¿Guerra en el Caribe? Estados Unidos y la amenaza regional

América Latina está envuelta en una tensión inédita y creciente. Los escenarios de confrontación están abiertos. La guerra convencional aún no aparece de modo diáfano, a pesar de los ruidos de sables. Pero detrás de los episodios recientes está la posibilidad real de una guerra que involucre a la región.

Se dice que en la guerra lo primero que muere es la verdad; sin embargo, la paradoja es que dentro de este fenómeno hay dos verdades: una es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y la otra, que la táctica más empleada es el engaño. Por eso, ante los ataques del Comando Sur en el Caribe y las sanciones a Colombia, hay que preguntarse cuál es la distracción y cuál el objetivo.

War on Drugs: episodio IV

Desde su retorno a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Donald Trump ha manifestado una postura agresiva respecto al “hemisferio occidental”. Como algunos análisis críticos advertían previamente, el llamado repliegue militar de Estados Unidos en el mundo acarrearía como correlato un incremento de la presión geopolítica en su área de influencia tradicional. Hoy se verifica en tres ejes que orientan la política exterior de la potencia norteamericana hacia América Latina y el Caribe: la intensificación de la “guerra contra las drogas”, la militarización regional y la disputa geopolítica con China.

A pesar de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) coinciden en que el 87% de la cocaína circula por el océano Pacífico, la Casa Blanca ha ordenado al Comando Sur desarrollar una operación antinarcóticos en el Caribe sur desplegando un contingente militar sin precedentes en torno a la frontera marítima con Venezuela. La operación ha sido justificada en una secuencia escalonada de acontecimientos: 1) la declaración de los “carteles del narcotráfico” como organizaciones terroristas extranjeras, 2) la autorización para que las Fuerzas Militares de Estados Unidos ataquen a tales organizaciones incluso en territorio extranjero sin permiso del Estado contraparte y 3) la acusación de que el gobierno de Nicolás Maduro es una “narcodictadura” que lidera el supuesto “cartel de los soles”.

Mientras que la evaluación nacional de la amenaza de las drogas 2025 elaborada por la DEA, así como el informe mundial sobre las drogas de la UNODC no identifican entre las organizaciones del narcotráfico al “cartel de los soles”, ni mencionan a Venezuela como un actor preponderante en el circuito de las drogas ilícitas, Trump decidió apuntar sus cañones contra su enemigo público: Nicolás Maduro. Lo llamativo es que mientras esto ocurre, Colombia y Ecuador juegan un papel determinante en la nueva geopolítica de las drogas. El primero como productor y el segundo como puerto de salida.

Ecuador ha entrado a jugar activamente en el tablero geopolítico. Por el interés de Estados Unidos en instalar un puesto militar de avanzada en la isla Galápagos, Noboa ha iniciado el proceso de reforma del artículo 5 de la Constitución de 2008 que prohíbe el ingreso de tropas y la instalación de bases militares extranjeras en el país. Del mismo modo que Gorgona, la isla Galápagos otorga un punto estratégico en el Pacífico que conecta con el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD) entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. Probablemente la actual relevancia geopolítica y la afinidad ideológica entre Daniel Noboa y Donald Trump hayan dejado el puerto central de narcóticos en el Pacífico afuera de la ofensiva.

¿Colombia es un nuevo objetivo?

Colombia ha entrado en el radar de la ofensiva estadounidense como objetivo de bombardeos a embarcaciones civiles y maniobras políticas. A pesar del ostensible aumento en las incautaciones (ver tabla) y la puesta en marcha de una nueva Política Nacional de Drogas a cargo del Ministerio de Justicia, que incluye iniciativas de sustitución de cultivos, el Departamento de Estado ha decidido descertificar el país al calificarlo de incumplir sus compromisos en la lucha antinarcóticos. La certificación en la lucha contra las drogas es un mecanismo de evaluación que usa Estados Unidos y que funciona como disciplinador, dado que no solo impacta en el recorte de asistencia extranjera, sino que altera la disposición de inversores y encarece el crédito internacional.

Hasta 2022, Colombia fue el tercer receptor global de asistencia en seguridad y militar de Estados Unidos, y el primero en la región. De acuerdo con ForeignAssistance.gov el país recibió USD9.801,7 millones solamente en el rubro antinarcóticos entre 2001 y 2024. Los resultados no muestran un éxito en esa política de drogas: ni en el período 2000 a 2014, cuando se mantuvo la erradicación forzada y la aspersión aérea, ni desde 2015, cuando se concertó fortalecer la interdicción y el aumento de las incautaciones, el mercado de estupefacientes estuvo cerca de desaparecer; de hecho, la erradicación mostró que la brecha entre cultivos y producción era aún más grande que en la actualidad.

Por ello, con la descertificación de Colombia se demuestra que el epicentro de la política antidrogas no es ni la erradicación ni las incautaciones. La Casa Blanca encontró en el incremento de los cultivos y de la producción de estupefacientes una excusa eficaz para acusar a un gobernante incómodo y desafiante en la región. Scott Bessent, secretario del Tesoro, aplicó sanciones personales y familiares contra el presidente Gustavo Petro mediante su inclusión en la lista de ciudadanos especialmente designados de la OFAC, también conocida como “lista Clinton”, del mismo modo que se hizo contra Nicolás Maduro antes de poner una recompensa por su captura en 2020.

Referentes de la oposición al Gobierno y el grueso de los medios masivos de información han puesto el foco en el manejo que el presidente ha dado a la relación con la potencia norteamericana, más que en comprender sus causas. Conviene precisar que el problema aquí no es la conducta desacatada de Petro, sino la prepotencia y el unilateralismo del actual gobierno estadounidense. Independientemente de la forma, el cuestionamiento de la amenaza de intervención militar a un país vecino, el rechazo al uso discrecional de la asistencia extranjera o incluso la crítica al patrocinio del genocidio en Gaza son posiciones válidas que atienden a una visión de la política exterior soberana que no justifica la retaliación.

Escenarios de guerra

Como se observa, América Latina está envuelta en una tensión inédita y creciente. La región tiene un historial de conflictos agudos de orden interno, pero pocas guerras interestatales en comparación con otros continentes. Aunque en el siglo XX Estados Unidos protagonizó invasiones, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, en el presente no se había dado la posibilidad de que esto ocurriera. Trump ha despertado la preocupación internacional con el despliegue del Comando Sur en la mayor cruzada antidrogas que se registre, cometiendo ataques letales a diez embarcaciones desarmadas que han asesinado a más de cuarenta personas, la autorización a la CIA para realizar operaciones encubiertas y el sobrevuelo de bombarderos en Venezuela. ¿El narcotráfico justifica estas acciones? No, y aceptarlo implica dar vida a una nueva doctrina que, de modo similar a la Guerra Global Contra el Terrorismo, transgreda y trastoque las bases del derecho internacional. 

Los escenarios de confrontación están abiertos. Hasta ahora se ha visto una política de demostración de poder con maniobras de guerra psicológica concentradas en Venezuela, que buscan fracturar la cohesión dentro del gobierno de Nicolás Maduro para facilitar un “cambio de régimen”. Por lo pronto, el efecto ha sido el contrario y el oficialismo ha convocado a la unión cívico-militar dando prioridad a la defensa de la nación por sobre las diferencias ideológicas. De acuerdo con su doctrina militar, se ha llamado al pueblo a enlistarse en las Milicias Bolivarianas, cuyo papel en una posible conflagración sería mantener la unidad interior y resistir con maniobras de desgaste, una para impedir sabotajes facciosos y la otra para bloquear la profundidad de un desembarco extranjero.

La guerra convencional aún no aparece de modo diáfano, a pesar de los ruidos de sables. El envío del destructor USS Gravely a Trinidad y Tobago para un ejercicio combinado del 26 al 30 de octubre, y del portaviones de propulsión nuclear USS Gerard R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, para apoyar el “desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) y contrarrestar el narcoterrorismo”, según afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, son provocaciones que aumentan la tensión y suman fuerzas para un eventual ataque.

Colombia, aunque no haya sido asediada directamente, sí ha quedado envuelta en una atmósfera de fricción diplomática que pretende incidir en la polarización política nacional. La temeraria acusación de Trump a su par colombiano de ser un “líder del narcotráfico” ha tenido consecuencias reales y ha instalado entre los líderes republicanos la retórica de un “narcoterrorista”, calificación no probada que conduce a criminalizar al jefe de Estado.

La carencia de un sentido crítico sobre la política exterior estadounidense y las relaciones de dependencia edificadas por Colombia durante largo tiempo dificulta abrir una discusión seria sobre este asunto sin derrapar en las etiquetas actuales que descalifican el debate. El gobierno Petro ha intentado un camino de diversificación de relaciones, por supuesto, con el estilo que distingue al actual mandatario, cuyo discurso altivo y procaz resulta molesto para las costumbres locales. Es indudable la prelación que ha tenido Estados Unidos en la política nacional y que este episodio abrirá un nuevo clivaje “pro” y “antiyanqui”, pero no hay que perder de vista que detrás de esas opiniones encendidas está la posibilidad real de una guerra que involucre a la región. También vale recordar que, tras la fuerza disuasiva estadounidense, subyacen las reminiscencias de Saigón.

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