Para que deje de ser un diálogo de sordos, debemos incluir más voces, aceptar la complejidad del asunto y estar dispuestos a cambiar de opinión. A propósito de un fallo de la Corte Constitucional.
Eduardo Díaz Amado*
Un viejo debate
Según el Comunicado 27 de la Corte Constitucional, la Sentencia C-233/21 garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables.
Unos días antes, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) expidió la Resolución 971 con el fin de establecer “el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de la eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del Comité para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia”.
Esta noticia reavivó el debate sobre la eutanasia en Colombia que apareció por primera vez en 1997 cuando la Corte Constitucional abrió la posibilidad de que los médicos ayudaran a morir a los pacientes en estado terminal que así lo desearan. Mientras que unos celebraron la decisión argumentando que representaba un avance en el esfuerzo por garantizar los derechos individuales, otros la criticaron alegando que se trataba de un atentado contra la vida. Desde entonces, cada vez que los medios publican una noticia relacionada con la eutanasia, aparecen defensores de ambas posiciones.
Estas posturas reflejan un desacuerdo ético que solo podría resolverse si uno de los implicados cambiara de posición, lo cual difícilmente va a suceder, pues quienes creen que la vida es un bien sagrado del cual nadie puede disponer, jamás aceptarán la legalización de la eutanasia y quienes creen en la defensa de las libertades individuales siempre abogarán por la legalización. Resulta interesante que ambos “bandos” aseguran que su posición defiende la dignidad humana. Parece, entonces, un debate interminable. ¿Qué podemos hacer?
Herramientas para dialogar
Para comenzar, debemos reconocer que en el mundo contemporáneo los desacuerdos éticos sobre temas sustanciales exigen desarrollar estrategias que, sin echar mano de la violencia ni la imposición, permitan la coexistencia de posturas diferentes.
En las sociedades plurales, democráticas y liberales estas estrategias surgen de acuerdos sostenidos por las instituciones a las que todos tenemos acceso de forma directa o indirecta.
Es importante aclarar que, en este caso, la expresión “sociedades o individuos liberales” no significa pertenecer a un partido, sino aceptar que las personas tienen el derecho a decidir sobre sus planes de vida siguiendo sus propios valores y creencias, dentro de ciertos límites establecidos por el derecho y la política.
El filósofo Richard Rorty hablaba del ironista liberal, aquel que acepta la contingencia de su propio lenguaje (de su propio mundo, de sí mismo y de su propia sociedad), y renuncia a una adherencia ciega a posiciones suprahistóricas, esencialistas o dogmáticas. El ironista liberal le apuesta a la solidaridad y al entendimiento mutuo basándose en vivencias y narraciones que dan cuenta de los lazos afectivos que nos unen. Por eso, para Rorty, además de Filosofía, necesitamos más Literatura, pues las teorías son inútiles sin historias con las que podamos identificarnos.
Tal vez si oímos a los enfermos terminales, a los profesionales de la salud, a los ciudadanos de a pie, a los expertos, a los políticos y a los religiosos, podamos entender mejor los argumentos éticos y jurídicos de este debate y, sobre todo, logremos comprender los contrastes y matices de la condición humana.
En Colombia usamos la palaba “debate”, pero muchas veces asistimos a discusiones sordas donde importa el “yo” o el “nosotros”, y no el “tú” ni el “ustedes”. Rorty nos invita a dialogar en vez de creernos los poseedores de la última palabra.
En el texto “Sobre el diálogo y la razón”, Borges advirtió los peligros de comprometernos ciegamente con una posición: “Las polémicas son inútiles, estar de antemano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana o alguien pierde. El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de uno o de boca de otro.”
Cuando Borges habla de la “verdad”, no se refiere a un dato o información irrefutable, sino a la relación que surge entre quienes dialogan y, por tanto, investigan. Llegar a la verdad es sinónimo de reconocer que debemos seguir caminando y escuchando mientras conversamos.
La importancia de las instituciones
Todas las conversaciones exigen confianza entre los interlocutores. Cuando se trata de conversaciones sociales como la de la eutanasia, es necesario que exista confianza en las instituciones y en los espacios de representación y decisión.
En este caso, la Corte Constitucional ha sido el baluarte de defensa de los valores y derechos establecidos en nuestra Constitución, como el pluralismo y la autonomía personal. Como afirmó Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional no actúa como quiere y cuando quiere, sino cuando un ciudadano plantea una cuestión que debe ser analizada a la luz de la Constitución.
Las sentencias C-233/21 y C-239/97 son el resultado de demandas interpuestas por personas del común, lo cual indica que en Colombia, los ciudadanos son quienes han “jalonado” el debate sobre la eutanasia.
Adicionalmente, la Corte ha emitido otras sentencias que han llevado a que el MSPS expida regulaciones sobre la materia. Aunque no se trata del camino adecuado, ha servido para lidiar con la inoperancia del Congreso en esta materia.
A través de estas sentencias, la Corte ha reconocido que las personas tienen libertad para decidir sobre su vida y su muerte. En vez de imponer una visión única sobre la vida y la muerte, ha dejado esa tarea en manos de cada individuo.
En su sentencia C-233/21, la CC subraya la importancia de varios artículos de la Constitución para este debate. El Artículo 11, por ejemplo, establece el derecho a la vida, pero no a cualquier vida: “el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia biológica, sino que implica la posibilidad de vivir adecuadamente en condiciones de dignidad”. Sobre este punto, es importante señalar que la eutanasia no es sinónimo de morir dignamente, pues este concepto es mucho más amplio.
El Artículo 12, según el cual nadie podrá ser sometido “a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Para la Corte, esto ocurriría si se mantiene la exigencia de que las personas tengan una enfermedad terminal para acceder a la eutanasia. En 1998, en un congreso de bioética, Carlos Gaviria Díaz dijo que establecer la condición de terminalidad como criterio para acceder a la eutanasia había sido una “precaución excesiva”. Aparentemente, ahora la Corte le está dando la razón.
No se trata de renunciar a las creencias propias, sino de aceptar que las sociedades evolucionan. No existe ninguna contradicción entre defender la vida y reconocer la autonomía de los individuos. Como señala la Corte, “es obligación del Estado ofrecer y prestar los servicios, técnicas y asistencia necesaria para la protección de la vida, la disminución del dolor y el tratamiento terapéutico”. Así pues, es indispensable que el sistema de salud incluya cuidados paliativos e información completa.
Esperemos que el debate sobre la eutanasia deje de ser un diálogo de sordos y se convierta en una investigación-conversación al mejor estilo de Borges. En definitiva, se trata de comprender y aceptar la diferencia en vez de tratar de silenciarla o ignorarla. La forma como asumimos la muerte ha cambiado y seguirá cambiando a lo largo de la historia. Se trata de un asunto en el que nadie tiene la última palabra.
Colofón: Por tratarse de un tema fundamental para la Bioética, el Consejo Nacional de Bioética debería pronunciarse sobre él.
