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Fuero militar y control de reclusos uniformados

Escrito por Jean Carlo Mejía
Jean Carlo Mejia Azuero

Jean Carlo Mejia AzueroLa instauración de una nueva justicia penal militar avanza lentamente, pero subsisten problemas como la vigencia a medias del Código que acaba de expedirse, la falta de instituciones para administrar esa justicia y sobre todo, los errores de fondo en su debate público.  Qué hacer con las cárceles para militares y policías y qué va a suceder con la justicia penal para ellos.

Jean Carlo Mejía*

Tema de moda y confusión general

Hace menos de ocho meses la justicia penal militar fue tema frecuente de campaña para los diferentes candidatos. Pero para la comunidad en general, el tema no reviste mucho interés, no obstante vivir en un país en guerra.

Ninguno de los candidatos abordó la situación penitenciaria de la fuerza pública, que excepcionalmente salta a la palestra cuando los medios enfocan el reflector sobre casos paradigmáticos, como decir el del Palacio de Justicia o la reciente y tergiversada situación de Tolemaida, debido a que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron nuevamente el traslado de detenidos o condenados militares y policiales a cárceles y penitenciarías civiles.

Debido a una situación coyuntural, pero dentro del contexto de un problema estructural –la crisis innegable de la justicia penal y del sistema carcelario– se habla de lo divino y de lo humano en relación con el derecho penitenciario castrense, tema desconocido para la mayoría de los colombianos.

Han vuelto a ponerse de moda el fuero militar y la falta de control frente a los reclusos uniformados en guarniciones militares. Ante el maremágnum informativo, vale la pena exponer en forma clara algunos elementos esenciales con relación a la justicia militar colombiana en la actualidad, que contribuyan a elevar el nivel del debate, a aclarar cómo estamos y a examinar los escenarios hacía los cuales podríamos movernos.

Por fin, un nuevo Código

Sin hacer alusión a normas y sentencias específicas, lo esencial es notar que han pasado cinco largos meses desde la expedición del nuevo Código que traspasó a la jurisdicción especial militar el sistema mixto de tendencia acusatoria, con los mismos problemas de la justicia ordinaria. 

La sanción presidencial se logró cinco años después de presentarse el proyecto de Código, y como si fuera poco, luego de ser objetado por el anterior gobierno por una imprecisión frente a la competencia para investigar ciertos crímenes graves. Es más: en el 2007 el gobierno Uribe había sostenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de acabar con la jurisdicción militar y crear un tribunal disciplinario.

Luego de semejante vía crucis y con la llegada del presidente Santos, se sancionó por fin el código, calmando la preocupación de muchos sectores de las Fuerzas Armadas. Podría decirse que, en este aspecto, el presidente le cumplió a los militares, a los policías y al partido conservador que, a través de Noemí Sanín, lideró el tema del fuero bajo una interpretación  poco precisa de la historia colombiana, que asocia a los miembros de la fuerza pública con una visión de derecha -incluso para algunos de ultraderecha- vinculada a su disciplina, jerarquía, respeto a Dios y a ciertos principios y valores.

Vigencia a medias, semillero de pleitos

La aplicación del Código será efectiva para todos los delitos cometidos a partir del primero de enero de 2010. Pero el mismo texto indica que se contará con un término de un año para adoptar el sistema de tendencia acusatorio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda (con altos costos a todas luces con todos los “beneficios” que trae, entre ellos la oralidad, la inmediación o el respeto a las garantías judiciales).

¿Qué ha sucedido en la práctica? Que no se ha implementado el sistema procedimental, pero sí la parte sustancial (dónde se definen principios y delitos). Los defensores están exigiendo el cumplimiento de las figuras propias del procedimiento oral adversativo, a través de la utilización de nulidades, tutelas y demás acciones judiciales. Aquí se vislumbran problemas de responsabilidad estatal por error judicial y se puede prever un abrumador escenario de solicitudes en aplicación del principio de favorabilidad por parte de los defensores. Nuevamente, algunas organizaciones dirán en los medios que la justicia penal militar sigue cubriendo la espalda a militares y policías frente a los delitos que cometen. Un círculo vicioso.

Fiscalía y CTI para los militares

El nuevo Código implica crear una Fiscalía Penal Militar paralela a la prevista en la Constitución, y crear además un cuerpo especializado de policía judicial. El sistema de tendencia acusatoria se sustenta en la investigación, y ésta supone una excelente policía judicial. Pero hasta la fecha no se ha presentado ningún proyecto de ley en tal sentido, y algunos analistas inclusive sostienen que la fiscalía especializada es inconstitucional.

Además queda un difícil problema de confianza entre instituciones, que consiste en que la Policía Nacional desempeñe funciones de policía judicial –aún de forma excepcional y restringida–  dado que la Corte Constitucional prohibió rotundamente que los militares tuvieran dichas funciones.

En todo caso, desde el pasado 14 de septiembre la Justicia Penal Militar no cuenta con Director Ejecutivo, es decir la justicia castrense carece de un timonel. Acá quisiera precisar dos puntos:

  • or una parte es verdad que ha habido voluntad política para nombrar un nuevo director. El Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, la actual cúpula de las Fuerzas Armadas y el viceministro Rafael Guarín han puesto interés y brindado el apoyo en un contexto de complejas circunstancias.
  • Pero por otra parte hoy no se cuenta con un director debido a que el candidato del ministro de Defensa desistió, paradójicamente bajo la presión de tres o cuatro retirados de las mismas Fuerzas Militares, quienes antepusieron odios personales y asaltaron en su buena fe a ex ministros y a rectores de universidades prestigiosas. La historia juzgará los efectos de la interinidad en tan delicado cargo y a sus responsables.
  • Graves errores de enfoque

    La justicia penal militar en Colombia viene siendo criticada desde hace algunos años, aunque muchos exageran sus problemas:

    • Por una parte la Constitución de 1991 introdujo un cambio dramático en esta jurisdicción, y  por otra parte
    • Dos estudios regionales -uno liderado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina y el otro por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y la Facultad de Derecho de la Universidad Militar entre el 2007 y el 2008- arrojaron pruebas de que en Colombia se cumple con la mayoría de los estándares internacionales sobre cómo combatir la impunidad en tribunales militares.

    Sin embargo, la presión nacional e internacional, junto a la falta de conocimiento de ciertas autoridades, ha dado pie a creencias erróneas y a desenfoques de fondo en relación con este asunto. En mi opinión, estos son los errores y las razones principales que los explican:

    1. La falsa creencia de que la justicia penal ordinaria es mejor que la castrense.
    2. La defensa recalcitrante, apasionada, sesgada y descontextualizada de un fuero militar  que fue enterrado al final de la guerra fría.
    3. El negacionismo, que ha impedido la defensa de un fuero militar desde el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado –no una guerra civil– lo cual inhibe la defensa de militares y policías, por razones políticas y no técnicas, así como de las operaciones militares, desde el derecho internacional humanitario y no desde los derechos humanos (como si estuviéramos en una situación de paz).
    4. La evidencia cada vez más concreta de que la justicia penal ordinaria no constituye en buena medida y por presiones de todo tipo, un tribunal independiente e imparcial frente a los miembros de las Fuerzas Armadas, más aún en un contexto de guerra asimétrica y litigio estratégico.
    5. La ausencia de autocrítica en cierto sector de los retirados.
    6. La falta de una academia preocupada por el tema.
    7. La carencia de una política penitenciaria para los miembros de las Fuerzas Armadas.
    8. La falta de preparación de los funcionarios judiciales de la jurisdicción ordinaria sobre derecho operacional y derecho internacional humanitario.
    9. La presión ocasionada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
    10. La injerencia personalista de un pequeñísimo sector de la reserva activa.
    11. La “macartización” de las opiniones y el predominio de las pasiones.
    12. La falta de profundidad frente a estos temas en los medios de comunicación.

    El problema penitenciario de los militares

    Aunque el punto de fondo es la falta de una política penitenciaria castrense, el tema sólo sale a la luz  cuando se dan “errores del sistema” que traslucen las fallas de disciplina y de control dentro de las guarniciones militares, que hoy tienen en serios problemas al gobierno.

    Uno de ellos es la inexistencia de una entidad autónoma –que podría ser una unidad administrativa especial o un viceministerio para la gestión judicial, disciplinaria y penitenciaria de la Fuerza Pública– que se ocupe del tema penal y carcelario de sus miembros en medio de la guerra.

    El sistema penitenciario castrense, en un contexto como el colombiano, podría construirse desde los siguientes postulados:

    Integralidad. El régimen carcelario militar debe ser parte integral de la justicia penal militar en tiempos de guerra; 

    Gradualidad. Un sistema de niveles de reclusión de acuerdo con el tipo de conductas y teniendo en cuenta la peligrosidad del condenado; 

    Finalida.d Buscar la resocialización de militares y policías que se salieron de la norma, para que puedan regresar a la comunidad (tomando como ejemplo la cárcel de la Policía en Facatativá).

    Especialidad.

    Lo anterior nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué hacer con la reclusión de  los militares y policías que incurren en violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario? ¿Qué hacer con el militar o el policía que cometa delitos comunes? ¿Qué hacer con la reclusión de miembros de la Fuerza Pública que cometen delitos típicamente militares? Excepcionalmente un condenado por crímenes graves podría ser llevado a un centro de reclusión especial, pero jamás a las mismas cárceles y penitenciarias en donde se encuentran sus enemigos naturales.

    ¿Para dónde va la justicia penal militar en Colombia?

    Existen cuatro escenarios posibles:

  • El primero es el de la plena voluntad política para sacar adelante a la justicia penal militar. Estas líneas han mostrado que la enorme desunión, los personalismos y el apasionamiento son talanqueras para solucionar este problema que aqueja a las fuerzas del orden. El enemigo lo tiene claro, como se puede corroborar en los textos encontrados en los computadores de Reyes y Jojoy: “tranquilos, que entre ellos solitos se destruyen.” Igualmente han quedado en evidencia las grandes limitaciones a la voluntad política de un ministro.
  • Un segundo escenario es el posible distanciamiento entre los Ministerios del Interior y Defensa. Obviamente en estos momentos la animadversión del sector de la reserva hacia el Ministro Vargas Lleras está creciendo como espuma y una posición débil del Ministro Rivera sería considerada por todo el sector castrense como una traición imperdonable.
  • El tercer escenario sería el paso de la justicia castrense y el régimen penitenciario militar y policial al sector civil. Este escenario se asocia con presiones de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, además de los intereses políticos y económicos frente a los tratados de libre comercio.
  • Y el último escenario, muy cercano a la forma de pensar de los políticos tradicionales en Colombia, es el de posponer las decisiones, una vez se calme la coyuntura y todo pase al olvido. Basta recordar que el Código Penal Militar, “vigente y no vigente”, duró cinco años en ser sancionado. 
  • Todos los días me pregunto si éste era el código de justicia militar que necesitábamos.

    Otro tema pendiente: el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, pues de la indisciplina nacen todos los problemas.

    En fin, se está patinando con respecto al pleno cumplimiento de las promesas de campaña en el tema de la justicia penal militar, pero por paradójico que resulte, el palo en la rueda no lo está poniendo el gobierno. Definitivamente no hay cuña que más apriete que la del mismo palo.

    *Abogado magna cum Laude. Doctor en derecho con tesis laureada, socio de C&D Consultores, consultor y asesor en seguridad, defensa, justicia penal militar, derecho penal internacional y derecho internacional penal. Autor de varias obras jurídicas y militares. Profesor de varias universidades, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar.

     

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