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Fuerza Pública y justicia transicional

Escrito por Jorge Cuervo

jorge ivan cuervoLos militares, policías, miembros del DAS y otros agentes del Estado involucrados en casos como el de los falsos positivos o la toma del Palacio de Justicia deben y pueden someterse a un proceso especial de justicia transicional. 

Jorge Iván Cuervo R.*

Un proceso de justicia parcial

El proceso de justicia transicional que se adelanta a partir de la Ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios, se caracteriza porque tiene lugar cuando el conflicto armado no ha concluido todavía y porque no involucra a todos los actores del conflicto. Por estas dos razones se trata de un proceso a medias y con un horizonte de consolidación indefinido.

En efecto, si bien teóricamente la Ley de Justicia y Paz puede aplicarse a la desmovilización de las FARC y el ELN, y si bien algunos guerrilleros han accedido a los beneficios de la ley de manera individual, cuando se discuta la desmovilización de esos grupos subversivos habrá necesidad de diseñar otro marco normativo, pues el actual fue pensado para las especiales circunstancias de desmovilización de los grupos paramilitares que implicaba, entre otras peculiaridades, que ellos acudían a la negociación sin haber sido objeto de una derrota militar.

Otro de los actores que faltan para sellar el proceso de justicia transicional son los agentes del Estado, en especial de la Fuerza Pública y del DAS. En Colombia se puede hablar, con suficiente respaldo documental y judicial, del compromiso de miembros del Ejército, de la Policía y del DAS en el surgimiento y consolidación del paramilitarismo, y en la comisión de graves crímenes de lesa humanidad. Así lo indican varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los jueces de la república y del Consejo de Estado.  

Por dolorosa que sea esta verdad, la sociedad colombiana tiene derecho a conocerla, y en primer lugar para evitar que ese tipo de conductas se sigan repitiendo.

La objeción del gobierno

Ahora bien, el tema no es fácil porque el actual gobierno ha dado la pelea para que los miembros de la Fuerza Pública no queden en las mismas condiciones jurídicas y éticas que los grupos armados ilegales, propósito coherente con la idea de que los representantes del Estado no pueden ser considerados actores del conflicto.

Esa idea tiene aceptación en amplios sectores de opinión y de la dirigencia política, y constituye uno de los argumentos que esgrime el gobierno para oponerse a reconocer la categoría de "crímenes de Estado" en el Proyecto de Ley de Víctimas. Para el gobierno es un punto de honor que, sin embargo y paradójicamente podría llevar a que los miembros de la Fuerza Pública terminen recibiendo condenas más severas que los paramilitares y políticos implicados en similares delitos.  

La salida

Es necesario crear un escenario institucional donde los miembros de la Fuerza Pública y del DAS -agencia de inteligencia que ha sido asociada con magnicidios como los de Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro- puedan comparecer con todas las garantías y hacer su aporte a la verdad y a la reparación, a cambio de penas similares a las establecidas en la Ley de Justicia y Paz, y conservando el régimen penitenciario especial que aplica para ellos. Un proceso de esa naturaleza tendría sustento jurídico en  el derecho de igualdad y además evitaría la futura intervención de la Corte Penal Internacional.

Con algunos ajustes, la Comisión de Trujillo que funcionó a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un buen antecedente para conocer esa faceta del conflicto, hasta ahora diluida en cientos de expedientes judiciales. El proceso de Perú también es un buen espejo en el cual mirarse. Esa posibilidad de una comisión extra judicial está contemplada en el artículo 7º de la ley 975 de 2005, y el gobierno nacional la puede activar en cualquier momento.

Algunas aplicaciones

Un escenario de esa naturaleza permitiría valorar integralmente un hecho tan dramático como la toma y la contra toma del Palacio de Justicia -ahora que se conoce el informe de la Comisión de la Verdad que, en términos generales, hizo un buen trabajo pero dejó muchos cabos sueltos y muchas preguntas en el aire- con el resultado de penas menores para los militares que decidan reconocer responsabilidad, y con la posibilidad incluso de revisar la responsabilidad del M-19, en los mismos términos de verdad y reparación, para de esa manera evitar el tratamiento desigual de que han sido objeto los militares frente a los subversivos.

También operaría el mecanismo en el caso de los mal llamados falsos positivos, realmente ejecuciones extra judiciales en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario que, por argucias jurídicas de la defensa y la falta de capacidad investigativa de la fiscalía, pueden quedar en la impunidad, lo que podría significar que de no tener un resultado acorde con la gravedad de los crímenes, podrían ser de conocimiento de la Corte Penal Internacional, en la medida en que se asimilen a "crímenes de lesa humanidad", habida cuenta de su recurrencia y su carácter  sistemático.

La conformación de una comisión de la verdad para establecer la verdad y proceder a la reparación de los hechos atribuibles a los agentes del Estado, puede hacerse incluso antes de un proceso de desmovilización de las guerrillas, y sentaría un precedente importante sobre cuáles son las condiciones mínimas que la sociedad exige a quien quiera comprometerse con un proceso de desarme, desmovilización y reconciliación.

No podemos escudarnos en la manida tesis de la excepcionalidad colombiana para no hacer las cosas como corresponde.

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones. jorgeivancuervo@hotmail.com 

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