El gobierno y el Congreso en 2025: un final en tensión

En la última legislatura del gobierno Petro, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso se deteriora bajo la presión electoral, el desgaste político y una agenda de reformas que avanza poco y divide más.

La recta final: política bajo reloj

A pocos días de iniciar el 2026, el país se prepara para un periodo sumamente relevante desde la óptica política, dado que los diferentes movimientos y partidos se medirán de nuevo en una contienda electoral. El gobierno, jugado de lleno a mostrar los beneficios de su gestión, ha aumentado la presión sobre el Congreso para dar vía libre a sus reformas, encontrándose con un escenario menos amable del que tuvo en pasadas legislaturas. La premura del tiempo y el inicio formal de las campañas políticas muestran un escenario plagado de incertidumbre y de tareas que se pospondrán hasta la llegada del próximo gobierno.

Al igual que el partido de gobierno, el resto de las fuerzas políticas tienen sus ojos puestos en los comicios que se avecinan y eso modifica de manera clara la forma en que se relacionan, apoyan o se oponen a las diferentes iniciativas oficiales. Como se advirtió en balances pasados, la cuarta legislatura suele caracterizarse por un congelamiento de los temas centrales en el proceso legislativo, en la medida en que cualquier decisión estructural puede tener un efecto directo en los resultados electorales.

Una estrategia dual

Tras casi tres años y medio desde la llegada del gobierno Petro, es posible identificar un patrón dual en su estrategia: cuando las reformas clave avanzaban, el Ejecutivo capitalizaba el éxito bajo la narrativa del cambio; por el contrario, ante la negativa del legislativo, el discurso viraba hacia el ataque a la oposición y la victimización. Esta táctica binaria demostró ser efectiva tanto en la arena parlamentaria como en la opinión pública. Vale la pena evaluar, por tanto, su eficacia en lo que va de esta cuarta legislatura.

Respecto a la conformación de mesas directivas, el Gobierno Nacional logró imponerse al inicio con la elección de Julián López (Partido de la U) como presidente de la Cámara de Representantes. López había sido muy afín al gobierno, lo que le acarreó una sanción de su colectividad impidiéndole usar su derecho de voz y voto. Por lo mismo, las plenarias fueron manejadas en gran medida por los vicepresidentes Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho.

De la misma forma, el Gobierno logró que congresistas afines se quedaran con 10 de las 14 presidencias de las Comisiones Constitucionales Permanentes. Esto garantizó mayor manejo de la agenda para la segunda parte del 2025 y lo hará en el primer semestre de 2026. A pesar de ello, la cantidad de sesiones disminuyó debido a la época electoral, evitando avances sustanciales.

Reformas: más tropiezos que resultados

Respecto a la aprobación o archivo de proyectos de ley clave, hay que decir que el Gobierno llegaba a esta última legislatura con una agenda muy ambiciosa y, en general, los resultados distan mucho de ser satisfactorios. Entre las grandes derrotas deben citarse el archivo de la Ley de Financiamiento, con la que el gobierno planeaba paliar la crisis fiscal que se viene agravando en los últimos años y que terminará desembocando en el decreto de la emergencia económica. Luego de su archivo, el presidente acudió a la descrita estrategia de relacionamiento con el legislativo mostrando a los congresistas como los culpables directos de la crisis y de la posibilidad de que muchos programas sociales terminen desapareciendo a futuro.

Otra de las grandes derrotas se configuró con el archivo de la reforma a la salud, que entrará en proceso de apelación tal y como sucedió con la reforma laboral. Cabe recordar que la reforma a la salud era una de las principales banderas del gobierno y una de las tres grandes reformas que estructuraban la agenda del ejecutivo.

Otro grupo de discusiones centrales para el gobierno no tuvieron mayor avance por las razones antes descritas; entre ellas se encuentran:

• La jurisdicción agraria: un tema clave para la reforma agraria prometida en la campaña presidencial.
• La prohibición del fracking: que ha sufrido varios reveses a lo largo de estos cuatro años.
• El Código Minero: que pretende cambiar las reglas de juego del sistema minero en el país.
• El Ministerio de la Igualdad: cuyo debate para mantenerlo con vida debió repetirse por orden de la Corte Constitucional.

Será clave monitorear el avance de estos proyectos en la segunda parte de la legislatura.

A pesar de este panorama complejo, el gobierno también logró sacar adelante proyectos clave que vale la pena destacar. En primera medida, la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de que el presupuesto del 2025 fuera aprobado mediante decreto, tensando las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. En segunda medida, debe citarse la reforma a la Ley 30, que buscaba cambiar el esquema de financiación de las Instituciones de Educación Superior Públicas; su aprobación fue publicitada y mostrada como uno de los grandes logros del gobierno actual y su bancada en el Congreso. Finalmente, el proyecto de democratización del sector energético ha tenido un buen avance y puede esperarse su aprobación en el primer semestre de 2026.

Qué viene en 2026

Cuando se retome la actividad legislativa mediante sesiones ordinarias en 2026, en Colombia ya se conocerá la conformación del nuevo Congreso de la República para el cuatrienio 2026 – 2030. De esta nueva conformación dependerá la dinámica de la relación que deberán establecer con el nuevo gobierno, más allá de que el nuevo ocupante de la Casa de Nariño signifique la continuidad o no del proyecto político oficialista. La reelección o renovación de los miembros del Congreso también afecta esta recta final en la medida que aquellos legisladores que no aspiran a ser reelectos tienden a ausentarse y prestar menos atención a los debates; mientras quienes mantuvieron su curul hacen un esfuerzo adicional por mostrar los logros ya alcanzados y los que se puedan alcanzar en este último plazo.

Respecto a estos últimos y a los nuevos congresistas que lleguen al Congreso, su atención estará puesta en la alineación de sus intereses con la agenda política de los diferentes candidatos presidenciales. Por ello, las iniciativas del Gobierno Nacional seguramente entrarán en un limbo hasta que los intereses y las decisiones se mantengan, con la victoria del proyecto continuista, o se modifiquen, con la victoria de la oposición. Respecto al trámite legislativo, es claro que el proceso electoral de 2026 terminará ralentizando el trámite y aprobación de proyectos de ley con un mejor panorama para aquellos de origen parlamentario y uno no tan optimista para los del Gobierno. El inicio de las campañas cambia las rutinas de los congresistas y los aboca a trabajar más en sus regiones y nichos electorales. Basados en la estrategia de relacionamiento descrita, es probable que el ejecutivo arrecie su ataque hacia el Congreso para posicionar la agenda pendiente de cara a los próximos cuatro años y que aumenten la cantidad de decisiones que se tomen mediante decretos. Se pronostica poco trámite legislativo, pero sí mucha tensión política.

A modo de conclusión

Luego de casi cuatro años del gobierno Petro, ha llegado el momento del corte de cuentas. Usando una estrategia que usaba al mismo tiempo la ofensiva (mediática, narrativa y hasta de movilización social) y la victimización, ha logrado sacar adelante varios puntos de la ambiciosa agenda que se propuso en el 2022. En esta última legislatura el balance no es del todo positivo para el ejecutivo, pero suele no serlo para ningún gobierno en el último año de mandato. Será clave entender, analizar y ponderar los resultados de las contiendas electorales de 2026, pues de estas dependerá que se conserve o no gran parte de la agenda legislativa que ha regido los caminos del Congreso de la República. Para el 2026, el trámite legislativo será secundario y los focos se pondrán en las elecciones legislativas y presidenciales, las cuales serán determinantes para configurar el panorama futuro de reformas y la continuidad de estas respecto al proyecto político de turno.

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