras se registra el total de miembros de las FARC: este total disminuyó en 1.100 combatientes durante el mismo periodo. Una operación sencilla permite calcular la variable faltante: el reclutamiento. En este caso serían6.376guerrilleros, que habrían tenido que llegar a reforzar las FARC para que cuadren las cifras de la izquierda y de la derecha.
Dándole la vuelta a las cifras de MinDefensa, sería preciso concluir que al menos 81 por ciento de los actuales 7.800 guerrilleros fueron reclutados en los últimos dos años, cifra que no tiene sentido a la luz del resto de la evidencia histórica y estadística. Si algún lector tiene dudas acerca del descuadre, puede proyectar el cálculo a periodos más amplios, de 3 o 5 años, y encontrará cifras aún más inverosímiles:138 por ciento y 256 por ciento de regeneración de combatientes. ¿Dónde está el error? En la estimación del número de miembros de las FARC. Esta cifra no la produce ni la audita el MinDefensa, sino que se toma de los reportes semestrales de inteligencia conjunta. Esta es otra herencia de la época de los consejos comunitarios de Álvaro Uribe, donde a las rendiciones de cuentas de los ministros se sumaron los informes de inteligencia del “body counting” para mostrar los avances de la seguridad democrática. La presión por demostrar resultados acabó por contaminar la labor de los oficiales y suboficiales de inteligencia, que no podían mostrar la realidad objetiva a sus superiores. Acabaron por asumir el papel de “evaluadores” de sus propios comandantes de brigada. En este caso, el peso de la antigüedad se ha impuesto sobre la objetividad en el análisis. Los informes de inteligencia deberían volver a ser meros estimativos internos, de carácter confidencial para el análisis y el planeamiento estratégico, no indicadores de gestión de la fuerza pública para uso externo. Siendo realistas, el conteo del enemigo ya se convirtió en un indicador con inercia propia, muy difícil de desmontar. Queda la opción de que el MinDefensa fije un criterio metodológico y técnico centralizado, que consolide una línea base realista y que separe por completo la inteligencia militar de la gestión pública, tal como ya se ha logrado con éxito en otros indicadores. Un paréntesis histórico: esta discusión no es nueva, pues en la doctrina militar de Estados Unidos se conoce como el debate Kent-Kendall, que se resolvió en 1949 a favor de la independencia de la inteligencia.
El desinfle de las FARC Retomando el análisis estratégico, las cifras son positivas en cuanto a la reducción de la intensidad del conflicto, en coherencia con la línea presidencial que pondera las desmovilizaciones por encima de las capturas y a éstas por encima de las bajas en combate. Es notable el aumento sostenido de capturados en los últimos dos años, un indicador de éxito en la coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía, uno de los ejes estructurantes del plan Espada de Honor. Sin embargo, para ponderar correctamente el impacto estratégico debemos conocer las cifras de judicializaciones efectivas y de condenas, que permitan marcar una diferencia frente a experiencias del pasado, donde se resalte que este gobierno no está repitiendo las aventuras jurídicas de las capturas masivas ni de las detenciones ilegales. Dos reflexiones finales sobre el conteo:
La geografía de las FARC El segundo argumento del documento es el más interesante: afirma y demuestra que las FARC han venido concentrándose — arrinconándose, en términos del MinDefensa — en zonas de baja densidad poblacional, con alta presencia de la fuerza pública y sin mayor incidencia en la vida económica de las regiones. Con este análisis, el MinDefensa mejora la anterior lógica de ascensor, donde subían y bajaban cifras agregadas a nivel nacional, sin contexto regional y sin una lógica táctica entre ellas.
Antes de validar completamente esta tesis geográfica, habría que dar cuenta de dos problemas técnicos:
Las FARC criminales una amenaza no cuantificada La crítica central a este informe — y al propio plan Espada de Honor— es reducirse a analizar y a actuar sobre las dimensiones insurgente y terrorista de las FARC, subestimando sus capacidades como organización criminal. Esta es otra herencia del monitoreo estratégico a la guerrilla, donde se sigue usando la plantilla de indicadores (y de objetivos estratégicos) sobre la base de la versión de las FARC modelo 2002. El desafío estratégico hoy es más amplio: ya no se trata solo de evitar que las FARC amenacen y desplacen a los alcaldes, como llegó a ocurrir en 420 municipios, y en lo cual se ha avanzado sin retrocesos. El mayor desafío hoy consiste en que las FARC — en su alianza con las BACRIM — no sigan capturando en sus redes de corrupción a las autoridades locales para garantizar el tráfico de gasolina, víveres, explotación minera, maderera y desvío de recursos públicos. La falta de indicadores — y de la necesaria visión estratégica— que cubran la dimensión criminal de las FARC se nota en los mapas del Putumayo y del Magdalena Medio, zonas que parecerían estar muy cerca de quedar libres de acciones insurgentes, lo cual es cierto y positivo.
Pero es una lectura parcial y temporal: niega buena parte de la incidencia de las FARC, ya no por la vía de la confrontación directa, sino adaptadas para coexistir frente a la presión de la fuerza pública, mientras explotan las rentas económicas disponibles. La solución tiene que ser mucho más profunda y debe ir más allá de modificar un par de indicadores. Exige ampliar la manera de leer la amenaza de las FARC, junto con un fortalecimiento de las capacidades no armadas, más coordinación judicial y mucha más contrainteligencia frente a la corrupción. En esencia, implica actualizar la doctrina de seguridad nacional. Los mejores datos y los mejores análisis que presenta este documento para el debate público sobre la seguridad, son un paso en la dirección correcta. Por el bien del país, de sus instituciones y de la seguridad de los colombianos, se debe continuar por esta ruta. Ver anexo:
* Estudiante de Doctorado en Políticas Públicas en Seguridad y Defensa en la Universidad de Maryland, magister en Administración Pública, economista y politólogo, experto en Políticas Antinarcóticos. |
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Daniel M. Rico*
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