Frente a la terminación del conflicto armado: ¿una reforma electoral inocua? - Razón Pública
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Frente a la terminación del conflicto armado: ¿una reforma electoral inocua?

Escrito por Armando Novoa

Mauricio Lizcano, expresidente del Congreso y Guillermo Rivera en el trámite de reforma. Debate “la reforma política para el posconflicto”

Armando NovoaEs la crónica de una colcha de retazos que va siendo cambiada en el Congreso, pero no es la reforma integral o estructural que preveía el Acuerdo de paz para ampliar y mejorar de veras nuestra democracia.

Armando Novoa García*

Una oportunidad truncada

 “Las grandes reformas son imposibles de conseguir, mientras que las pequeñas no aportan nada”. El profesor Dieter Nohlen trae a colación esta frase pesimista para advertir que el comparte la primera tesis, pero no la segunda.

Según este experto tan reconocido, las “grandes modificaciones” en los sistemas electorales  solo se dan bajo circunstancias históricas excepcionales. Pero agrega que los “pequeños cambios” permiten corregir los déficits de representación política, siempre que se prevea cómo se emplearan estos cambios legales para lograr las transformaciones esperadas.

El final de un conflicto armado de más de medio siglo es una circunstancia histórica excepcional y por lo tanto debería ser seguido por una reforma electoral integral o estructural. Y sin embargo en Colombia son varias las razones que dificultan esta reforma de fondo:

  • La victoria del “no” en el plebiscito limitó el alcance de las reformas que se pactaron en La Habana.
  • Hay el temor de que la reforma afecte el desarrollo de unas elecciones que ya están en curso y cuyo calendario ya fue establecido.
  • La inercia del sistema político -mayorías en el Congreso, conformación y poderes de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y del Consejo Nacional Electoral (CNE)-  tiende por supuesto a mantener el statu quo y a entorpecer las reformas.

La reforma del Gobierno

Ministro Guillermo Rivera, quien actualmente lidera la posición del gobierno para la aprobación de la reforma
Ministro Guillermo Rivera, quien actualmente lidera la posición del gobierno para la aprobación de la reforma
Foto: Ministerio del Interior

Ante las circunstancias anteriores, el Gobierno optó por el camino de las pequeñas reformas. Pero tampoco es claro que los cambios propuestos en el proyecto de Acto Legislativo que cursa en el Congreso permitan avanzar hacia los supuestos propósitos de la reforma, vale decir hacia la “apertura democrática” y hacia “la transparencia electoral”.

El Acuerdo de paz propicia cambios para facilitar la aparición de nuevas fuerzas políticas y estimular el pluralismo, la participación electoral, la transparencia y las garantías para la competencia entre partidos políticos.

La reforma incluye temas que podrían afectar los controles democráticos

En desarrollo del Acuerdo de paz, la Misión Electoral Especial (MEE) propuso cambios de fondo en el sistema electoral, incluyendo las circunscripciones mixtas en la Cámara de Representantes, el financiamiento de partidos y campañas, la representación de las mujeres, el fortalecimiento de los partidos, la democracia interna en la escogencia de candidatos y la  reorganización de las entidades del sistema. .

El proyecto de reforma política y electoral que presentó el ministro del Interior el pasado 31 de mayo se apartó de esa lógica, al excluir:

  • La nueva estructura de la organización electoral.
  • La creación de la Corte Electoral, separada del Consejo de Estado.
  • La conformación de distritos uninominales para la Cámara de Representantes.
  • El aumento de la participación femenina en la dirección de los partidos.

La reforma propone cambios puntuales que de una manera u otra corresponden al Acuerdo de La Habana. Y sin embargo al mismo tiempo incluye temas que no estaban incluido en ese documento ni en las recomendaciones de la MEE y que podrían afectar los controles democráticos establecidos en la Constitución.

  • La reforma al régimen de incompatibilidades permite a los congresistas ser ministros o embajadores sin haber renunciado un año antes a su cargo, como lo establece el artículo 181.
  • La supresión de algunas causales de la pérdida de investidura debilita la veeduría ciudadana sobre la función legislativa (por ejemplo, el conflicto de intereses para votar reformas constitucionales y el régimen de inhabilidades como causal autónoma para su aplicación).

Estas dos concesiones no guardan relación alguna con el Acuerdo de paz ni con el propósito de mejorar la calidad de la política.

La versión del Congreso

Exministro del Interior radicando la reforma electoral en mayo de este año
Exministro del Interior radicando la reforma electoral en mayo de este año
Foto: Ministerio de Interior

El Informe de Ponencia en la Comisión Primera de la Cámara modifica o añade varios puntos:

  • Limita la facultad del procurador para destituir funcionarios de elección popular.
  • Establece la doble instancia para los casos de pérdida de investidura, crea salas de primer grado en el Consejo de Estado y señala como segunda instancia su sala plena.
  • Introduce la figura de la “adquisición progresiva de derechos” de los partidos y movimientos políticos. Este es uno de los temas más complejos y esotéricos de la reforma, y la ponencia propone :  
  1. Que la personería jurídica de los partidos se obtenga si sus afiliados equivalen cuando menos al 0,2 por ciento del censo electoral (aproximadamente, 70.000 personas), y ya no sin han obtenido el tres por ciento de los votos válidos en las elecciones para Cámara o Senado (450.000 votos actualmente).
  2.  Que el mínimo de afiliados aumente en un 0,05 por ciento anual hasta llegar al 0,5 por ciento del censo electoral nacional, de manera que pasados cuatro años se necesitarán cerca de 150.000 afiliados para acceder a la personería.
  3.  Que los movimientos políticos territoriales tengan derecho a postular candidatos en su circunscripción, siempre que cuenten con una base de afiliados del uno por ciento del respectivo censo electoral (por ejemplo, en Bogotá, alrededor de 56.679 personas). Estos movimientos podrán participar también también en elecciones de carácter nacional si demuestran una base también en circunscripciones (departamentos) que sumadas superen el cincuenta por ciento del censo electoral nacional (17.000.000).
  4.  Que a partir del 2019 desaparezca la figura de las firmas o de los “grupos significativos de ciudadanos” para inscribir candidatos.
  5. Que se supriman las consultas abiertas o populares como mecanismo para escoger candidatos de los partidos. En adelante solo se podrá acudir a consultas internas o entre “afiliados”.
  6.  Que los partidos y movimientos que tienen personería jurídica la mantengan durante ocho años más y que conserven durante este tiempo la totalidad de sus derechos actuales derechos, sin necesidad del mínimo de votos o de afiliados que prevé la reforma.
  • En cuanto a la financiación de la política, la ponencia adopta la fórmula de que sea “predominantemente” estatal, y ya no “parcialmente”, como se establece hoy. A este respecto el proyecto  propone:
  1. La financiación estatal de campañas electorales mediante  anticipos y reposiciones. Incluye un modelo de financiación indirecta (propaganda electoral y franquicia postal). Así mismo, el Estado garantizará el funcionamiento del transporte público el día de las elecciones.
  2. Medidas para evitar la “compra de votos”. Prohíbe a las campañas y organizaciones políticas entregar donaciones o dádivas para incidir sobre el voto, excepto “servicios de mínima cuantía”; crea un registro de proveedores de actividades electorales para nivelar los gastos y reitera que los movimientos monetarios se deben realizar únicamente a través del sistema financiero. Los particulares están obligados a rendir cuentas sobre el origen y destino de cualquier contribución a las campañas;
  3.  Nuevas reglas para la distribución de los recursos estatales destinados al funcionamiento de los partidos políticos.
  • Propone listas cerradas y bloqueadas a partir de 2022- o sea que elimina, aunque no de manera inmediata, el voto preferente- y disminuye la edad para ser representante a la Cámara (de 25 a 20 años) y senador (de 30 a 25 años).
  • El nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC) estaría integrado por nueve miembros elegidos por periodos de cuatro años. La registraduría se mantiene como está.

Cambiazos y retrocesos

Partido político, Cambio Radical.
Partido político, Cambio Radical.
Foto: Wikimedia Commons

Cuando comenzó el debate en la Comisión Primera de la Cámara, fueron rechazadas varias peticiones de archivar el proyecto. Y en vez de eso los congresistas promovieron más recortes mediante una iniciativa de solo catorce artículos que

La reforma que hasta ahora se ha venido tramitando no implicaría cambios significativos en el régimen electoral. 
  • Facilita la creación de nuevas fuerzas políticas y propicia el fortalecimiento de las actuales, pero la vía para lograrlo parece ir en sentido contrario, pues suprime los grupos significativos de ciudadanos, pretende forzar la afiliación a los partidos cuando todos sabemos que cada vez menos tienen menos credibilidad, y autoriza los nuevos movimientos políticos territoriales, sin precisar el régimen para la adquisición progresiva de derechos.
  • Establece reglas más equitativas de financiación pero refuerza una distribución de los recursos para elecciones uninominales en función de la representación en las corporaciones públicas; incluye nuevos controles, pero difícilmente con estas reglas podrían evitarse episodios como el de Odebrecht. La creación de un Registro de Proveedores y la declaración púbica de aportes privados puede ayudar a mejorar los controles en los gastos de campaña.
  • Propone fortalecer la autoridad electoral, a través del Consejo Electoral Colombiano, con nuevas funciones, pero mantiene el origen de su nominación o su elección en el Congreso.
  • Promueve la transparencia, pero modifica el régimen de incompatibilidades, la pérdida de investidura, debilita los controles que establece la Constitución… y sin embargo mantiene la facultad del procurador de destituir servidores de elección popular.

Aunque el debate en el Congreso apenas está empezando, la reforma que hasta ahora se ha venido tramitando no implicaría cambios significativos en el régimen electoral. De manera que logramos ponerle punto final al conflicto armado más antiguo del continente, pero difícilmente lograremos que mejore la calidad de nuestra democracia.

*Miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las opiniones expresadas no comprometen al CNE.  

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