La vida política de la ciudad está envenenada: un Concejo desprestigiado y un Alcalde amenazado. La metrópolis convertida en un infierno ingobernable. Reflexiones para alimentar el debate sobre la credibilidad de una gestión democrática local.
Jaime Torres Melo*
El daño está hecho
Este martes 6 de agosto se conmemoran 475 años de la fundación de Bogotá: una ocasión propicia para reflexionar sobre las consecuencias del carrusel de la contratación.
Los responsables por los actos de corrupción deberán asumir su responsabilidad ante la justicia, cumplir sus castigos y reparar a la ciudad. Los ciudadanos deberemos ser más vigilantes. Pero ha llegado el momento de avanzar, de aprender de la crisis, de superarla y de afrontar los problemas que este escándalo ha puesto en evidencia.
La coyuntura es compleja. Varios procesos políticos congestionan la agenda y capturan la atención de la ciudadanía y de los medios. En particular, el debate sobre el proceso para la revocatoria del Alcalde va a consumir mucha energía durante las próximas semanas.
Pero ha llegado el momento de avanzar, de aprender de la crisis, de superarla y de afrontar los problemas que este escándalo ha puesto en evidencia.
Pero ese u otros hechos no deben distraernos de una tarea tal vez más importante: analizar las consecuencias del carrusel de la contratación para la gobernabilidad de Bogotá. La estrecha relación entre el Concejo Distrital y esta red de corrupción debe ser un eje de esta reflexión.
Un pulpo que se extiende
El caso de Hipólito Moreno es emblemático para entender lo que pasó, lo que está pasando y los retos actuales del Concejo Distrital. Moreno fue presidente de la corporación y concejal durante casi 14 años. Acaba de convertirse en el séptimo condenado en el proceso. Su caso demuestra que el carrusel no fue coyuntural — con unos pocos implicados — y que no está próximo a resolverse, pues ha dejado consecuencias graves para la ciudad.
No es el único ejemplo: Héctor Zambrano — exsecretario distrital durante la administración de Samuel Moreno — en su declaración a la Fiscalía no solo implicó a varios concejales y exconcejales, sino también a miembros del Congreso y a funcionarios de administraciones distritales anteriores. El carrusel fue más allá de algunos concejales y contratistas.
El carrusel no solo infectó a funcionarios, políticos y contratistas, sino también a quienes estaban encargados de vigilarlos. Exfuncionarios de la Contraloría y de la Personería distritales están en el ojo del huracán.
A medida que avanzan los procesos, los vinculados a las investigaciones se han venido acogiendo al principio de oportunidad: es de esperar que ellos “destapen” más implicados y más escándalos. Las investigaciones incluso se sugieren que el carrusel de la contratación fue más allá de los límites del Distrito Capital.
Un Concejo salpicado, débil y confundido
El “carrusel” ha sido una red poderosa que se incrustó en el aparato administrativo, en la contratación pública y en las redes clientelistas de la ciudad.
El carrusel afectó profundamente la cultura política de los bogotanos: actos de corrupción a semejante escala no solo impiden realizar las obras públicas o deterioran la calidad de un servicio, sino que contaminan la vida política e institucional, corroen la ética social y desmejoran la calidad de vida en la ciudad.
Pero aún, a la ciudadanía le es difícil diferenciar entre los concejales involucrados y los que no lo están, entre los políticos corruptos y los honestos, aunque lo justo sea reconocer que no todos los concejales son corruptos… Todo el Concejo ha quedado debilitado por los escándalos, su credibilidad está por el suelo y sus decisiones despiertan suspicacias.
Según el Estatuto Orgánico del Distrito Capital — el decreto–ley 1421 de 1993 — el Concejo es una autoridad de la ciudad, con atribuciones de carácter normativo, que vigila y controla la gestión del ejecutivo, asiste en la eficiente prestación de servicios y tiene funciones claves en materia de planeación, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial, reforma administrativa y descentralización, así como en promover la participación y las veedurías ciudadanas.
Sin embargo, ha llegado el momento de replantear el papel de la corporación:
· ¿Sirve realmente todo lo que se hace en el Concejo?
· ¿La cultura perversa que se ha incrustado en él hará que incluso los nuevos concejales acaben contagiados por esas viejas prácticas?
· ¿Es este el foro apropiado para elegir a quienes encabezan los órganos de control?
Qué hacer con el Concejo
La primera reacción podría ser despojar de facultades al Concejo, suponiendo que la corrupción lo ha corroído del todo y olvidando su importancia en el equilibrio democrático de pesos y contrapesos.
Aunque el Concejo no puede dejar de formar parte de la estructura política de Bogotá, sí debe transformarse en un foro realmente competente conformado por 45 representantes de los diferentes intereses de la ciudad. Un escenario donde sea posible debatir sobre el modelo de ciudad y sobre la calidad de la gestión pública.
Probablemente el Concejo Distrital ha sido el actor local que menos se ha adaptado a los cambios en la política durante los últimos 20 años: ha sufrido los efectos de la paradoja del poder limitado.
Desde la entrada en vigencia del Estatuto Orgánico en 1993, la distribución y la organización del poder político en la ciudad han sufrido muchos cambios. De manera gradual pero sostenida, al Concejo de facto le fueron siendo asignadas menos funciones y más limitadas; y de otro lado fueron aumentado tanto el volumen de negocios como la ambición concentrada: menos oportunidades, pero más intereses.
El Concejo quedó capturado en su propia irrelevancia. De ahí la paradoja: en vez de adaptarse y aprovechar, por ejemplo, las bancadas para renovarse, el Concejo le puso conejo a la ciudad y se repitió en sus prácticas. En los momentos más críticos, quienes actuaron fueron concejales vinculados al carrusel.
El carrusel no solo infectó a funcionarios, políticos y contratistas, sino también a quienes estaban encargados de vigilarlos. Exfuncionarios de la Contraloría y de la Personería distritales están en el ojo del huracán.
¿Está configurado el Concejo para representar la ciudadanía bogotana? La elección de Concejales por circunscripciones locales para aumentar su representatividad es una alternativa viable.
Las reglas sobre las campañas electorales para Concejo deben revisarse. No se puede proponer un marco normativo particular para el Distrito, pero sí pueden promoverse reglas de juego claras. No podemos seguir permitiendo que los presupuestos para las campañas para el Concejo superen los mil millones de pesos, sin identificar con claridad las fuentes de financiación y los intereses que promueven.
Es necesario abrir la puerta a las reformas de manera transparente y participativa: se mencionan alternativas como la elección popular de alcaldes locales. Pero la “municipalización” del Distrito no sería conveniente, ni deseable: desembocaría en brechas más profundas y en más segregación, cuando la ciudad debe estar más integrada.
Pero sí es importante repensar las localidades: equilibrarlas en términos de área, de población y de responsabilidades, pero no caer en una discusión estéril limitada a modificar mapas.
Una mejor organización de las localidades, combinada con la elección de concejales por circunscripciones locales, elevaría la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la representatividad territorial para balancear políticas sectoriales, una visión del desarrollo más integrada y un foro político más representativo y relevante.
Verdadera gestión anticorrupción
El gobierno nacional avanza en su “Política Pública Integral Anticorrupción”. Bogotá debe aprovechar este escenario para lanzar sus propias estrategias anticorrupción, como lo ha hecho ya la Veeduría Distrital.
Las políticas públicas en sí mismas no son suficientes para resolver el problema de corrupción — si se reducen a documentos llenos de buenas intenciones — pero pueden estimular la cooperación y diseñar herramientas concretas para la gestión transparente.
Es urgente separar el debate sobre la corrupción de la polarización actual en la ciudad: solo será posible si la propia administración distrital y los principales actores de la ciudad se lo proponen: luchar contra las mafias no es deber exclusivo de la Administración Distrital.
Cómo recuperar la gobernabilidad
Gobernabilidad no es obtener apoyo político mediante la asignación selectiva de cargos y de contratos. Tampoco significa estar todos de acuerdo con el Alcalde. La gobernabilidad consiste en la capacidad efectiva de ejecutar las decisiones públicas y poner en marcha las políticas.
No hay administración que pueda lograrlo sola, aislada del resto de actores sociales y políticos. Solo con reglas de juego claras y voluntad de cooperación puede lograrse gobernabilidad suficiente como para superar la grave crisis. La Administración distrital debe buscar más escenarios para la concertación.
El Concejo Distrital puede tener un papel clave en la reconstrucción de la gobernabilidad, si pasa a ser el foro de debate público por excelencia. Se necesitan más transparencia en la relación Alcaldía-Concejo, más información y mejor comunicación, especialmente frente a la ciudadanía.
Uno de los efectos más graves del carrusel ha sido debilitar la legitimidad del Estado en el plano local. Es todo el Gobierno Distrital, todo el Concejo y la política en general quienes han perdido legitimidad ante los ciudadanos.
El reto es superar la discusión sobre casos puntuales y recuperar la gobernabilidad de Bogotá: una oportunidad para que la ciudadanía y la comunidad política reflexionen juntos sobre el Concejo.
Pero los concejales se tomaron unos días de vacaciones… mal presagio.
* Profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes, investigador en Políticas Públicas, Gobernanza, Análisis Institucional y Gestión Pública (jaimetorresmelo@gmail.com).
