Colombia enfrenta dos demandas de Nicaragua, pero al gobierno parece no importarle. ¿Qué significa el fracaso de la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores?
Mauricio Jaramillo Jassir*
La comisión
El gobierno no logró convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) por su falta de liderazgo y su desinterés en la política exterior.
Según la Constitución, la Comisión Asesora es el cuerpo consultivo del presidente y sirve para mantener una visión integral y de largo aliento, respetando la tradición diplomática del país, en materias que son responsabilidad del Estado y no de un gobierno específico.
Según la Ley 68 de 1993, la Comisión debe revisar temas como la política internacional, las negociaciones diplomáticas y la celebración de tratados públicos, la seguridad exterior, los límites terrestres y marítimos, el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua y la plataforma continental.
La entidad está compuesta por los expresidentes, pero además por algunos congresistas. Esto implica que varias ramas del poder participen en la discusión sobre la política exterior y no, como consideran algunas administraciones, que este tema es monopolio del ejecutivo.
Una convocatoria torpe
El gobierno Duque tardó más de dos años en convocar la Comisión y por primera vez lo hizo hacia finales de 2020. Más todavía: esta convocatorio se debió a una orden judicial, producto de una demanda interpuesta por algunos parlamentarios entre quienes sobresale Antonio Sanguino —quien hace parte de la Comisión y es uno de los más activos en ejercer el control político en materia de política exterior—.
El presidente no asistió a esa reunión, pero envió a su ministra de entonces, Claudia Blum. Algunos expresidentes rechazaron el gesto como un acto de desprecio hacia el cuerpo consultivo y una reafirmación de la unilateralidad y el excesivo personalismo que define la diplomacia del actual gobierno.
La ausencia de Duque marcó la pauta de su gobierno: un discurso incoherente sobre la política exterior, un asunto que atañe al Estado y debería ir más allá de su una administración.
Sobre aquella primera y atropellada reunión—a la que no asistieron los expresidentes—, Ernesto Samper recordó que “Aunque entiendo el interés del gobierno por dar cumplimiento al mandato judicial referido, hubiera sido deseable que la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de este gobierno hubiera sido de carácter consultivo y presidida, como siempre ha sido, por el presidente de la República”.
Como es costumbre desde 2016 cuando se lanzó la iniciativa del plebiscito por la paz, Andrés Pastrana envió una carta donde atacó a Juan Manuel Santos: “Deliberadamente el gobierno Santos profanó el ejercicio democrático incluyente y deliberativo de la comisión y optó por sustituir la política de estado por una estrategia del gobierno”.
Por su parte, Gaviria insistió en la futilidad de una reunión convocada a regañadientes, donde no existía ánimo de discusión: “No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas”.
Estas declaraciones confirman que el ejecutivo no se toma en serio la política exterior, ni las indispensable experiencia y opinión de quienes lo antecedieron.
La situación es preocupante ante la audiencia ya convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), como parte del proceso judicial para una delimitación marítima por las dos demandas elevadas por Nicaragua después del fallo de 2012 y las demandas reconvencionales o “contrademandas” presentadas por Colombia en respuesta a esos reclamos.
Esa audiencia y el riesgo que implica para Colombia hacen más importante que nunca la reunión del cuerpo consultivo.
Lecciones de gobiernos anteriores
En el pasado reciente pueden identificarse tres momentos críticos para la política exterior colombiana que llevaron a convocar la Comisión, con resultados reveladores acerca de su naturaleza, limitaciones y alcances.
El primero ocurrió en agosto de 1987 durante el episodio de la Corbeta Caldas, cuando esta nave venezolana surcó aguas que Caracas revindicaba y estuvimos al borde de la guerra.
Virgilio Barco acudió a expresidentes o figuras del partido conservador como Misael Pastrana y Álvaro Gómez, puesto que estaba en juego la unidad territorial colombiana. La Comisión propuso poner en marcha un mecanismo de resolución pacífica de controversias de 1939 firmado el 17 de diciembre, en conmemoración de la muerte de Simón Bolívar.
El gobierno colombiano siguió esta recomendación, pero se tropezó con una postura férrea del presidente Jaime Luschini. La crisis se resolvió por mediación del secretario general de la OEA, Joao Clemente Banea Soares, y del gobierno argentino.
Barco reconoció que era necesario abordar el tema con todas las fuerzas políticas y dar prioridad a la paz regional por encima de cualquier consideración nacionalista.
El segundo antecedente ocurrió cuando el gobierno Uribe convocó la Comisión para discutir la crisis regional provocada por el bombardeo a territorio ecuatoriano donde se abatió a “Raúl Reyes”, miembro del secretariado de las FARC.
Durante la disputa se le pidió a la Comisión respaldar la insólita y poco viable iniciativa de llevar a Hugo Chávez a la Corte Penal Internacional (CPI) “por financiación del terrorismo o de genocidas”.
Aunque varios expresidentes respaldaron al jefe de Estado colombiano en la controversia política con Quito y Caracas, le desaconsejaron seguir el camino de la CPI. Sin embargo, el gobierno decidió seguir con el proceso que fracasó debido al patente desconocimiento del funcionamiento de la Corte.
Un año después, en 2009, Uribe volvió a convocar la Comisión, pero el único expresidente que asistió fue Samper. Para Jaime Bermúdez, excanciller, la recomendación de dicho encuentro fue clara: encontrar un mecanismo para restablecer las relaciones con Ecuador, pues el aislamiento de Colombia era evidente y el distanciamiento de principios y derroteros de la diplomacia eran inocultables.
A diferencia de Duque, Santos mantuvo un diálogo constante con la Comisión preservando una posición de Estado en el diferendo marítimo con Managua. Y ahora, en el litigio con Nicaragua, la Comisión vuelve a desempeñar un papel esencial. Varios expresidentes tienen una experiencia valiosa y cuentan con informes elaborados por expertos durante sus respectivas administraciones.
Diplomacia en riesgo
Desde el gobierno de Uribe en Colombia se cree que la política exterior sirve para promover la ideología del gobierno de turno. Por eso las relaciones diplomáticas del país son desastrosas. Las lazos con Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Rusia y Venezuela están deteriorados y existe un retroceso en la profesionalización del servicio exterior que revive algunas enemistades regionales.
Es imprescindible pensar en una Comisión Asesora mucho más activa que involucre a más personas y sirva para superar un momento de aislamiento regional. La política exterior y el servicio diplomático bajo el gobierno actual parecen estar en manos exclusivas del partido de gobierno.
El país enfrenta dos demandas en la CIJ, por eso resulta injustificable y absurdo que ni siquiera se contemple públicamente una negociación directa con Nicaragua para una delimitación definitiva.
La Comisión Asesora debe ser convocada. De lo contrario, se corre el riesgo de crear un antecedente que podría significar su desaparición paulatina; uno de los peores reveses en la historia diplomática colombiana.
