Cómo actúan los delincuentes y qué se puede hacer frente al aumento del delito callejero en las distintas ciudades.
Christian Álvarez Gómez*
Percepción y realidad
En los medios de comunicación y las redes sociales se reproducen diariamente noticias sobre atracos, robos y hurtos con graves consecuencias para las víctimas (un ciudadano sueco asesinado, una mujer embarazada herida con arma de fuego…).
Más allá de las críticas sobre el cubrimiento sensacionalista de los hechos delictivos, estas noticias revelan la frecuencia y gravedad de las amenazas que se ciernen sobre los ciudadanos y que alimentan sus sentimientos de inseguridad.
Según la última encuesta de Bogotá Cómo Vamos, el 54 por ciento de los habitantes se sienten inseguros en la ciudad. Y aunque los políticos responsables de la seguridad ciudadana suelen decir que se trata de percepción, el aumento de los índices refleja el deterioro objetivo de la situación y pone de presente la incapacidad de las autoridades para responder a las preocupaciones de la ciudadanía.
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La paradoja
 Habitantes de Calle en la ciudad de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Las cifras sobre criminalidad en Colombia apuntan hacia una situación paradójica.
Por un lado el homicidio sigue mostrando una tendencia negativa:
- En 2017 se registró el nivel más bajo de los últimos cuarenta años: 12.160 homicidios, para una tasa de 24 casos por cada cien mil habitantes.
- La reducción en Bogotá es notoria: 14 homicidios por cada cien mil habitantes, un nivel solo comparable con las tasas registradas en la década de 1970.
- Si bien en Medellín han aumentado las muertes violentas durante los últimos dos años, los cerca de 580 homicidios registrados en 2017 distan mucho de los 6.800 de 1991.
- Pese a una reducción en el último año, el homicidio en Cali sigue teniendo niveles muy altos y, con una tasa de 50 casos por cada cien mil habitantes, la ciudad se mantiene dentro de las 30 urbes más violentas del mundo.
Pero por otro lado, la delincuencia en general tiende al aumento en las grandes ciudades y algunas otras capitales. Este es el caso, en especial, de los hurtos en sus diferentes modalidades:
La inseguridad o es solo cuestión de percepción el crecimiento de los indicadores refleja un deterioro en la seguridad de las ciudades
- Las cifras de la Policía Nacional y la Fiscalía General indican que durante los tres primeros meses del 2018 se han registrado más de 81.000 robos en todo el país. Cerca de la mitad de las denuncias corresponden a hurtos a personas.
- La situación es especialmente crítica en Bogotá, donde las denuncias por hurto a personas habían aumentado 64,9 por ciento entre 2016 y 2017, y mostraron un aumento de 42 por ciento entre enero y febrero de 2018 y el mismo periodo de 2017. En la ciudad se registraron 14.110 casos, de los cuales el 59 por ciento corresponde a hurtos de celulares.
- Aunque en proporciones menores, Cali con una variación del 26 por ciento y Medellín con una variación del 16 por ciento también han experimentado un aumento en los hurtos a personas durante los primeros meses del año.
Es cierto que el cambio en la metodología de recolección de información –agregando la información de Policía, Fiscalía y las denuncias virtuales– ha afectado la estadística.
Sin embargo, esto da una mejor lectura del fenómeno delincuencial en las ciudades, corroborando que el hurto es el delito que más afecta y preocupa al ciudadano, condicionando incluso sus actividades cotidianas para evitar la inseguridad. A esto se suma el hecho de que un robo con frecuencia acarrea una agresión física para la víctima.
Diferencias por ciudades
La delincuencia presenta sus particularidades en cada ciudad.
En Bogotá, la delincuencia común es abundante, variada y dispersa. Ella no es ejercida por grupos organizados que controlen las diversas actividades ilegales en la ciudad, aunque por supuesto existen bandas especializadas en algún tipo de delito como el robo de celulares, el paseo millonario o el fleteo; estos grupos operan de forma relativamente organizada y localizada, sin que exista una relación jerárquica de uno sobre otro.
Según Carlos Mario Perea y Andrés Rincón las bandas criminales bogotanas “ni ejercen dominio sobre zonas diversas de la ciudad ni generan estructuras de segundo nivel que aglutinen conjuntos de bandas. [Ellas] ni tienen dominaciones territoriales violentas, ni actúan más allá de áreas delimitadas, ni controlan más de un mercado”.
El robo es una renta para la base de la pirámide criminal, mientras que los mandos poco se involucran en este tipo de delitos
Ni siquiera en los días más aciagos de El Bronx, los ‘ganchos’ dedicados al microtráfico de estupefacientes, que tenían a su disposición cuerpos armados para la vigilancia y protección de sus negocios (los sayayines), lograron ejercer control sobre territorios o mercados criminales más allá de esta zona.
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Esto diferencia la delincuencia capitalina de aquella de ciudades como Medellín, donde es manejada por los combos, grupos que ejercen o pretenden ejercer dominio sobre sectores específicos de la ciudad, lo cual resulta en grandes confrontaciones entre actores criminales. De allí la alta incidencia de muertes producto del sicariato.
Los combos de Medellín llevan a cabo varios tipos de actividades criminales, desde el microtráfico de estupefacientes en los barrios, pasando por la extorsión a transportadores y comerciantes locales, hasta el hurto en sus diferentes modalidades.
Según algunas investigaciones estas bandas están relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional, llevando a cabo algunas actividades criminales en outsourcing. Según expertos consultados por El Colombiano, el robo es una renta para la base de la pirámide criminal, mientras que los mandos poco se involucran en este tipo de delitos.
En todos los casos debe sumarse la incidencia de los ladrones de ocasión en el fenómeno del hurto, personas que “aprovechan la oportunidad” para robar las pertenencias de los transeúntes, los contadores de agua en las casas o los accesorios externos de los vehículos.
En Bogotá el asentamiento de habitantes de calle en ciertos sectores favorece el hurto a personas. Después de las intervenciones en El Bronx bajo la administración de Enrique Peñalosa, hubo un desplazamiento progresivo de habitantes de calle hacia la localidad de Puente Aranda, donde los índices de delincuencia han venido aumentando durante el último año.
En Cali y Medellín, una de las prácticas más comunes son los motorizados que se acercan a los vehículos detenidos en los semáforos en rojo, para intimidar y robar con arma de fuego a los conductores.
Mucho compromiso, mucho trabajo
 Estrategias de Seguridad Ciudadana, por parte de la Policía Nacional. Foto: Urna de Cristal |
La administración de Bogotá ha insistido en el problema de la escasez del pie de fuerza policial: aproximadamente seis mil policías por turno para atender a una ciudad de más de ocho millones de personas. Alcaldes de otras ciudades han hecho observaciones similares, ante lo cual el gobierno nacional anuncia un supuesto aumento de patrulleros para la seguridad urbana.
Pero el problema de la delincuencia no se resuelve únicamente con mayor presencia de policías en las calles, ya que es necesario:
1.Mejorar las capacidades operativas y de investigación, tanto de la Policía como de la Fiscalía, para identificar y desarticular los mercados criminales relacionados con el comercio de bienes robados. Es una tarea compleja que implica neutralizar y sancionar la oferta ilegal, y controlar la demanda ciudadana de mercancía robada.
Lo mejor es el compromiso irrestricto en luchar contra todas las formas de corrupción y arbitrariedad que se presentan entre el policía y las comunidades locales
2.El Estado, y no solo las autoridades locales, deben comprometerse con el control del mercado negro de armas de fuego que nutre a la delincuencia común en las ciudades.
- Realizar cambios penales de fondo. Un problema mayúsculo para las autoridades sigue siendo la judicialización de los delincuentes. La legislación actual establece que conductas como el hurto a personas son delitos menores y excarcelables, aun cuando la vida de la víctima haya sido puesta en peligro. Más allá de las discutibles decisiones de jueces que dejan en libertad a personas pese a la evidencia de su reincidencia, es necesario hacer modificaciones en la política criminal del Estado.
- Seguir promoviendo la denuncia ciudadana. La puesta en funcionamiento de la plataforma virtual ‘A Denunciar’ facilita al ciudadano la denuncia de los delitos. Esto permite también que las autoridades tengan una mayor georreferenciación de la delincuencia y desarrollen las herramientas adaptadas para su contención.
- En el largo plazo es necesario insistir en los programas de prevención, como el aumento de las oportunidades de educación e inserción laboral para las poblaciones vulnerables.
También deben mejorarse los mecanismos de control, acompañamiento y supervisión de la población ex convicta con el fin de facilitar su resocialización y disminuir la reincidencia.
- Finalmente, fortalecer las relaciones de confianza y colaboración entre los ciudadanos y las autoridades. Para esto, lo mejor es el compromiso irrestricto en la lucha contra todas las formas de corrupción y arbitrariedad que se presentan entre el policía y las comunidades locales.
*Politólogo de la Universidad Nacional, estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada.
