El aumento en las tarifas de los servicios públicos es excesivo y los esfuerzos del gobierno para detenerlo han sido insuficientes. Pero hay medidas concretas que pueden adoptarse de inmediato y hay reformas de fondo que el país necesita.
Diego Otero Prada*
Aumentos descontrolados
Hay un exceso indudable en el aumento de los precios de los energéticos y de los servicios públicos, que por lo mismo deben ser controlados.
Por ejemplo, en 2022 las tarifas de la energía eléctrica aumentaron cerca del 22 % en el interior y 35 % en la costa atlántica. También se han dado aumentos excesivos en los precios del gas natural y el GLP, que monopoliza Ecopetrol y casi nunca se mencionan —aunque también afectan al consumidor final y a la generación térmica—.
La de Petro es una decisión muy arriesgada porque el examen de las tarifas y precios en general necesita el apoyo de expertos que conozcan las normas existentes y estudien dónde hay aumentos de precios sin justificación o qué puede hacerse para bajarlos, sin perjudicar la rentabilidad normal de las empresas.
Igualmente, desde octubre de 2022 han aumentado los precios de las gasolinas entre 200 y 300 pesos mensuales por galón, lo cual equivaldría por lo menos a 2.400 pesos en 2023, cerca al 23 % de aumento con relación a 2022.
La intervención del presidente
La decisión del presidente Petro de intervenir a las comisiones de regulación tiene una clara base en la ley.
La pregunta es si esto era necesario cuando en las comisiones de regulación tienen asiento varios ministros y el jefe del Departamento Nacional de Planeación y además donde ninguna decisión puede tomarse sin la aprobación de ellos.
La de Petro es una decisión muy arriesgada porque el examen de las tarifas y precios en general necesita el apoyo de expertos que conozcan las normas existentes y estudien dónde hay aumentos de precios sin justificación o qué puede hacerse para bajarlos, sin perjudicar la rentabilidad normal de las empresas.
Por último, existe la alternativa de subsidiar a los hogares y negocios, como se está haciendo en Europa, pero esto necesita la disponibilidad presupuestal de recursos. Esta posibilidad no puede descartarse.
El ejemplo de Europa
En Europa, cuando se trata de defender a los hogares y negocios, no dudan en apelar a los subsidios, aunque esto sea contrario a la ideología neoliberal que domina en dicho continente, en la Comisión Europea y en la OCDE, institución a la cual pertenece Colombia (un hecho no muy claro para un gobierno que se dice de cambio y antineoliberal).
Como consecuencia de las medidas absurdas contra Rusia, los europeos, por el aumento en los precios del gas natural y de las tarifas de la energía eléctrica, se han visto obligados a subsidiar a los hogares y a las empresas. Se habla de que 800 billones de euros para estos propósitos.
Igualmente, esos gobiernos han establecido un impuesto a las ganancias extraordinarias e —imagínense a los obcecados por las energía solar y eólica—, se les aplican altas tasas de impuestos a estas compañías porque han hecho ganancias extraordinarias a costa de los usuarios.
Cómo aliviar la situación de los hogares
Mucho puede hacerse para introducir cambios en las tarifas. Aquí van algunas ideas (no necesariamente todas las posibles):
- Revisar la rentabilidad sobre activos que autoriza la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG), que hoy es de 11 % en términos reales, cuando debería ser inferior a 7 %.
- Revisar los precios de generación y controlar las ganancias de las empresas generadoras.
- Revisar los costos de distribución, comercialización y transporte y examinar, por ejemplo, los salarios de los directivos.
- Bajar el nivel de pérdidas, de alrededor del 12 % en el interior y del 17,5 % en la costa atlántica, los cuales son excesivos y pesan mucho en las tarifas. Si se adoptara un nivel internacional de 7 %, disminuirían las tarifas y las empresas se verían obligadas a invertir y disminuir el fraude.
- Por lo anterior haría falta un plan para reducir las pérdidas, si es necesario con inversiones del gobierno nacional.
- Controlar los precios del gas natural y del GLP, manejados por Ecopetrol, que los ha fijado cerca de los precios internacionales, con graves efectos sobre la generación, por termoeléctricas, de gas natural y las tarifas al usuario final.
- Controlar los precios del carbón para la generación.
- Aplicar aumentos según una regulación IPC-X (Price-cap regulation), donde los precios aumentan anualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) menos un X%, para obligar a mejorar la productividad; X es el porcentaje por el cual se quiere que los costos disminuyan. En esta forma, los precios no aumentan según el IPC o la inflación sino por un porcentaje menor.
Funcionamiento de las comisiones
Cuando se discutían las leyes 142 y 143 en el Congreso me opuse a la manera como fueron diseñaron las comisiones de regulación.
Porque las conocía por mis estudios en Estados Unidos, propuse el tipo de regulación de las comisiones estatales que operaban en esa época en dicho país. Estuve en el Congreso de la República y presenté mis propuestas, pero nadie hizo caso porque predominaban los ejemplos de Inglaterra y de Chile.
Estados Unidos, uno de los países con mayor tradición en regulación (más de cien años), se caracteriza por los avances logrados por los consumidores. Por ley, todas las decisiones de las Comisiones de Regulación son públicas. El ciudadano americano tiene derecho a un acceso completo y detallado a los libros de contabilidad y a los registros de las empresas, sean públicas, mixtas o privadas.
En todas las decisiones participan todas las partes interesadas, en un debate abierto y transparente. La regulación americana es democrática y hay un verdadero control ciudadano garantizado por la ley, que no depende del gusto de los reguladores.
La experiencia norteamericana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se ejecute por ley el sistema de audiencias públicas y reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones con los representantes de las empresas y con los comisionados actuando como jueces.
No se trata de realizar audiencias públicas al final del proceso: la discusión debe comenzar y ser pública desde el principio. Para esto hay que modificar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y adoptar una reglamentación adecuada sobre cómo será la participación de los diferentes usuarios: hogares, comerciantes, industriales, agricultores y entidades públicas. No es un favor que hacen los reguladores, es un derecho ciudadano que debe instituirse por la ley.
La participación de los usuarios debe darse en todas las materias. En Colombia es clave intervenir en los aspectos metodológicos para definir las fórmulas tarifarias. Hasta el momento, las metodologías y modelos que se aplican han resultado de estudios contratados con firmas extranjeras, discutidos por los ministerios y los expertos de las comisiones, con importante intervención de las empresas, pero en ausencia de los usuarios.
Fijadas las metodologías, con sus parámetros como rentabilidad, vida útil de los activos, sistemas de medición del capital, tipos de ajuste y gastos permitidos, es muy poco lo que queda a los usuarios para discutir. Además, estos no participan en el análisis de estos estudios.
Entre fallas y peligros
La verdad es que la ministra de Minas y Energía falló en el famoso acuerdo que hizo con los carteles en octubre de 2022, que se vendió como una gran solución cuando las tarifas disminuyeron apenas entre el 2 % y el 4%.
No había capacidad en el Ministerio para enfrenarse a los carteles y los comisionados de la CREG no propusieron nada original. Hubo una falla total.
La experiencia norteamericana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se ejecute por ley el sistema de audiencias públicas y reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones con los representantes de las empresas y con los comisionados actuando como jueces.
Además, es muy peligrosa la decisión del presidente, porque si no actúa técnica y económicamente, asesorado de expertos, que deben ser ingenieros electricistas con altos niveles académicos y conocimiento del sector eléctrico, economistas y uno que otro abogado para estudiar la legalidad de las medidas, ya que el ministerio de Minas y Energía no cuenta con personal adecuado, pueden verse frustradas las esperanzas de un cambio positivo.
Esto en cuanto a las tarifas de energía eléctrica, pero lo mismo ocurre con las de agua y alcantarillado, de gas natural y el GLP. Aquí hay que ponerle el tatequieto a Ecopetrol, porque el gas natural y el GLP han tenido aumentos muy altos en los últimos años.
Sobre los precios de las gasolinas y el diésel oíl, hay que frenar la política neoliberal del ministro de Hacienda. Debe acabarse el Fondo de Estabilización de Combustibles, monstruo uribista aprobado en el Plan de Desarrollo 2006-2010, que debería derogarse en el nuevo PND (que, por lo que se conoce, ratifica la existencia de ese Fondo). La política de precios de los combustibles no puede ser tan rígida. Hay que ser flexibles; estos deben aumentar de acuerdo con las circunstancias, sin verse obligados por este monstruo. Un gobierno de izquierda nunca lo permitiría.
Definitivamente, las tarifas de los servicios públicos han aumentado demasiado y hay que cambiar la situación. En esto estamos de acuerdo con el presidente, pero hay que hacerlo bien, sin populismo, beneficiando a los usuarios, pero que no perjudique a las empresas. Si hay que subsidiar, como en Europa, pues hay que hacerlo, sin miedo de la derecha y de los neoliberales dentro del gobierno y por fuera.
