La idea del desarme es superficial e inconveniente. Para poner fin a la violencia lo que está en juego es la movilización social y el transformar las fuerzas agresivas de hoy en fuerzas de defensa no-violenta. Una mirada distinta sobre un asunto apremiante.
Freddy Cante *
Ni lucha armada ni desarme
Fue necesario un breve cuarto de siglo para que se operara un cambio de posición política: el tránsito desde la aguerrida consigna de “con el pueblo, con las armas al poder” hasta el clamor efectista por el desarme de los civiles y la reafirmación del monopolio de las armas por parte del Estado.
- La lucha armada -de tan larga duración, tan degradada y tan combinada con otras formas de lucha (por parte de la izquierda y la derecha) – es fuertemente criticada ahora y estaría fuera de lugar.
- Un desarme unilateral de los civiles y el consecuente reconocimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado (en particular en manos de militares y policías) debería también ser objeto de una mirada crítica, en especial en Colombia, al menos por dos razones:
- por propiciar una concentración del poder propia de un régimen autoritario y represivo.
- porque en nuestro país, el llamado Estado de derecho (o imperio de la ley) es pura retórica.
Un desarme generalizado de la ciudadanía — manteniendo constante todo lo demás — no resuelve los problemas. No es una solución adecuada dejar que las armas queden exclusivamente en manos de cuerpos como la policía y el ejército, que se atreven a reclamar inmunidad (justicia penal militar), que sufren excesos de corrupción, y que practican abusos de poder.
Quienes en el plano local y nacional han osado clamar por un desarme de la ciudadanía deberían comenzar a responder interrogantes como los siguientes: ¿Acaso son historia de un pasado remoto y superado los mal llamados “falsos positivos”, las alianzas entre fuerzas policiales y militares con grupos criminales y paramilitares, y las cárceles de extrema comodidad para los militares? ¿Acaso han sido exterminadas las guerrillas y efectivamente desmovilizados los grupos paramilitares? ¿Acaso ha existido una reforma radical del ejército y de la policía, y existen mecanismos de rendición de cuentas para controlar a tales entes?
Por qué no al monopolio de Estado
Los monopolios se oponen a la competencia mercantil y política. En el ámbito económico, un monopolio resulta inconveniente porque eleva los precios e impone cantidades y calidades inadecuadas del producto o servicio. En lo político se cumple el célebre dictum de Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
En tanto constituyen una concentración del poder, resultan peligrosos los monopolios estatales, en particular en temas tan delicados como la seguridad, la información, el conocimiento, la administración de la cultura y del medio ambiente.
Los avances en materias como las libertades de expresión y de culto, de movilización, de cátedra, de asociación y de reunión, la independencia de organismos que colectan y procesan información (entidades de estadística, periódicos, revistas, acceso a Internet), el hundimiento de regímenes totalitarios como el fascismo y el socialismo de corte autoritario son pasos esenciales hacia una sociedad más civilizada, menos violenta y menos autoritaria…. en fin, hacia una sociedad que deja funcionar la competencia y da alas a la libertad.
Políticos, técnicos y formadores de opinión que vienen clamando por el desarme de civiles parecen suponer que los gobernantes y las fuerzas de seguridad son ogros filantrópicos, administradores sabios e inofensivos del poder destructivo de las armas.
Seguramente no se han formulado elementales interrogantes como este: ¿Acaso los civiles son una horda pecaminosa y todavía menores de edad que han de ser vigilados y controlados por un Estado que cual hermano mayor disponga del monopolio de las armas? ¿Será que policías y militares han demostrado ser ángeles impolutos que no sólo saben manejar la tecnología de la destrucción, sino que además despliegan sabiduría y buen juicio para aplicar la justicia y resolver todos los conflictos?
Democracia y poder social
De acuerdo con el economista J. K. Boulding, existen al menos cuatro formas de poder [1]:
- Poder militar o destructivo, que se basa en violencia efectiva o uso potencial de la fuerza (terror y amenazas).
- Poder económico o de intercambio, que se basa en el poder adquisitivo o de compra (en últimas capacidad para sobornar y comprar conciencias mediante incentivos).
- Poder integrativo, una de cuyas características es la capacidad para inducir creencias o ideologías que encaminen la colectividad hacia determinados horizontes.
- Poder organizativo, propio de estrategas, empresarios, administradores, que consiste en realizar acciones coordinadas, disciplinadas, regulares y previsibles.
La existencia de un monopolio absoluto e incontestable (sin controversia, sin oposición, sin competencia) en cualquiera de los poderes crea monstruosidades abominables: militares con enorme poder destructivo como Napoleón, Hitler o Pinochet; empresarios con gran poder para manipular mercados como Rockefeller, Bill Gates o Luis Carlos Sarmiento; ideólogos fanáticos, profetas, animadores de sectas, autodenominados salvadores y gurús, con enorme influencia sobre mansos rebaños de creyentes y súbditos obedientes; y ámbitos de absolutismo organizacional como los que describió y denudó el gran novelista y ensayista George Orwell.
No sin razón, Karl Popper, en su clásico texto La sociedad abierta y sus enemigos, hizo énfasis en que la democracia no consiste en escoger a los líderes más inteligentes y menos corruptos para delegarles la tarea de guiar los destinos de toda la colectividad. Su idea de la democracia es la de la controversia, la oposición y el control ciudadano a los gobernantes, es decir, el ejercicio dinámico de un poder de contrapeso o control social para poner freno a los gobernantes y derrocarlos, de ser necesario en situaciones extremas, ojalá sin violencia. En fin, sin poderes de contrapeso y sin distribución del poder, la democracia es mera formalidad.
Convivencia en una sociedad fragmentada
La discusión sobre el uso centralizado o descentralizado, legal o ilegal, violento o no violento de la fuerza, debería ampliarse al análisis más general de la convivencia en el contexto de una sociedad que sufre un conflicto violento y de larga duración, con claros visos de guerra civil, como la colombiana.
Algunos estudiosos de los aspectos teóricos y empíricos de las guerras, como Schelling [2] y Kalyvas [3], arrojan algunas luces para entender la relación entre convivencia ciudadana y conflicto armado. A partir de sus razonamientos se puede destacar que:
- La clásica idea de Hobbes acerca del desorden social como una guerra primigenia de todos contra todos, un estado social en donde la vida es brutal, breve y desagradable, evoca un escenario de profunda fragmentación.
- Tal guerra de todos contra todos no parece haberse aplacado con el presumible avance de la civilización. Schelling se asombra de que millones de seres humanos no se salgan de la mansa jovialidad de la convivencia cotidiana, y no terminen incendiando las pertenencias de su prójimo, o violando y secuestrando a los hijos e hijas de sus vecinos.
- En la sociedad colombiana parece existir menos mansedumbre y más guerra de todos contra todos, a juzgar por los pavorosos datos cuantitativos y cualitativos en materia de violencia intrafamiliar, riñas comunales y callejeras, maltratos laborales, persistentes agresiones no sólo con armas, sino también con vehículos y con el uso de lenguaje violento (incluso por parte de ciertos periodistas y gobernantes).
- En las guerras civiles, de acuerdo con Kalyvas, existe una línea tenue y borrosa entre combatientes y no combatientes y, además, los unos suelen usar a los otros para tramitar sus querellas personales y vecinales (esto ayuda a explicar el gran número de civiles heridos y muertos en este tipo de conflicto).
El origen de la agresión está en el desorden social (problemas de convivencia y de justicia) y en la existencia de núcleos de violencia organizada (combatientes de la guerrilla y de los paramilitares, y de las fuerzas represivas del Estado).
Primero, bajar la agresividad
Aun suponiendo que el mal estuviese dado por la mera posesión de armas legales o ilegales, habría un interrogante obvio para quienes abogan por el desarme: ¿cómo proceder en la práctica para detectar y confiscar tales armas, por lo demás ligeras, pequeñas y por lo mismo fácilmente camuflables?
El interrogante se amplía cuando se pasa de escenarios locales (provincias y vecindades, comunidades de “pueblo chiquito, infierno grande”) a escenarios complejos, que se caracterizan por millares de encuentros y transacciones impersonales. Detectar armas pequeñas es entonces tan difícil como descubrir a la gente sucia que suele contaminar con gases o fluidos los espacios colectivos (piscinas, buses, etc.), o a los degenerados que portan algún virus peligroso y contagioso y se mezclan deliberadamente con otra gente.
Sin embargo, existen acciones agresivas visibles, las cuales podrían ser oportunamente desactivadas. Piénsese en formas de contaminación visual (suciedad), auditiva (pitos y gritos estridentes en las calles), olfativa (cientos de automóviles y de empresas que expelen gases negros y contaminantes), también en el lenguaje cargado de violencia, y en las persistentes riñas y malos tratos. Aunque tales actos apenas sean la punta del iceberg.
No violencia y transarmamento
Por las razones anteriores, el desarme unilateral de los civiles equivaldría a indefensión y a vulnerabilidad. Más sensata podría ser la propuesta de una transformación de armamentos (el economista Boulding acuñó la palabra “transarmamento”) y ofreció la siguiente definición: “… una política de defensa no-violenta debe implicar un transarmamento unilateral, una transformación de las actuales fuerzas violentas de defensa en unas fuerzas de defensa no-violenta o ´fuerzas de buena voluntad´ con grandes habilidades, entrenamiento y profesionalización en tal técnica.”
La transformación del armamento obedece a un efecto de sustitución (típico de cualquier transacción económica o afectiva): un individuo o una colectividad aceptan que les quiten algo a cambio de que les brinden un sustituto.
En concreto: se trata de abandonar las armas letales (francamente destructivas) por otro tipo de armas no destructivas, pero tan eficientes o más que el propio recurso a la violencia. Se trata del arsenal de tácticas y estrategias de la acción política no-violenta. Tal acción no se debe confundir con pacifismo cursi o ejercicio laxo de resistencia pasiva. Existen cerca de 200 métodos de acción no-violenta sistematizados por el investigador Gene Sharp y disponibles en el portal virtual de la Albert Einstein Institution.
Indudablemente, semejante proceso es de larga duración (puede abarcar generaciones enteras) y supone un consenso entre gobernantes y gobernados. En Bogotá y en Colombia por lo demás se debería proceder a resolver los graves problemas de orden y convivencia, y a sanear y reformar las fuerzas represivas mediante la profundización de la democracia y del poder social.
No obstante, en el corto plazo de una administración local presumiblemente progresista, se podría avanzar hacia la conformación de una fuerza de paz o un cuerpo de objetores de consciencia.
La juventud que culmina su bachillerato podría prestar un servicio social, distinto a la participación en la guerra. Podrían constituir un progreso formidable la articulación de una fuerza no-violenta para ayudar a resolver conflictos y enfrentar a ciertos actores violentos sin caer en el juego de la violencia, con una fuerza policial más civilizada, más cercana a la ciudadanía y más regulada por el poder social.
Hay que trascender los procesos más inocentes, improvisados, simbólicos y discontinuos que se ensayaron en las administraciones de Mockus y de Garzón [4].
* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.
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