La Comisión de la Verdad terminaría su periodo y debería entregar su informe final el próximo 28 de noviembre. ¿Qué hace esta entidad y por qué sería preciso ampliar el plazo?
Jefferson Jaramillo*
¿Qué son las comisiones de la verdad?
Durante los últimos cuarenta años han existido algo así como treinta y cinco comisiones de la verdad en el mundo.
Ese dato, aunque aproximado, muestra que estas instituciones cumplen un papel destacado en el esclarecimiento de la verdad y en los procesos de convivencia y reconciliación en países donde han ocurrido graves violaciones a los derechos humanos.
Las comisiones de la verdad tienen mandatos explícitos y específicos, uno de los cuales es publicar un informe al final de su periodo de funcionamiento. Este informe debe contar verdades dolorosas y necesarias e incluir un conjunto de recomendaciones de reformas puntuales para los gobiernos. Además, se espera que estos informes sirvan para promover escenarios de reconciliación en el futuro, luego de años o décadas de desangre o represión.
El tiempo y los costos
Como señala Priscilla Hayner, las comisiones de la verdad suelen tener un periodo promedio de funcionamiento de entre uno y tres años.
En Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue creada para funcionar por un periodo inicial de dieciocho meses, pero acabó trabajando durante dos años. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad comenzó su trabajo en 1995 y cesó sus actividades en 2002; hizo entregas parciales de informes en 1998 y una entrega final en su último año de mandato.
Sin embargo, también puede haber casos excepcionales en su duración, como ocurrió en Uganda: la Comisión de Investigación de las Violaciones de los Derechos Humanos comenzó a funcionar en 1986 y terminó su informe nueve años después, en 1995.
Lo común en todos estos casos es que las comisiones contraten a un grupo moderado de comisionadas y comisionados y un número significativo de personas de apoyo y asistencia. Algunas de estas entidades les han costado a sus países más de cuatro millones de dólares, como la de Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, o un poco más de cincuenta y cinco millones de dólares como la de Sudáfrica.
La Comisión en Colombia
En Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se creó a través del Acto Legislativo 01 de 2017 y del Decreto 588 de 2017 , como resultado del Acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC.
La Comisión se pensó como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), con el mandato de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado y entregar un “informe final” después de un periodo de tres años.
Desde noviembre de 2018, cuando empezó a ese plazo, la Comisión de la Verdad ha recabado más de doce mil testimonios con aproximadamente ochenta mil horas de grabaciones. Según informes de la propia Comisión, se ha oído el testimonio de veinticinco mil personas en todo el país, se han propiciado espacios amplios de diálogo y acciones de reconocimiento y no repetición. Para ello esta entidad ha contado con un equipo de 650 personas entre funcionarios y contratistas, y un presupuesto, aproximado, de 309 mil millones de pesos, entre 2018 y 2021
Las comisionadas y comisionados han dicho que lo más importante de este organismo y de su equipo es su legado, que incluirá una narrativa incluyente para la sociedad colombiana y un conjunto de recomendaciones para el gobierno. Como establece la Resolución 009 de 2021, parte de este legado estará representado en un documento “sociohistórico, con visión política, sensibilidad humana y fundamentación ética, además de riguroso, directo, imparcial, ponderado, valeroso y esperanzador”.
Se espera que el informe esté compuesto por una declaración inicial, y diez capítulos: Hallazgos; Narrativa Histórica; Voces; Territorios; Pueblos Étnicos; Impactos, Afrontamientos y Resistencias; Género; Niños, Niñas y Jóvenes; Recomendaciones para la No Repetición y Anexos.
Por supuesto, este legado tiene una intención más compleja: en palabras del presidente de la Comisión, Francisco de Roux, el objetivo es poner en la escena pública y establecer sin tibiezas las “responsabilidades políticas y éticas sobre lo que nos ha ocurrido como país”. Si se compara con lo realizado por otras comisiones en el mundo, el esfuerzo de este aparataje transicional por posicionar este legado no debería despreciarse.
¿Por qué ampliar el periodo de la Comisión?
Pero el plazo para la Comisión vence el próximo 28 de noviembre y el informe final todavía no está terminado. Por eso, la Comisión solicitó siete meses de extensión de su periodo. Las organizaciones sociales, ONG, sectores académicos y el movimiento de víctimas respaldaron esta solicitud y el estudio de extensión de su mandato.
De hecho, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Universidad de los Andes, la Corporación Personas con Capacidades Diversas, la Asociación de Víctimas Unidas de Granada y la Red Colombiana de Lugares de Memoria presentaron una demanda de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional amplíe el periodo de la Comisión.
Esta demanda argumenta que la ampliación del periodo de la Comisión es necesaria para proteger el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición. En contra de varios de los argumentos de esta demanda se han pronunciado el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Justicia, pero también los sectores políticos de derecha.
Pero la ampliación del periodo de la Comisión no es un capricho de los comisionados, sino que se debe principalmente a:
- la pandemia por COVID-19, que alteró las condiciones normales de trabajo en los territorios y el derecho de las víctimas a la escucha profunda. De hecho, la Corte Constitucional ha reconocido que de los treinta y dos meses que ha operado la Comisión, diecisiete han sido en emergencia sanitaria.
- el fallecimiento de dos de los comisionados durante el período de funcionamiento de esta entidad –Ángela Salazar y Alfredo Molano–, así como las dificultades de salud de otro –Saúl Franco–.
La construcción de un presente y un futuro compartido como país, o la imaginación social de un porvenir, supone el derecho de miles de víctimas a ser escuchadas, tarea que no puede hacerse a medias. Se necesita tiempo adicional para culminar de manera satisfactoria estos procesos, que a menudo exigen de la presencialidad y participación de organizaciones sociales e instituciones públicas.
Además, no basta simplemente con terminar un informe. Este debe ser divulgado en los planos nacional, regional y local. Como lo ha reconocido Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tanto la elaboración como la socialización de este informe es un “acto de paz” que requiere tiempo y paciencia.
Dado que la comisión hace parte de un sistema, hay que tener en cuenta que tanto la JEP como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tienen periodos más largos. Por eso, ampliar el periodo de la Comisión podría aportar de manera sustantiva a todo el Sistema Integral para la Paz. De no cumplirse a cabalidad el mandato constitucional que tiene este sistema, lo pactado en el acuerdo quedaría incompleto.
Por supuesto, también hay que reconocer que esta ampliación tendrá un impacto fiscal para el país y que ya se ha anunciado que en el presupuesto de 2022 los recursos para la paz serán recortados.
Pero, más allá de este debate sobre los recursos y el tiempo adicional que necesita la Comisión, lo importante es considerar lo que está en juego: acoger, reconocer, abrazar, conversar con un conjunto de memorias incómodas que durante varias décadas nos hemos negado a aceptar.
Esperamos que la Comisión esté a la altura de lo que significa dar cuenta de estas memorias y que el tiempo que necesite para cumplir con esta labor nos permita avanzar más allá de lo que han hecho otros mecanismos antes ensayados. Pensemos, por contraste, en lo que hizo en su momento el Centro Nacional de Memoria Histórica o en lo que intentó hacer hace más de 60 años la Comisión Investigadora de la Violencia. Recogiendo las palabras de Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, este informe debería “ser un manifiesto de futuro, un manifiesto por la paz”.
