Frente al clamor que pide eliminar a los que no se rindan, hay que insistir en la salida racional, que es un acuerdo de paz.
Medófilo Medina*
Coleccionar trofeos
Anne Patterson, embajadora de Estados Unidos en Bogotá de 2000 a 2003, fue la primera figura política que señaló de manera explícita la eliminación de miembros del Secretariado como indicador real del avance de la guerra contra las FARC.
Con la operación Fénix y la muerte de Raúl Reyes en marzo de 2008 se empezó a priorizar este indicador, siguió la operación Sodoma el 22 de septiembre de 2010 donde cayó el “Mono Jojoy”. La muerte de Cano ha puesto el punto más alto de esa curva. Ante cada uno de esos hitos, se reitera la consigna: ¡el siguiente! Se alimenta con ello la ficción de que matando, triturando las cabezas se solucionan los problemas.
Al líder muerto lo reemplaza otro y la cadena puede continuar por largo tiempo y con costos sociales, económicos y culturales cada vez más altos. La metodología de la ejecución de los jefes descansa sobre un supuesto implícito: la violencia, el conflicto están determinados por la acción de unos pocos individuos particularmente ambiciosos o inexplicablemente perversos. Al despacharlos se recuperará el equilibrio.
La unidad nacional del establishment
Al repasar las declaraciones de las principales figuras del establecimiento colombiano con relación a Cano, casi por unanimidad se encuentra la coincidencia con la perentoria fórmula del presidente Santos durante su alocución de Cartagena: “Como lo hemos dicho tantas veces y lo hemos comprobado, terminarán en una cárcel o en una tumba”, que estuvo precedida de la indicación sobre la única alternativa oficial para la guerrilla: la desmovilización.
El expresidente Andrés Pastrana, con frecuencia tan pendenciero , en declaraciones del 5 de noviembre para la cadena CNN, estiraba un maravilloso hilo dorado de continuidad entre su administración, la doble del presidente Uribe y el trecho que va recorrido de la de Santos en relación con la guerra. Salvo el ex presidente Samper, que algún lugar le dio en sus declaraciones a la necesidad de buscar una salida política al conflicto interno, la fórmula universal de los poderes fácticos es la de la desmovilización de las guerrillas.
Cuando se opta por la lucha armada como medio para buscar cambios sociales y políticos, el riesgo de ser víctima de la muerte violenta está inscrito desde el comienzo en la base de la opción tomada. Los miembros del Secretariado, los muertos y los vivos han dado muestras da haber incorporado cabalmente tal perspectiva.
Para los combatientes de base la desmovilización no representa alternativa, dado que para la mayoría de ellos la decisión de entrar en las filas de la insurgencia estuvo determinada por la inexistencia de posibilidades de educación o de trabajo. Si usando la fantasía se piensa en un postconflicto producto de una hipotética desmovilización de las FARC, tendría que aceptarse un cuadro de violencias múltiples protagonizadas por excombatientes a la deriva asociados en improvisadas bandas y también incorporados a las bandas criminales (BACRIM).
El diálogo institucional es posible
En cualquier escenario racional de superación del conflicto interno, el diálogo, la negociación, son componentes obligatorios. No se trata únicamente de la reinserción de los guerrilleros o de los milicianos, sino del diseño de soluciones económicas y sociales para las poblaciones donde la guerrilla actuó de manera más persistente.
Entre los procesos de paz se encuentran algunas experiencias que pueden ser tomadas como ejemplo, aunque se abandonaron en la medida en que la paz languideció. Una de ellas fueron los Consejos del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) en la segunda mitad de los años ochenta en las zonas de rehabilitación. “Dichos Consejos cumplían la función de ir institucionalizando el proceso de paz, ya que en ellos los funcionarios estatales podían dialogar con representantes de los insurgentes y de los sectores campesinos que estaban bajo su influencia” [1].
¿Punto de quiebre?
Un componente polémico redundante en las manifestaciones de los dirigentes políticos a propósito de la muerte de Cano ha sido la respuesta que todos han dado al expresidente Uribe en el sentido de señalar su equivocación al insinuar un cierto debilitamiento de la Seguridad Democrática. Le arrojan una y otra vez como trofeo en la controversia el cadáver del jefe abatido. Sintomática disputa: Uribe pierde el episodio, pero su argumento básico triunfa: hoy como ayer la “amenaza terrorista” se liquida solo a punta de balas.
Es cierto que en alguna franja de la opinión se ha señalado la idea de que la muerte de Cano — el más reciente de una serie de fuertes golpes de las Fuerzas Militares — podría tomarse como el punto de inflexión donde comenzaría romperse la espiral de la guerra y abrir la ruta de superación política del conflicto interno.
Esa perspectiva es la única razonable y por supuesto la más difícil: la más fácil, por el contrario, es la prolongación indefinida de la guerra. Desde la sociedad civil se puede proyectar ese empeño que conduzca a presionar a los actores centrales del conflicto interno colombiano.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
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