Los consumidores adinerados siguen comprando cocaína, pero en Colombia se desploma el mercado cocalero. ¿Qué está pasando? ¿Cómo afrontan los campesinos la situación?
Óscar Alfonso Roa*
La crisis
Según los testimonios de los campesinos cocaleros de Tibú, el desplome del mercado de la coca comenzó en enero de 2022. La caía de los precios de la hoja osciló entre 41,5% y 45,7% y, en esta misma proporción se redujeron tanto las jornadas como los pagos para los jornaleros.
El descenso fue la antesala para que los narcotraficantes dosificaran las sumas de dinero que entregaban a los intermediarios locales para la compra de la hoja, de la pasta base y del clorhidrato de cocaína.
La crisis se ha prolongado durante año y medio y se ha extendido hasta otros municipios del Catatumbo y de otras zonas cocaleras del Cauca, Nariño, Putumayo y Meta.
Esta crisis está gestando un cambio sin precedentes en el mercado de la coca. El cambio conlleva grandes perjuicios para todas las personas que viven del cultivo. Además, esa dosificación ha permitido que el intermediario sea más exigente respecto de la calidad del producto.
Al Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se vincularon 99.097 familias, que después del incumplimiento de los compromisos del gobierno anterior retornaron al negocio. Son el 43% de las 230.000 familias que las organizaciones cocaleras afirman están vinculadas al cultivo de la hoja, a la producción de pasta base y de clorhidrato de cocaína.
Son miles de familias cocaleras las que ahora buscan subsistencia en el día a día y en la exigua pesca en los ríos. En algunos municipios están recurriendo al abigeato, en otros se recrudece la prostitución y en algunas capitales se incrementa la informalidad laboral y el habitar de la calle.
Las familias que optaron por la diversificación productiva se han adaptado mejor y, de hecho, las que tienen excedentes agroalimentarios los intercambian por pasta base a la espera que sus precios mejoren.
El cambio conlleva grandes perjuicios para todas las personas que viven del cultivo. Además, esa dosificación ha permitido que el intermediario sea más exigente respecto de la calidad del producto.
Otras han optado por la palma de aceite a sabiendas de que es un cultivo de tardío rendimiento, expuesto a males como la pudrición del cogollo, mientras que otras miran con optimismo la amapola.
Actores de la producción
Los grupos de altos ingresos son los principales consumidores de cocaína. Los países ricos de Europa y Estados Unidos participan con el 25% y el 33% de los consumidores, respectivamente. Por ello continúan siendo los principales destinos de la droga, a pesar del riesgo de sufrir más incautaciones y aprehensiones.
A raíz de las incautaciones, los distribuidores deben buscar y renovar las estrategias para evitar la confiscación. Y, en esa medida, las autoridades también buscan estrategias para detener la distribución de la cocaína.
En diciembre de 2022 la Policía Nacional española capturó a la colombiana María Teresa, La Modelo, en su casa en Marbella, quien fue acusada de coordinar la distribución de la cocaína en la Costa del Sol y en otras metrópolis españolas donde fueron capturados simultáneamente otros 16 narcotraficantes.
Sin embargo, a pesar de estos golpes al narcotráfico, la cocaína pura no escasea y el gramo lo continúan pagando alrededor de 50 euros, mientras que en El Tambo, Cauca, se vende a razón de 2 euros.
El consumidor de cocaína pura paga alrededor de 150 dólares en los Estados Unidos y 270 dólares en alguna metrópoli de Australia o de Nueva Zelanda. De ello resultan estrafalarias tasas brutas de ganancia que oscilan entre el 2.400% y el 13.400%, suficiente para que los narcotraficantes diseñen sofisticados sistemas de embalaje y novedosos sistemas de transporte.
Además, cuentan con una mimetizada red de soporte de funcionarios públicos y banqueros corruptos adecuadamente remunerados y de cobradores de cuentas convenientemente armados y camuflados, junto a sus propios cuerpos de seguridad.
Las persistentes desigualdades en todo el mundo facilitan la segmentación del mercado y con ello la existencia de diferentes tipos de redes de distribución, desde las que controlan a los dealers que venden la cocaína pura o el 2CB en una calle de Manhattan, en una playa del Mediterráneo o en una fiesta de azotea en el norte de Bogotá.
La cocaína de mala calidad o adulterada tiene su demanda entre el grupo de consumidores de ingresos bajos. Las drogas sintéticas como el fentanilo, considerablemente más baratas que la cocaína, compiten en el segmento de mercado de demandantes pobres y de adolescentes maleducados e incautos.
¿Y a donde va a parar el dinero sucio? Además de los tradicionales e intocables paraísos fiscales, hay un nuevo destino. Saskia Sassen denunció que hace una década más de la mitad de las nuevas residencias producidas en Manhattan y valoradas en al menos 5 millones de dólares son de propietarios fantasma, no se sabe quién las compró y están desocupadas. Es decir, fueron producidas para lavar el dinero sucio.
En esa misma línea, en marzo pasado, Pedro Torrijos reportó para El País que el fenómeno continúa y se explaya por la reputada Billonare´s Row, en donde se localizan edificaciones como Steinway Tower o el 432 Park Avenue Building.
Riesgos
Después del Acuerdo Final proliferaron grupos criminales que no se inscribieron en la búsqueda de la paz. A raíz de la cantidad de grupos, los territorios padecen una lucha constante por el control. Estas confrontaciones han dejado muchas víctimas, como el asesinato de un miembro del Cartel de Sinaloa por el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC.
La distribución de la coca se ha afectado por el control territorial. Sin embargo, el negocio ha encontrado otras formas para crecer. No obstante, los narcotraficantes se han visto afectados por tres tipos de riesgo y por tal razón han tenido que relocalizar emprendimientos en otros países, como México, Ecuador, Honduras y Guatemala.
Otro riesgo al que se han enfrentado es el riesgo operativo, emergido como consecuencia del relevo en la cúpula de la Policía, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Desde el triunfo de Gustavo Petro la nueva cúpula está mostrando ejecutorías notables en el desmantelamiento de laboratorios, como el ocurrido en Hacarí donde se incautó 8,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, así como precursores químicos y otros insumos.
En los operativos también han sido afectados los campesinos cocaleros que, tal como lo denunciaron la Asociación Campesina Norte y Nordeste de Antioquia (ASCNA) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (OCCAM), el 23 de junio fueron asediados por la Policía Antinarcóticos que ejecutó un operativo de erradicación forzada, transgrediendo el principio de seguridad humana del Plan Nacional de Desarrollo.
De ello resultan estrafalarias tasas brutas de ganancia que oscilan entre el 2.400% y el 13.400%, suficiente para que los narcotraficantes diseñen sofisticados sistemas de embalaje y novedosos sistemas de transporte.
Ese riesgo operativo está entrelazado con el riesgo legal. Los narcotraficantes vieron cómo dentro de las primeras extradiciones de este gobierno a los Estados Unidos estaban José Luís Pino Leal, alias “Dumbo”, que ejercía el control en el Catatumbo, y Frank Hernán Álvarez Espinal, alias “Tarzán”, tenebroso narcotraficante con vínculos con La Oficina a quien le incautaron 555 bienes. El gobierno anunció que otras extradiciones están por ejecutarse.
Esos riesgos, operativo y legal, se van a incrementar como consecuencia del rumbo que tome la nueva política de drogas con la que el gobierno se juega la recuperación de su alicaído prestigio.
El cambio de rumbo se anunció en la conferencia de Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la crucial intervención de la vicecanciller Laura Gil en la 66ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en la que exigió el retiro de la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas, de la que erradamente hace parte desde la Convención Única de 1961.
¿La inacción?
Con la Ley 2294 de 2023 se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022 “Colombia potencia mundial de la vida”. Los artículos 9 y 193 contienen los lineamientos de la Nueva Política Nacional de Drogas, un conjunto de excelentes ideas como la promoción de la industrialización colectiva o la del cuidado de la vida. Otro tanto ocurre con el vinculante Derecho Humano a la Alimentación.
El hambre que galopa entre las familias cocaleras es una tragedia humanitaria que conoce el presidente, ya porque se la han hecho saber los afectados en alguna de sus tantas correrías o ya porque algunos de sus funcionarios conocen las peticiones que con mensaje de urgencia llegan de las zonas cocaleras. Por eso mismo causa extrañeza la inacción de un gobierno de reputado arraigo social.
El cambio requiere liderazgos que atiendan con prestancia y diligencia estas tragedias, pero lo que abundan son los protagonismos que campean en medio de la descoordinación estatal. Por ejemplo, bien podría anunciarse los núcleos cocaleros de la reforma agraria e iniciar su ejecución antes que proponer un desarticulado programa de titulación de tierras.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
