Pasada la euforia electoral, el Congreso tendrá que debatir el futuro del sistema de salud.
César González Muñoz *
El ex ministro Juan Lozano declaró públicamente que, en su opinión, la "iliquidez" del sistema de salud es un hecho sobreviniente, capaz de justificar la declaratoria ejecutiva de la Emergencia Social. La lección es: no se puede decir "quiebra". Porque la quiebra no sería un hecho sobreviniente. Una quiebra toma tiempo y con frecuencia ocurre en cámara lenta. La imagen que se le debe transmitir a la Corte Constitucional es la de "iliquidez". Lenguaje de propagandista.
El Ministro de la Protección Social había pronunciado, días antes de la declaratoria de la Emergencia, una frase terrible que, en una democracia seria, no de caretas, le habría provocado su empalamiento político en el Capitolio: Dijo que con la emergencia se "facilitará el trámite de normas que no tendrían futuro en el Congreso, donde se mueven muchos intereses". La lección es: Al Congreso no se debe ir con estas cosas. En época de elecciones y de reelecciones el legislativo es caro y descarado para pedir aceite burocrático y contratos. Los sabios están en la Presidencia y en el Ministerio. A falta de Estado de Sitio, buena es la Emergencia Social. La lección es también que en el gobierno no se mueven muchos intereses. Sólo los altos intereses de la Patria. Cómo no. En este caso específico, sería bueno saber cuáles escribanos externos, cuáles consultores de alto costo participaron en la redacción de los decretos expedidos bajo el alar de la emergencia. ¿Se anima, Procurador?
En esa nación vivimos. El sistema de aseguramiento público en salud entró hace muchos años en la senda de la quiebra. Sentado en un barranco, el país entero vio la marcha del sistema hacia su colapso. El Congreso la vio, lo mismo que los partidos, el gobierno, las organizaciones sociales, la prensa, los operadores del sistema. Todos. Hasta las EPS y las IPS y el FMI. Ahora el gobierno quiere hacer pasar un piano a través de un postigo y disfrazar de Emergencia Social un proceso viejo; vuelve a poner sobre los Altos Jueces una carga que debiera estar sobre los hombros del gobierno, de la crítica social, de las organizaciones políticas y del Congreso. Y cuando la Corte sentencie que es inconstitucional el Decreto 4975 de 2009, por medio del cual se declara la Emergencia, entonces desde las alturas se dirá que ese tribunal es la vanguardia de la oposición y de los enemigos del progreso. Pero esta vez muy poca gente les va a creer. Digo yo.
El Congreso colombiano se ve como un sitio peligroso, frecuentado por truhanes que abruman a unas pocas personalidades decentes y altruistas. Pero ese es el escenario en el que se debe mover la democracia. Es allí donde la ciudadanía debe hacerse oír para obtener un aparato estatal que garantice sus derechos.
El único beneficio que tendrá esta gaffe colosal será que los timbres de alarma sonarán durante un rato. No sé cuándo, ni mediante cuáles procesos concretos, pero el Congreso tendrá que remover los escombros del sistema de salud y construir un nuevo edificio. Lo primero que tendrá que hacer es reconocer el enorme costo fiscal que este rescate va a tener. Después tendrá que aceptar que un sistema de protección social viable en las condiciones contemporáneas supone un régimen laboral altamente formalizado, el respeto de las normas salariales, la no evasión del salario mínimo y la recuperación de los principios que consagra la constitución en esta materia. Un sistema de protección social viable no puede ser simplemente una avalancha de subsidios mal administrados en un país de gentes sin ocupación digna, ni un conjunto de prestaciones niveladas por lo bajo.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
