Dice el gobierno que el aumento de la violencia se debe a la expansión de los cultivos de coca. Pero el análisis riguroso de los datos muestra una realidad más complicada*.
Óscar Alfonso R.**
Entre Santos y Duque
Después de conocer las cifras del último censo de población publicadas por el DANE, las de homicidios registradas por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y las de los cultivos de coca por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Deliro, es impostergable una reflexión sobre los vínculos entre coca y homicidios en Colombia.
Los años de transición presidencial, como lo fue 2018, son coyunturas complejas, porque las expectativas de los agentes sociales, políticos o del mercado, se modifican de acuerdo con las señales del gobierno entrante.
2018 fue un año de gestión compartida entre un presidente saliente, que gobernó durante 218 días, y uno entrante, que lo hizo durante los restantes 147 (en términos porcentuales, 60 y 40 por ciento del tiempo, respectivamente). Y en esa misma proporción deben ser repartidas las responsabilidades.
Las tasas de homicidios bajo el nuevo censo
Es previsible que las cifras de los censos de población no dejen satisfechos a aquellos que sientan que con ellas se afecta su participación en el presupuesto nacional. Pero el censo de 2018 fue peculiar, pues el descontento fue general: tanto entre los mandatarios de ciudades como Bogotá, cuya población creció, como entre los municipios donde decreció.
El hecho es que, en una comparación con los censos de 1985, 1993 y 2005, es posible establecer que 512 municipios han perdido población sistemáticamente y, como producto de esto, el control territorial del Estado se ha vuelto aun más precario en ese 45,6 por ciento del país.
Desde 2016, cuando se acabaron las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato, la tasa de homicidios ha ascendido.
Como la medida para comparar la incidencia relativa del homicidio es la tasa por cada 100.000 habitantes, aquellos municipios donde la población proyectada era mayor que la que mostró el censo ahora encuentran que esa tasa es mayor que la estimada inicialmente.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
Esta medida es objeto de una crítica recurrente, porque muchos municipios no llegan a 100.000 habitantes, lo que hace que se pierda de vista que este es un estándar internacional y que, en el fondo, lo crucial son las diferencias. Si se trabajase con tasas por 10.000, por 1.000 o por 100 habitantes, estas diferencias persistirían.
Puede leer: Una mirada panorámica a la violencia homicida en el mundo.
Asociación aparente
Tras un descenso sostenido de la tasa de homicidios desde 2009, cuando se alcanzaron los 41 por cada 100.000 habitantes, esta tasa se estancó en 26 por cada cien mil habitantes entre 2015 y 2017, y en 2018 ascendió a 27.
Desde 2016, cuando se acabaron las fumigaciones de cultivos de coca con glifosato, la tasa de homicidios ha ascendido en los municipios con estos arbustos, hasta situarse en 2018 en 50, mientras que en el resto del país es de 24.
Esto no es, sin embargo, suficiente para inferir que existe un nexo causal claro entre uno y otro fenómeno. Si hubiese una asociación de tal tipo, la tasa de homicidios aumentaría cuanto más crece el área dedicada a la coca, y se reduciría cuando el área sembrada disminuyera. Esto no fue cierto en el pasado y no hay razón para afirmar que lo es ahora.
La cosa es más complicada
Al desagregar lo ocurrido en 2018 con la tasa de homicidios en los 187 municipios con cultivos de coca, encontramos al menos cinco grupos cuyas disímiles asociaciones dan la idea de que existe lo que los analistas denominan como un “paseo aleatorio” (ver gráfico).
Asociación entre tasa de homicidios y cultivos de coca, Colombia 2018.
Fuente: registros estadísticos del Observatorio de Drogas de Colombia; Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y DANE.
Grupo I. Lo conforman 22 municipios (el 11,8 por ciento) donde no hubo homicidios en 2017 y en 2018, aunque el área cultivada aumentó en 4 municipios y en los 18 restantes disminuyó.
Grupo II. Son 55 municipios (el 29,4 por ciento) donde hay asociación positiva entre el área sembrada con coca y la tasa de homicidios. Son emblemáticos en este grupo La Montañita (Caquetá) e Ituango (Antioquia). Sin embargo, en Tibú (Norte de Santander) el área sembrada aumentó mucho más, pero la variación en la tasa de homicidios no alcanzó las magnitudes de los dos primeros.
Grupo III. Pertenecen a este grupo 26 municipios (el 15 por ciento) donde disminuyó la tasa de homicidios a pesar del aumento del área cultivada con coca. Casos notables son los de Morelia (Caquetá) y La Playa (Norte de Santander), que contrastan con el de Sardinata (Norte de Santander), donde, con un aumento sustancial en el área de coca, la reducción de la tasa fue un poco más leve.
Grupo IV. Lo componen 29 municipios (el 15,5 por ciento), en los que la tasa de homicidios decreció simultáneamente con la reducción del área de los cultivos de coca. Un fuerte contraste se presenta entre San José del Palmar (Chocó), Briceño (Antioquia), Mesetas y Uribe (Meta), y Barbacoas (Nariño), donde el cultivo se redujo más que proporcionalmente en relación con los primeros, no así la tasa de homicidios.
Grupo V. Conformado por los 55 municipios restantes (el 29,4 por ciento), donde la reducción del área sembrada se acompañó de un aumento en la tasa de homicidios, siendo el caso más notable el de Tarazá (Antioquia), seguido de Valdivia (Antioquia) y San José de Ure (Córdoba), que contrastan con la respuesta lenta de las tasas de homicidios en Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
Puede leer: Coca, violencia y sustitución de cultivos.
Soluciones duraderas
El director de Indepaz, Camilo González Posso, sostuvo recientemente en Razón Pública que los resultados sobre disminución de las áreas cultivadas con coca son engañosos, pues se deben más a los avances en los acuerdos de sustitución que a las operaciones militares de erradicación forzada.
Es igualmente engañoso hacer una asociación entre cultivos de coca y homicidio, para satanizar aún más a los cultivadores.
Foto: Policía Nacional |
Los gobiernos de Santos y de Duque bien podrían abrazarse para celebrar la estabilización de las áreas cultivadas en el año del mandato compartido y la certificación del país por parte del gobierno norteamericano por su lucha contra las drogas.
Es engañoso hacer una asociación entre cultivos de coca y homicidio, para satanizar aún más a los cultivadores.
Por su parte, al gobierno de Duque le corresponde tomar las decisiones necesarias para evitar que esos logros sean efímeros. La insistencia en la aspersión con glifosato es la solución menos indicada, así haya unanimidad entre los ministros que tienen un lugar en el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Sorprende que el fiscal encargado se sume a tal unanimidad, considerando la abundancia de pruebas científicas sobre la elevada probabilidad de cáncer debido a la aspersión con glifosato y teniendo en cuenta su adhesión a los resultados del protocolo exigido por la Corte Constitucional, cuando este ni siquiera se ha practicado.
Lea en Razón Pública: ¿Quién tiene la razón sobre las cifras de los cultivos de coca?
Por nuestra parte, estamos acopiando nuevas evidencias científicas para demostrar que, además de los vínculos entre el glifosato y las defunciones por linfoma no-Hodgkin, también hay relación entre tal estrategia y el aumento de la tasa de homicidios y el deterioro de cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria, como el arroz.
Es hora de constatar igualmente los avances que ha tenido la industrialización de la coca y el potencial que tal estrategia tiene para sustraer cuantiosas cantidades del alcaloide del mercado y, así, alcanzar la inclusión de los campesinos cocaleros entre los beneficiados del desarrollo del que han sido privados.
*Este artículo es parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
**Doctor en Planeamiento Urbano y Regional, economista, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Agradecimientos a Andrea Constantin, Mariana Benítez y Valeria Rivera. oscar.alfonso@uexternado.edu.co