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Guía para negociar con el ELN

Escrito por Luis Trejos y Charles Larratt y Andres F Aponte
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Charles Larratt Smith
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Qué debe hacer el próximo gobierno para negociar con el ELN y acabar con el conflicto.

Andrés F. Aponte*, Charles Larratt-Smith** y Luís Fernando Trejos***

Diálogos infructuosos

Iván Duque no quiere ni puede entablar diálogos con el ELN para retomar las negociaciones de paz.

Esta guerrilla se caracteriza por su organización federada, organización que se refleja en el comportamiento heterogéneo de sus frentes y en su incapacidad para llegar a un consenso sobre el final del conflicto.

El ELN entabló diálogos con todos los gobiernos de las últimas tres décadas (1990-2022): Cesar Gaviria (en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar), Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Pero en la mayoría de estas ocasiones, la guerrilla utilizó los diálogos para oxigenarse políticamente y para acumular fuerzas.

Para ponerle fin al conflicto con este grupo armado deben considerarse algunas acciones urgentes, unas medidas nacionales y algunas acciones operativas.

Medidas de urgencia

El atentado contra la Escuela General Santander en 2019 y la violencia durante el posacuerdo (2016-2021) sentaron los precedentes para legitimar la lucha armada por parte del ELN.

Por eso el próximo gobierno debe mejorar y focalizar las estrategias de seguridad y protección de los líderes sociales y los excombatientes, cumplir con lo pactado y así desmontar la justificación del ELN para no negociar.

La política exterior de Colombia no debería ceñirse a la agenda que tiene Estados Unidos para el hemisferio.

Iván Duque desconoció las reglas de juego acordadas con los protocolos de los diálogos anteriores. Por eso el próximo gobierno debe recuperar la credibilidad y la confianza en Colombia de los países que acompañaron el proceso de paz.

Dentro del territorio nacional la paz pasa por Arauca, pero en el ámbito internacional pasa por Venezuela. La prioridad de la política exterior del siguiente gobierno debería ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.

La política exterior de Colombia no debería ceñirse a la agenda que tiene Estados Unidos para el hemisferio. Si bien este supuesto es improbable, una mejor relación con el régimen bolivariano puede hacer que Nicolás Maduro presione al ELN para negociar.

Para lograr esto, el Estado colombiano no debe ejercer presión sobre los intereses económicos venezolanos en su territorio, tal como pasó con la disputa alrededor de Monómeros. Bogotá y Washington podrían llegar incluso a un acuerdo para reducir la presión económica sobre Caracas.

Debido a la falta de comunicación entre los dos Estados, el ELN disfruta de un santuario estratégico en el país vecino, controla varios aspectos de la vida fronteriza, extrae rentas, mantiene vínculos con altos funcionarios del gobierno y resguarda a sus dos líderes más importantes: Antonio García y Pablo Arauca.

A medida que pasa el tiempo, el ELN gana terreno y aumenta su influencia en Venezuela, entorpeciendo un eventual proceso de negociación. Por eso hay que proceder con celeridad para racionalizar los esfuerzos institucionales, así como las medidas económicas y sociales.

Medidas nacionales

El cumplimiento del acuerdo con las FARC-EP —especialmente en materia de reforma rural, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas— podría ser un incentivo para que el ELN comience a negociar en serio.

El ELN considera que el Estado debe transformarse antes de su desmovilización, lo cual es algo muy poco realista.

Desde las regiones puede presionarse a la guerrilla para acabar con el conflicto armado, y para esto el gobierno tendría que prestar más atención a los problemas   que a su modo justifican o subyacen a la acción guerrillera, en especial:

  • la informalidad en la titulación de  predios rurales,
  • la poca asistencia técnica y productiva,
  • la falta de conexión con los circuitos económicos regionales y nacionales,
  • los pocos espacios políticos (que en algún grado se ampliaron con la resurrección de las curules de paz), y
  • un giro en el tratamiento de los cultivos ilícitos para volver al espíritu de sustitución en vez de la erradicación.

Durante la fase exploratoria podría impulsarse la suscripción de pactos humanitarios locales para establecer los corredores humanitarios, salvaguardar al personal médico, respetar la vida de los defensores de derechos humanos y garantizar la movilidad de personas vulnerables durante los enfrentamientos armados. Esto con veeduría de la Iglesia Católica, la ONU o el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Foto: Radio Nacional de Colombia - Los espacios de diálogo entre los miembros del ELN y los desmovilizados de otras organizaciones insurgentes deben ser permanentes.

Medidas operativas

El próximo gobierno también debe aprender de lo sucedido en la mesa de diálogos del gobierno Santos: la constante rotación de los representantes del gobierno impidió consolidar un equipo con directrices y apuestas claras para negociar con el ELN. Por eso desde el principio habría que formar un equipo negociador, con asesores y expertos que tengan clara la organización de esta guerrilla y sus diversos rostros.

Durante los diálogos de Quito y de La Habana se avanzó como nunca en una negociación con el ELN: las agendas y los temas que se acordaron pueden guiar un nuevo diálogo.

Otros puntos para tener en cuenta son el horizonte temporal y la secuencia de actuaciones recíprocas. El ELN considera que el Estado debe transformarse antes de su desmovilización, lo cual es algo muy poco realista.

Para sortear esta dificultad, el Estado debe identificar claramente las demandas de la guerrilla. Su principal preocupación no es el tema de la tierra, sino los recursos naturales, los modelos de desarrollo regional, las formas de intervención del Estado en las comunidades y su representatividad en el sistema político.

Adicionalmente, una negociación con el ELN debe ser descentralizada y territorial. Las regiones donde actúa esta guerrilla deben participar en la negociación, estableciendo mesas simultáneas o una mesa nacional con patas regionales con poder de decisión.

Esto facilitaría la participación comunitaria y permitiría involucrar a las autoridades locales y regionales, los gremios, la academia, las victimas, las iglesias y los demás sectores estratégicos en la negociación y la ejecución del acuerdo.

El ejercicio local permite construir procesos de gobernanza de la paz. Por eso los equipos de negociación deben tener personas provenientes de los territorios, que conozcan las trayectorias de la violencia local o regional y las operaciones del ELN. Esto implica complementar la agenda nacional con las particularidades de cada región.

Los espacios de diálogo entre los miembros del ELN y los desmovilizados de otras organizaciones insurgentes deben ser permanentes. Así los guerrilleros en armas podrán aproximarse a las realidades urbanas y suburbanas, desconocidas para ellos, con el fin de derribar los mitos sobre la reintegración social y política.

Por otro lado, deben anticiparse los frentes que no participarán en una eventual negociación, igual que en otros procesos de paz. Debido a la condición federada del ELN, las divisiones internas se presentarán con mayor rapidez y claridad que en el caso de las FARC con “Gentil Duarte”.

Por eso deberán tenerse en cuenta las facciones y tendencias dentro del Comando Central (COCE): el ala de Pablo Beltrán no es igual que la de Antonio García o la de “Pablito”.

Conviene mencionar que no debe pensarse en un plebiscito para legitimar un proceso de paz con el ELN. El plebiscito de 2016 debilitó la negociación de paz con las extintas FARC y abrió la puerta a los saboteadores que entorpecieron su ejecución. Los acuerdos son más difíciles de negociar y ejecutar cuando se dan transiciones gubernamentales.

Pero el principal reto de esta negociación es el compromiso del Estado con los territorios que abandonaría el ELN. En los procesos anteriores de desmovilización, los conflictos armados renacen debido a la incapacidad del Estado para llenar esos espacios, lo cual a su vez se debe al desinterés o la estigmatización hacia estas zonas y sus habitantes. De aquí resultan nuevos procesos armados que se justifican por el incumplimiento del Estado y la falta de garantías en seguridad.

Así ocurrió con los planes de rehabilitación de Rojas Pinilla, con los programas desarrollados durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, con los procesos de paz de comienzos de los 90 con el Quintín Lame, el M-19 y el EPL; con la desmovilización de las AUC, y con la reciente negociación con las FARC.

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