Seguirá el nuevo gobierno con la política de seguridad democrática? De ser así, sería conveniente analizar sus debilidades, fortalezas y desafíos.
Jairo Libreros*
El análisis de la política de seguridad democrática del presidente Uribe arroja un balance contradictorio entre el manejo controlado de la información y el fortalecimiento militar del Estado. Quisiera delimitar sus resultados para proyectarla en dos contextos: el urbano y el de las fronteras, porque en ellos sus fortalezas no tienen relevancia y sus debilidades se convierten en su mayor obstáculo.
Debilidad por la información
Corría el 7 de agosto de 2002. Todo estaba dispuesto para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Atrás quedaba la administración de Andrés Pastrana y la fallida zona de distensión con las FARC. Los colombianos querían un gobierno diferente. Apostaron entonces por el que ofrecía mano dura contra los violentos mediante una novedosa política de seguridad democrática. El momento del cambio había llegado. El recinto del Congreso estaba a reventar, y la transmisión era seguida por millones de personas a través de la televisión.
En los días previos a la posesión, los organismos de seguridad confirmaron que existía un plan terrorista para destruir el Congreso durante la ceremonia. Sin embargo, no fue posible detener el ataque. Las FARC lanzaron cohetes y granadas de mortero, que afortunadamente no dieron en el blanco. Quienes estaban en el recinto sufrieron la angustia del atentado, pero los que seguían la transmisión por televisión no se dieron cuenta de lo ocurrido, porque el nuevo gobierno dispuso una sola señal de televisión que manejó a su antojo, dejando por fuera la cobertura del ataque.
Tres huevitos dañados
Desde el primer día del nuevo gobierno, la información sobre asuntos de seguridad y defensa nacional fue controlada con recelo. Esa fue la principal debilidad de la seguridad democrática. Hubo varios casos de control. Tres de ellos son notables:
- El primero, el 16 de septiembre de 2004, cuando César Caballero presentó su renuncia a la dirección del DANE porque la Casa de Nariño le ordenó abstenerse de publicar una encuesta sobre criminalidad que arrojaba datos que ponían en tela de juicio las bondades de la seguridad democrática;
- El segundo, alrededor de las actuaciones ilegales del DAS, entidad que, en apariencia, recibió órdenes de palacio para obtener por cualquier medio información sobre las actividades de las personas que criticaban al gobierno. En algunos casos documentados por los jueces, las órdenes fueron impartidas directamente por jefes del paramilitarismo;
- Y el tercero, los falsos positivos, eufemismo para describir violaciones a los derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas de civiles con fines de homicidio. La política de seguridad democrática estipuló el pago de recompensas a los miembros de las fuerzas militares que dieran de baja en combate a guerrilleros y paramilitares. El alto número de alzados en armas caídos en enfrentamientos militares se presentó como uno de sus principales éxitos. Pero las investigaciones penales en curso han demostrado que algunos militares engañaron a jóvenes de distintas regiones del país, quienes fueron asesinados y sus cadáveres presentados como bajas de guerra.
Tres huevitos con pollitos
A pesar de ese talón de Aquiles, no se pueden desconocer tres logros de la política de seguridad democrática:
- El primero, el fortalecimiento del Estado a través de la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza. Esa institucionalidad le permitió a los colombianos volver a confiar en la capacidad de anticipación, análisis y respuesta operacional de la fuerza pública;
- El segundo, la disminución de la tasa de muertes violentas, indicador considerado por las Naciones Unidas como el principal factor internacional para determinar el estado de seguridad de una nación. Durante los gobiernos de los años 90, el promedio de muertes violentas en Colombia era de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes. Bajo la vigencia de la seguridad democrática la tasa descendió de 66 a 39 homicidios.
- Y el tercero, el debilitamiento militar de las FARC. Pese a su derrota política por el fracaso de la zona de distensión y por haber sido catalogadas como terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, esa agrupación se había convertido en un verdadero ejército irregular, que controlaba escenarios territoriales y tenía un mando unificado en capacidad de ejercer control sobre la tropa. Las iniciativas de recuperación territorial permitieron reconquistar los antiguos santuarios de las FARC y las obligaron a internarse en zonas selváticas del país o en las fronteras desprotegidas que unen a Colombia con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.
Hoy las FARC no sólo han perdido libertad para adelantar sus acciones militares. Las operaciones coordinadas de la fuerza pública en Colombia y en el exterior facilitaron la captura y baja en combate de importantes cabecillas, como Simón Trinidad y Raúl Reyes. Igualmente, las operaciones Jaque y Camaleón, que dieron libertad a los contratistas norteamericanos, a Ingrid Betancourt y al general Mendieta, entre otros políticos, policías y militares retenidos, confirman el fortalecimiento del Estado.
Reelección de la seguridad democrática
En el escenario de la campaña presidencial, la vigencia de la política de seguridad democrática jugó un papel relevante. No sólo fue un tema que polarizó la intención del voto, sino que de manera especial puso en contexto el diagnóstico del crimen, la violencia y la intolerancia del país. Por ello, vale la pena analizar qué tan relevante es hoy en día esa política, cuál puede ser su impacto y cuáles son los refuerzos formulados por el presidente electo Juan Manuel Santos para la Colombia del 2010-2014.
La seguridad se concentrará en zonas urbanas y fronterizas. La tasa de homicidios en las capitales de departamento es hoy de 39 por cada cien mil habitantes. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga registran diariamente los más altos niveles de enfrentamiento entre pandillas juveniles, muertes por ajustes de cuentas del crimen organizado, secuestros exprés y hurtos realizados por bandas especializadas.
De otro lado, las fronteras se han convertido en santuarios del tráfico ilícito de drogas, armas y mercancías de contrabando. Los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros han señalado que la presencia de águilas negras, bandas criminales emergentes, FARC y ELN se ha visto favorecida por la dificultad que tienen el gobierno colombiano y sus homólogos de frontera para controlar esos lugares. Igualmente, se ha advertido que en algunos casos puede llegar a existir complicidad de miembros de entidades públicas de los países de frontera con esas agrupaciones delictivas.
Tarea de alcaldes y gobernadores
La política de seguridad democrática del presidente Uribe no consagró herramientas, estrategias ni iniciativas que permitieran afrontar esas dos problemáticas. Pero la razón es obvia: los alcaldes en los centros urbanos y los gobernadores de frontera en su jurisdicción son los llamados a formular las estrategias de política pública que sus entidades territoriales requieren, con el acompañamiento y respaldo de las instituciones del orden nacional. Actualmente, la relación de la política de seguridad democrática es inversa: el gobierno nacional formula e impulsa, y las autoridades territoriales acompañan el proceso.
Ahora bien, el fortalecimiento nacional del Estado en términos militares puede apoyar las políticas públicas departamentales, pero en las grandes ciudades es un ejercicio que suma cero, y que terminaría por agravar el panorama que enfrentan los derechos humanos. Las fuerzas militares no están preparadas para luchar contra bandas del crimen organizado. Esa es una función exclusiva de la Policía Nacional. Sin embargo, en muchos lugares del país esta última ha perdido su papel ante el protagonismo que la seguridad democrática le ha adjudicado al Ejército.
DAS y fiscal
Como solución a los problemas del manejo controlado de la información, principal debilidad de la seguridad democrática, la agenda del presidente electo propone en apariencia dos iniciativas que su equipo de trabajo considera complementarias. En primer lugar, confirma la importancia del proyecto de ley que reformula el DAS; y en segundo término, lanza la propuesta de reformar la Constitución para trasladar la Fiscalía de la rama judicial a la rama ejecutiva, de tal manera que el Presidente de la República sea quien elija al Fiscal y formule la política criminal.
Presentadas como refuerzos de la política de seguridad democrática, estas dos iniciativas no solucionarán el problema del manejo controlado de la información, no son complementarias sino contradictorias y, de llegar a materializarse, afectarán la estructura institucional del Estado. Al respecto, podría formular cuatro preguntas:
1. Si la Fiscalía se convierte en una institución de la rama ejecutiva, ¿qué papel asumirá el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI?
2. ¿Si avanza la reforma del DAS, tal como está concebida, cuál sería la diferencia entre este organismo y el CTI?
3. ¿Colombia necesita dos servicios de inteligencia internos?
4. ¿Con esas iniciativas se fortalecería el manejo controlado de la información de seguridad y defensa nacionales?
Para dar respuesta a estos interrogantes, se pueden seguir dos aproximaciones:
- La primera, el análisis de las experiencias internacionales. En estricto sentido, el CTI se convertiría en el servicio de inteligencia interna del Estado, tal como funciona en todos los países -sin excepción- en los cuales la Fiscalía es una entidad de la rama ejecutiva del poder público. Por ejemplo, cumpliría el mismo papel que tiene el FBI en relación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, Colombia tendría dos entidades públicas con idénticos propósitos: el DAS y el CTI.
- Y la segunda, el hecho de que las iniciativas de reforma del DAS y de la Fiscalía no han sido bien analizadas, y son fruto de la improvisación.
En conclusión, la seguridad democrática por sí sola no es la política llamada a afrontar los retos urbanos y fronterizos de Colombia en el período comprendido entre el 2010 y el 2014. De seguir adelante, persistirá su mayor debilidad, que es la obsesión por controlar la información de seguridad y defensa nacionales. Y con ese control, las implicaciones que ella tiene en lo que se refiere a la protección y defensa de los derechos humanos.
* Abogado especialista en seguridad y defensa nacional, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia, y analista de política latinoamericana de NTN24. Twitter:@jairolibreros
