Con el final oficial de la pandemia se acabó la disculpa para impedir el ingreso de migrantes a Estados Unidos. ¿Cómo afectan las nuevas medidas a Colombia y a los colombianos que quieren ingresar a ese país?
Diana Garcés Amaya*
El final de la pandemia
El Título 42 es el nombre de una norma que autoriza a las autoridades migratorias de Estados Unidos para impedir el ingreso de personas por motivos de salud pública.
Fue una norma que sirvió al gobierno Trump para poner en práctica su conocido discurso anti migrantes. Durante los dos años de aplicación del Título fueron expulsados más de 2,8 millones de inmigrantes no autorizados. Esto significó usar mecanismos de “fast track “para realizar expulsiones y deportaciones.
Pero en octubre del año pasado el gobierno Biden anunció cambios en la política migratoria que se pondrán en marcha una vez que las autoridades declarasen el final oficial de la pandemia del Covid-19. Las medidas de Biden tratarían de contener la “avalancha” migratoria resultante del levantamiento de las restricciones del Título 42.
Y sin embargo estamos asistiendo al cierre de los mecanismos para solicitar asilo en la frontera.
Cambios en el procedimiento
La administración Biden argumenta que sus agencias, ICE (United States Inmigration and Customs Enforcement) y USCIS (United States Citizenship and Inmigration Center), no tiene la capacidad para tramitar las solicitudes de asilo que puedan llegar tras el fin del Título 42.
Actualmente, la única manera de solicitar asilo es estar físicamente en suelo estadounidense (sin importar el estatus migratorio).
Y en efecto: el Migration Policy Institute estima que hay cerca de dos millones de casos sin resolver en los tribunales de Estados Unidos
Los cambios en la política migratoria afectarán las posibilidades reales de garantizar el derecho a solicitar asilo. Veamos.
Actualmente, la única manera de solicitar asilo es estar físicamente en suelo estadounidense (sin importar el estatus migratorio).
Por eso uno de los puntos más preocupantes radica en que de ahora en adelante se aplicará el Titulo 8 de la legislación migratoria, según el cual los migrantes que lleguen de manera irregular a la frontera Sur o a través de las costas y no hayan solicitado asilo en otro país durante su tránsito no podrán solicitar asilo en Estados Unidos. Lo que da pie automático a la aplicación del criterio de “presunción de no elegibilidad”. Además, esos migrantes tendrán prohibido regresar al país durante los siguientes cinco años.
Con estas medidas, los rechazos en la frontera limitarán el derecho a solicitar asilo y violarán el derecho internacional, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad.
Dice el gobierno que buscará alternativas seguras para que las personas que soliciten asilo no pongan en riesgo sus vidas al realizar las largas travesías. Pero no hay claridad sobre estas alternativas, sobre su funcionamiento y sobre la capacidad de la institucionalidad emergente para garantizar la identificación de las personas que necesiten protección internacional.
Países de tránsito… y externalización de la frontera
Otros países han comenzado a exigir visas para los ciudadanos provenientes principalmente de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como es el caso de Costa Rica y Panamá, mientras que Perú y Chile han militarizado sus fronteras.
A esto se suma el hecho de que los países de tránsito no necesariamente son lugares seguros y en general no cuentan con la infraestructura o la voluntad política para reconocer la condición de refugiado.
Además, Estados Unidos está externalizando la gestión de su frontera o haciendo que otros países se ocupen de detener a los migrantes potenciales. A esto apunta la instalación de centros de procesamiento en terceros países, como es el caso de Guatemala y Colombia, que pretenden convertirse en el primer filtro para estudiar las solicitudes de asilo y de reagrupación familiar. Incluso tratarían solicitudes de visado por trabajo, para que después los solicitantes sean conducidos por vías legales a Estados Unidos, Canadá y España.
Países en situación especial
Otra medida extendería el programa ‘parole’ de libertad condicional humanitaria para personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, como ya se había aplicado a nacionales provenientes de Cuba y Haití.
Las medidas especiales para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (anunciadas en octubre del 2022) exigen que l0s ciudadanos tengan patrocinadores en Estados Unidos, arriben al país con un billete de avión y demuestren no haber sido expulsados en los últimos cinco años o no haber cruzado por Panamá o México de manera irregular inmediatamente después del anuncio de la disposición.
Además, el programa establece un cupo de 30 000 permisos por mes. En todo caso, las altas exigencias hacen que el programa sea prácticamente inaccesible para la gran mayoría de venezolanos, dadas las condiciones propias de su país de origen.
México como agente de Estados Unidos
En los últimos años México ha estrechado sus nexos con Estados Unidos para la gestión y el control migratorio.
Por el contrario, este tránsito entre políticas y disposiciones tras el Título 42 ha dado prioridad a la visión de la frontera Sur como un problema de seguridad, no como un desafío humanitario.
Este país se ha convertido en el receptor de los ciudadanos expulsados como consecuencia de la aplicación del Título 42, y ha servido como “zona de espera” para aquellas personas que, tras la acumulación de los casos de asilo, se han quedado en el limbo durante meses e inclusive años.
El acuerdo más reciente con la administración Biden establece que México recibirá a los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean deportados de Estados Unidos, en lugar de ser enviados a sus países de origen.
Eficacia dudosa
Pero las medidas anunciadas no han significado la disminución del número de personas que cruzan las fronteras y pretenden llegar a los países del Norte.
Según el Gobierno de Panamá, de las 127.687 personas que ingresaron a través del Darién entre enero y abril del 2023 (seis veces más que en el año anterior), el 55 % corresponde a provenientes de Venezuela, seguidos por un 15 % de ciudadanos haitianos, 7 % ecuatorianos y un 5 % de chinos. Además, el 20 % son menores de edad.
Esto indica que las medidas restrictivas no han desalentado a los migrantes y solicitantes de asilo para recorrer el continente en busca de protección y mejores condiciones de vida.
Por el contrario, este tránsito entre políticas y disposiciones tras el Título 42 ha dado prioridad a la visión de la frontera Sur como un problema de seguridad, no como un desafío humanitario. Por eso los migrantes se quedan “varados” en México y en una situación frustrante porque devolverse a sus países de origen no es una opción segura.
