Estas son las propuestas fiscales de los dos candidatos. Qué va a pasar con los impuestos, quiénes van a recibir alicientes o subsidios, quiénes van a pagar más y quiénes menos. ¿Serán cuentas muy alegres?
Juan David Oviedo*
Tres grandes retos fiscales
Colombia no cuenta hoy con ingresos tributarios suficientes para garantizar el pleno acceso a los derechos constitucionales de toda la ciudadanía.
No es tampoco posible identificar el destino específico de muchos de los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) en relación con aquellos derechos constitucionales.
Por estas razones, el próximo presidente enfrentará tres grandes retos fiscales:
- aumentar el recaudo tributario, pero con ceñimiento a los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia;
- asignar los recursos del PGN con transparencia, siguiendo los principios de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), y
- cubrir a la población más pobre y vulnerable, como las personas en edad de pensionarse.
Debido a la última reforma fiscal —la Ley de Inversión Social—, estos temas son cada vez más urgentes.
Por un lado, existen restricciones en cuanto a la magnitud del gasto público definidas por la Regla Fiscal. Esta ley dispuso que “el balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central no podrá ser inferior a -4,7 % del PIB en 2022, -1,4 % del PIB en 2023, -0,2 % del PIB en 2024, y 0,5% del PIB en 2025”.
Por otro lado, el programa de Ingreso Solidario está vigente hasta diciembre de 2022. Para extender su vigencia, sería necesaria una nueva reforma fiscal.
La reforma tributaria
Según los programas de gobierno, la reforma tributaria de Petro conllevaría un aumento del 5,5% del PIB en los los ingresos tributarios, y la reforma de Hernández conllevaría un aumento del 4%.
En el caso de Petro, el aumento se obtendría a través de una serie de políticas, mientras que Hernández lo haría a través de una sola política.
El programa de Petro dice que “se aumentará el espacio fiscal del país cerca de 5,5 puntos del PIB anuales adicionales, lo que permitirá garantizar parte de la financiación del plan de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Esto se logrará a partir de: […] el aumento del recaudo por cuenta de la progresividad en los impuestos; el desmonte de beneficios tributarios y las políticas contra la evasión y la elusión de la reforma tributaria integral planteada; las consecuentes reasignaciones presupuestales, y los recursos liberados mediante la reforma pensional ya descrita”.
El programa de Hernández se contradice. Dice que el IVA y el impuesto a la renta “son tan influyentes en las finanzas públicas, que cualquier variación equivocada en su estructura pone en peligro la estabilidad económica del país”. Pero también dice que modificará las finanzas, sin explicar el método de recaudo, ni cómo afecta a cada sector productivo.
Por su parte, el programa de Hernández propone “…la aplicación de la Tarifa Única del 10 % en IVA permite un aumento del 28 % en el recaudo general de la Nación, mientras los contribuyentes reciben la reducción del 52 % en la tarifa del IVA de bienes y servicios”.
Respecto de la evasión de impuestos, Petro plantea un control más estricto (multas y cargos), herramientas de auditoría tributaria y aumento de las penalidades. Dice específicamente que “no se debe eliminar la cárcel efectiva sólo por el hecho de aceptar el delito y comprometerse con el pago de los tributos evadidos”. Así mismo, señala que ningún funcionario podría estar en paraísos fiscales.
Hernández por su parte sostiene que los ingresos territoriales aumentarían mejorando los recaudos donde “campea” la evasión, y que el IVA descontable es una forma de evasión. Ningún programa detalla cuantos recursos se obtendrían al reducir la evasión.
El IVA y el impuesto a la renta
En materia de consumos, Petro propone impuestos saludables e impuestos verdes, y Hernández propone eliminar el IVA y reemplazarlo por un impuesto a las ventas.
No obstante, las propuestas de Hernández presentan varios problemas:
- Aumentaría los precios de los bienes, especialmente de aquellos que tienen una cadena de producción larga.
- Estimularía la informalidad al desmontar un impuesto que recae en el valor agregado
- Pondría los productos nacionales en desventaja frente a los importados que no se enfrentan a esta política
- Aumentarían el gravamen a bienes de la canasta familiar porque los bienes de su cadena productiva tendrían más impuestos.
Además, el programa de Hernández se contradice. Dice que el IVA y el impuesto a la renta “son tan influyentes en las finanzas públicas, que cualquier variación equivocada en su estructura pone en peligro la estabilidad económica del país”.
Por su lado, Petro propone reducir la tarifa del impuesto de renta de las empresas y subraya la importancia de revisar la pertinencia de la legislación de las zonas francas. Esta reducción se financiaría con cargo a la eliminación de beneficios tributarios injustificados. Mientras tanto, Hernández eliminaría “los impuestos a la adquisición de bienes de capital”.
Finalmente, Hernández propone eximir del impuesto a la renta a las nuevas empresas, aunque no aclara mediante cuáles mecanismos. Por un lado, piensa en “el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniciativas de no pago por impuesto, hasta que cumplan tres años de operación y rendimiento sostenidos”. Por otro lado, piensa que “las empresas recién constituidas estarán exentas de carga tributaria hasta que logren un equilibrio”.
Aranceles
Ambos candidatos adoptarían medidas proteccionistas.
Petro propone eliminar gradualmente los aranceles para insumos, bienes y servicios que estimulen “la vida, la generación de valor agregado, la competitividad y la industria nacional”. Los aranceles solo aumentarían cuando afecten el valor agregado, esto “como mecanismo de defensa comercial de los sectores productivos vulnerables a la competencia desleal con importaciones subsidiadas”. Así, el medidor de eficiencia de los aranceles sería la generación de empleo.
Hernández ofrece prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano ya produce. Esto, “hasta que no se haya asegurado su venta y se haya surtido al mercado local”. También propone beneficios para que la industria colombiana pueda aumentar sus exportaciones.
Además, los programas de gobierno incluyen las siguientes propuestas:
- Hernández revisaría los servicios que ofrecen las cajas de compensación.
- Petro adoptaría una sola tabla tributaria, donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales, dividendos y ganancias ocasionales.
- Petro propone que las empresas repartan, obligatoriamente, sus ingresos en dividendos — por lo menos el 70 %—.
- Hernández no anuncia cambios directos a este impuesto. Sin embargo, propone impuestos a las pensiones elevadas, y no especifica desde que umbral.
- Petro no menciona el 4×1000 y Hernández propone eliminarlo sesenta días después que el Congreso apruebe su propuesta de modificación del IVA.
Protección social
Ambos programas incluyen un apartado sobre la tercera edad.
Su principal consenso es la necesidad de un sistema de cobertura plena para todos los mayores, donde Hernández propone una pensión de 1 millón de pesos que comenzaría en 500 mil, y Petro propone una de 500 mil.
Es importante notar que esta es la primera campaña presidencial donde se habla de un ingreso básico focalizado de cobertura nacional. Hay incluso, dos programas vigentes para atender a la mayor parte de los pobres del país: Ingreso Solidario y devolución del IVA.
El principal consenso entre los candidatos es la garantía de un ingreso mínimo para quienes más lo necesitan. Las diferencias se refieren a la focalización y a los mecanismos para alcanzar este propósito.
Ahora bien, a partir de la información disponible, no es posible aclarar si todas las trasferencias serían complementarias o excluyentes, ni si se emplearía un único mecanismo de focalización o diversos mecanismos al mismo tiempo. Tampoco es posible saber si existiría un monto máximo de transferencias que podría recibir un hogar.
Gasto público
Finalmente, ni Hernández ni Petro —igual que todos los candidatos previos— presenta un estimado del costo fiscal que implican sus propuestas.
A una semana de las elecciones, no se conoce la posición del próximo presidente acerca de esta cifra, cuya magnitud es por supuesto decisiva.
Esta será una tarea para ser llevada a cabo después del 7 de agosto.
