Después de asesinar más de 200 niñas y niños, ya está a punto de salir de la cárcel. Las reacciones airadas de la gente no se han hecho esperar, pero en Colombia hubo crímenes peores que se quedan impunes con el apoyo de esa misma gente.
Roberto Solarte*
Garavito, ¿libre?
Recientemente, los medios de comunicación informaron que dos de los peores criminales de Colombia están cerca de recobrar su libertad: Luis Alfredo Garavito y Manuel Octavio Bermúdez.
Al primero, que aceptó haber violado y asesinado a más de 200 niñas y niños, le quedan cinco años de prisión. Mientras tanto, la Fiscalía y el Congreso buscan alternativas para evitar que salga libre. El segundo, que admiraba e imitaba a Garavito y que violó y asesinó a 34 menores, saldrá libre en el 2022.
Desde luego, ante esa posibilidad, la “opinión pública” ha criticado nuestro sistema penal y ha exigido una justicia retributiva al estilo del talión. De allí han salido propuestas con mucha acogida entre los ciudadanos, como la cadena perpetua o la castración química voluntaria para violadores de menores. Incluso algunos han llegado a proponer la pena de muerte en estos casos.
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El difícil equilibrio del derecho penal
 Víctimas en el posconflicto. Foto: Urna de cristal |
El sistema punitivo actual de todos los países del mundo tiene el propósito de resocializar a los delincuentes, de modo que, en teoría, se trata de adaptar a los criminales para que puedan volver a la sociedad civil. Esto no implica por supuesto que se pierdan de vista la función de castigo o de justicia retributiva, ni el elemento de “prevención general” para evitar que otros cometan los mismos delitos.
Por eso los delitos y circunstancias más atroces o que causan más alarma social ya están penalizados. Por ejemplo en Colombia, el numeral 8 del Artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia prohíbe la rebaja de penas “cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.
Para la mayoría de los presos, la cárcel es un ejercicio desnudo de poder y sujeción a una disciplina forzosa que no los reconoce como seres humanos.
Del otro lado, sin embargo, la resocialización se queda en el papel. Bajo el sistema de rebaja de penas se supone que un buen desempeño en el trabajo, el estudio o el deporte dentro de las cárceles significa una mejor resocialización. Pero no existe evidencia de que así sea.
Para la mayoría de los presos, la cárcel es un ejercicio desnudo de poder y sujeción a una disciplina forzosa que no los reconoce como seres humanos.
Un asesino frente a miles de asesinos
Esta no es la primera vez que en Colombia se dan situaciones y controversias de este tipo. En una escala mucho mayor, a mediados de los años ochenta, comenzó la discusión sobre la justicia por mano propia que de alguna manera significaba el paramilitarismo.
Para entonces las nacientes organizaciones de derechos humanos se levantaron contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, y exigieron que se hiciera justicia. Pero Colombia no respondió fortaleciendo el Estado de derecho, sino atizando la violencia. En vez de consolidar nuestras instituciones, se formaron y se fortalecieron los grupos paramilitares.
Años después, el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares sembró serias dudas y dejó un alto grado de impunidad.
Más recientemente, el mismo sector político que promovió la ley de Justicia y Paz se opuso a las negociaciones con las FARC, argumentando que dejaría impunes algunos de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
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Justicia política
Como puede verse, las exigencias de no-impunidad parecen ser una constante histórica en Colombia. Pero detrás de los clamores de justicia también parece haber intereses políticos. A menudo se trata de demandas unilaterales: un grupo exigiéndole a otro el castigo de ciertos individuos.
Y, en efecto, es así como se hace la política. Un grupo político se enfrenta con otro grupo, que construye como su enemigo, para diferenciarse claramente de él. Esa creación de un enemigo implica también despertar la rabia y la indignación para que dejemos de ver al otro como humano.
Estos asesinos no son simples creaciones de sí mismos, sino el efecto de una sociedad sumida en su propia violencia.
Solo entonces se puede aplicar la violencia más descarnada a ese otro deshumanizado. Más aún, esa operación permite que llamemos justicia a la destrucción de nuestro enemigo político.
La cómoda mirada desde arriba, la dolorosa mirada desde abajo
 Equipo forense de Justicia y Paz Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
En Colombia han existido oasis de paz y modernidad —en el mejor estilo de las metrópolis occidentales— al lado de regiones plagadas de exclusión y de violencia —no muy distintas de otros oscuros rincones de la muerte en el planeta—.
No se trata apenas de la diferencia entre el campo y la ciudad. También en las ciudades, la enorme desigualdad económica y social ha creado espacios violentos, separados de otros espacios seguros. En las zonas de guerra, tanto urbanas como rurales, habitan todas las formas de ilegalidad y de violencia: desde las megaempresas extractivas hasta las formas más inesperadas e injustas de mercado.
Para quienes han vivido en un oasis de seguridad, no es comprensible que el Estado negocie la paz, pues ni siquiera se conocen las consecuencias de la guerra y sus víctimas.
Pero para quienes viven en estas zonas de guerra y exclusión, tampoco es comprensible que las élites se opongan a la paz de Colombia.
Las élites afirman que también son víctimas, por ejemplo, del secuestro. Pero eso no puede ser una excusa para desconocer a los millones de víctimas a quienes se las masacró, se les despojó de la tierra y se les desapareció o asesinó familiares.
Al final, de tanto querer castigos, algunas de esas víctimas de la élite se convirtieron en victimarios. El poder político y el carisma les permitió movilizar a sus seguidores en contra de sus enemigos y normalizó la violencia que proponían.
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Humanos, antes que monstruos
En medio de la guerra, algunas víctimas sin poder ni liderazgo cayeron en la espiral de violencia y reprodujeron las prácticas de las que habían sido víctimas. Ese es el caso de los asesinos que gran parte de la sociedad condena como “monstruos”.
Pero hay que tener en cuenta que estos asesinos no son simples creaciones de sí mismos, sino el efecto de una sociedad sumida en su propia violencia. Después de casi cinco siglos de violencia continua, Colombia debe preguntarse por su parte en la producción de estos “monstruos”.
La sociedad colombiana tiene vergüenza y miedo de admitir que al mirar a esos asesinos, se encuentra a ella misma como en un espejo.
Entonces la cruzada contra la impunidad gira en torno de sí misma y se convierte en tormento: nosotros, que hemos cometido tantos crímenes, ¿qué pena merecemos? ¿Habrá alguna forma institucional resocializadora que nos haga dejar de mentirnos y aceptar la responsabilidad en esta historia bañada de sangre?
El clamor contra la impunidad y la sed de venganza no pueden recuperar lo que se perdió inevitablemente: las cientos de vidas que se extinguieron con brutalidad.
Pero este examen autocrítico podría llevarnos a confesar que toda vida humana merece respeto y que ninguna forma de violencia es justificable: es la confesión de un converso que no quiere seguir produciendo más víctimas.
La única posibilidad de reconciliarnos como sociedad es restablecer los lazos con los otros y asumir la responsabilidad absoluta e incondicional con su vida. De lo contrario, seguiremos derramando sangre y reproduciendo la violencia en Colombia.
Mientras tanto, el Dios que es más íntimo que nosotros mismos seguirá preguntando: “¿Dónde está tu hermano? …Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo” (Génesis. 4, 9-10).
* Doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana, exdirector de departamento y profesor de la Facultad de Filosofía de la misma universidad.
